La discriminación de los castellanohablantes en Cataluña

Menuda vergüenza!!!

La televisión de Cataluña está subtitulando una película en español al catalán (ahora mismo en TV33)

Siento vergüenza.

igual les sobra el dinero de las subvenciones a las televisiones catalanas para gastarselo en esa tontería a no der que existan catalanes que no sepan hablar español cosa que dudo.

Es lo de siempre, te quito hospitales, te quito dependencia, te quito.....
Pero eso sí "A catalunya es parla únicament catalá".¡
Luego de lo demás ya le echaremos la culpa a Madrid, que es algo muy socorrido y que sigue dando buen resultado.¡
Y mientras dure.¡

Nuevo ataque a los castellanohablantes. Vetados en cultura.

"No habrá ni un paso atrás en este modelo de inmersión [lingüística escolar obligatoria exclusivamente] en catalán. Puede haber sentencias, resoluciones, todo lo que quiera, pero el modelo es el que es, está socialmente aceptado por parte de más del 90% de la sociedad catalana y de una amplísima mayoría de esta cámara. [...] No se tocará nada respecto a lo que hay ahora desde el punto de vista de la inmersión lingüística en catalán”.

Con estas palabras, el presidente de la Generalidad, Artur Mas (CiU), mostró el pasado 4 de julio en el Parlamento autonómico su desprecio por las sentencias de los tribunales, especialmente las relacionadas con la política lingüística autonómica, incumpliendo impunemente las resoluciones judiciales y vanagloriándose de ello.

Obligados a rotular, al menos, en catalán

Este lunes, el Diario Oficial de la Generalidad de Catauña (DOGC) ha publicado las bases para la concesión de subvenciones a empresas de producción independientes para la realización de largometrajes televisivos de ficción destinados a ser emitidos por televisión (Resolución CLT/1678/2012) a través del Instituto Catalán de las Empresas Culturales (ICEC), dependiente de la Consejería de Cultura.

Las ayudas están destinadas a que ‘se creen productos de alta calidad destinados a los mercados nacionales e internacionales’ y buscan ‘impulsar la producción de largometrajes televisivos que canalicen el talento creativo, técnico y artístico, así como consolidar el sector audiovisual mediante la participación de personal técnico y empresas establecidas en Cataluña’.

Entre los requisitos exigidos para poder acceder a las subvenciones se subraya el cumplimiento de los artículos 32.1, 32.3 y 36.4 de la Ley de Política Lingüística, que obligan a las empresas a que ‘la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público deben estar redactados, al menos, en catalán’.

También ordenan que ‘los rótulos e informaciones de carácter fijo y que contengan texto que han de constar en el interior de los centros laborales dirigidos a las personas que trabajen en los mismos deben figurar, al menos, en catalán’.

20% para películas en catalán; 14% si es ‘en otras lenguas’… y hay presupuesto

Por otra parte, si el largometraje está rodado en catalán o aranés, la subvención será del 20% del coste de producción, con un máximo de 120.000 euros. Mientras que si la película se rueda ‘en otras lenguas’ la ayuda se reduce al 14% del coste total del proyecto, con un máximo de 90.000 euros.

Además, en caso de que, dado el número de solicitudes admitidas y las disponibilidades presupuestarias, no sea posible subvencionar dichas cuantías, estas se reducirán proporcionalmente eliminando en primer lugar las ayudas a los largometraje producidos ‘en otras lenguas’ diferentes del catalán o aranés.

En contra de lo establecido por el Tribunal Constitucional

De esta forma, la Generalidad sigue exigiendo la aplicación de unas disposiciones -los artículos referidos de la Ley de Política Lingüística- que, en realidad, quedaron derogadas de facto por la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que en su fundamento jurídico 22 dictaminó lo siguiente:

‘El deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos’.

Igualmente, la citada sentencia determinó que es ilegal dar un trato preferente al catalán sobre el español, tal y como ocurre a la hora de conceder estas subvenciones. En concreto, el fundamento jurídico 14 decretó lo siguente:

‘La definición del catalán como lengua propia de Cataluña no puede justificar la imposición estatutaria del uso preferente de aquella lengua, en detrimento del castellano, también lengua oficial en la Comunidad Autónoma, por las Administraciones Públicas y los medios de comunicación públicos de Cataluña’.

En definitiva, tal y como recordó el presidente autonómico, “puede haber sentencias, resoluciones, todo lo que quiera”, pero “no se tocará nada” en la política sistemática de exclusión y discriminación de los castellanohablantes que se viene aplicando en Cataluña. Mientras tanto, el Gobierno y los tribunales no parecen estar por la labor de restablecer el Estado de derecho en Cataluña.

De hecho los escritores catalanes que escriben en español no son subvencionados ni tenidos como tales por la Generalitat.
Estos tipos exigen para sí los derechos que a los demás n iegan.
E historicamente a tener tanta jeta se le viene llamando "El Problema Catalán".

Un grupo de independentistas catalanes crecidos a la sombra del poder se unen para debatir como combatir más eficazmente a los castellanohablantes en Cataluña. Entre ellos Terribas, exdirectora de TV3.

Los influyentes personajes del mundo de la comunicación en Cataluña, conocidos nacionalistas que han desarrollado sus exitosas carreras y han edificado sus fortunas a la sombra del poder, protagonizan una tertulia organizada por Òmnium Cultural titulada ‘Cuando seamos independientes, ¿qué medios querremos?’. Su principal preocupación es cómo obligar a las televisiones a emitir en catalán, además de subrayar la necesidad de inyectar más dinero público en TV3.


La apuesta desacomplejada que, en los últimos años, ha planteado CiU para instigar a los sectores más nacionalistas de la población situando el debate de la independencia de Cataluña en el centro de la agenda mediática con el objetivo de obtener réditos electorales está generando un aparente clima de prerrevolución -al menos, así lo transmite la prensa subvencionada- con algunas situaciones insólitas.

Un ejemplo de ello es la tertulia que ha organizado Òmnium Cultural con el título ‘Cuando seamos independientes, ¿qué medios querremos?’. En la mesa redonda han intervenido la estrella de RAC1, Jordi Basté; el empresario y humorista Miquel Calçada Mikimoto; la ex directora de TV3 y editora de Ara, Mònica Terribas, y el fundador y máximo responsable de Mediapro, Jaume Roures, todos ellos nacionalistas confesos que han desarrollado sus exitosas carreras y han edificado sus fortunas a la sombra del poder.

La principal preocupación, obligar a las televisiones a emitir en catalán

Durante el debate, los participantes han mostrado sus augurios y sus propuestas ante una hipotética secesión de Cataluña, y han explicado cuál sería el escenario que se encontrarían los medios de comunicación no adscritos al ideario nacionalista en una hipotética Cataluña independiente.

Es especialmente revelador el debate sobre cómo se debería regular el uso de la lengua en los medios de comunicación tras el ‘proceso de liberación’ -en palabras de la entidad organizadora-. Calçada ha dado algunas pistas al respecto:

“A mí me parece que toda la gente que está operando actualmente lo ha de poder continuar haciendo, siempre que se ajuste a una determinada normativa, que es en la que nos hemos de poner de acuerdo. Y si se decide que el catalán es la única lengua oficial, pues tú en la normativa puedes poner eso. Para entendernos, Antena 3 podrá continuar emitiendo como quiera, desde donde quiera y en el idioma que quiera, pero para emitir desde aquí para el territorio catalán se tendrá que adaptar a la normativa”.

Roures, por su parte, se mostrado más escéptico sobre la posibilidad de poder imponer ese tipo de normas:

“No tienes ningún mecanismo para hacerlo cumplir salvo que vayamos a una política represiva. Si no cumplen, ¿qué haces? ¿Les cortas la emisión? En pleno siglo XXI se pueden saltar las fronteras emitiendo desde fuera de tu territorio”.

Calçada ha respondido señalando que “como Estado te has de poder poner de acuerdo con el Estado de al lado, y de la misma forma que desde la montaña de allí pueden emitir lo que quieran sobre tu territorio, tú también puedes emitir sobre su Estado“. “Por tanto, eso no me preocuparía. Sí que me preocupa más bien de qué forma haríamos esta transición del actual statu quo a una Cataluña independiente; es decir, cómo llevaríamos a estos operadores hacia donde queremos”, ha añadido.

Terribas ha propuesto una fórmula para obligar a las televisiones a emitir en catalán:

“Actualmente el Gobierno [autonómico] catalán está pagando el 100% de lo que cuesta a los operadores privados españoles [no catalanes] emitir en Cataluña. De la misma forma que ahora les estás pagando esta infraestructura, esto es reversible“.

Basté, en cambio, ha sido más conciliador y ha asegurado que esta cuestión dependerá de la manera en que se consiga la secesión, una hipótesis que ha augurado que será de buenas formas y permitirá una buena relación entre ambas partes.

Roures se ha mostrado en desacuerdo y ha señalado que, si actualmente ya hay problemas, “imagínate con el rebote que tendrían a causa de la independencia”. Y Terribas ha vaticinado que esas malas relaciones no se normalizarían hasta pasada una generación porque “la reacción de España será culturalmente muy heavy“.

Para argumentar su posición, la ex directora de TV3 ha señalado que la serie Serrallonga, una coproducción entre TVE y TV3, nunca se ha emitido por la cadena nacional, y que Antena 3 decidió doblar dos veces la serie Pulseras Rojas porque en el primer caso, realizado por los propios actores, “había alguna cosa que sonaba demasiado catalán”.

“Tendremos que inyectar más dinero en la televisión pública”

Roures también ha destacado que en la supuesta Cataluña independiente TV3 debería ser más fuerte, y Terribas ha subrayado que será “brutalmente más necesaria”. Basté se ha mostrado de acuerdo:

“Cuando consigamos la independencia tendremos que inyectar más dinero en la televisión pública, entre otras cosas porque no habrá televisión privada que pueda conseguir los derechos de la Champions“.

Respecto a la viabilidad de un mercado televisivo privado, Terribas ha señalado que “el sector privado actualmente está condicionado por el hecho de tener un escaparate de negocio mucho más atractivo que es España desde el punto de vista económico y competitivo”. “Por tanto, la oferta privada no se ha planteado como un objetivo vital crear un mercado privado catalán potente porque tiene un mercado más amplio al lado que le ofrece la posibilidad de conseguir mucho dinero. Pero el día que seas un Estado, eso cambiará“, ha vaticinado.

Calçada también ha considerado que sería un mercado sostenible, elevándolo hasta los “ocho o nueve millones de habitantes, porque habrá gente del País Valenciano que también querrá ver estas televisiones privadas que se hacen aquí”. “Si los operadores españoles quieren poder emitir aquí, se puede negociar para que los catalanes también se vean en el País Valenciano y las Islas Baleares”, ha planteado.

Mantener las subvenciones a la prensa escrita

Terribas ha subrayado la importancia de que el operador privado “trabaje en la industria propia [de Cataluña], no sobre la alimentación de la industria del otro Estado [por el resto de España]“.

Por último, en relación a la prensa escrita, Roures y Terribas han destacado la necesidad de que se sigan otorgando subvenciones para la ‘normalización’ del catalán. Si bien, ambos han estado de acuerdo en que serían necesarios más controles sobre las ayudas.

Temas: discriminación lingüística, independencia, Jaume Roures, Jordi Basté, medios de comunicación, Miquel Calçada 'Mikimoto', Mònica Terribas, Òmnium Cultural

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CALÇADA, es simple y llanamente CALZADA, es una catalanización de su apellido (cosa que no cabe), ya que se traducen los nombres pero no los apellidos, y se de que hablo, yo soy CALZADA y no voy a catalanizar mi apellido que es la herencia que he recibido de mis antepasados.
Otros ya lo hacen por mi.¡
Y en este caso se de lo que hablo.¡
Cuando sea independiente cataluña (que no lo verán mis ojos ni los de ninguno de esos firmantes), que hagan lo que quieran, pero ahora.
A respetar la Ley.¡

Es que esa es otra, amigo Calzada, que estos -y toda la Casta Parasitaria en general- de respetar las leyes que no les guste o conviene, poco. Total, ya las cumpliremos los demás.

Pero a la fuerza tendrán que hacerlo, el rescate viene indisolublemente unido a varias condiciones, y una de ellas es el asegurar el pago del préstamo, pago que solo se puede garantizar con un pais unido.
Y así estará, guste o no guste o los nazionalistas y monten la que monten (que la montarán) el día de la Diada (el 11 de este mes).¡

Más de 800.000 niños no podrán estudiar asignaturas también en español este curso


Empieza el curso 2012 con menos profesores, más alumnos por aula y sin cumplirse las sentencias judiciales
Un total de 808.999 alumnos de Cataluña empiezan las clases. La consejera Rigau mantiene la inmersión lingüística pese a que no es legal. Padres y profesores critican los recortes que suponen más alumnos por aula.

Agencias / Redacción
Miércoles, 12 de septiembre de 2012 | 20:27
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El curso escolar 2012/2013 ha puesto su primera piedra este miércoles. Un año más, la Consejería de Enseñanza mantendrá la inmersión lingüística obligatoria en catalán a todos los alumnos del sistema público. Esta decisión, confirmada a primeros de mes por la propia consejera del ramo, Irene Rigau (CiU), supone incumplir la ley, según varias sentencias del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional.

Pese a que el PP se ha mostrado en contra del sistema de inmersión obligatoria, solo Ciudadanos ha protestado este miércoles al inicio del curso escolar. En un acto a las puertas de la Escuela Aula -a la que Artur Mas, presidente autonómico, llevó a sus hijos, y en la que se puede escoger la lengua vehicular de los alumnos-, Albert Rivera ha vuelto a pedir un sistema educativo trilingüe para los escolares de Cataluña.

En declaraciones a la prensa, el presidente de Ciudadanos ha negado que este modelo trilingüe (40% de las clases en español, otro 40%, en catalán, y el 20 restante en inglés) pueda romper la cohesión social, tal y como aseguran los partidos nacionalistas, porque es un sistema que se aplica en las mejores escuelas de Cataluña, privadas en su mayoría, y es un modelo “de éxito”.

“No tenemos que confundir el modelo político que quieren para las escuelas con el modelo de éxito que demuestran los resultados“, ha remarcado Rivera, que además ha indicado que este modelo escolar se podría costear, por ejemplo, adelgazando los distintos niveles administrativos que existen actualmente, como las diputaciones provinciales y los consejos comarcales.

Una ratio superior a la de otros años

También ha protestado, aprovechando el inicio del curso escolar, el Marco Unitario de la Comunidad Educativa (MUCE), que aglutina a familias, sindicatos, profesores y movimientos pedagógicos. Desde MUCE han advertido a la Generalidad de que la calidad de la educación se verá mermada durante este curso ya que no pueden hacer más con menos recursos, algo que han calificado de “mentira”.

La plataforma, en una rueda de prensa, ha avisado de que los recortes en el presupuesto de la Consejería de Enseñanza afectarán especialmente a quienes tienen necesidades específicas, ya que no podrán ser atendidos uno por uno, por lo que han rechazado que el nuevo curso haya empezado con normalidad, tal y como se ha informado desde la Consejería.

La portavoz de la federación de enseñanza de CCOO, Montse Ros, ha asegurado de que es “muy complicado” que el sistema escolar pueda aguantar una rebaja estructural de 3.000 plazas de profesorado sin resentirse, por lo que ha augurado un cambio de modelo. Según Ros, la ratio de este curso es de 24,2 alumnos por profesor frente a los 18,1 de 2008, y ha señalado que la cifra actual es propia del sistema educativo del franquismo.

Algunos centros escolares han vivido concentraciones de padres y profesores y se han despertado con pancartas contra la política educativa llevada a cabo por CiU desde la Generalidad, según ha recogido Europa Press.

Las cifras de este curso escolar

Un total de 808.999 alumnos de Cataluña de Infantil y Primaria han empezado las clases este miércoles. El curso -además de por el incumplimiento de las sentencias en materia lingüística- viene caracterizado por la reducción del número de profesores y el aumento de las horas que estos pasarán en las aulas (de 24 a 25 horas semanales, en Primaria; y de 19 a 20 horas, en Secundaria).

Este jueves empezarán las clases los 413.244 alumnos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional (FP) de grado medio, mientras que el próximo día 19 lo harán los estudiantes del resto del sistema -FP de grado superior, escuelas de idiomas, adultos y enseñanzas de régimen especial-. En total, en Cataluña habrá 1.551.937 alumnos, un 2% más que en 2011 (29.725 más), y en el que habrá hasta 3.092 profesores menos, debido a 1.783 jubilaciones que no se cubrirán y 1.309 interinos que no tendrán contrato anual.

En cuanto al porcentaje de alumnos por aula, el 24,3% de las aulas de P3 tendrán más de 25 alumnos; una cantidad que se reduce al 17,8% de los casos de Infantil, y al 14,2% de las aulas de Primaria; mientras que en Secundaria un 31,5% de las aulas tendrán más de 30 alumnos.

Otra de las novedades para este curso es que un 71% de los institutos públicos realizarán jornada compactada una vez los solicitaron el curso pasado. Con esta medida, la Consejería espera ahorrarse en un año 4 millones de euros solo en becas comedor. Un aspecto, el del ahorro, que también afectará a los alumnos que quieran utilizar las instalaciones y electrodomésticos de los colegios, ya que la administración les cobrará entre uno y tres euros al día.

La Generalidad veta las subvenciones a las empresas de promoción musical que no utilicen el catalán

Cada nueva convocatoria de subvenciones por parte de la Generalidad es una muestra de la política de discriminación lingüística contra los castellanohablantes de Cataluña que CiU parece dispuesta a mantener, a pesar de que los tribunales han dictaminado que se trata de una práctica ilegal.

En los últimos meses, el Gobierno autonómico de Cataluña ha vetado el acceso a las ayudas públicas a todo tipo de empresas y entidades que no utilicen, al menos, el catalán en sus comunicaciones internas y externas, lo que incluye las consultorías para empresas culturales y para la gestión ambiental; los proyectos de cooperación al desarrollo y los festivales musicales; los profesionales del mundo creativo y artístico; la integración laboral de personas con discapacidad; la lucha contra la pobreza; las empresas de los sectores del comercio, los servicios, la artesanía y la moda, las casas regionales; la promoción del periodismo; las productoras de dibujos animados y las asociaciones de vecinos; las entidades para la prevención de la drogodependencia; y las productoras de largometrajes de ficción para televisión, entre otras actividades.

Subvenciones para la promoción de la música y la investigación audiovisual

Este jueves, el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) ha publicado una nueva ronda de subvenciones, en esta ocasión, para ‘la organización de actividades de difusión y promoción del sector de la música de carácter profesional’ (Resolución CLT/1792/2012).

El Instituto Catalán de las Empresas Culturales (ICEC), dependiente de la Consejería de Cultura, presidida por Ferran Mascarell, repartirá 178.000 euros en función del interés cultural del proyecto, de su grado de innovación, su impacto y resonancia en el sector musical, la viabilidad económica del mismo, y la trayectoria de la entidad o empresa que lo presente.

Por otra parte, este viernes el DOGC también ha publicado las bases para ‘la concesión de subvenciones para proyectos de formación e investigación de contenidos audiovisuales’ (Resolución CLT/1800/2012).

Se trata de unas ayudas destinadas a las empresas que organicen ‘congresos, seminarios, encuentros, talleres, cursos o eventos de carácter puntual, que contribuyan a un mejor conocimiento del panorama audiovisual desde una perspectiva cultural y/o profesional’, así como ‘proyectos de formación postuniversitaria en el ámbito audiovisual de carácter profesional’, y ‘proyectos de investigación y estudio que ofrezcan herramientas de conocimiento y desarrollo de la industria audiovisual catalana’. El ICEC asumirá el 50% del gasto de las actividades hasta un máximo de 30.000 euros por empresa.

Los rótulos y los carteles, al menos, en catalán

Como es habitual, en ambos casos, entre los requisitos la Generalidad exige a las empresas que quieran optar a estas subvenciones se encuentra el cumplimiento explícito de los artículos 32.1, 32.3 y 36.4 de la Ley de Política Lingüística. Estos artículos obligan a las empresas a que ‘la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público deben estar redactados, al menos, en catalán’.

También ordenan que ‘los rótulos e informaciones de carácter fijo y que contengan texto que han de constar en el interior de los centros laborales dirigidos a las personas que trabajen en los mismos deben figurar, al menos, en catalán’.

El Tribunal Constitucional decretó ilegales estas prácticas

Sin embargo, estos artículos fueron derogados de facto por la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que en su fundamento jurídico 22 dictaminó lo siguiente:

‘El deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos’.

Igualmente, la citada sentencia determinó que es ilegal dar un trato preferente al catalán sobre el español, como ocurre a la hora de conceder estas subvenciones. En concreto, el fundamento jurídico 14 decretó lo siguente:

‘La definición del catalán como lengua propia de Cataluña no puede justificar la imposición estatutaria del uso preferente de aquella lengua, en detrimento del castellano, también lengua oficial en la Comunidad Autónoma, por las Administraciones Públicas y los medios de comunicación públicos de Cataluña’.

A pesar de ello, el Ejecutivo autonómico sigue haciendo caso omiso de esta sentencia de forma impune y mantiene un trato discriminado hacia los que deciden utilizar el castellano en Cataluña.

Caja anuncia que ya son “1.000 padres” los que han solicitado por escrito la enseñanza bilingüe

Las demandas de padres que quieren que sus hijos sean atendidos en unas aulas bilingües siguen en aumento. Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana, ha indicado que ya son alrededor de 1.000 padres los que se han dirigido a la Consejería de Enseñanza para que la Generalidad aplique la ley y elimine la inmersión lingüística obligatoria en catalán.

En una entrevista para el programa Voces, este viernes, Caja ha señalado que:

“En estos momentos hay cinco sentencias a favor en el Supremo y otros dos recursos. Pero vendrán más. Nosotros recibimos diariamente solicitudes de padres preocupados por el futuro de sus hijos que han presentado ante la Consejería la petición de una enseñanza bilingüe. Son, aproximadamente, en total, unos 1.000 padres. Lo que solicitan es algo que el Supremo ha dictaminado que es conforme a derecho. La señora consejera [Irene Rigau] sigue negando este derecho reconocido por los tribunales explícitamente. Es una situación verdaderamente kafkiana”.

Esta semana ha dado inicio el curso escolar en Cataluña y la Consejería de Enseñanza que encabeza Irene Rigau (CiU) sigue negándose a cumplir, ya no solo las sentencias en materia lingüística en todo el ámbito escolar, sino que ni siquiera las sentencias en los casos particulares, según ha sabido LA VOZ DE BARCELONA.

La Generalidad, que según el Tribunal Supremo está obligada a aplicar el bilingüismo escolar en el sistema educativo, tampoco aplica el bilingüismo a los alumnos cuyos padres han recurrido ante los tribunales para que la Consejería cumpla las leyes. Para Caja, esto son “excesos intolerables” que afectan a derechos fundamentales. Y ha recordado que la actitud de la consejera “es prevaricante” ya que a sabiendas está incumpliendo resoluciones judiciales.

Caja ha recordado que “no respetar las leyes ni la Constitución e invocar, al mismo tiempo, principios democráticos es muy característico de los nacionalistas” y ha exigido al Gobierno de Mariano Rajoy (PP) que intervenga para que la Generalidad cumpla en las escuelas de Cataluña señalando que, actualmente, existe la Alta Inspección de Educación que, entre otras, tiene la función de inspeccionar el cumplimiento de las normas.

Cinismo de los políticos de Cataluña y dejadez del Gobierno

Por su parte, Antonio Roig, portavoz de Asociación por la Tolerancia, también en el programa Voces, que realiza LA VOZ DE BARCELONA en Radio Intereconomía Cataluña, ha señalado que los distintos gobiernos de la nación han tenido “una cierta timidez” contra los nacionalistas y para que estos cumplan las normas en materia lingüística en Cataluña.

Así, Roig ha recordado que está por cumplir la tercera hora de la asignatura de lengua española que, aunque fue una medida aprobada por el Gobierno -en época de José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE-, la Generalidad se ha negado a cumplir y los gobiernos no le han pedido su aplicación.

Además, ha criticado el cinismo de algunos dirigentes políticos de Cataluña que, pese a que votan y defienden la inmersión lingüística obligatoria, llevan a sus hijos a escuelas que no se aplica este sistema y sí uno bilingüe (español y catalán) o trilingüe (con alguna lengua extranjera).

Desde estas entidades cívicas se ha recomendado a los padres, que quieran que sus hijos reciban la enseñanza bilingüe, que acudan a las asociaciones para que les asesoren e inicien el proceso para la aplicación de la ley. “Es muy importante que los padres acudan a la Consejería solicitando la enseñanza bilingüe”, han indicado, ya que “la actitud valiente es la única que ha servido para progresar”, de momento, con varias sentencias del Supremo.

El TC anula la normativa que multaba por no atender o no rotular en catalán
SE ANULARÁN LAS MULTAS QUE ESTÉN TRAMITÁNDOSE
LVL
martes, 16 de octubre de 2012, 09:44
Madrid.- El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y, por tanto, nulo un precepto clave de la normativa catalana que ha permitido sancionar a lo largo de 16 años, entre 1994 y 2010, las infracciones contra los derechos de los consumidores, entre ellas las que han obligado a atender e informar de los productos y servicios en catalán.

La consecuencia de este fallo del Constitucional del que informa este martes el diario ‘El Mundo’, aprobado por la Sala Primera sin votos particulares discrepantes, es que todas las sanciones impuestas por la Administración catalana al amparo de esa normativa y que aún se encuentren en tramitación quedarán anuladas.

Entre las sanciones que deberán revocarse a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), aprobada el pasado día 1, se encuentra precisamente una relativa a la infracción de los derechos lingüísticos de los consumidores catalanes. La Agencia Catalana de Consumo impuso en 2007 a una empresa sendas sanciones de 600 y 2.000 euros por no ofrecer en catalán sus servicios y por incluir cláusulas lesivas para los consumidores.

La empresa recurrió y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 13 de Barcelona, encargado de revisar la actuación sancionadora de la Generalitat, dejó en suspenso el procedimiento judicial al tener dudas sobre la constitucionalidad de la Ley catalana 3/1993, del Estatuto del Consumidor en esa comunidad autónoma. El juez elevó en enero de 2010 una cuestión de inconstitucionalidad que acaba de ser resuelta por el TC.

La Ley ha sido sustituida por el Código de Consumo, que también incluye sanciones por la infracción de los derechos lingüísticos de los consumidores catalanohablantes. La nueva normativa está recurrida ante el TC por el PP y por el Defensor del Pueblo, precisamente en lo relativo a esas infracciones.

El Sr. MAS ha dicho que eso no le afecta y que seguirá multando a todo aquel que tenga la osadía de rotular o hablar español en Catalunya.
Hsta ahí podíamos llegar han clamado los de C. i U.
¿Cuando se les va a obligar a cumplir la Ley?.

http://www.elconfidencial.com/espana/cataluna-carteles-espanol-malos-ciudadanos-20100117.html

http://www.libertaddigital.com/espana/2012-10-16/el-gobierno-catalan-insiste-en-que-seguira-aplicando-las-sanciones-linguisticas-1276471551/
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/cataluna/artur-mas-multa-97-comercios-por-no-rotular-catalan-2011-20120416

http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/cataluna/generalitat-impone-226-multas-por-no-rotular-o-etiquetar-catalan-20120223

Un activista independentista presenta 5.000 denuncias en cinco años contra comercios por utilizar el español

En febrero de 2010, el presidente de Catalunya Acció y ex candidato de Solidaritat a la Alcaldía de Barcelona, Santiago Espot, confesó durante una tertulia televisiva que su organización había presentado durante el año anterior cerca de 3.000 denuncias anónimas contra comercios que no rotulaban su establecimiento, al menos, en catalán.

Este domingo, El Mundo ha publicado una entrevista con Roger Seuba López, un bibliotecario de 32 años nacido en Aviá pero residente en Castellbell y Vilar (municipios barceloneses) que asegura haber colaborado con Catalunya Acció realizando alrededor de 5.000 denuncias en los últimos cinco años contra empresas de toda Cataluña por el único motivo de haber elegido el español como lengua vehicular de sus negocios.

Una red de medio centenar de informadores

La nueva estrella de la delación lingüística en Cataluña ha recorrido toda Cataluña libreta en mano anotando los datos de los establecimientos cuyos rótulos no estuvieran escritos en catalán. Desde la Costa Brava a la Costa Dorada, pasando Barcelona y por multitud de municipios del área metropolitana y del interior, Seuba dice haber efectuado caminatas de hasta diez horas diarias como si de un inspector de consumo se tratase.

Este gran inquisidor reconoce que cuenta con una red de medio centenar de colaboradores que, además de informarle de los empresarios que osan utilizar el castellano en sus tiendas, firman algunas de las denuncias que él mismo rellena.

“Una situación a corregir”

Hijo menor de un antiguo militar del Ejército franquista, Joan, y de una maestra de escuela de pasado falangista, María Rosa, Seuba explica que todo empezó en la época en que se instaló en Barcelona para estudiar:

“Rápidamente detecté el empeoramiento de la situación lingüística: cartas de restaurantes escritas sólo en inglés y en español, funcionarios sin ningún conocimiento del catalán, etiquetaje de productos en castellano, cuerpos de seguridad que exigían al ciudadano expresarse en español, ausencia de películas en catalán en los cines… Decepcionado ante el panorama, me propuse ayudar a poner remedio a esto, así que me planté en la sede de Plataforma per la Llengua y allí aprendí el proceso de las denuncias, las sugerencias y las quejas a Consumo”.

Dos de las poblaciones en las que más empeño ha puesto para llevar a cabo “la normalización del catalán” han sido las turísticas Lloret de Mar y Salou. “Aquello era terrible. Carteles en cualquier idioma menos en catalán. Era una situación a corregir”, indica.

El catalán, “maltratado por el PP en el Tribunal Constitucional”


Roger Seuba, libreta en mano, posa ante una óptica denunciada por él mismo por elegir el español para dirigirse a sus clientes (foto: Antonio Moreno/’El Mundo’).
Seuba, que se declara independentista, lamenta que en el centro cívico de Barcelona donde trabaja como recepcionista a tiempo parcial la mayoría de las clases se imparten en castellano “a pesar de que uno de los niños es hijo de un dirigente de ERC”.

“El catalán ya estuvo bastante perseguido durante muchos años, y actualmente ha sido maltratado por el PP en el Tribunal Constitucional, como para que ahora vengan ustedes a recortar su uso. Por tanto, les pediría que lo incluyesen en sus rótulos, así los clientes catalanes estaremos más satisfechos”, dice que explica a los propietarios de las tiendas que visita y a los que avisa de que van a ser denunciados.

Su últimas denuncias son de hace un año. La crisis le ha obligado a reducir el ritmo de sus inspecciones. Ahora se apoya más en las nuevas tecnologías y comprueba los rótulos de los comercios que le indican sus colaboradores a través de Google Earth para evitar “hacer un desplazamiento en balde”. “Nadie me ha patrocinado ni ayudado económicamente. Sólo las fotocopias de mis denuncias, que las hice en Plataforma per la Llengua, entidad que las tramitaba”, asegura.

“Esta gente de la Generalidad no inspecciona bien”

Seuba presume de haber conseguido forzar a la multinacional Unilever para “normalizar” unas 4.000 cartas de los helados de la marca Frigo. “Es de lo que más orgulloso estoy. ¿Cómo lo hicimos? Atacando el mismo objetivo desde Cataluña, Islas Baleares y Andorra”, asegura. Por el contrario, no ha podido “del todo” con Cepsa. “En sus gasolineras han incorporado el catalán, pero en pequeño, no sea que alguien vaya a molestarse. Claro, qué van a hacer, son patrocinadores de La Roja“, concluye.

El delator asegura que la mayoría de tiendas denunciadas cambian rápidamente los carteles tras ser denunciados. Solo los que denomina “anticatalanistas” y las multinacionales son más reacios a ceder a su chantaje.

Durante la entrevista, Seuba saca su teléfono móvil y se dirige al periodista de El Mundo, en el que recibe avisos de “posibles infractores”: “Fíjate en esta foto de un bar que he denunciado. El rótulo está bien, en catalán, pero las pizarras de la acera mantienen menús en castellano. Esta gente de la Generalidad no inspecciona bien”. Seuba calcula que “harían falta” unas 15.000 denuncias más. “Nos quedamos cortos”, insiste.

Un millar de multas por más de un millón de euros

Entre 2004 y 2011, la Agencia Catalana de Consumo -dirigida por Alfons Conesa, ex directivo de Òmnium Cultural- ha impuesto algo más de un millar de multas a empresas que decidieron elegir el español para relacionarse con sus clientes, y ha recaudado más de un millón de euros por este motivo. 2011, el primer año con Artur Mas al frente de la Generalidad, ha sido el que más sanciones por este motivo ha registrado.

Esta semana, el Tribunal Constitucional ha declarado nulo un precepto sancionador del Estatuto del Consumidor de Cataluña de 1993, lo que abre la puerta a recurrir las multas lingüísticas impuestas hasta el año 2010, en que se aprobó el nuevo Código de Consumo.

El Código de Consumo, pendiente del Constitucional

Por otra parte, el Código de Consumo en vigor impone a las empresas la obligación de utilizar el catalán oralmente y por escrito en múltiples circunstancias, tales como las ofertas, las invitaciones a comprar, los rótulos, la información de carácter fijo, y toda la documentación contractual, entre otros elementos. Además, insta a los consumidores a ‘cooperar’ con las administraciones públicas encargadas de velar por el cumplimiento de esta legislación mediante la denuncia.

Aunque esta ley está recurrida ante el Tribunal Constitucional, de facto, no tiene validez jurídica puesto que el propio Alto Tribunal ya se pronunció al respecto en la sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, dictaminando lo siguiente:

‘El deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos’.

La Generalidad dedica, en un solo año, más de 2.400 millones de euros a política lingüística

Rosa Díez critica a los que piden perdón por hablar de Cataluña sin ser catalanes: “Estoy en mi casa. Cataluña es mi casa”.

Redacción
Domingo, 21 de noviembre de 2010 | 10:58
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Un informe, elaborado por una docena de especialistas, que desgrana y sintetiza las partidas de los Presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2009 concluye que la Administración autonómica le ha dedicado 2.437 millones de euros a políticas lingüísticas.

Las políticas lingüísticas y la quiebra de Cataluña es el nombre del informe [resumen disponible en seis imágenes: una, dos, tres, cuatro, cinco y seis] elaborado bajo la firma de UPyD y presentado este viernes en Barcelona por el responsable de Acción Política del partido, Carlos Martínez Gorriarán, el candidato de UPyD a la presidencia de la Generalidad, Antonio Robles, y el número dos en las listas del 28N por Barcelona, Ramon de Veciana.

‘Erradicar realidades’

El estudio, con el epígrafe Informe sobre el coste social y económico de una política ruinosa, advierte de que ‘las políticas de normalización lingüística son una auténtica anormalidad empeñada en negar y erradicar realidades tan evidentes como que Cataluña es una comunidad bilingüe con dos lenguas oficiales igual de propias, el catalán y el español o castellano, o en contradecir principios elementales de la justicia, la democracia, la economía o la ciencia’.

Y denuncia que ‘en la Cataluña oficial el castellano no existe’, por lo que ‘los catalanes se ven privados de la elemental libertad de elegir la lengua que prefieran o vean más conveniente para cada cosa’. Sin embargo, el informe critica la ‘cuantía’ dedicada a estas políticas, pues sus autores condieran que ‘apoyar con dinero público y ayudas legales la creación, la enseñanza o la comunicación en catalán –o en castellano- es algo legítimo y aceptable’. Pero, no todo el dinero destinado a la cultura y la lengua catalanas tiene como objetivo la promoción.

Según el informe, ‘muchas de las ayudas públicas que las instituciones catalanas dedican a las políticas lingüísticas no tienen mucho o nada que ver con el apoyo a la cultura, la enseñanza o la comunicación en catalán, pues son ayudas encubiertas a instituciones y asociaciones dependientes de los partidos políticos’.

Un estudio económico

Gorriarán, durante la presentación del informe, en un hotel barcelonés, indicó que , en realidad, “es un problema de gestión, [...] de crisis política”, y puso como ejemplo la siuación de quiebra técnica de la Generalidad de Cataluña, citando la emisión de bonos “a la argentina” por parte de la Administración autonómica y señalando que los ciudadanos de la comunidad “pagan impuestos como escandinavos para recibir servicios mediterráneos, y no muy buenos”.

El candidato upeidista a la Generalidad, por su parte, remarcó que el informe no se ha realizado para tratar el tema de la lengua como instrumento de exclusión social y construcción nacional, sino para evaluar y poner negro sobre blanco “sus efectos negativos sobre la economía”.

Robles recordó que “el nacionalismo político utilizó en los años sesenta y setenta el argumento de que los catalanes teníamos el derecho a estudiar en la lengua materna”, y “ayudamos” para que eso se llevara a cabo. Pero todo “fue un señuelo”, añadió, tras ver el texto de la Ley de Política Lingüística aprobado por el Parlamento autonómico de Cataluña en 1983: “Imponía la inmersión del catalán en sustitución del bilingüismo escolar que a partir de la transición se había instalado en nuestras escuelas”.

A partir de ahí, durante los ocheta y noventa, relató Robles, “se realizó una limpieza lingüística en calles, instituciones, libros de texto y lengua docente”. Luego llegó, en 1988, la segunda ley autonómica y “se incluyeron ya medidas sociales para imponerla sin contemplaciones y se incluyó la capacidad sancionadora”. Luego llegó el tripartito, la sanciones lingüísticas y la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto.

¿Y, todo esto, para qué? Robles: “Las sumas gastadas en su imposición [de la lengua catalana] y en la exclusión de los derechos de los ciudadanos castellanohablantes han pasado factura por su inadmisible despilfarro“.

Rosa Díez: “Estoy en mi casa. Cataluña es mi casa”

Por otro lado, UPyD celebró este domingo su acto central de campaña en el Auditorio de Barcelona. Algo menos de 300 personas acudieron al mitin central para escuchar a Rosa Díez (líder del partido), Antonio Robles (candidato upeidista a la Generalidad), Francisco Caja (presidente de Convivencia Cívica Catalana y que cierra la lista de UPyD por Barcelona) y Ramón de Veciana (número dos por Barcelona).


Antonio Robles, durante su intervención en el acto central de la campaña de UPyD, este sábado en Barcelona (foto: JSM).
Díez recordó que una de las premisas que defiende UPyD es que “el Estado tiene que recuperar las competencias en educación para que España sea un país más justo y competitivo”. También en Sanidad, para que los ciudadanos tengan los mismos derechos estén donde estén del territorio nacional. Además, señaló como prioritaria la reforma de la ley electoral y criticó a los que piden perdón por hablar de Cataluña sin ser ciudadanos de la comunidad: “Estoy en mi casa. Cataluña es mi casa”, añadió.

Robles, por su parte, criticó a las seis formaciones -especialmente duro fue con el PSC y tuvo una mención especial para Ciudadanos- con representación en el Parlamento autonómico de Cataluña, a la prensa por no destacar las noticias de UPyD y advirtió de que la formación magenta “quiere meter el Estado en el Parlamento de Cataluña”. Finalmente, el candidato a la presidencia de la Generalidad dijo que: “La revolución silenciosa, en Cataluña, es hacer cumplir la ley”.

Las diez falacias sobre la política lingüística repetidas por el nacionalismo

Por Mariano Alonso

1-El catalán es la lengua mayoritaria en Cataluña.

Según las encuestas de la propia Generalidad, es la lengua habitual para el 35% de los ciudadanos de esta región. Un 10% menos que en 2003, cuando el Tripartito relevó a CIU en el Gobierno.

2-Las sentencias de los tribunales obedecen a reivindicaciones minoritarias de unas pocas familias.

Las tres sentencias del Tribunal Supremo de diciembre de 2010 se refieren, efectivamente, a denuncias concretas de tres familias en particular. Pero no son las únicas familias que han mostrado su oposición a la política de inmersión lingüística. Desde los miles de profesores de secundaria que abandonaron Cataluña en los primeros Gobiernos de Pujol, la respuesta ciudadana a las políticas sobre la lengua del nacionalismo ha sido importante desde el punto de vista numérico. Baste citar el Manifiesto de los 2.300 de 1981 suscrito por intelectuales y profesores o, más recientemente, las 50.000 firmas recogidas por el presidente de Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, en contra del sistema de inmersión.

3-La oposición a la inmersión responde a razones partidistas.

Al margen de lo dicho en el punto anterior, ocurre más bien al contrario. Han sido los movimientos nacidos en la sociedad civil los que han espoleado a los partidos políticos a tomar postura e incluso a nacer. De lo último da ejemplo la creación de Ciudadanos en 2006, fruto de una plataforma de intelectuales ajenos a las siglas partidarias, como Albert Boadella o Francesc de Carreras. Y de lo segundo se podrían citar muchos casos, pero hay una imagen que vale más que mil palabras: la de Alicia Sánchez Camacho junto a Francisco Caja presentando el pasado junio una instancia en la consejería de educación catalana para que su hijo sea educado en castellano y catalán. Un gesto que repitieron centenares de familias.

4-Se permite la educación en castellano.

Para no decir la verdad, los nacionalistas suelen hablar de enseñar el castellano, en lugar de en castellano. El matiz no es superfluo, ya que lo primero se cumple en la actualidad. Basta con que se imparta la asignatura de Lengua Española, que forma parte del examen de selectividad, y sin ni siquiera llegar a la tercera hora que pretendió imponer un decreto del Gobierno central. Enseñar en castellano, por tanto, implicaría impartir en esa lengua varias asignaturas relevantes, como por otra parte se hace en los colegios de élite a los que acuden los hijos de muchos nacionalistas.

5-Los alumnos catalanes tienen un buen nivel de castellano.

Lo que tienen son unos buenos resultados en la prueba de selectividad. En unas pruebas que son mucho más fáciles que las de lengua catalana, pues así las diseñan las propias universidades de Cataluña, con autonomía para ello. Como relató en un artículo en ABC Xavier Pericay, en una de las pruebas se les daba a los examinados un texto de Miguel Delibes y se les hacía la siguiente pregunta: "Escriba todos los nombres de animales que se citan en el texto y clasifíquelos en aves y no aves". Juzgue el lector si es necesario estudiar todo un curso para terminar sabiendo distinguir a un gorrión de un perro. Por lo demás, si fuese cierto que el hecho de que los niños escuchen el castellano en la televisión o en la radio, además de en la calle, les hace competentes en ese idioma habría que preguntarse, por ejemplo, por qué los escolares ingleses se educan en la lengua de su majestad. Teniendo a mano la BBC.

6-La inmersión garantiza la cohesión social.

No parece que lo haga si el niño cuyos padres quieren educación en castellano tiene que ser atendido al margen de sus compañeros. Tratamiento que consiste en explicaciones discrecionales en castellano por parte del profesor señalando al alumno del resto de sus compañeros. Al menos, así reconocen los nacionalistas que sucede. Tampoco si el que acaba de llagar a la región catalana, o está de paso, no puede expresarse oralmente y por escrito en la lengua vehicular de la enseñanza, o si hasta en los recreos se impone el catalán y se excluye el castellano.

7-Es un modelo integrador para los inmigrantes.

Al margen de lo que ocurre en la escuela, el nacionalismo ha intentado extender la inmersión a otros ámbitos. Buena prueba de ello es la Ley de Acogida que el año pasado recurrió ante el Tribunal Constitucional la Defensora del Pueblo a instancias del entonces diputado José Domingo. La norma, aprobada con la Oposición del PP y Ciudadanos, aseguraba que el inmigrante debe alcanzar las competencias básicas en catalán y castellano, si bien precisaba: "...el catalán, como lengua propia de Cataluña (el concepto que introdujo el nuevo Estatuto), es la lengua común para la gestión de las políticas de acogida e integración" y añadía "el aprendizaje lingüístico ofrecido por los servicios de primera acogida empieza por la adquisición de las competencias básicas en lengua catalana"

8-La señalización viaria respeta el bilingüismo.

Los espectadores de LDTV recordarán la cara de pasmo del ex alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, cuando una redactora de esta cadena le preguntó por qué el consistorio prefería no cobrar muchas multas de tráfico a establecer una señalización bilingüe en la Ciudad Condal. El entonces primer edil, del PSC, atribuyó la pregunta a las obsesiones de determinada prensa y aseguró que nunca se le había quejado un ciudadano por esta cuestión. Lo cierto es que en Barcelona no se respeta el bilingüismo en las señales viarias y eso permite recurrir con éxito las multas.

9-El catalán no sobreviviría sin discriminación positiva.

En este punto el nacionalismo no deja de caer en una cierta contradicción. Pues si el catalán necesita de la discriminación positiva para existir, como dicen, parece difícil sostener al mismo tiempo que ya es la lengua mayoritaria en Cataluña y que de ahí su preeminencia en la escuela pública.

10-Existen prácticas de discriminación del catalán, particularmente en los medios de comunicación.

Cualquiera que haya frecuentado las ruedas de prensa políticas en Madrid habrá observad que el catalán es un idioma muy hablado en los corrillos. Algo lógico dada la gran cantidad de periodistas que trabajan en medios de Cataluña, muchos de los cuales emiten en la lengua catalana. Más allá de la anécdota, cualquier espectador de televisión en España puede escuchar declaraciones en catalán, convenientemente subtituladas, de protagonistas de la vida política o social. Por ejemplo muchas de las palabras públicas del entrenador del Barcelona, Josep Guardiola. Sin embargo, la obsesión por excluir el castellano llevó a TV3 a establecer en su libro de estilo que los mensajes de móvil, con los que el público participa en determinados programas, se tradujesen de manera automática al catalán.

http://www.libertaddigital.com/sociedad/2011-09-17/las-diez-falacias-sobre-la-politica-linguistica-1276435581/

La búsqueda de avales internacionales por parte de la Generalidad para el modelo de inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán que aplica desde hace dos décadas no está teniendo el éxito que esperaba.

Así se deduce del informe del Comité de Expertos del Consejo de Europa sobre el grado de aplicación en España de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias que fue presentado la semana pasada y que, no solo no respalda la prohibición del español como lengua vehicular escolar, sino que, al contrario, entiende que la lengua de enseñanza debe poder ser elegida libremente por los padres.

Compromiso para proteger las lenguas minoritarias

La Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias fue firmada por el Gobierno en 1992 y ratificada en 2001. Consiste en una serie de compromisos para promocionar las lenguas minoritarias y garantizar los derechos lingüísticos de sus hablantes, que periódicamente son evaluados por el Consejo de Europa, una organización formada por 47 países europeos dedicada a promover la cooperación internacional y que no tiene nada que ver con la Unión Europea.

En 2002, un Comité de Expertos del Consejo de Europa realizó un informe de situación inicial, y cada tres años (2005, 2008 y 2011) han ido analizando su evolución. El informe conocido la semana pasada corresponde al año 2011.

En 2008 ya advirtieron de que la inmersión no ha de ser obligatoria

Pese a que el análisis realizado por los expertos se circunscribe a evaluar únicamente el grado de cumplimiento de los compromisos del Gobierno y de las CCAA para garantizar los derechos de los hablantes de las ‘lenguas regionales’, el informe de 2008 fue más allá. Sorprendidos por el hecho de que, en el caso de Cataluña, eran los derechos de los hablantes de la lengua mayoritaria los que estaban siendo menospreciados, los expertos se atrevieron a lanzar una advertencia más allá de su competencia:

‘El Gobierno español se comprometió a asegurar que se impartiría enseñanza en las lenguas regionales o minoritarias a todos los niveles. El Comité de Expertos entiende que estos compromisos significan que se impartirá enseñanza en catalán en aquellos territorios en los que se emplee esta lengua. La Carta no prevé la enseñanza obligatoria en catalán para todos los alumnos, sino, únicamente, que todos los alumnos reciban educación en catalán si sus padres así lo desean‘.

E insistieron en que:

‘Existe supuestamente un sistema basado en la impartición de educación fundamentalmente en la lengua cooficial para todos aquellos que lo solicitan, pero este sistema no debe ser obligatorio para todos los niños’.

Entienden que los padres pueden elegir la lengua vehicular

En el último informe, los expertos vuelven a incidir en que el objetivo de la Carta es garantizar los derechos de los hablantes de las lenguas minoritarias -que consideran ampliamente cumplidos en el ámbito de la educación en Cataluña-, pero no a costa de los derechos de los hablantes de la lengua mayoritaria.


El Consejo de Europa aplaude que se garantice la educación en catalán, pero advierte que el objetivo recogido en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias no es privar del derecho a recibir, también, la enseñanza en español a quien así lo desee.

‘El Comité de Expertos reitera su punto de vista en el sentido de que los compromisos en cuestión [en materia educativa] no implican necesariamente que este tipo de educación [en la lengua minoritaria] sea obligatoria para todos los alumnos, no el 100% de todas las asignaturas han de ser en esa lengua‘, indican en el párrafo 39.

En ese sentido, el párrafo 256 del documento se hacen eco de que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto eliminó el ‘uso preferente’ del catalán por parte de la Generalidad y señaló que la apelación al ‘uso normal’ del catalán en la educación no debe ‘excluir la enseñanza en castellano’.

Y concluyen lo siguiente (punto 257):

‘El Comité de Expertos entiende que esta decisión significa que la educación en Cataluña en catalán es ofrecida y está disponible, y que los padres son libres de decidir si quieren que sus hijos aprovechen ese ofrecimiento o, en su lugar, que sus hijos sean educados solo en castellano: la educación no es que sea, por tanto, ofrecida solo en catalán de manera obligatoria para todos los alumnos, sino que el castellano también puede ser utilizado como lengua de enseñanza’.

Sin embargo, el planteamiento que el Consejo de Europa hace en base a la información que ha recopilado no se aplica en realidad, puesto que, en la práctica y en contra de lo que han dictado los tribunales, el español está prohibido como lengua vehicular en todas las escuelas públicas de Cataluña.

Sorprendentemente, el portavoz de la Generalidad, Francesc Homs, en un ejercicio inaudito, se ha felicitado este martes por el informe del Consejo de Europa y ha considerado que “avala la política educativa de conjunción lingüística” de la Generalidad y “reconoce que el castellano es empleado como lengua en el sistema educativo y que los padres son libres de escoger la lengua de la enseñanza”.

Elogios a la acción del Gobierno

Por otra parte, el informe del Comité de Expertos ‘elogia a las autoridades españolas por su alto nivel de compromiso y los esfuerzos continuos para proteger y promover sus lenguas regionales y minoritarias mediante medidas legislativas y prácticas, no solo al nivel de las CCAA, sino también a nivel estatal’. ‘Una serie de nuevas leyes han sido adoptadas con el objetivo de mejorar el marco legislativo y la sensibilización general sobre el carácter plurilingüe de España. En la práctica también muchos de las compromisos marcados en la Carta están cumplidos’, añaden.

En este sentido, y en referencia a Cataluña, destacan el cumplimiento de los acuerdos en el ámbito de la educación; en la emisión de impresos y documentos por parte de la Administración; en los medios de comunicación; en la producción audiovisual y en la colaboración interterritorial. ‘El catalán continúa disfrutando de un excelente apoyo por las autoridades regionales y locales’, señalan. Sin embargo, alertan de carencias en la justicia, en la sanidad y en algunos servicios públicos ofrecidos por el Gobierno.

Impugnan la grafía del Ayuntamiento de Barcelona por discriminar el castellano sistemáticamente

Un funcionario del Ayuntamiento de Barcelona ha impugnado la normativa gráfica del consistorio por considerar que no cumple con la ley en materia lingüística ni con la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El funcionario municipal ha solicitado al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que al menos cautelarmente se suspenda la normativa gráfica.

Un abogado del Ayuntamiento ha presentado un recurso, texto al que ha tenido acceso LA VOZ DE BARCELONA, por considerar que los nuevos membretes y carteles que el consistorio está utilizando en sus documentos oficiales y anuncios públicos no respetan el bilingüismo institucional que deben aplicar las administraciones públicas autonómica y local en función de la legislación vigente.

Así, en el recurso se recuerda que la sentencia del TC de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía dejó establecido que el uso de la lengua catalana por parte de las administraciones públicas de Cataluña (incluyendo sus empresas), tanto autonómicas como locales, no puede ser preferente respecto a la lengua española, ambas oficiales en la Comunidad. El TC entendía así el artículo 50.5 del Estatuto.

Otra sentencia posterior, esta vez del TSJC (316/2012, de 23 de mayo de 2012), anuló parte del Reglamento de Uso de la Lengua Catalana, recurrido por el PP local. Esta referencia también consta en la denuncia, cuyo texto incluye un párrafo del auto que hace mención al uso preferente de la lengua por parte del consistorio:

‘No son aceptables […] los preceptos que desequilibren la paridad en la posición jurídica de ambas lenguas oficiales; esto es, las que configuren una posición de prevalencia o preferencia del catalán sobre el castellano o viceversa […]. El uso exhaustivo del catalán en las actuaciones internas no resulta necesariamente ilegal en la medida que esta previsión no excluye en si mismo el uso paralelo y normalizado del castellano. La paridad jurídica de ambas lenguas a la que se refiere el Tribunal Constitucional comporta que cuando más intensa es la regulación del uso de la lengua catalana, más intensidad habrá de recibir también la otra. Si no fuese así estaríamos en una situación de uso preferente de una de las lenguas, situación que el Tribunal descarta. De la misma forma sería igualmente admisible una regulación en los mismos términos referida a la lengua castellana’.

El demandante, a raíz de las sentencias, ha señalado que debe considerarse nula la definición única de Ajuntament de Barcelona, exclusivamente en catalán, para referirse al Ayuntamiento en membretes y anuncios públicos. En este sentido, ha valorado que la única opción ‘ajustada a derecho’ es la denominación en bilingüe ‘Ayuntamiento de Barcelona-Ajuntament de Barcelona’, y que esta debe incorporarse a la nueva imagen corporativa del consistorio.

Ejemplos de bilingüismo

La denuncia no pone en duda el nombre de la ciudad -si bien es idéntico en catalán y español- sino el nombre oficial del Ayuntamiento, que no puede ser exclusivamente en catalán. Con esta base, el demandante ha puesto de ejemplo el uso bilingüe que hacen otros ayuntamientos de España, como el de San Sebastián (Guipúzcoa) o el de La Coruña. Ambos consistorios utilizan el nombre bilingüe para dirigirse a los ciudadanos.

Además, en el recurso no solo aparecen ejemplos locales de España. El demandante también hace referencia al nombre de la organización internacional Naciones Unidas, cuyo nombre oficial queda recogido en seis idiomas distintos (árabe, chino, francés, inglés, ruso y español), así como al de la Unión Europea o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.


Detalle del recurso interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona.
A estos argumentos se ha sumado uno más (una segunda impugnación) para que los tribunales anulen la normativa gráfica del consistorio. No existe reglamento que regule el uso de la marca del Ayuntamiento. El demandante ha indicado que ha remitido al departamento local de Imagen y Servicios Editoriales un requerimiento para que le informen de esto pero la respuesta ha sido solo verbal y nunca por escrito. Siempre le han confirmado la ‘falta de cobertura reglamentaria’.

Los tribunales ya obligaron a rectificar al Ayuntamiento

Este no es el primer problema jurídico que se le plantea al Ayuntamiento de Barcelona. En junio de 2003, el TSJC obligó al consistorio a cambiar el sello, el escudo y las banderas oficial y festiva de la ciudad por considerar que eran ‘ilegales’. El Ayuntamiento había aprobado la modificación de los símbolos de la ciudad a través de la Carta Municipal en 1996. Poco después, los nuevos símbolos de Barcelona fueron impugnados por la Sociedad Catalana de Genealogía, Heráldica, Sigilografía, Vexillología y Nobiliaria.

Esta entidad, entonces presidida por Armand de Fluvià, especialista en heráldica, consideró que la modificación del escudo de la ciudad se llevó a cabo mediante irregularidades en cuestiones formales de procedimiento y vulnerando principios históricos heráldicos.

El auto del TSJC también señaló que desde el Ayuntamiento se infringió el procedimiento porque no se remitió el expediente de modificación de los símbolos a la Administración autonómica, en concreto a la dirección general autonómica de Administración Local de la Generalidad. Entonces, la oposición al equipo de Gobierno local, CiU y PP, pidieron al PSC que cumpliera la resolución del TSJC. El Ayuntamiento tuvo que volver a los símbolos anteriores a 1996.

El programa electoral de la coalición ecocomunista apuesta por menos austeridad y más impuestos. La formación liderada por Joan Herrera insiste en defender la prohibición del español como lengua vehicular escolar junto al catalán y propone redefinir el ‘estatus legal’ del castellano ante la hipotética creación de un ‘Estado propio’ para Cataluña. Mientras tanto, instan a ‘rechazar cualquier injerencia en materia lingüística proveniente de los órganos del Estado español’.


ICV-EUiA ha celebrado este sábado la convención programática en la que sus militantes han aprobado el programa electoral de cara a las elecciones autonómicas del próximo 25 de noviembre. Los 390 afiliados que han participado en la convocatoria, abierta a todos los militantes -unos 5.000-, también han elegido los 30 puntos prioritarios del programa que formarán la hoja de ruta de la campaña electoral.

Entre estas prioridades destaca la de ‘impulsar un acuerdo nacional para el derecho a decidir con fuerzas políticas, agentes sociales y entidades representativas para realizar, la próxima legislatura, un referendo o consulta de autodeterminación para que la ciudadanía pueda decidir sin límites el futuro de Cataluña’.

ICV-EUiA ha decidido que será primordial ‘promover un Estado propio [para Cataluña], que puede establecer, a partir de la propia soberanía, una relación de carácter federal, confederal o ser presente directamente en el ámbito europeo, dependiendo de la voluntad de pacto del Estado y de la libre decisión de la ciudadanía de Cataluña’.

‘La única fuerza catalanista que suma a federalistas e independentistas’

Tal y como había anunciado en las últimas semanas su líder, Joan Herrera, la marca blanca de Izquierda Unida en Cataluña ha decidido, de esta forma, presentarse a las autonómicas con una propuesta muy similar a la que plantea CiU y el resto de formaciones nacionalistas o secesionistas. ‘ICV-EUiA somos la única fuerza catalanista que suma a federalistas e independentistas’, reza el programa.

En realidad, la coalición ecocomunista ya propuso ejercer unos supuestos ‘derecho a la autodeterminación’ y ‘derecho a decidir’ de Cataluña en las anteriores generales, celebradas en 2011. Si bien, entonces proponía celebrar ‘una consulta ciudadana’ sobre ‘un pacto fiscal basado en el concierto económico solidario’.

Ahora, dicho ‘concierto económico solidario’ queda en un segundo plano, pero sigue siendo una de las propuestas que se mantienen en el programa de cara a la revisión del modelo de financiación que se llevará a cabo en 2013.

Menos austeridad y más impuestos

Los militantes de ICV-EUiA se han posicionado en contra de la ‘política de austeridad’ llevada a cabo por los Gobiernos nacional y autonómico; a favor de restituir el Impuesto de Sucesiones; implantar un impuesto a las grandes fortunas; ‘eliminar el trato favorable a las rentas del capital’; ‘implantar un tramo catalán de IRPF para rentas de más de 300.000 euros’; crear un impuesto específico para la banca; y poner en marcha una banca pública para garantizar el crédito a las pymes y los autonómos.

Entre otras cosas, también han aprobado priorizar la protección social y económica de los parados, especialmente de los de larga duración; paralizar la privatización de algunas empresas de la Generalidad, como Aguas del Ter-Llobregat, TABASA y Túneles del Cadí; acabar con los recortes en sanidad y educación; eliminar el ‘euro por receta’; rechazar la subida de las tasas universitarias; ‘poner fin al uso partidista de las subvenciones’ en el ámbito de los medios de comunicación; implementar una ‘renta garantizada de ciudadanía’, tal y como recoge el artículo 24.3 del Estatuto; establecer la ‘dación en pago retroactiva’ para las hipotecas; recuperar las comisiones de investigación sobre los casos de presunta corrupción en el ámbito de la salud pública y de la banca; derogar las leyes Omnibús; ‘no aplicar el Decreto Ley aprobado por el Gobierno del PP, contrario a la universalidad y la equidad del sistema de salud’; y ‘que la Iglesia Católica y las otras confesiones religiosas y sus centros de proselitismo paguen el IBI’.

‘Definir el estatus legal’ del castellano en Cataluña

En el ámbito educativo, destaca la propuesta de de ‘mantener el catalán como [única] lengua vehicular del aprendizaje y el conjunto del modelo de inmersión lingüística como uno de los principales elementos de cohesión social y éxito escolar de nuestros centros educativos’, pese a que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.

El programa de ICV-EUiA califica el catalán como ‘lengua nacional’, y señala que, ‘en la perspectiva de la consecución del Estado propio, hay que trabajar para garantizar que el catalán continúe siendo lengua propia y oficial y definir el estatus legal de las otras lenguas, comenzando por el occitano del Valle de Arán y el español’.

También apuesta por ‘rechazar cualquier injerencia en materia lingüística proveniente de los órganos del Estado español’. ‘Durante la próxima legislatura hay que continuar potenciando el uso del catalán en todas las vertientes de nuestra vida, tanto pública como privada‘, concluye.

¿ Joan Herrera ?, como0 se vé un prohombre de profunda raigambre catalana que de lo que trata es de prohibir el idioma en el que se entendían sus padres con sus abuelos.¡
Cojonudo.¡
Collonut.¡ para que no se diga que tambien discriminados los bilingües.

CALZADA escribió:¿ Joan Herrera ?, como0 se vé un prohombre de profunda raigambre catalana que de lo que trata es de prohibir el idioma en el que se entendían sus padres con sus abuelos.¡
Cojonudo.¡
Collonut.¡ para que no se diga que tambien discriminados los bilingües.

Por desgracia, en aras de la "democracia" hay gente que aprueba este tipo de cosas si lo hace el partido más votado -o ni eso, sencillamente el partido que forme Gobierno-. Alguno de ellos le he visto escribiendo en este foro, para más señas.

Empezamos prohibiendo lenguas -bueno, es más correcto decir legislando para ponerlas en inferior posición ... ¿y luego qué? porque una vez que entras en una espiral de estas es difícil ver donde está el límite-

El castellano dejará de ser oficial en Cataluña en caso de una hipotética secesión. Al menos, ese es uno de los objetivos que han planteado catorce entidades nacionalistas agrupadas bajo la web El Clauer (‘el llavero’, en castellano), una página que pretende ser ‘una herramienta que responda a todas las preguntas que el debate sobre la posibilidad de un estado propio para Cataluña ha generado en nuestro país [por Cataluña]‘.

Las asociaciones están capitaneadas por Òmnium Cultural, una entidad declarada ‘de utilidad pública’ por la Generalidad, lo que le permite disfrutar de beneficios fiscales extraordinarios y recibir subvenciones multimillonarias por parte del Gobierno autonómico desde hace años.

El resto de entidades suscritas a la campaña son el Ens de l’Associacionisme Cultural Català, la Assemblea Nacional Catalana, la Associació Catalana de Professionals, la Associació de Municipis per la Independència (AMI), el Cercle Català de Negocis, el CIEMEN, el Col·lectiu Emma, la Fundació Catalunya Estat, La Fàbrica, Plataforma per la Llengua, Plataforma pro Seleccions Esportives Catalanes, Sobirania i Justícia y Sobirania i Progrés.

“Es un patrimonio al cuál no queremos ni podemos renunciar”

El Clauer dice ‘aportar argumentos a través de la razón’ y ‘el rigor’ con los que tratar de convencer a los no convencidos de las supuestas bondades en todo tipo de ámbitos que aportaría la ruptura de Cataluña con el resto de España.

En el tema lingüístico, además de asegurar que la secesión supondría ‘blindar’ la inmersión lingüística escolar exclusivamente en catalán, destaca la citada supresión de la cooficialidad del español, lengua materna y habitual de la mayoría de los catalanes.

Eso sí, en un vídeo protagonizado por una niña, explican que, pese a quedar fuera las instituciones de la Cataluña independiente, el castellano “deberá adquirir un estatus de reconocimiento especial, si así se determina democráticamente”, porque “es un patrimonio al cuál no queremos ni podemos renunciar”.

La plataforma no da más explicaciones sobre en qué consistirá ese ‘estatus especial’ para el español, pero, si tenemos en cuenta que la situación actual no es nada halagüeña pese a ser lengua oficial (su uso está discriminado en la escuelas, en la normativa que afecta a las empresas, en los rótulos y comunicaciones de las administraciones, en los requisitos para acceder a subvenciones públicas, y en los medios de comunicación públicos, entre otros lugares), no parece que la propuesta de las catorce entidades sea un argumento de peso para conseguir que los castellanohablantes de Cataluña se decidan a apoyar masivamente la secesión.

Políticos independentistas a favor de la oficialidad del español

En los últimos tiempos, los partidos independentistas han intensificado sus esfuerzos para captar votantes entre el electorado castellanohablante, que habitualmente y de forma mayoritaria solían recelar sobre cuál podría sería el trato que el español pudiese recibir por parte de la Administración en una hipotética Cataluña independiente, y a los que, campañas como esta, les dan la razón.

Así las cosas, destacados dirigentes nacionalistas no han dudado en comprometerse públicamente a que el español mantendría su estatus -teórico- de lengua oficial en Cataluña en caso de que esta se secesionase del resto de España. ‘El castellano también será oficial en la República catalana. Evidentemente, por si alguien tenía alguna duda’, aseguró el líder de ERC, Oriol Junqueras, en un artículo publicado en la precampaña electoral de las pasadas autonómicas.

El propio presidente de la Generalidad, Artur Mas, también se ha apuntado a los cantos de sirena, y durante el pasado Debate de Política General, en el que anunció el adelanto electoral, insistió en “que el castellano también es patrimonio de Cataluña”, “un patrimonio querido”, subrayó.

En cambio, uno de sus fichajes estrella de las elecciones autonómicas de 2010, el histórico ex militante del PSC Jaume Sobrequès, no ha dudado en abogar por suprimir la oficialidad del español.

Un debate recurrente

Hace aproximadamente un año, destacadas personalidades del ámbito nacionalista catalán iniciaron un debate público sobre esta cuestión. El ex secretario de Cultura de la Generalidad Eduard Voltas consideró que para conseguir la secesión de Cataluña ‘el catalanismo ha de abrazar la lengua castellana’:

‘Si yo fuese un catalán de identidad española, ante la hipótesis de la independencia estoy seguro de que me preguntaría: de acuerdo, con la independencia viviríamos mejor, pero en este Estado catalán que me proponen, ¿yo podré continuar siendo yo? ¿Mi lengua, mis costumbres, mis referentes, serán respetados y asumidos como propios por el nuevo Estado? ¿O serán tratados como una molestia, como una anomalía que se ha de ignorar o superar?’.

Catorce entidades exigen que el español deje de ser lengua oficial en una hipotética Cataluña independiente


Las asociaciones, capitaneadas por Òmnium Cultural, proponen limitar aún más los derechos lingüísticos de los castellanohablantes, pese a ser la mayoría de la población catalana.

Sorprendentemente, el director del diario Ara, Carles Capdevila, el periodista Joan Vila i Triadú y el escritor Sebastià Alzamora, todos ellos conocidos por defender posiciones difícilmente calificables de moderadas, suscribieron los planteamientos de Voltas.

Sin embargo, Òmnium Cultural, una entidad considerada como la piedra angular del nacionalismo catalán, descarta cualquier medida en favor de los derechos de los castellanohablantes, ni siquiera como estrategia para captar adeptos a su proyecto.