La discriminación de los castellanohablantes en Cataluña

La Generalidad no dará becas a quienes utilicen el castellano en su tesis. Sólo la dará a quien utilice sólo el catalán.

La Generalidad vuelve a ayudar económicamente a los doctorandos que hayan presentado su tesis en catalán y no a los que lo hayan hecho en español. La autonómica Secretaría de Universidades e Investigación ha destinado 80.000 euros, a repartir 500 euros por tesis, para los aspirantes a doctor que presentaron la tesis ‘íntegramente’ en uno de los dos idiomas oficiales de Cataluña.

Las subvenciones las gestiona la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR, por su nombre en catalán) y, además, solo pueden acudir a este tipo de ayudas los doctores de cualquier universidad de Cataluña o de fuera de España, pero ningún investigador que haya accedido a su doctorado en alguna de las universidades del resto del país podrá beneficiarse de la subvención.

Este viernes, el Gobierno autonómico ha informado de que los 80.000 euros (para las tesis defendidas en 2011) tienen como objetivo ‘incrementar la realización de tesis en catalán para normalizar el uso de la lengua en este ámbito’. Este tipo de subsidios, que discrimina a los investigadores de Cataluña que presentan su proyecto en español, inglés o cualquier otra lengua, los entrega la Generalidad desde 2006.

Desde el inicio de la puesta en marcha de las subvenciones, según datos de la Consejería de Economía y Conocimiento, en manos de Andreu Mas-Colell (CiU), las ayudas han pasado de 108 a 197 tesis al año (incrementando un 82%), una cifra que se mantendrá para las tesis de 2011.

Resultado: si es en catalán no se pagan tasas

Los 500 euros por persona tienen como finalidad cubrir los gastos y tasas administrativas asociadas a ‘la finalización de la tesis doctoral en catalán’ y al trámite de obtención del título de doctor. De esta manera, la Generalidad da trato preferente al uso del catalán, frente al español, lenguas oficiales de Cataluña, y al resto de lenguas que, generalmente, son habituales en los ámbitos de la investigación universitaria (como pueden ser el inglés, el alemán o el francés).

La AGAUR, cuyo director ejecutivo es Pere Pardo i Sabartés, ha especificado que las tesis doctorales en catalán son las que están ‘íntegramente redactadas en esta lengua’, las escritas en catalán y en una lengua oficial de la Unión Europea (para los aspirantes con tesis con mención europea) y las tesis estructuradas como un ‘compendio de publicaciones en que las partes que no sean publicaciones estén escritas en catalán’.

Según la Secretaría de Universidades e Investigación de la Generalidad, en 2010, el 18% de las tesis defendidas (335) en las universidades de Cataluña se hicieron en lengua catalana. Sin embargo, pese a este tipo de ayudas, los investigadores doctorandos no parece que hagan mucho caso a la Consejería. En 2009, las tesis defendidas en catalán fueron el 20% (313 de 1.565), dos puntos porcentuales más que el año pasado.

Sin ayudas si se hace en español

Por otro lado, desde AGAUR ya se están distribuyendo otras ayudas económicas que discriminan a los ciudadanos que quieren utilizar una de las lenguas oficiales de Cataluña, el español. En enero de 2011, por ejemplo, el organismo público de la Generalidad anunció que otorgaba subvenciones de hasta 1.000 euros a los aspirantes a alumnos que se inscribieran en masters impartidos por las universidades de Cataluña cuya finalidad fuera ‘el fomento y la difusión de la lengua catalana’.

Además, la autonómica Agencia Catalana de la Juventud convoca cada año el Premio Juventud, que tiene por objeto premiar con 4.000 euros un ‘trabajo o estudio dentro del ámbito de las ciencias sociales y humanidades que analice temas sobre la realidad juvenil actual de Cataluña, preferentemente sobre jóvenes de 16 a 29 años’.

Según consta en las bases de este premio, ‘los trabajos tienen que ser originales, inéditos, en catalán y no premiados en otros concursos’, es decir, no pueden presentarse redactados en español, a pesar de ser una de las lenguas oficiales en Cataluña y de que, según la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía, la administración pública no puede establecer la ‘preferencia’ de una de ellas sobre la otra.

También la Consejería de Gobernación y Relaciones Institucionales ha aprobado el alguna ocasión la entrega de ayudas económicas en el ámbito de la investigación bajo el estricto control lingüístico. En septiembre de 2011, por ejemplo, el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) hizo públicas ‘las bases para la concesión de subvenciones a trabajos de investigación sobre Administración pública’.

Entre los requisitos imprescindibles para la aceptación de la solicitud de la ayuda figuraba la entrega del proyecto de investigación ‘redactado en lengua catalana’, discriminando al interesado que en uso de una de las dos lenguas oficiales hubiera preferido usar el español.

Mas deja fuera de las subvenciones para promocionar el periodismo a los medios que usan el castellano
La Generalidad de Cataluña mantiene su política de discriminación hacia aquellos que utilizan el español en Cataluña, impidiendo su acceso a la mayoría de ayudas que otorga, a pesar de que el Tribunal Constitucional estableció que ‘la definición del catalán como lengua propia de Cataluña no puede justificar la imposición estatutaria del uso preferente de aquella lengua, en detrimento del castellano, también lengua oficial en la Comunidad Autónoma, por las Administraciones Públicas’.

Solo en los últimos meses la Generalidad ha vetado el acceso a las subvenciones a todo tipo de empresas y entidades que no utilicen, al menos, el catalán en sus comunicaciones internas y externas, lo que incluye las consultorías para empresas culturales y para la gestión ambiental; los proyectos de cooperación al desarrollo y los festivales musicales; los profesionales del mundo creativo y artístico; la integración laboral de personas con discapacidad; la lucha contra la pobreza; las empresas de los sectores del comercio, los servicios, la artesanía y la moda, e incluso las casas regionales.

La única condición: utilizar el catalán o el aranés

Este miércoles, el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) ha hecho públicas las subvenciones de un importe igual o superior a 3.000 euros concedidas durante el año 2011 a entidades sin ánimo de lucro ‘que contribuyan al fomento del periodismo y del espacio catalán de comunicación’ (resolución PRE/993/2012). La única condición exigida fue que utilizasen el catalán o el aranés.

En esta ocasión, el Gobierno autonómico ha repartido 415.885 euros entre 30 entidades para los más diversos conceptos, tales como la digitalización de estudios de televisión; la mejora de los equipamientos; la creación o la renovación de páginas web; la edición de revistas; y la organización de premios y congresos.

El Grup de Periodistes Ramon Barnils

Destaca la concesión de 7.464 euros al Grup de Periodistes Ramon Barnils para ‘la ampliación de los contenidos y la publicación’ de un anuario. El Grup de Periodistes Ramon Barnils tiene por objetivo la consecución de ‘un modelo comunicativo riguroso, ecuánime y de calidad en el marco de los Países Catalanes’, defiende ‘una información documentada y contrastada que promueva la reflexión y el análisis’, y sus miembros dicen compartir ‘una misma idea de periodismo riguroso y crítico’. Sin embargo, no parece que eso siempre sea así.

En octubre de 2011 publicaron un informe en el que señalaban a los medios de comunicación que no apoyan la secesión de Cataluña. Su presidente, David Bassa, ex colaborador de Mònica Terribas en TV3, ha dirigido el polémico documental Terra Lliure, punt final, y ha participado en el no menos controvertido y sesgado reportaje La Crida, historia de una respuesta.

La rigurosidad de los miembros del Grup de Periodistes Ramon Barnils también quedó en entredicho en una campaña lanzada contra el ex juez Baltasar Garzón, al que -tanto Bassa como otro de los fundadores, Jaume Clotet- acusan de permitir y de no investigar presuntas torturas contra los terroristas de Terra Lliure detenidos en la operación de 1992. Una hipótesis que queda fulminantemente desmentida en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de noviembre de 2004.

‘¿Alguien sabe qué día sale Paco Caja en Veterinaris?’

El caso de Clotet es un claro ejemplo del periodismo ‘ecuánime’ y ‘de calidad’ que propone el Grup de Periodistes Ramon Barnils. Hace unos meses proponía levantar una escuela en un ‘gueto’ en la Zona Franca de Barcelona, ‘por ejemplo: entre la futura prisión y la futura perrera’, para aquellos que quieran educar a sus hijos en las dos lenguas oficiales de Cataluña. Y este mismo viernes trataba de insultar desde su Twitter al presidente de Convivencia Cívica Catalana por las recientes sentencias del TSJC sobre bilingüismo escolar. ‘¿Alguien sabe qué día sale Paco Caja en Veterinaris [un programa de TV3 sobre animales]?’, se preguntaba Clotet.

Entre los vocales de la entidad hay dirigentes de Òmnium Cultural y colaboradores de los medios públicos autonómicos, aunque sobresale la presencia de Eduard Voltas, ex secretario de Cultura de la Generalidad -bajo cuyo mandato el Grup Cultura 03, para el que había trabajado anteriormente y con el que vuelve a colaborar actualmente, recibió subvenciones multimillonarias por parte del Gobierno autonómico-. Una circunstancia que, probablemente, ayuda a que el Grup de Periodistas Ramon Barnils sea generosamente tratado por la Generalidad.

Al respecto de esto me remito a lo que he escrito en otro hilo en este foro:

Bernardo Galvez escribió:Por cierto, dicha persecución demuestra el poco respeto que tanto los autores de esa persecución (sobradamente conocidos) como los complices por omisión (también sobradamente conocidos) tienen por la Constitución del 78 cuando no les conviene:
-Artículo 3.1 de la Constitución: "El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla." Cuando en territorio español te multan por rotular sólo en español, o cuando obligan a un niño castellano-parlante a estudiar en catalán dando sólo 2 horas de Castellano, si es que las dan, sin dar la opción a sus padres o a él de que elijan la lengua vehicular que sea de su expresa voluntad, están vulnerando la parte en negrita del artículo, creo yo. Y cuando no se dan las susodichas 2 horas se vulnera todo el artículo. No soy estudiante ni nada de Derecho pero creo que el artículo es meridiamente claro en su significado como para afirmar esto.

Aunque teniendo en cuenta el respeto que nuestra ínclita casta política tiene por las leyes cuando no les conviene a sus fines, a nadie le sorprende esto.

Si en este país se hiciera cumplir la legalidad de modo riguroso estas cosas no se permitirían. Pero eso es pedir peras al olmo sabiendo como es nuestra clase política y judicial...

Y a los que me quieran decir que yo lo quiero es imponer el castellano, sólo les digo que eso no es cierto: yo lo que prefiero es que haya libertad en el uso de ambos idiomas -dentro de que ambos son cooficiales-, así no se molesta a nadie... ni se discrimina, como hacen los nacionalistos.

Saludos cordiales.

La casta politica española no se atreve enfrentarse a los separatistas catalanes para no ser tachados de fachas por eso mientras que en cataluña se intenta eliminar el español en otras partes del mundo donde no es lengua oficial estan cada vez mas interesados en aprenderla.

El sistema de inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán que se aplica en Cataluña “no es un modelo pensado en el beneficio de los alumnos”, sino que los utiliza “al servicio de un proyecto político partidista” nacionalista, con unos resultados claramente negativos para los niños.

Esta es la conclusión a la que llega Mercè Vilarrubias, periodista y catedrática de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona, en su libro Sumar y no restar. Razones para introducir una educación bilingüe en Cataluña (Editorial Montesinos), que ha sido presentado este martes en la librería Alibri de Barcelona.

En su ensayo, Vilarrubias (Sabadell, 1964) no entra en cuestiones legales ni jurídicas a la hora de analizar la idoneidad el modelo de inmersión obligatoria, sino que presenta un análisis desde la perspectiva meramente pedagógica, con voluntad de huir de los argumentos “políticos, partidistas, viscerales, sectarios y extremistas” que en muchos casos dominan esta cuestión.

Superar el debate entre una supuesta lengua “opresora” y otra “víctima”

La autora, cuya lengua materna es el catalán, propone un debate “constructivo, honesto y sosegado” sobre el modelo lingüístico escolar, e insta a superar el planteamiento que desde el nacionalismo se viene haciendo en el sentido de que una de las dos lenguas oficiales de Cataluña es “la opresora” y otra “la víctima”, especialmente cuando ya han pasado casi 40 años desde que acabó la dictadura franquista.

Esa propuesta “ya no tiene sentido, se ha de actualizar”, defiende Vilarrubias, puesto que supone “una forma de estancamiento de Cataluña que no permite avanzar porque las aportaciones lingüísticas que la sociedad podría hacer desde muchos ámbitos están secuestradas por los intereses de los que nos gobiernan”. “La terrible prohibición del catalán durante el franquismo ya ha pasado”, subraya.

La inmersión obligatoria, un caso único en toda Europa

El libro compara el modelo de inmersión obligatoria aplicado en Cataluña con los sistemas utilizados en otros países o regiones de Europa que tienen comunidades bilingües, y llega a una conclusión contundente: no hay otro caso similar en todo el continente.

El modelo que predomina en el resto de Europa es el de la doble red escolar, en que cada línea utiliza una lengua vehicular de forma principal y los padres eligen qué línea quieren para la educación de sus hijos. Ese el caso, por ejemplo, de Gales (con el inglés y el galés), Finlandia (con el sueco y el finés), Eslovaquia (con el eslovaco y el húngaro) e, incluso, Andorra (con el catalán, el castellano y el francés).

Aunque Vilarrubias no es partidaria de la doble red escolar, reconoce que es un sistema que funciona correctamente en los lugares donde se aplica y, sobre todo, es un modelo “democrático” porque “los ciudadanos eligen la lengua que quieren”. Además, la exitosa implementación de este sistema en esos países desmonta el argumento de los nacionalistas en el sentido de que la segregación de los alumnos por razón de lengua va en contra de la cohesión social. “Nunca explican por qué [supuestamente, va en contra de la cohesión social], ni se corresponde con las experiencias de otros países”, subraya la autora.

El ejemplo de Luxemburgo


'Sumar y no restar. Razones para introducir una educación bilingüe en Cataluña', ensayo de la periodista y catedrática de inglés Mercè Vilarrubias.
El sistema bilingüe, en cambio, “responde a las necesidades lingüísticas de los alumnos”. “La vida en Cataluña lleva a que ambas lenguas sean necesarias en la vida profesional y académica, y en las relaciones personales. Un modelo bilingüe las atendería mejor las necesidades de los alumnos, dándoles la oportunidad de desarrollar competencias en ambas lenguas”, indica. E insiste:

“Según todos los datos que tenemos, el modelo bilingüe -con asignaturas en las dos lenguas oficiales- es el único que consigue un bueno dominio de ambas lenguas, y es una forma de enriquecimiento humano e intelectual, porque permite adquirir los registros formales, cultos y las tareas sociolingüísticas complejas en ambas lenguas. [...] Además, la escuela ha de ser capaz de reflejar la realidad sociolingüística de la calle y equipar a los alumnos para poder operar en esta realidad de forma adecuada y eficiente. Esta debería ser el objetivo de la escuela en el campo lingüítico, y no decidir qué lengua es propia y cuál no. Ambas lenguas deberían ser utilizadas, respetadas y valoradas en un modelo lingüístico integrador”.

Vilarrubias pone como ejemplo a Luxemburgo, el caso más relevante en Europa, donde cuentan con “escuelas trilingües para todos los niños: empiezan en luxemburgués, luego introducen el alemán y posteriormente el francés, y acaban la educación con un dominio alto de las tres lenguas; además, enseñan inglés, y terminan dominando cuatro lenguas”.

No se puede aprender una lengua de forma culta sin estudiar en ese idioma

La autora critica los argumentos que utilizan los defensores de la inmersión obligatoria: “Hace tiempo que oímos decir que un modelo escolar únicamente en catalán consigue que los alumnos tengan una competencia muy alta en catalán y castellano. Esto es muy extraño desde un punto de vista pedagógico. Ojalá hubiese un sistema en que, enseñando en una sola lengua, se consiguiese el aprendizaje de dos lenguas, pero eso no se ha inventado todavía”.

También hace algunas precisiones conceptuales. “La inmersión lingüística es un término que se ha popularizado, pero no se utiliza correctamente porque la inmersión es un método de aprendizaje de una segunda lengua en la escuela. Sin embargo, aquí nos encontramos que para los catalanohablantes natos no es un sistema de inmersión, sino que es un sistema de enseñanza en lengua materna, pero, en cambio, sí lo es para los demás”.

Y critica “la falta de pluralidad” en los medios catalanes y su seguidismo de los partidos nacionalistas que defienden la inmersión obligatoria, con el apoyo de multitud de asociaciones “que tienen un punto en común: todas ellas se sostienen con fondos públicos”.

“Hay muchas personas que han creído de buena fe que la inmersión obligatoria es un buen sistema para aprender el catalán, pero en realidad este sistema escolar y la política lingüística en general que lleva a cabo la Generalidad está actuando como un enemigo del catalán, más que como un amigo”, indica, constatando que esta política está generando antipatías entre la población.

“Otra política lingüística es posible”

Vilarrubias considera sorprendente que las escuelas catalanas, “a pesar de estar en una comunidad bilingüe, solo admitan una lengua vehicular”. Se trata de una situación “excepcional” que solo puede asemejarse, con notables diferencias, a la situación de Flandes, donde solo se puede escolarizar a los alumnos en flamenco, si bien, el francés es de uso muy minoritario entre la población de esa región, al contrario de lo que ocurre en Cataluña con el español. “Y en Bélgica, al igual que en España, la cuestión de las lenguas también se utiliza de forma sectaria, partidista y para generar enfrentamiento, por lo que no es extraño que también utilicen ese sistema”, insiste.

La autora lo tiene claro: “el modelo bilingüe solo presenta ventajas” respecto a las aternativas existentes (inmersión o doble red escolar), “suma, coge las dos lenguas que existen en la sociedad de forma mayoritaria, y les da un espacio en la escuela proporcionando una mejor formación lingüística”. “Otra política lingüística es posible”, concluy.

“La Cataluña real está en conflicto con la Cataluña oficial”

En la presentación del libro, Vilarrubias ha estado acompañada por el escritor y periodista Stephen Burgen (colaborador de The Guardian), por el catedrático de Derecho Constitucional de la UAB Francesc de Carreras, y por la ex presidenta de Asociación por la Tolerancia Marita Rodríguez.

Burgen, británico residente en Cataluña, ha elogiado el coraje de la autora por atreverse a “decir la verdad”. “Hoy en día, la verdad no se acepta en Cataluña porque la Cataluña real está en conflicto con la Cataluña oficial. La Cataluña oficial es aquella en que todo el mundo escoge el catalán como el idioma preferido y en que solo hablan en castellano los taxistas, los españolistas, los fachas y los madridistas”, ha ironizado.

“Ahora, desde el punto de vista oficial, eres una facha”

De Carreras, por su parte, ha destacado que este libro complementa, desde un punto de vista pedagógico, los argumentos planteados por el profesor de Economía, Ética y Ciencias Sociales de la UB Félix Ovejero, en su ensayo La trama estéril. Izquierda y nacionalismo. Y ha bromeado con Vilarrubias: “A partir de ahora, desde el punto de vista oficial, eres una facha. Y aun peor, por ser de lengua materna catalana, eres una traidora, y te dirán que no comprendes a la sociedad catalana”.

Por último, Rodríguez ha aplaudido la aportación de la autora y su valentía, y ha confesado compartir la mayor parte de sus argumentos. Rodríguez ha lamentado y ha mostrado su desconcierto por el hecho de que, a diferencia de lo ocurrido en otros lugares, en Cataluña los partidos de izquierda hayan defendido la inmersión linguística escolar obligatoria exclusivamente en catalán.

La Generalidad intensifica su política de discriminación sistemática e ilegal contra los castellanohablantes de Cataluña, una estrategia que, como viene haciendo en los últimos años, justifica asegurando que responde a un proceso de normalización lingüística del catalán.

En este sentido, y solo en los últimos meses, el Gobierno autonómico de Cataluña ha vetado el acceso a las subvenciones a todo tipo de empresas y entidades que no utilicen el catalán en sus comunicaciones internas y externas, lo que incluye las consultorías para empresas culturales y para la gestión ambiental; los proyectos de cooperación al desarrollo y los festivales musicales; los profesionales del mundo creativo y artístico; la integración laboral de personas con discapacidad; la lucha contra la pobreza; las empresas de los sectores del comercio, los servicios, la artesanía y la moda, las casas regionales, y la promoción del periodismo, entre otras actividades.

Ayudas para la producción de dibujos animados

El Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) ha publicado este lunes las bases aprobadas el pasado 25 de enero por el Instituto Catalán de las Empresas Culturales (ICEC) para ‘la concesión de subvenciones para la producción de series y largometrajes de animación destinados a ser emitidos por televisión’.

El ICEC es un organismo dependiente de la Consejería de Cultura, dirigido por el ex socialista Ferran Mascarell, y su consejo de administración está presidido por Xavier Solà, mano derecha de Mascarell en el departamento, e investigado por la Fiscalía Anticorrupción por su presunta implicación en un caso de corrupción al haber facturado elevadas cantidades por diversos conceptos a la Asociación Catalana de Municipios (ACM) cuando era dirigente de la propia entidad.

La resolución CLT/1098/2012 fija el importe máximo de la subvención en 240.000 euros por proyecto y establece entre sus requisitos la obligatoriedad de que la empresa que quiera optar a las ayudas cumpla los artículos 32.1, 32.3 y 36.4 de la Ley de Política Lingüística.

Subvenciones para las actividades de las asociaciones de vecinos

Por otra parte, el DOGC de este lunes (resolución TES/1091/2012) recoge ‘la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigida a las entidades vecinales y cívicas que desarrollan actividades en el parque de viviendas de promoción pública, gestionadas o tuteladas por la Agencia de la Vivienda de Cataluña, para llevar a cabo proyectos sociales y actividades cívicas, que tengan por finalidad fomentar la cohesión social, el tejido asociativo y el civismo, y la adecuación de las dependencias de estas entidades, para el año 2012′.

En total, la Agencia de la Vivienda de Cataluña, dependiente de la Consejería de Territorio y Sostenibilidad, repartirá 394.000 euros en subsidios, con un máximo de 15.000 euros por asociación. Al igual que el caso anterior, para poder optar a las subvenciones, las entidades deben cumplir los requisitos establecidos en los artículos 32.1, 32.3 y 36.4 de la Ley de Política Lingüística.

Obligados a utilizar el catalán

Estos artículos obligan a las empresas a que ‘la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público deben estar redactados, al menos, en catalán’.

También ordenan que ‘los rótulos e informaciones de carácter fijo y que contengan texto que han de constar en el interior de los centros laborales dirigidos a las personas que trabajen en los mismos deben figurar, al menos, en catalán’.

Una norma contraria a la Constitución

Sin embargo, esta normativa que la Generalidad impone para poder acceder a las ayudas quedó modificada de facto por la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que en su fundamento jurídico 22 dictaminó lo siguiente:

‘El deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos’.

De igual forma, la sentencia determinó que es ilegal dar un trato preferente al catalán sobre el español, tal y como ocurre a la hora de conceder estas subvenciones. En concreto, el fundamento jurídico 14 decretó lo siguente:

‘La definición del catalán como lengua propia de Cataluña no puede justificar la imposición estatutaria del uso preferente de aquella lengua, en detrimento del castellano, también lengua oficial en la Comunidad Autónoma, por las Administraciones Públicas y los medios de comunicación públicos de Cataluña’.

CiU obliga a asociaciones de vecinos y entidades de drogodependientes a utilizar el catalán si quieren subvenciones.

La Generalidad de Cataluña sigue exigiendo el uso del catalán para entregar subvenciones a entidades sociales cuyo objetivo de su existencia no tiene nada que ver con la cultura o la lengua catalanas.

Las últimas convocatorias abiertas afectan a las asociaciones de vecinos (AAVV), a las entidades de drogodependientes y de prevención de la infección del SIDA y, también, las productoras de dibujos animados.

LA PREFEFENCIA DE "AL MENOS" EN CATALÁN

El Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) recoge "la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigida a las entidades vecinales y cívicas que desarrollan actividades en el parque de viviendas de promoción pública, gestionadas o tuteladas por la Agencia de la Vivienda de Cataluña, para llevar a cabo proyectos sociales y actividades cívicas, que tengan por finalidad fomentar la cohesión social, el tejido asociativo y el civismo, y la adecuación de las dependencias de estas entidades, para el año 2012".

En la resolución TES/1091/2012, publicada el 11 de junio de 2012, se fija que la Agencia de la Vivienda de Cataluña, dependiente de la Consejería de Territorio y Sostenibilidad, repartirá 394.000 euros en ayudas, con un máximo de 15.000 euros por asociación.

Como en otros casos --CiU sigue otorgando subvenciones con trato de "preferente" al catalán--, para poder optar a las subvenciones, las entidades deben cumplir los requisitos establecidos en los artículos 32.1, 32.3 y 36.4 de la Ley de Política Lingüística. Estos artículos obligan a las empresas, entidades o asociaciones a que "la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público deben estar redactados, al menos, en catalán".

Y obligan a que "los rótulos e informaciones de carácter fijo y que contengan texto que han de constar en el interior de los centros laborales dirigidos a las personas que trabajen en los mismos deben figurar, al menos, en catalán".

Estas condiciones lingüísticas también se imponen por parte de la Generalidad en las convocatorias para "la concesión de subvenciones para la producción de series y largometrajes de animación destinados a ser emitidos por televisión" (según recoge la resolución CLT/1098/2012 del lunes 11 de junio de 2012), en la convocatoria del "concurso público para la concesión de subvenciones a entidades de carácter no lucrativo para la financiación de actividades de prevención de la infección por el VIH/sida correspondientes al año 2012" (según recoge la resolución SLT/1110/2012 publicada este martes 12 de junio de 2012) y la convocatoria del "concurso público para la concesión de subvenciones a entidades de carácter no lucrativo para la financiación de actividades de prevención y tratamiento de las drogodependencias correspondientes al año 2012 (según recoge la resolución SLT/1109/2012 publicada también este martes).

OBLIGACIÓN PREFERENCIAL RECHAZADA POR EL TC

Sin embargo este es un trato preferente de la lengua catalana sobre la lengua española, ambas oficiales en Cataluña, que el Tribunal Constitucional declaró ilegal en su sentencia sobre el Estatuto de 2010.

En el fundamento jurídico 22 de la citada sentencia el Alto Tribunal estableció que:

"El deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos".
Y en el fundamento jurídico 14, sobre el trato de preferente de la lengua catalana:

"La definición del catalán como lengua propia de Cataluña no puede justificar la imposición estatutaria del uso preferente de aquella lengua, en detrimento del castellano, también lengua oficial en la Comunidad Autónoma, por las Administraciones Públicas y los medios de comunicación públicos de Cataluña".

Carteles informativos en los centros de salud de Barcelona: en catalán, árabe, ingles y urdu, pero no en castellano



El rechazo de la Generalitat de Cataluña a utilizar en castellano en el sistema sanitario llega causar situaciones esperpénticas. Periodista Digital ha tenido acceso gracias a un perspicaz lector a un cartel colgado en un centro de atención primaria de Barcelona perteneciente al Instituto Catalán de la Salud que es buena muestra de ello.

En el aviso se informa de que en dichas instalaciones se realizaran de forma periódica y sin previo aviso simulacros de emergencias médicas. Las autoridades, en consideración a los extranjeros que pueden acudir al centro de salud, traducen el aviso del catalán a tres idiomas foráneos: el árabe, el inglés y el urdu (en Barcelona viven muchos paquistaníes).

Posiblemente no consideren importante que los usuarios procedentes de otras comunidades autónomas o de países iberoamericanos accedan a la información, puesto que no aparece una versión castellana del avisio.

Este llamativo cartel resulta coherente con la política lingüística impuesta por el Gobierno de Artur Mas, que obliga a los médicos a comunicarse con los pacientes en catalán, aunque quien acuda a la consulta no entienda dicho idioma --CiU obliga a los médicos a hablar solo en catalán con los pacientes--.

De todos modos, en el cartel existe una diferencia con la norma impuesta a los facultativos. A estos se les obliga a utilizar el catalán con independencia del idioma que hable su interlocutor (así, aunque el 'galeno' hablara urdu no podría comunicarse en dicha legua con un paciente paquistaní), mientras que en el aviso colgado en las pareces del centro de salud sí se utilizan tras lenguas foráneas pero no el español.

En Cataluña es más fácil ver un burro volando que una señal de tráfico en español



Señales de tráfico solo en catalán

Para el Ayuntamiento de Barcelona no hay crisis a la hora de devolver el dinero de las multas o no cobrar por infracciones. Las señales de tráfico en Barcelona --y en prácticamente toda Cataluña-- no cumplen con la normativa legal vigente, que establece que deben estar en los dos idiomas oficiales de la Comunidad. Actualmente, solo están en catalán.

Cualquier persona que haya sido sancionado (por ejemplo con las multas de aparcamiento) puede recurrir vía administrativa al Consistorio y exigir la devolución de la sanción. Estos casos --publicado en diversos medios en 2009: El Ayuntamiento de Barcelona prefiere no cobrar las multas de tráfico antes que señalizar en castellano-- se siguen produciendo, ante la negativa del Consistorio de adaptar las señalaes de tráfico a la legalidad, según ha publicado La Voz de Barcelona.

RÓTULO SOLO EN CATALÁN

Un ciudadano que responde a las iniciales JRG, a principios de 2009, aparcó su vehículo en una zona señalizada con un rótulo de prohibido parar y estacionar acompañado de un texto, exclusivamente en catalán, que indicaba: "Senyalització Excepcional per obres. Gràcies per la seva col.laboració", y añadía la fecha en la que entraba en vigor la prohibición.

Al día siguiente, su coche fue multado y retirado por la grúa municipal a un depósito. Tres días después, JRG recogió su coche de las instalaciones muncipales, previo pago de 225 euros correspondientes a la tasa de grúa y al coste de la estancia en el depósito.

Meses más tarde, decidió acudir a una oficina de distrito del Consistorio para interponer un recurso (adjuntando dos fotos de la señal) en el que solicitaba la anulación de la sanción. El motivo alegado fue el siguiente:

La señal del Ayuntamiento de Barcelona en la que se indicaba que no se podía estacionar el vehículo estaba escrita exclusivamente en catalán, incumpliendo el artículo 56 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que establece que "las indicaciones escritas de las señales se expresarán al menos en el idioma español oficial del Estado"; también incumple el artículo 138 del Reglamento General de Circulación, que indica que "las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización de las vías públicas, e inscripciones, figurarán en idioma castellano y, además, en la lengua oficial de la comunidad autónoma reconocida en el respectivo estatuto de autonomía, cuando la señal esté ubicada en el ámbito territorial de dicha comunidad".
A mediados de 2010 le fue embargada la cuenta corriente por 110 euros, correspondientes al importe de la sanción, ya que el recurso lo presentó fuera del plazo de los 15 días posteriores a la notificación de la multa.

PP Y CIUDADANOS PROTESTAN

Sin embargo, pese a recurrir fuera de plazo, JRG recibió --a mediados de noviembre-- una resolución del Ayuntamiento en la que se le notifica que "efectuadas las comprobaciones oportunas, se ha procedido a anular la sanción impuesta por infracción en los preceptos de la Legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial".

Además, se le indicaba que "si las multas han sido pagadas" debía comunicar el número de cuenta donde quiere que se le realice la transferencia correspondiente, cosa que ya ha realizado y está a la espera de que se le reembolse el importe de la multa y de la grúa.

El Ayuntamiento considera que este tipo de recursos son casos aislados --seguramente por el desconocimiento del usuario que no sabe que el Consistorio incumple la normativa-- y no tienen previsto cambiar las señales para adaptarlas a la ley. PP de Barcelona y Ciudadanos han protestado por una situación irregular que CiU no quiere corregir.

El Ayuntamiento de Barcelona asegura que mantendrá la discriminación a los castellanohablantes “aunque vengan jueces y sentencias”

El equipo de gobierno municipal de Barcelona ha asegurado que no tiene intención de cumplir las leyes, ni tampoco las sentencias judiciales, en relación a una posible suspensión definitiva por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del Reglamento de Uso de la Lengua Catalana del Ayuntamiento.

Este martes, así lo ha manifestado el quinto teniente de alcalde y responsable local de Cultura, Jaume Ciurana (CiU), en la Comisión de Cultura, Conocimiento, Creatividad e Innovación, en la que se ha aprobado una proposición de urgencia presentada por ERC, que pide el compromiso del Ayuntamiento con el cumplimiento íntegro del reglamento, que excluye el uso del español en las comunicaciones internas y externas.

“La defensa del catalán y del derecho de los ciudadanos de Cataluña a vivir plenamente en catalán es uno de los compromisos asumidos por el Gobierno municipal. Lo mantendremos hoy, mañana y siempre aunque vengan jueces y sentencias“, ha espetado Ciurana, que ha sostenido que son los pueblos los que hacen las leyes, y no las leyes los que modelan a los pueblos, según ha informado Europa Press.

Esta votación de urgencia y las manifestaciones de Ciurana se producen solo un día después de que el Tribunal Supremo haya mantenido en suspenso siete artículos del Reglamento lingüístico del Consistorio por considerar que estos aparatados excluyen el uso del español, lengua oficial, junto al catalán, de la Comunidad. Esta exclusión, sin embargo, no tiene cabida en el ordenamiento legal constitucional y estatutario, tal y como ha dejado por escrito el Tribunal Constitucional.

El PP advierte de la “irresponsabilidad” del Ayuntamiento

Javier Mulleras, representante del PP en la Comisión de Cultura, Conocimiento, Creatividad e Innovación, ha señalado que la regla es innecesaria, y ha censurado la proposición al asegurar que estar por encima de la ley es “una irresponsabilidad y temeridad muy peligrosa”. Los populares, que recurrieron la norma, se han comprometido a fortalecer el uso del catalán si ello no supone excluir el uso del español.

Frente a la posición del PP, el líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Portabella (ERC), ha defendido la proposición (que ha sido apoyada por el resto de grupos locales) que ha presentado al asegurar que, desde su punto de vista, el reglamento lingüístico no supone ninguna discriminación al uso del español. Portabella ha acusado a los populares de “llevar sistemáticamente a los tribunales todo lo que pierden en las urnas“.

Finalmente, Ricard Gomà (ICV-EUiA) ha reivindicado que el catalán sea la única lengua vehicular de la Administración municipal, pese a que existan dos oficiales, y ha instado al PP a “dejar de agredir” a la inmersión lingüística obligatoria en catalán si quiere fortalecer esta lengua; y Guillem Espriu (PSC) ha apuntado que la discriminación positiva del catalán es la mejor herramienta para fomentar su uso y evitar su desaparición, aunque eso suponga la exclusión del uso del español.

El reglamento, aprobado en enero de 2010 por todos los grupos municipales menos el PP, obligaba al uso exclusivo del catalán. En octubre de 2010, tras la impugnación, la sala del TSJC basó su decisión en la sentencia de verano de 2010 del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, que declara ilegal la imposición del catalán que recogía el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006.

La Generalidad decide que habrá discriminación contra el castellano (7.500.000 hablantes en Cataluña), contra el aranés no (3000 hablantes en Cataluña)

Un juzgado contencioso-administrativo de Lérida ha anulado una multa que la Generalidad de Cataluña había interpuesto a una empresa porque fue remitida únicamente en catalán. Tal y como ocurre en otros ámbitos (como, por ejemplo, en tráfico), la Administración autonómica no puede dar trato preferencial a la lengua catalana por lo que sus comunicaciones deben estar en las dos lenguas oficiales de Cataluña.

Así queda ratificado en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía y así lo interpreta un juez ilerdense que ha declarado nula una multa de la Generalidad, interpuesta por la autonómica Inspección de Trabajo, por valor de 2.046 euros a una empresa de la provincia. Fuentes judiciales han advertido que hay otras dos sentencias similares.

La sentencia al Defensor del Pueblo

Según ha publicado este martes el diario Segre, el juez, además, ha enviado el fallo al Defensor del Pueblo para que indague si la Administración autonómica, con decisiones como las de enviar sus comunicados en un solo idioma, el catalán, margina a los ciudadanos que quieran utilizar y recibir información en español.

El magistrado, sin embargo, deja abierta la puerta a que la Generalidad se dirija a los contribuyentes solo en una de las dos lenguas oficiales, pero a elección de estos, no de la Administración autonómica. En este caso, la empresa había recurrido la multa en español.

‘La conducta de la Administración [autonómica] en el caso que nos ocupa vulnera directamente lo que está establecido por el mismo Tribunal Constitucional; es decir, tenemos una Administración [autonómica] actuando en contra de la Constitución‘, figura en la sentencia según recoge el diario del Grup Segre.

Aranés

En este sentido, el juez ha indicado que esta ‘asimetría lingüística se aprecia que únicamente pasa con el castellano’ ya que en otra ocasión, que también llegó el caso a su juzgado, la Generalidad sí contestó a un ciudadano en aranés después de que este acudiera en este idioma (oficial en el Valle de Arán) a la Administración autonómica.

Y ha añadido que: ‘Es la prueba más evidente de marginación lingüística, que utilizando dinero público, está llevando a cabo la Administración regional catalana. Con esto se consigue que el castellano quede relegado a lengua de tercer nivel (por detrás del catalán y el aranés), despreciado por la Administración [autonómica]‘.

Contra la inmersión lingüística

‘Algunos aún creyeron -y creen- que la inmersión era lo mejor para Cataluña, o para el catalán. ¿De verdad no escolarizar en su lengua a la mayor parte de catalanes es lo mejor para Cataluña? ¿Para defender a Cataluña hay que ofender a la mayor parte de catalanes? ¿De verdad el futuro del catalán pasa por la pérdida de derechos de los catalanes? Y si hubiera que elegir, ¿qué es lo primero?’.

Mercè Vilarrubias desmonta el argumentario justificador de la inmersión lingüística, y lo hace de la manera más eficaz: sin alharacas ni aspavientos, acudiendo a la realidad con la lupa -¡cruel lupa!- de la ciencia… La inmersión lingüística obligatoria que se practica en Cataluña es pura bazofia intelectual, pedagógica, social y política. Y también lingüística, si me apuran. Nunca ha habido estudios teóricos solventes que la avalaran. La pedagogía catalana más fiable en los años setenta y ochenta, o sea Marta Mata y la Escola Activa, nunca propuso la inmersión, sino educación en lengua materna hasta la segunda etapa de Primaria.

¿Cómo un producto de tan poca calidad ha podido imponerse en todas las instancias de Cataluña -todas las que cuentan, claro- con absoluta impunidad, sin el más mínimo debate? Ahí han tragado todos los partidos políticos -todos los que cuentan, claro-, de derechas y de izquierdas, y todos los medios, todos los opinadores, todos los profesores universitarios, toda la intelectualidad. Con honrosas y a veces dramáticas excepciones.

¿Cómo nos tragamos que la lengua materna no es importante: sobre todo si es la de los otros? (Els altres catalans). ¡Tanto como argumentamos cuando el franquismo sobre la conveniencia de introducir la lengua materna en la escuela! ¡Y la de traumas que habían sufrido los niños catalanohablantes por esa razón! Ahora de repente no había trauma ninguno: ¡que los niños son esponjas, hombre! Y para rematar, cómo tragamos (el sarcasmo) con lo de la cohesión social, con que el catalán garantizaba una sociedad más solidaria, más unida y más igualitaria.

Algunos aún creyeron -y creen- que la inmersión era lo mejor para Cataluña, o para el catalán. ¿De verdad no escolarizar en su lengua a la mayor parte de catalanes es lo mejor para Cataluña? ¿Para defender a Cataluña hay que ofender a la mayor parte de catalanes? ¿De verdad el futuro del catalán pasa por la pérdida de derechos de los catalanes? Y si hubiera que elegir, ¿qué es lo primero?

Todo ese sucio argumentario lo desmonta Mercè Vilarrubias en su libro Sumar y no restar, que va a ser la revelación de este año. Y lo hace de la manera más eficaz: sin alharacas ni aspavientos, acudiendo a la realidad con la lupa -¡cruel lupa!- de la ciencia. Conclusión: el programa de inmersión obligatoria no merece el título de programa pedagógico, ni social: solo político.

Y como programa político resulta altamente sospechoso. Y peligroso. Es explosivo, y está caducado. Pues hagamos con él lo que se hace con los explosivos caducados: abandonarlos. Es un milagro que aún no haya explotado. Desactivémoslo, ya.

El alcalde de Barcelona hace caso omiso al Supremo y no acatará las Sentencias judiciales a favor de la no discriminación lingüística

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado firme su sentencia del pasado 23 de mayo (conocida una semana después) que anula dos artículos, corrige otros cinco, e interpreta otra veintena de preceptos del Reglamento de Uso de la Lengua Catalana del Ayuntamiento de Barcelona que establecía un uso preferente de esta lengua sobre el castellano.

A pesar de que el Ayuntamiento recurrió la suspensión cautelar inicialmente dictada por el TSJC y de que el primer teniente de alcalde de la ciudad, Joaquim Forn (CiU), no descartó recurrir la sentencia definitiva del TSJC ante el Tribunal Supremo, finalmente el Consistorio ha rehusado ejercer ese derecho.

Fuentes del Gobierno municipal han declarado a LA VOZ DE BARCELONA que entienden que “ya es un debate acabado” y han insistido que, a su juicio, el dictamen del tribunal “no afecta al uso habitual y al normal funcionamiento” lingüístico del Ayuntamiento, pese a que, en realidad, sí lo hace.

Por su parte, el presidente del PP de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, promotor del recurso que dio lugar a la sentencia, ha advertido de que “con sentencia o sin ella, el Ayuntamiento debe garantizar la pluralidad lingüística en Barcelona y dirigirse en los dos idiomas a los barceloneses”.

El Ayuntamiento deberá adaptarse a la lengua del ciudadano

El Reglamento de Uso de la Lengua Catalana fue aprobado a principios de 2010 por el Ayuntamiento de Barcelona con el voto favorable de todos los grupos municipales menos el PP. Esta normativa, similar a la que posteriormente aprobaron las diputaciones de Lérida y Gerona, relegaba el español a un uso meramente residual y establecía que, si un ciudadano quería que el Consistorio se le dirigiese en castellano, debía solicitarlo de forma explícita.

Sin embargo, el TSJC ha ordenado que ‘el derecho de preferencia lingüística la ejerce el ciudadano y es la Administración la que debe adaptarse a esta elección’, una opción que ‘no puede quedar sometida a una carga específica’, sino que ‘hay que entender que la exteriorización de la opción lingüística forma parte de la elección misma’.

Así, el tribunal advierte de que ‘no son aceptables las cargas de elección que resulten pesadas o que sitúen al ciudadano en una posición violenta o de incomodidad innecesaria’. Y ha concluido que ‘independientemente de que la Administración actúe inicialmente en una u otra lengua, debe estar atenta a las circunstancias que resultan indicativas de la opción lingüística efectuada por el ciudadano’.

El TSJC también ha sentenciado que ‘en los procedimientos incoados a instancia de parte, hay que respetar la elección del ciudadano que se manifiesta en la lengua empleada en la solicitud o el recurso, así como la lengua manifestada en los escritos presentados por el afectado en los procedimientos incoados de oficio, o en la lengua que utiliza oralmente en dirigirse a la Administración o a sus agentes’. Y ha subrayado que ‘en todos estos casos, resulta innecesario exigir una opción formal pues se puede deducir claramente una opción implícita del ciudadano en utilizar una u otra lengua en su interlocución con la administración’. Una práctica que, en el caso de los impresos, implica ofrecer las dos versiones: en castellano y en catalán.

Trias rechaza aplicar la sentencia

De esta forma, y al contrario de lo expresado por el alcalde, Xavier Trias (CiU), que aseguró tras conocer la sentencia su rechazo a ofrecer “toda la información en bilingüe” porque Barcelona “es la capital de Cataluña y de la catalanidad”, y de lo declarado por el quinto teniente de alcalde y responsable local de Cultura, Jaume Ciurana (CiU), que manifestó que mantendrían el reglamento lingüístico “aunque vengan jueces y sentencias”, el fallo del TSJC obliga a cambiar la práctica habitual del Ayuntamiento.

Por otra parte, el TSJC ha recordado que las señales viarias -que el reglamento municipal establece que deben estar rotuladas en catalán- también debe cumplir la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y el Reglamento General de Circulación, que exigen su rotulación en castellano.

De hecho, el incumplimiento de estas normas nacionales hace que la mayoría de las multas de tráfico en Cataluña se puedan recurrir y sean devueltos los importes de las sanciones, como ha informado en varias ocasiones LA VOZ DE BARCELONA.

El Tribunal Supremo obliga a la Generalidad de Cataluña a reintroducir el idioma español como lengua vehicular junto al catalán

El Tribunal Supremo ha anulado varios artículos (el 4.1, el 4.3, la primera parte del 4.4, el 4.5, el 10.1 y el 14.3) del Decreto 181/2.008, de 9 de septiembre, de la Consejería de Educación (ahora Enseñanza) de la Generalidad sobre ordenación de las enseñanzas del segundo ciclo de eduación infantil que establecían el catalán como única lengua vehicular.

El Supremo ha estimado de esta forma el recurso presentado por el padre de una alumna contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de julio pasado que, si bien ordenaba que esos artículos solo eran legales si se interpretaban en el sentido de que el castellano también era lengua vehicular junto al catalán, no los anuló.

Reconocimiento expreso de las dos lenguas como vehiculares

A lo largo de 45 páginas, la sentencia, como no podía ser de otra forma, no deja lugar a dudas:

‘Es preciso que esa norma reglamentaria de desarrollo [el decreto parcialmente anulado] expresamente reconozca al castellano como lengua vehicular y docente en Cataluña para que pueda entenderse conforme a derecho, puesto que así lo impone la doctrina constitucional ya conocida, y que es de aplicación obligada en la norma’.

El Tribunal Supremo apela a la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional, e insiste:

‘De ahí que la norma reglamentaria interpretada conforme a esa doctrina para ser constitucional, deba expresar que el castellano es lengua vehicular y docente junto con el catalán, y que la utilización de esa lengua como vehicular y docente constituye en el sistema educativo catalán un derecho constitucionalmente reconocido, que no puede quedar sometido en su ejercicio a la condición de que se solicite por quien lo posea a título individual. O lo que es lo mismo, la norma reglamentaria, último producto normativo, debe explícitamente asumir esa doctrina constitucional, y declarar el carácter docente y vehicular del castellano, junto con el catalán, de modo que si esa es la lengua habitual del alumno ese derecho se le ha de reconocer sin necesidad de que se inste’.

Y enmienda al TSJC por no anular los artículos:

‘No basta con que la sentencia [del TSJC ahora corregida] diga que el castellano no está excluido de la enseñanza ya que eso no equivale a que tenga carácter normal como lo tiene el catalán. De ese modo se producen artificios como el de la enseñanza individualizada’.

Advierte a la Generalidad sobre la LEC

Además, y por primera vez, el Tribunal Supremo advierte de forma expresa de que la Ley de Educación de Cataluña -en contra de lo defendido en los últimos meses desde la Generalidad- está sometida a la doctrina del Tribunal Constitucional en lo relativo al modelo lingüístico escolar:

‘Un último criterio que constituye línea esencial de esta sentencia es el relativo al hecho de que la existencia de la Ley Catalana 12/2009, de Educación, que deroga a la Ley 1/1998, de Política Lingüística, se deberá someter en su posterior desarrollo reglamentario a la doctrina constitucional que resulta de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, y, por lo tanto, incorporar en el sistema educativo de Cataluña al castellano como lengua vehicular y docente junto con el catalán, y en los términos que esta sala dispuso en sus sentencias de 9, 13, y 16 de diciembre de 2010 y 4, 10 y 19 de mayo de 2011, de modo que el mismo no quede reducido en su uso al de objeto de estudio de una asignatura más, sino que se haga efectiva su utilización como lengua docente y vehicular en la enseñanza‘.

El Alto Tribunal subraya que el modelo de inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán ‘es contrario al espíritu y la letra de la Constitución’ y destaca que ‘la regla de que el castellano es lengua oficial lleva consigo que también es lengua normal y vehicular y en todos los niveles educativos’.

‘El precepto [el decreto parcialmente anulado] excede el sistema vigente y lo sobrepasa, puesto que el mismo se basa en el bilingüismo o en la conjunción lingüística, y lo supera cuando decide para potenciar el aprendizaje solo del catalán usar como método la inmersión lingüística, que por su naturaleza y por definición es contrario al sistema’, añade la sentencia.

Y concluye: ‘De modo que el decreto impugnado para ser conforme a derecho deberá incorporar el castellano como lengua vehicular y docente junto con el catalán, y al no hacerlo así no se ajusta a la doctrina constitucional citada, y es nulo de pleno derecho al no acomodarse a la misma, que obliga a que de modo expreso el decreto contenga esa mención al castellano como lengua docente y vehicular en la enseñanza en Cataluña junto con el catalán’.

La atención individualiza no es legal

El Tribunal Supremo es contundente en sus agumentaciones:

‘La sentencia se limita a afirmar que el castellano no puede quedar excluido de la enseñanza. Pero eso no basta para que sea lengua normal. Los idiomas extranjeros tampoco están excluidos de la enseñanza, pero no por ello tienen la consideración de lengua normal de la enseñanza. En conclusión, si según el decreto y la sentencia, el castellano no alcanza la condición de lengua normal, pero tampoco está excluido, cabe preguntarse qué condición tiene.

La única conclusión posible es que el castellano queda relegado a la condición de lengua excepcional. Ese es el término medio entre la normalidad (a la que el castellano no llega según el decreto y la sentencia) y la exclusión (que tampoco puede afectar al castellano). Y esa excepcionalidad tiene (o justifica) importantes consecuencias: no sólo el menor tiempo de enseñanza, sino también la sujeción a una interpretación restrictiva, atención individualizada, principio de rogación (necesidad de solicitud expresa), etc’.

Por otra parte, el Alto Tribunal advierte de que la ‘atención individualizada’ ofrecida por la Consejería de Enseñanza no es constitucional:

‘[El decreto parcialmente anulado] impide el ejercicio de ese derecho de forma normal, como lengua vehicular y de aprendizaje, y en iguales términos que el derecho de los niños catalanohablantes a recibirla en catalán, y se le degrada a una mera “atención individualizada”. [...] Lo que dimana de la doctrina constitucional es un derecho a recibir la enseñanza en su lengua habitual ya sea ésta el catalán o el castellano, salvo decisión en contrario de los padres, que como ya también expresamos en las sentencias de esta sala y sección es algo bien distinto de la atención individualizada en castellano que conduce a una situación de discriminación prácticamente idéntica a la separación en grupos clase por razón de la lengua habitual, y que desnaturalizaría ese derecho al condicionarlo a la obligación de solicitarlo, incurriendo de ese modo la norma en inconstitucionalidad’.

Artículos

La literalidad de los artículos anulados son los siguientes:

Artículo 4

Lengua

4.1 El catalán, como lengua propia de Cataluña, se tiene que utilizar normalmente como lengua vehicular de enseñanza y aprendizaje y en las actividades internas y externas de la comunidad educativa: actividades orales y escritas del alumnado y del profesorado, exposiciones del profesorado, libros de texto y material didáctico, actividades de aprendizaje y de evaluación y comunicaciones con las familias.

4.3 Los niños y las niñas que cursen el segundo ciclo de la educación infantil tienen el derecho a recibir la enseñanza en catalán y a no ser separados en centros ni en grupos clase diferentes por razón de su lengua habitual. En cualquier caso, se respetarán los derechos lingüísticos individuales del alumno o alumna, de acuerdo con la legislación vigente.

4.4 En función de la realidad sociolingüística del alumnado, se implementarán metodologías de inmersión lingüística de la lengua catalana con la finalidad de potenciar el aprendizaje. [...]

4.5 Como parte del proyecto educativo, los centros tienen que elaborar un proyecto lingüístico que establezca las pautas de uso de la lengua catalana para todas las personas miembros de la comunidad educativa. Estas pautas de uso tienen que posibilitar, al mismo tiempo, adquirir herramientas y recursos para implementar cambios para el uso de un lenguaje no sexista ni androcéntrico.

Artículo 10

Autonomía pedagógica y organizativa

10.1 Cada centro docente, de acuerdo con su autonomía pedagógica y organizativa, tiene que concretar en su proyecto educativo los principios pedagógicos y organizativos propios del centro y el proyecto lingüístico, en el cual se explicitan las acciones educativas para conseguir la normalización en el uso de la lengua catalana en todas las actuaciones docentes y administrativas y el tratamiento de las diferentes lenguas en el centro.

Artículo 14

Alumnado recién llegado

14.3 Con el fin de procurar la más rápida integración posible del alumnado extranjero que se incorpora al sistema educativo de Cataluña, los centros tienen que dedicar una atención preferente al aprendizaje de la lengua catalana, vehículo de expresión normal en las actividades educativas de las escuelas.

Instan a la Generalidad a desacatar al Supremo

Tras conocer la sentencia, las reacciones de los distintos grupos con representación en el Parlamento autonómico no se han hecho esperar. Todos a excepción del PP y Ciudadanos han pedido al Gobierno autonómico que no aplique la sentencia, desacate al Tribunal Supremo y, en algunos casos, han instado a Irene Rigau (CiU), consejera de Enseñanza, a que explique a los centros de educación infantil cómo han de actuar ante los padres que pidan el cumplimiento de la ley y que las dos lenguas oficiales de Cataluña sean vehiculares.

El portavoz adjunto de CiU, Jordi Turull, ha señalado que “es una mala noticia” pero ha asegurado que los nacionalistas no piensan dar “ni un paso atrás con el catalán”. El diputado autonómico ha indicado que las acciones que tomarán se moverán en esta “lógica” ya que considera que la inmersión lingüística “es un modelo de éxito”.

Joaquim Nadal (PSC), por su parte, ha mostrado todo su apoyo a la Generalidad y la ha instado a que tome todas las medidas tanto políticas como jurídicas para que promueva, proteja y defienda la inmersión lingüística que ahora se aplica, en contra de la legalidad, según el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.

En este sentido, la portavoz de ICV-EUiA, Dolors Camats, aun admitiendo que no ha leído la sentencia del Supremo, ha indicado, como CiU, que “no se debe dar un paso atrás” y ha pedido a la Generalidad que haga otro decreto que supere la sentencia del Supremo. Camats ha defendido “el modelo de escuela catalana en lengua y contenidos”, tal y como se aplica actualmente, y ha insistido en que “no deberíamos permitir que esta sentencia o cualquier otra haga tambalear el modelo escolar catalán”.

Una de las intervenciones más duras ha sido la de la portavoz de ERC en el Parlamento autonómico, Anna Simó (ERC). Para los independentistas, esta sentencia es “un ataque judicializado” contra “la escuela catalana”. Según Simó, el Supremo se ha excedido en sus funciones, ha pedido al Gobierno autonómico que recurra la norma, que no acate la sentencia y ha acusado a los padres que piden el cumplimiento de la ley ser una “rémora franquista”. Uriel Bertran (Solidaritat) ha pedido a Mas que no cumpla las sentencias de “la caverna judicial españolista”.

“Deje de ser insumisa”

Frente a los grupos que han pedido no cumplir la ley, tanto PP como Ciudadanos han recordado a la Generalidad que la sentencia conocida este lunes no hace más que repetir argumentos que ya se han expresado en sentencias anteriores. Así, Enric Millo (PP) ha recordado que hay dos lenguas, “una propia” y “otra oficial”, y que ambas deben ser vehiculares en la escuela, siendo la Generalidad la administración que ha de aplicar el bilingüismo en las aulas.

Finalmente, Carmen de Rivera (Ciudadanos) ha señalado que “los tribunales, una vez más, vienen dando la razón a Ciudadanos en la defensa del bilingüismo en la escuela”. La portavoz del partido liberal-progresista ha pedido a CiU y PP que “garanticen, de una vez por todas” la escolarización en las dos lenguas oficiales de Cataluña. Y ha pedido a CiU que “deje de ser insumisa” desde la Generalidad, sobre todo a Rigau y a Artur Mas, presidente autonómico, adaptando las leyes autonómicas a la legalidad.

La ficción de la consejera Rigau
El Tribunal Constitucional y el Supremo dictaminan en múltiples ocasiones que no es legal prohibir el español como lengua vehicular escolar junto al catalán. Sin embargo, la consejera de Enseñanza mantendrá la inmersión apelando a la ley, mientras que el portavoz de la Generalidad asegura que no cambiarán el sistema “diga lo que diga este tribunal [el TS] o cualquier otro”

“Estamos donde estábamos. La Ley de Educación de Cataluña (LEC) nos da la cobertura que necesita Cataluña y sus centros para continuar aplicando la inmersión lingüística y mantener el catalán como lengua normalmente empleada como lengua vehicular de aprendizaje. Por tanto, continuidad y serenidad absoluta en todos los centros”.

Con estas palabras ha respondido este martes la consejera de Enseñanza, Irene Rigau (CiU), a la nueva sentencia del Tribunal Supremo (TS), una más, que anula parcialmente un decreto autonómico de 2008 sobre ordenación de la educación infantil y que recuerda que la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán que viene aplicando la Generalidad es ilegal.

Rigau, en una rueda de prensa convocada de urgencia unas horas después de hacerse público el dictamen del Alto Tribunal y en declaraciones a los medios, ha reiterado que la Consejería, al igual que en anteriores ocasiones, no piensa acatar esta sentencia. Sin embargo, ninguno de sus argumentos tiene base jurídica.

Las sentencias del Tribunal Constitucional y del TS afectan a la LEC

La consejera ha subrayado que el decreto parcialmente anulado por el TS es del año 2008, mientras que la LEC se aprobó en 2009, por lo que, en su opinión, “lo que está vigente es lo que está aprobado a posteriori”. “Tenemos vigente la LEC y podremos continuar aplicando lo mismo que aplicábamos. [...] Tenemos la base legal para continuar aplicándolo, la LEC está vigente, por tanto, ningún problema”, ha insistido.

Sin embargo, Rigau olvida que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, emitida el año 2010, sí afecta a la LEC al establecer que ‘el castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza’, de igual forma que lo hacen las sentencias del TS emitidas en diciembre de 2010 y en mayo de 2011.

Así, el propio TS destaca en su sentencia de este martes que la LEC ‘se deberá someter en su posterior desarrollo reglamentario a la doctrina constitucional que resulta de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional [sobre el Estatuto], y, por lo tanto, incorporar en el sistema educativo de Cataluña al castellano como lengua vehicular y docente junto con el catalán, y en los términos que esta sala dispuso en sus sentencias de 9, 13, y 16 de diciembre de 2010 y 4, 10 y 19 de mayo de 2011, de modo que el mismo no quede reducido en su uso al de objeto de estudio de una asignatura más, sino que se haga efectiva su utilización como lengua docente y vehicular en la enseñanza’.

El Tribunal Constitucional nunca ha avalado la inmersión

La consejera también ha recordado que la normativa parcialmente anulada ahora por el TS es similar a otros decretos emitidos por la Consejería en 1992 y 2002 y que “hasta ahora nadie había recurrido”. “¿Qué ha cambiado del 92 al 2012? La posición del Supremo, la realidad de Cataluña es la misma. Si en el 92 esto estaba vigente y era constitucional, ¿por qué no lo ha de ser ahora?”, se ha preguntado, y ha defendido que el Tribunal Constitucional nunca ha cuestionado la inmersión lingüística escolar exclusivamente en catalán, y que en su sentencia 31/2010 no anuló el artículo 35 del Estatuto.

Tampoco tiene razón la consejera en esta cuestión, puesto que el Tribunal Constitucional siempre ha dictaminado que la inmersión no es legal. En concreto, la sentencia del Tribunal Constitucional 337/1994 advirtió de que ‘es legitimo que el catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo, siempre que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente’. La sentencia 6/1982 destacó que no solo es exigible el aprendizaje del castellano ‘como materia curricular sino su empleo como lengua docente’. Y la sentencia 31/2010 indicó, en relación al artículo 35 del Estatuto, que ‘el catalán debe ser, por tanto, lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, pero no la única que goce de tal condición, predicable con igual título del castellano en tanto que lengua asimismo oficial en Cataluña’.

Además, el TS en sus últimas sentencias ha sido contundente al respecto de la inmersión obligatoria:

‘En contra de la doctrina del Tribunal Constitucional esa exclusión de hecho del castellano como lengua vehicular pervierte el modelo lingüístico establecido en la Constitución de conjunción lingüística o de bilingüismo integral de modo que se implanta un modelo de inmersión lingüística contrario al espíritu y a la letra de la Constitución‘.

La LEC todavía puede ser modificada explícitamente por el Constitucional

Rigau también ha argumentado que la LEC ya no se puede recurrir porque los plazos para hacerlo han caducado, y ha recordado que el PP no impugnó los capítulos relativos a la inmersión lingüística en su recurso contra esta ley, que está pendiente de dictamen del Tribunal Constitucional. Por ello, ha considerado esta normativa autonómica como un “techo de protección” que da “máxima seguridad al modelo” de inmersión.

No es exacto este planteamiento de la consejera puesto que las sentencias del Tribunal Constitucional y del TS sí afectan de facto a la LEC, aunque estos dictámenes no hayan sido originados por recursos interpuestos directamente contra esta ley. Además, el TSJC o el TS pueden plantear cuestión de inconstitucionalidad sobre cualquier aspecto de la LEC al Tribunal Constitucional, lo que generaría un dictamen aclaratorio de esta normativa, una situación que no es descartable que ocurra en el transcurso de alguno de los diversos procesos abiertos por padres de alumnos y por las asociaciones en defensa del bilingüismo que todavía están pendientes de sentencia judicial.

La utilización de ambas lenguas debe ser ‘proporcional y equitativa’

Rigau ha defendido el sistema de inmersión obligatoria apelando a que el TC “dice que es la Generalidad la que ha de adoptar el porcentaje y la proporción adecuada” de uso de ambas lenguas oficiales -castellano y catalán- en el sistema educativo.



De hecho, el Tribunal Constitucional señala en varias sentencias que ‘corresponde a los poderes públicos competentes [la Generalidad], en atención a los objetivos de la normalización lingüística en Cataluña y a los propios objetivos de la educación, organizar la enseñanza que ha de recibirse en una y otra lengua en relación con las distintas áreas de conocimiento obligatorio en los diferentes niveles educativos para alcanzar un resultado proporcionado con estas finalidades’. E insiste en que es ‘legítimo que el catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo’.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional también establece un límite a ese planteamiento, que es el de que ‘ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la Comunidad Autónoma’, puesto que ‘es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares, siendo en tales términos los particulares titulares del derecho a recibir la enseñanza en cualquiera de ellas’.

Además, el TS ha sido aún más concreto que el Constitucional, y en diversas sentencias ha ordenado ‘que el castellano sea reintroducido como lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria’.

La atención individualizada no sustituye el derecho a la educación en español

Rigau ha indicado que la LEC prevé un mecanismo de “atención individualizada” para los niños de primera enseñanza cuyos padres así lo soliciten. Este método consiste en que el profesor da unas breves explicaciones en español a los niños que durante las clases -que son únicamente en catalán- no entienden alguna cosa.

Sin embargo, el TS ya ha advertido en reiteradas ocasiones de que la atención individualizada en castellano no sustituye al derecho que tienen los alumnos a recibir educación en castellano:

‘Si se examina el expediente administrativo y, en concreto, el informe de la inspección educativa, [...] en ambos se niega categóricamente que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza. Igualmente se afirma en esos informes que en cuanto a la primera enseñanza que comprende la educación infantil y el primer ciclo de la enseñanza primaria la misma no se imparte en la lengua materna sino que se utiliza el sistema de atención individualizada en lengua castellana que es algo bien distinto del derecho a recibir esa educación en su lengua habitual‘.

A pesar de ello, la consejera ha rechazado la posición del TS:

“Aquí hay una cuestión que es clara, estamos ante una cuestión pedagógica y si alguien dice que si a los estudiantes se les separa en un aula aparte es discriminatorio -siempre hemos dicho que no separaremos nunca por razón de lengua- y si dentro del aula, al darle una atención individualizada, también le está discriminando, ¿cómo lo he de hacer? [...] ¿Por qué [hemos de impartir algunas asignaturas también en castellano]? ¿No es discriminatorio para el de la otra lengua? ¿No es discriminatorio para los del otro colectivo? [...] No podemos entender la atención individualizada como un acto discriminatorio, es al revés, es un acto que ayuda a poder seguir con normalidad”.

Instituciones internacionales rechazan la inmersión

Por último, Rigau ha asegurado que el sistema inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán es “un modelo avalado por organismos internacionales”.

Sin embargo, un informe emitido en 2008 por el Comité de Expertos independientes del Consejo de Europa, que analizó la aplicación en España de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, apuntó todo lo contrario a lo sostenido por la consejera. En concreto, este informe advirtió de que ‘la Carta no prevé la enseñanza obligatoria en catalán para todos los alumnos, sino, únicamente, que todos los alumnos reciban educación en catalán si sus padres así lo desean‘, y concluyó que en Cataluña ‘existe supuestamente un sistema basado en la impartición de educación fundamentalmente en la lengua cooficial para todos aquellos que lo solicitan, pero este sistema no debe ser obligatorio para todos los niños’.

“Diga lo que diga este tribunal o cualquier otro”

A pesar de que todos los argumentos jurídicos dicen lo contrario, Rigau ha insistido en considerar que la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán está dentro de la legalidad, y se ha apoyado en que “en Cataluña hay un sentimiento muy alto a favor del modelo”, aunque la Consejería no permite que los padres decidan si están a favor o no del modelo por lo que el “sentimiento” al que recurre Rigau no está demostrado. “Ha habido un revés a un decreto previo a una ley que da validez a la inmersión lingüística, ha habido un aviso político preocupante, pero no nos hemos quedado sin marco legal“, ha reiterado.

En este sentido, el presidente de la Generalidad, Artur Mas (CiU), ha defendido que “un idioma, cualquier idioma, forma parte de la identidad de la persona y de los pueblos, y todos son igual de respetables”. “Todo el mundo tiene que saber que como [el catalán] es nuestro idioma desde hace más de 800 años, lo seguiremos hablando y lo seguiremos enseñando pese a quien pese y haya las barreras que haya“, ha destacado, aunque las sentencias de los tribunales en ningún caso han puesto en duda la enseñanza en catalán, siempre que esta no excluya la educación en español.

Más reveladoras, en cambio, han sido las declaraciones del portavoz de la Generalidad, Francesc Homs (CiU), quien ha señalado este miércoles que el Gobierno autonómico mantendrá el modelo de inmersión lingüística obligatoria exclusivamente en catalán “diga lo que diga este tribunal [el TS] o cualquier otro”. “Tenemos que centrarnos en saberlo preservar y no ponernos demasiado nerviosos ante este tipo de agresiones. [...] De aquí no nos moveremos, por aquí no pasaremos. El tema de la inmersión lingüística es sagrado para los catalanes de todos los colores políticos”, ha advertido el dirigente nacionalista.

El Ministro de Educación Wert incapaz de entender las sentencias del Constitucional. Condena a los niños castellanohablantes catalanes a la prohibición permanente de estudiar en español.

El titular de Educación interpreta que el Tribunal Supremo no cuestiona el modelo de inmersión lingüística obligatoriamente en catalán en las escuelas de Cataluña. Obvia que en seis ocasiones, y otra más el Tribunal Constitucional, tumban el modelo. Unas sentencias que la Consejería de Enseñanza asegura no cumplirá.


Dos meses y seis días ha tardado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert (PP), en desdecirse de su defensa a la libertad de elección de lengua vehicular entre las dos oficiales en las escuelas de Cataluña. El ministro ha puesto de manifiesto, este viernes, que no sabe diferenciar entre elección de lengua, opción no reconocida en Cataluña, ni en las leyes ni por los tribunales, y conjunción lingüística o bilingüismo, sistema legal que debe aplicar en la enseñanza la Generalidad.


El ministro Wert, acompañado de la 'número dos' del Gobierno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros (foto: la Moncloa).
Wert ha asegurado, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, que el Tribunal Supremo no ha puesto en cuestión “la validez del modelo de inmersión lingüística que se aplica por parte de la Generalidad de Cataluña con carácter general“.

Sin embargo, el Alto Tribunal sí lo ha hecho en seis ocasiones, y una más el Tribunal Constitucional. Y, la propia consejera de Enseñanza, Irene Rigau (CiU), ha asegurado que no cumplirá la sentencias. ¿Por qué no iba a cumplirlas si no cuestionan el modelo?

Son siete sentencias firmes y de obligado cumplimiento. La última, hace solo tres días, del Supremo, que, directamente, ha eliminado los artículos que hacen referencia a la inmersión lingüística obligatoria en catalán. Wert ha pasado del “garantizaré” al “no podemos garantizar”. Antes, su antecesor no diferenciaba entre estudiar ‘en castellano’ y ‘el castellano’. Y no fue un lapsus. ¿Qué hemos hecho para tener ministros de Educación como Wert y Ángel Gabilondo (PSOE)?

Un ministro desorientado

El ministro popular, a pregunta de una periodista, ha asegurado que, desde su punto de vista, el Supremo solo ha determinado que la Consejería de Enseñanza debe garantizar “la posibilidad de la utilización del castellano como lengua vehicular en el proceso educativo”, para los alumnos que así lo reclamen sus padres, porque el Alto Tribunal considera que la Generalidad no garantiza “suficientemente” ese derecho “con lo que las autoridades educativas de la Generalidad llaman atención personalizada”.

Unas palabras que chocan frontalmente con la realidad. En Cataluña no hay posibilidad legal de elección de lengua vehicular. Ni por parte de los padres ni por parte de la Administración autonómica. Nunca, ni un solo tribunal, ha sentenciado en esa dirección.

En cambio, las sentencias lo que sí ordenan a la Generalidad es que ‘el castellano sea reintroducido como lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria’. Es decir, aplicar el bilingüismo o conjunción lingüística. Y que es la Consejería la que debe aplicar la porporción, pero siempre sin excluir el español.

Notables diferencias las que han dejado por escrito los tribunales con la posición del ministro, que, además, se agravan cuando Wert deja caer que el Gobierno no tiene mecanismos para hacer cumplir las leyes en Cataluña:

“Nosotros no tenemos una administración educativa propia fuera de lo que no está cubierto por las CCAA que, como saben, es únicamente las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, y por tanto, nosotros no podemos supletoriamente garantizar ese ejercicio. Pero sí nos corresponde, lógicamente, intentar con la Generalidad, puesto que es allí donde se ha planteado el problema que, efectivamente, se encuentre una forma satisfactoria de atender la escolarización de quienes reclaman la enseñanza vehicular en castellano. Y desde este punto de vista, en el margen de lo que son nuestras competencias, no tenga duda de que haremos lo que sea menester”.

Solo es legal el bilingüismo

Olvida, parece ser, la Alta Inspección de Educación. E ignora que nadie reclama la enseñanza en español. O no solo en español, como se desprende de las palabras del ministro. En Cataluña, así lo han sentenciado los tribunales, la enseñanza debe ser en bilingüe. No es legal la inmersión lingüística obligatoria en catalán, y no lo sería una hipotética inmersión lingüística obligatoria en español.

Wert ha comparecido ante los periodistas junto a la portavoz y vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría (PP). La número dos del Gobierno, hace solo cuatro meses y 26 días, defendía el “bilingüismo integrador” en las escuelas de Cataluña. En menos de cinco meses, el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) ha cambiado su posición en relación al cumplimiento de la ley en lo que se refiere a las aulas de Cataluña.

Otra vez más el PP apoya a los nacional-socialismos periféricos. Y van...

Saludos cordiales.

la prueba irrefutable:

Incluso empresarios y ciudadanos próximos al independentismo empiezan a salir a pedir que se acabe la persecución a los castellanohablantes en Cataluña.

En las últimas décadas la hipocresía ha sido un rasgo de identidad definitorio del nacionalismo catalán, capaz de renunciar a la supuesta honradez e integridad de su proyecto a cambio de pingües beneficios económicos, para después cubrirse con la bandera y así repeler cualquier acusación. Sin embargo, estas dobleces han alcanzado recientemente límites insospechados.

A principios de 2011, una importante empresa leridana fue sancionada por la Consejería de Empresa y Empleo (antes, Consejería de Trabajo) con 3.000 euros tras un expediente incoado por una infracción de seguridad laboral. La sociedad multada decidió acudir a la vía judicial, apelando a que la Generalidad había tramitado todo el proceso sancionador únicamente en catalán, y eso le había generado indefensión.

En marzo de este año, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Lérida le dio la razón a la empresa y anuló la sanción impuesta por la Generalidad, tal y como ha sentenciado en otros casos similares recogidos por LA VOZ DE BARCELONA.

Un bufete de abogados próximo a CiU

Sin embargo, la sorpresa es mayúscula al descubrir quiénes son los actores implicados en este proceso. Por una parte, el letrado que ha representado a la empresa sancionada es Juan Ignacio Dénchez Almoril, del bufete Cuatrecasas-Gonçalves Pereira. Se trata de uno de los más importantes despachos de abogados de España con oficinas por todo el mundo -y cuyo socio principal, Emilio Cuatrecasas Figueras, está imputado por un presunto fraude fiscal- que tiene unas excelentes relaciones con CiU.

De hecho, entre sus socios cuenta con Albert Raventós Soler. Raventós fue director del Gabinete Jurídico de la Generalidad entre 2001 y 2003, durante la última etapa de Jordi Pujol, cargo que abandonó tras diversas polémicas. Además, fue miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad entre 1988 y 2005.

Así las cosas, no deja de ser chocante, cuando menos, que el bufete Cuatrecasas solicite la nulidad de una multa a uno de sus clientes alegando que la Administración autonómica ha utilizado únicamente el catalán en su procedimiento sancionador.

Una empresa cercana al nacionalismo catalán

Pero aún es mayor el desconcierto al conocer que la empresa recurrente es Prefabricados Pujol, compañía que dio origen al Grupo Pujol, un holding familiar que, tras varias generaciones, se ha hecho con una treintena de sociedades del mundo de la construcción con epicentro en Mollerusa (Lérida) y que factura alrededor de 300 millones de euros anuales.

Las simpatías de los propietarios del Grupo Pujol hacia los nacionalistas son de sobras conocidas en la comarca. La compañía aportó un millón de euros al proyecto fallido de Spanair, asegurando que lo hacían “por patriotismo”. En 2003 crearon la Fundació Pujol i Gorné, que tiene entre sus objetivos el de fomentar ‘la integración social’ de los empleados del grupo para conseguir su ‘adaptación a la realidad social, cultural y lingüística’ de Cataluña. Además, la empresa forma parte de FemCat, una fundación empresarial que denuncia que Cataluña tiene un ‘elevado déficit fiscal’.

Su principal accionista, Josep Maria Pujol Gorné, fue presidente del Consejo Social de la Universidad de Lérida entre 1999 y 2008, y recibió la Cruz de San Jordi en 2009, un galardón que otorga la Generalidad a las personas y entidades sociales que ‘han destacado por sus méritos y por sus servicios a Cataluña en la defensa de su identidad o, más generalmente, en el plano cívico y cultural’.

El consejero delegado colabora con ERC


Jordi Pujol Torrent, consejero delegado de Prefabricados Pujol (foto: prefabricatspujol.com).
El consejero delegado de Prefabricados Pujol es Jordi Pujol Torrent, tercera generación de la familia de empresarios. Pujol Torrent fue designado en 2005 por el entonces consejero de Gobernación de la Generalidad, Joan Carretero (en ese momento en ERC), para dirigir la elaboración del Libro blanco de la función pública catalana.

Desde muy jovencito, el actual responsable de Prefabricados Pujol mostró cuál era su tendencia política. Durante su época de estudiante de Derecho, fue dirigente del Bloc d’Estudiants Independentistas (BEI) y militante de ERC. En 1994, con 20 años de edad, justificó ante los medios el boicot que un grupo de radicales efectuó al entonces líder de la oposición, José María Aznar, cuando se disponía a pronunciar una conferencia en la Universidad de Lérida y que tuvo que ser suspendida. Pujol Torrent lamentó “los insultos a Aznar, pero no los dedicados a Aleix Vidal-Quadras, un personaje que es nefasto para Cataluña”, espetó.

Habida cuenta de los antecedentes de Pujol Torrent y de su entorno, cabe concluir que cuando se trata de dinero, aunque sea de una cantidad insignificante para una de las empresas más importantes de Cataluña, los principios quedan en un segundo lugar, y cualquier método es válido para el nacionalismo catalán.

Varapalo judicial sin precedentes contra la Generalidad

Por otra parte, la sentencia dictada por el magistrado José María Magán Perales abre una nueva vía argumental a los defensores del bilingüismo en las Administraciones públicas. A lo largo de 13 páginas, el titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Lérida da un severo repaso a las prácticas discriminatorias en materia lingüística que lleva a cabo la Generalidad.

El juez recuerda que el Gobierno autonómico debe someterse a lo establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, que estableció que el catalán no puede ser preferente respecto al castellano, por lo que la Generalidad no tiene ‘derecho alguno a dirigirse exclusivamente a los ciudadanos en la lengua catalana’.

‘No es que el uso del catalán fuera preferente, es que es el único’

Subraya que no es legal remitir escritos únicamente en catalán cuando ’el ciudadano libremente eligió la lengua castellana para dirigirse a la Administración’, como ocurrió en este caso, en que la Generalidad ‘se ha permitido seguir remitiendo cualesquiera notificaciones y se ha permitido seguir imponiendo unilateralmente la lengua catalana, con una absoluta falta de respeto a la lengua elegida por el ciudadano, y con quiebra directa de lo establecido por el Tribunal Constitucional’. ‘No es que el uso de la lengua catalana en este caso fuera preferente [para la Generalidad], es que es el único’, indica.

E insiste:

‘Se puede decir más alto, pero no más claro. Por tanto: punto y final a la imposición de la lengua catalana como exclusiva y excluyente. Las Administraciones públicas situadas en Cataluña ya no tienen ningún derecho a actuar de esta manera, como de manera impune han hecho hasta ahora. La definición del catalán como lengua propia de Cataluña no puede suponer en modo alguno un desequilibrio del régimen de cooficialidad de ambas lenguas en perjuicio del castellano’.

‘Un gravísimo desafío al Estado de derecho’

‘Tales prácticas -continúa la sentencia- han de considerarse fuera de la legalidad y expresamente inconstitucionales, pues del Estatuto hacia abajo, sin excepción alguna, han caído una tras otra como fichas de dominó, y han quedado todas carentes del aparente respaldo legal que la promulgación del Estatuto, o los usos seguidos hasta ahora por la Administración pública, pudieron haber conferido a este tipo de prácticas, hoy fuera de la legalidad. Por tanto, cualesquiera regulaciones, sean estas del rango normativo que sean, en las cuales se hayan podido cobijar este tipo de prácticas nulas e ilegales, han quedado todas al descubierto y carentes de la más mínima protección legal‘.

Y añade:

‘La gravedad de la cuestión es que podemos estar ante un incumplimiento sistemático (involuntario o voluntario) de lo declarado con carácter definitivo por el más alto intérprete de la Constitución española. Es evidente que si el incumplimiento es voluntario podemos estar ante un gravísimo desafío al Estado de derecho, y un desacato e insumisión frontal y abierta de la elemental obligación de cumplir las sentencias y demás resoluciones de los jueces [recogida en los artículos 118 y 164 de la Constitución]. Resulta sencillamente impensable que una Administración pública pretenda la aplicación de la legalidad desde la más absoluta ilegalidad’.

El magistrado concluye que, ‘si la Administración decide situarse fuera de la legalidad, debe ser plenamente consciente de las consecuencias que aquello puede tener, y pechar y asumir cuantas derivaciones juridícas se produzcan de una ilegalidad cometida por quien está obligada a la aplicación de la legalidad. Y la primera consecuencia jurídica no puede ser otra que la anulación de lo actuado‘.

‘No estamos ante ninguna casualidad’

Además, considera que la discriminación lingüística de la Generalidad solo la aplica contra el español y ‘no estamos ante ninguna casualidad’, puesto que, en otros casos, ha comprobado que cuando ‘el ciudadano efectuó su escrito de alegaciones en aranés, rápidamente la Administración regional se apresuró a cambiar la lengua y a contestarle y a realizar todos los trámites del expediente utilizando la lengua aranesa, y ello sin necesidad de que el ciudadano tuviese que pedir nada expresamente’.

‘Esta es la prueba más evidente de la marginación lingüística que, utilizando dinero público, está llevando a cabo la Administración regional catalana. Con ello se consigue que el castellano quede relegado a lengua de tercer nivel (por detrás del catalán y del aranés), despreciado por la Administración, y relegado al ámbito estrictamente familiar’, destaca.

Por último, anuncia que ‘dada la gravedad de la actuación descrita, y la posibilidad de que este tipo de conducta sea transversal, procede derivar actuaciones al Defensor del Pueblo de España, en tanto que órgano constitucional, respecto del trato lingüístico que la Administración demandada ha dado a quienes libremente han decidido utilizar el castellano, y al Ministerio Fiscal, por si la conducta descrita pudiera ser encuadrable en algún tipo impunitivo’. Y condena a pagar las costas a la Generalidad, ‘pues de lo contrario se haría perder al recurso su finalidad’.

DIGNIDAD MÁS QUE NUNCA, TRAS LA PROMESA DE WERT

(Manifiesto en defensa del español como lengua de enseñanza en Cataluña, con llamamiento a no usar el catalán mientras la lengua común de España esté discriminada en esa Comunidad)

La promesa del ministro Wert, “Garantizaré el derecho a estudiar en español en Cataluña” (Entrevista a El Mundo, 23/04/2012), no debe hacernos cejar en ninguna acción, o presión, para acabar con la discriminación escolar del español en Cataluña, pues solo el alcanzar tal objetivo debe desmovilizarnos. Pero confiamos en la promesa del ministro. ¿Verdad que nos parece mentira después de tantos desengaños? Ha llegado el momento, a falta de la tramitación que proceda. Es una promesa formal del Gobierno.

Pero eso no debe inhibir nuestra actitud de negarnos a usar el catalán en Cataluña, hasta que el español sea, visto y comprobado, lengua vehicular de la enseñanza accesible a todos. Que al menos hayamos tenido un gesto de dignidad antes de la desaparición de la infamia, para escupir a la cara de nuestros opresores nuestro asco y nuestro desprecio. Nuestra lengua, el español, es en Cataluña, oficial como el catalán y más hablada que el catalán por libre decisión de sus habitantes. Pero es discriminada y perseguida por la política oficial, principalmente en la escuela pública, al estar prohibida como lengua de enseñanza igual que lo estuvo el catalán con Franco.

“Cataluña tiene dos lenguas, una desde hace cuatro siglos y otra desde hace ocho”, como dijo el poeta y senador Carlos Barrall. Nuestra lengua no es el catalán, sino el español, que sirve para integrarse en la sociedad catalana no menos que el catalán. Como escolares estamos obligados a aprender las dos lenguas de Cataluña. Pero nadie está obligado a usar ni a aprender ninguna lengua fuera de la etapa escolar. Ahora decidimos no usar el catalán como protesta, mañana decidiremos usarlo, o no, por razones personales de las que no tenemos que dar cuenta a nadie. La escuela en Cataluña debe ser bilingüe, porque lo es la sociedad catalana. Los individuos serán bilingües, o monolingües, dependiendo solo de su elección. Es fácil vivir en Cataluña hablando solo español, lo es menos hablando solo catalán.

Neguémonos a usar el catalán hasta que el español sea en Cataluña lengua vehicular de la enseñanza, dándose a nuestra lengua el mismo trato que al catalán estableciéndose el bilingüismo escolar. Ni nuestra lengua es menos que el catalán, ni lo somos nosotros que sus hablantes, ni lo son nuestros hijos que los suyos. Los hablantes de español, o castellano, tienen que dejar de ser en Cataluña ‘ciudadanos de segunda’, que ven pisoteados por la política oficial sus derechos civiles (a la libertad y a la igualdad), organizando una resistencia cívica no violenta, expresada mediante su negativa a usar la lengua opresora mientras dure la opresión, semejante al movimiento por los derechos civiles de los negros estadounidenses de Martin Luther King en la década 1960. La década 2010 es su década 1960. ‘Los castellanonhablantes son los negros de Cataluña’.

Defendemos un bilingüismo de conjunción, respecto de las dos lenguas oficiales. Significa impartir a todos los escolares asignaturas en español y en catalán. Con las dos lenguas oficiales vehiculares para todos los escolares, sin separarlos por su lengua. Junto con inglés, como tercera lengua vehicular, voluntaria, en colegios públicos trilingües de libre acceso, cualquiera sea el domicilio del alumno, creados en función de la demanda. Aspiramos a un modelo trilingüe vehicular, que sustituya al actual modelo monolingüe en catalán, responsable -además de otros crímenes- de la pobre capacitación en español y en inglés de la juventud catalana.

Barcelona, Mayo de 2012.

“ERASMUS”

ADENDA
A) NUESTRA LUCHA ES POR ACABAR CON LA POSTERGACIÓN DEL ESPAÑOL, RESPECTO DEL CATALÁN
Defendemos para Cataluña la escuela bilingüe de conjunción español-catalán, con carácter general, y la escuela trilingüe español-catalán-inglés, voluntaria, porque pensamos que, impartir una parte de las asignaturas en catalán a todos los escolares, es un modo de favorecer al catalán sin afectar al papel del español como lengua común. Pero consideramos igualmente válido un modelo, para Cataluña, con dos redes escolares, voluntarias, una en español con catalán como asignatura y otra en catalán con español como asignatura, modelo, el de las dos redes, al que no atribuimos las catastróficas consecuencias para la cohesión social que le atribuyen algunos (no las tendría más que la existencia actual de dos redes de familias con diferente lengua). En realidad, lo mejor, en Cataluña, sería 3 vías escolares, una bilingue de conjunción español-catalán (estimamos que sería mayoritaria), otra en español con catalán como asignatura y otra en catalán con español como asignatura. Sin duda, las dos últimas vías (también combinables con inglés) serían preferidas por algunos, no menos por catalanohablantes que por hispanohablantes. El modelo de ‘3 vías’ existe en el País Vasco y no ha producido ninguna fractura social. Lo que prueba que es falsa la tesis, que algunos mantienen en Cataluña, de que la existencia de 2, o de 3, redes (o ‘programas’, no necesariamente aplicados en edificios diferentes) escolares fracturaría a la sociedad catalana.

Nuestra reivindicación del español como lengua vehicular de la enseñanza es, esencialmente, reivindicación de que no se postergue al español dándole un trato menos favorable que al catalán. La lengua autóctona de Cataluña (llamada abusivamente ‘la lengua propia’, pues el español también es lengua propia de Cataluña) no tiene por qué tener un uso mayor, ni tampoco menor, al de la lengua común, pues ambas lenguas deben usarse en la medida en que lo decidan libremente los habitantes de Cataluña, teniendo las mismas oportunidades para aprenderlas. La ‘lengua propia’, en ese sentido, de Irlanda es el gaélico, no el inglés, lengua ‘invasora’ como decían los nacionalistas de ese país (por cierto, que Irlanda sí que fue invadida por Inglaterra y el inglés llevado allí por las armas del exterior, lo que nunca sucedió en Cataluña). Pero, siendo inglés y gaélico, lenguas ambas oficiales de Irlanda, y ambas opcionales para la enseñanza, resulta que el 90% de los irlandeses eligen el inglés como lengua de escolarización y usan el inglés en la vida, contra solo el 10% el gaélico. Eso que uno de los argumentos de la lucha por la independencia de Irlanda fue recuperar la lengua. ¿Quién diría que el inglés no es una lengua propia de Irlanda?

En rueda de prensa, de 29/06/2012, el ministro Wert, en respuesta a una pregunta de un periodista sobre cómo garantizaría que el español fuera lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña, respondió: “Haremos lo que sea menester”.

B) JOSÉ DOMINGO LEVANTA ACTA DE LA REALIDAD DEL CONFLICTO LINGÜÍSTICO EN CATALUÑA: ‘PERSISTIRÁ HASTA QUE LA ESCUELA CATALANA NO SE ADAPTE A LA REALIDAD SOCIAL’ (JUNIO 2012)

Los nacionalistas catalanes (y algunos más) siempre han negado la existencia de un conflicto lingüístico en Cataluña, que ahora es abierto y nadie puede negar. En Junio de 2012, el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, levantó acta de la existencia del conflicto y señaló su alcance, con las siguientes palabras: “Pierdan toda esperanza, el calvario judicial contra la inmersión lingüística obligatoria en catalán no acabará hasta que la escuela catalana no se adapte a la realidad social’. “Hasta que no se establezca un modelo respetuoso con los derechos lingüísticos de todos, el conflicto se perpetuará” (La Voz de Barcelona, “Pierdan toda esperanza”, 30/06/2012). Sabedlo, nacionalistas, tendréis conflicto lingüístico, el que alimentará nuestra resistencia cívica no violenta, como la de Martin Luther King, contra la servidumbre que nos habéis impuesto, convirtiéndonos en ‘ciudadanos de segunda’, por el solo hecho de ser nuestra lengua la común de España. Y la lengua más hablada en Cataluña, por libre decisión de sus habitantes, contrariando vuestros deseos. La paz lingüística (de los esclavos resignados) no la queremos y no la tendréis. No habrá paz lingüística, hasta que no haya justicia lingüística. Francisco Caja y José Domingo, han abierto la marcha, que no se parará hasta que logremos nuestra emancipación.

(30/06/2012)

Claro que lo echamos, porque se quieren quedar con todo, nos dan limosnas de mala gana, y luego se victimizan de opresión o nos chulean de que nos salvan la vida.

Pero el motivo que la gente vota a CIU y compañía es porque los cobardes gobiernos ceden todos sus chantajes en vez de actuar.

Cuando cosas horribles dicen los separatistas de los españoles? que si somos lingüicidas, opresores, invasores.... eso en Inglaterra o Francia en cuestión de horas estaría engrilletado para unos cuantos años de cárcel como mínimo.

Pero si no cedieramos, no pactaramos, y sobre todo castigasemos a los que incumplan la constitución, creedme, o se volverían muy moderados o los votaría poca gente...

Juanma_Breda escribió:Cuando cosas horribles dicen los separatistas de los españoles? que si somos lingüicidas, opresores, invasores.... eso en Inglaterra o Francia en cuestión de horas estaría engrilletado para unos cuantos años de cárcel como mínimo.

En cuanto se hiciera eso problema solucionado. Y de paso ilegalizamos los partidos independentistas. En Francia creo que también están prohibidos. Además aquí han vulnerado la Constitución y otras leyes en repetidas veces. En un país serio eso habría acarreado duras sanciones.

¿Elección democrática? Hay que respetar y cumplir las leyes. Si no las respetas no hay democracia que valga.

Saludos cordiales.

http://www.vozbcn.com/2012/07/04/119733/mas-sentencias-tocara-inmersion/



El presidente de la Generalidad desafía a la legalidad vigente y asegura abiertamente que no aplicará las múltiples sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que ordenan el restablecimiento del bilingüismo escolar.

“En términos legales, ante una ley del Parlamento [autonómico] de Cataluña que hipotéticamente contradiga una ley del Parlamento español, el Gobierno [autonómico] seguirá la legalidad del Parlamento [autonómico] de Cataluña. Y no nos dejaremos decir que no es legal lo que estamos haciendo, porque defendemos que somos una nación y entendemos que la voluntad democrática expresada pacíficamente está por encima de todo. [...] Nosotros creemos que el derecho a decidir reside en el Parlamento [autonómico] de Cataluña. Por tanto, hemos de ser consecuentes con esto”.

Con estas palabras, el portavoz de la Generalidad, Francesc Homs (CiU), confesaba, en una entrevista publicada el pasado 22 de mayo en el diario Ara, el desprecio de la formación nacionalista al Estado de derecho y la jerarquía normativa, un planteamiento que, lejos de quedarse en una simple declaración de intenciones, es una práctica cada vez más habitual por parte del Gobierno autonómico.

Actuar como si Cataluña fuese un estado independiente

La “transición nacional hacia el derecho a decidir” planteada por el presidente de la Generalidad, Artur Mas (CiU), como su principal objetivo político a medio plazo, pasa por actuar como si Cataluña fuese un Estado independiente, tal y como ha reconocido en más de una ocasión el secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol.

En este sentido, Mas ha subrayado este martes la importancia de que la legislación autonómica se avance a las normas que se aprueben a nivel nacional para así blindarse frente a unas supuestas invasiones competenciales “constantes” por parte del Ejecutivo:

“El Gobierno [autonómico] de Cataluña y las instituciones catalanas necesitan protegerse también en su actuación para poder defender las competencias y para poder defender la anticipación de determinadas decisiones. Nos deberíamos anticipar a algunas cosas que sabemos que pasarán para, de esta forma, fijar nuestra posición y tener la norma propia, pero sabiendo que nuestra forma de acabar teniendo la norma acaba siendo mucho más, a veces, farragosa, tal vez garantista también, y eso es bueno en este sentido, pero en cualquier caso más farragosa, que otros gobiernos que están actuando de otra forma, y que algunas veces esta actuación nos está debilitando nuestra capacidad de autogobierno”.

El líder de CiU ha hecho estas declaraciones durante la presentación del informe de 2011 de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad, unas críticas que se referían especialmente a los últimos decretos-ley sobre educación y sanidad, y que el Ejecutivo autonómico no ha descartado llevar ante el Tribunal Constitucional.

La Generalidad ignora la legalidad vigente en materia lingüística

Sin embargo, las amenazas de los dirigentes nacionalistas no son simplemente palabras. La realidad es que la Generalidad actúa desde hace tiempo en diversos ámbitos como si no existiese una normativa nacional de rango superior a la autonómica, y el caso más evidente es el lingüístico, materia que Mas ha calificado siempre como una de las “líneas rojas” que no permitirá cruzar a ninguna ley ni ningún tribunal nacionales.

De hecho, la Generalidad sigue aplicando impunemente la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán a pesar de que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han reiterado en innumerables ocasiones que es ilegal la prohibición del español como lengua vehicular en las escuelas de Cataluña.

El argumento utilizado por CiU es que la Ley de Educación de Cataluña (LEC) avala la inmersión, obviando que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto modificó de facto ese régimen lingüístico.

Si la inacción de los diferentes gobiernos y tribunales ante estos flagrantes desacatos a la ley es sorprendente, no lo es menos la posición del PSC en este ámbito. El ex presidente de la Generalidad José Montilla, al igual que ahora hace Mas, propuso en su momento burlar la doctrina del Constitucional mediante ‘soluciones legislativas’ alternativas, asegurando que el Alto Tribunal se había “extralimitado” de sus funciones.

‘Uno de los fenómenos más graves que se están produciendo en España’

El ex ministro de Justicia Francisco Caamaño (PSOE) tuvo que recordar el pasado viernes, durante unas jornadas sobre ‘derecho a decidir’ organizadas por la Fundació Rafael Campalans, que la Constitución no otorga competencias exclusivas a las CCAA, sino que establece aquellas que ‘podrán asumir’, siempre limitadas al control de las mismas por parte de las Cortes Generales -mediante leyes marco y de armonización- y de los tribunales, ‘aun en el caso de materias atribuidas a la competencia’ de las CCAA, subraya la Carta Magna.

La periodista Victoria Prego consideró la semana pasada que la insumisión de la Generalidad frente a las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre bilingüismo escolar es ‘uno de los fenómenos más graves que se están produciendo en España sin que desde el poder Legislativo nadie haya dado todavía señales de haber comprendido la extraordinaria capacidad destructiva que tiene el asunto. Y sin que nadie, por tanto, se haya puesto inmediatamente a resolverlo’.

Mas alardea de que incumplirá las sentencias contra la inmersión



Este mismo miércoles, Mas ha asegurado durante la sesión de control al Gobierno autonómico celebrada en la Cámara autonómica que no piensa acatar ninguna sentencia que afecte a la inmersión obligatoria:

“No habrá ni un paso atrás en este modelo de inmersión en catalán. Puede haber sentencias, resoluciones, todo lo que quiera, pero el modelo es el que es, está socialmente aceptado por parte de más del 90% de la sociedad catalana y de una amplísima mayoría de esta cámara. Y, sobre todo, una cosa que sería un argumento jurídico, además, que es que hay una ley que se llama Ley de Educación de Cataluña, también ampliamente votada por esta Cámara y vigente, que está por encima de cualquier decreto que pueda estar impugnado, y esta ley no ha sido impugnada, y por tanto, el curso que viene se aplicará la ley, que quiere decir que no se tocará nada respecto a lo que hay ahora desde el punto de vista de la inmersión lingüística en catalán“.

La pregunta que se deriva de las palabras del presidente autonómico es evidente: ¿Actuarán el Gobierno o los tribunales para restablecer la legalidad vigente en Cataluña? Todo apunta a que eso no sucederá a corto plazo.


Un grupo de padres propone crear barcos (a un par de millas de la costa) donde se puedan estudiar algunas asignaturas en castellano: Los niños que quieran estudiar alguna asignatura en español en Cataluña tendrán que ir a Andorra, Aragón o Valencia si tienen suerte de estar en la frontera o como algunos padres proponen a un barco escuela, a un par de millas de la costa donde se pueda estudiar alguna asignatura en castellano en Cataluña.

Caballeros deberíais hacer un mejor uso de Twitter, que es donde mejor se puede hacer la difusión de los temas del foro y así darse a conocer por la red.
Por ejemplo tuitear cada entrada del Blog, perdonad mi osadìa al ser nuevo en el foro.
Un saludo.

CarlosJavier1902 escribió:Caballeros deberíais hacer un mejor uso de Twitter, que es donde mejor se puede hacer la difusión de los temas del foro y así darse a conocer por la red.
Por ejemplo tuitear cada entrada del Blog, perdonad mi osadìa al ser nuevo en el foro.
Un saludo.

Te haremos caso. Nos encantaría que te presentaras en el foro de presentaciones por cierto. ¡Bienvenido!

Lluvia de millones a la prensa en catalán con el objetivo de "afianzar la identidad nacional catalana". Los medios en castellano quedan excluidos de nuevo.

El proyecto nacionalista de construcción de una red de medios de comunicación afín a sus propósitos continúa con paso firme. El precario estado de las cuentas de la Generalidad no ha sido motivo suficiente para que el presidente autonómico, Artur Mas (CiU), haya reconsiderado su política de ayudas multimillonarias a la prensa.

Esta semana, el departamento autonómico de Presidencia ha convocado una nueva ronda de subvenciones a fondo perdido para los medios de comunicación privados de todo tipo, desde medios impresos a diarios digitales, pasando por radios y televisiones. En esta ocasión, el botín a repartir asciende a 9.468.979 euros, y, como es habitual, solo hay un requisito imprescindible para poder optar a ellas: utilizar la lengua catalana o la aranesa.

En concreto, según recoge el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC), Mas otorgará 3.194.000 euros a publicaciones periódicas (diarias y no diarias) en soporte papel (PRE/1314/2012); 1.270.979 euros (ampliables en otros 666.000 euros) a proyectos que fomenten y consoliden el espacio catalán de comunicación para empresas periodísticas privadas editoras de prensa en soporte de papel (PRE/1303/2012); 855.000 euros a medios informativos digitales de titularidad privada (PRE/1300/2012); 777.000 euros a emisoras de televisión digital terrestre de empresas privadas para proyectos que fomenten y consoliden el espacio catalán de comunicación (PRE/1308/2012); 763.000 euros a proyectos que fomenten y consoliden el espacio catalán de comunicación para empresas periodísticas privadas editoras de prensa digital (PRE/1307/2012); 713.000 euros a emisoras de radio de empresas privadas para proyectos que fomenten y consoliden el espacio catalán de comunicación (PRE/1306/2012); 550.000 euros a emisoras de radio de titularidad privada (PRE/1299/2012); 400.000 euros a a emisoras de televisión de titularidad privada (PRE/1310/2012); y 280.000 euros a entidades sin ánimo de lucro para proyectos que contribuyan al fomento del periodismo y del espacio catalán de comunicación (PRE/1309/2012).

Discriminación por motivos ideológicos

Las subvenciones convocadas esta semana desarrollan las bases publicadas el pasado 27 de junio que, por primera vez, reconocen explícitamente y justifican la discriminación por motivos ideológicos a la hora de establecer el criterio de reparto. En concreto, la exposición de motivos indica lo siguiente:

‘Es tarea del Gobierno [autonómico] apoyar y proteger las iniciativas de este sector para garantizar que las fuerzas del mercado no impidan el desarrollo de proyectos que contribuyan a garantizar el derecho a la información de todos los ciudadanos y la consolidación de la identidad nacional del país [por Cataluña]‘.

Además, evita citar al español, lengua cooficial en Cataluña, al que sitúa al mismo nivel que una lengua extranjera:

‘Cataluña cuenta con un sector privado de la comunicación en lengua catalana y occitana/aranesa, sólido y emprendedor, que contribuye día a día a la construcción del espacio catalán de comunicación. Este sector ha de enfrentarse a una situación de desventaja competitiva respecto a otros medios hechos en otros idiomas con muchas más expectativas de mercado’.

El grupo Godó, el gran afortunado

Las cantidades entregadas por el Ejecutivo autonómico a los medios de comunicación en los últimos años es inabarcable y difícil de cuantificar en su totalidad. A modo de ejemplo, en el año 2010, y únicamente desde la Consejería de Cultura, la Generalidad otorgó subvenciones directas a los diarios impresos por más de diez millones de euros con la única condición de estar escritos en catalán. A esto hay que sumar más de tres millones de euros para los medios digitales y otros 2,8 millones de euros para las radios y las televisiones. Y en 2011, solamente desde el departamento de la Presidencia, los diarios recibieron 2,1 millones en subsidios.

Sin embargo, sobresale el caso del grupo Godó, que, únicamente desde septiembre pasado, ha recibido más de nueve millones de euros en ayudas de todo tipo, principalmente en subvenciones directas y publicidad institucional, pero también a través de suscripciones de las consejerías y otros entes autonómicos y municipales.

Preguntado hace unos días por esta circunstancia, el portavoz de la Generalidad, Francesc Homs (CiU), consideró que esta preferencia hacia el grupo editor de La Vanguardia en el reparto de las subvenciones es algo “razonable”.