Juristas se preguntan a quién puede acusar Garzón en el caso de la memoria histórica

El emplazamiento del juez Baltasar Garzón a las distintas Administraciones e instituciones solicitando listados de fallecidos y desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo ha causado sorpresa entre los distintos agentes jurídicos consultados por ABC. No sólo la Fiscalía, sino también jueces y juristas coinciden en la inviabilidad de la vía penal para perseguir las muertes causadas en el enfrentamiento entre los dos bandos. Además de poner en duda la tipificación de aquellos hechos como delitos de genocidio y de lesa humanidad, cuestionan la forma en la que el magistrado de la Audiencia Nacional ha llevado a cabo la práctica de estas diligencias solicitadas por varias asociaciones de familiares de represaliados del bando republicano: sin haberse declarado previamente competente para investigar los hechos y con la certeza de que será una investigación que caerá en saco roto, tanto por la imposibilidad de sentar en el banquillo a los responsables de aquellos acontecimientos como por la posible prescripción de aquellos delitos, sea cual sea el tipo en el que quedaran subsumidos.

Miguel Ángel Gimeno
Portavoz Jueces para la Democracia

«No hay causa penal sin imputables»

El representante de la asociación progresista Jueces para la Democracia recuerda que la apertura de cualquier investigación penal parte de la base de que hay unos hechos constitutivos de delito y que además son perseguibles. En este caso, dice, el procedimiento penal no sería viable: primero, porque aun en el caso de que las muertes de la Guerra Civil y el franquismo fueran tipificadas como genocidio, este delito no se podría retrotraer a los años 30 (por el principio de irretroactividad de la ley penal), y segundo, si fueran delitos comunes ya habrían prescrito. A ello se suma la imposibilidad de sentar en el banquillo a los responsables de aquellos hechos. «Ya no se trata de un problema de competencia -señala Gimeno-, sino de perseguibilidad desde el punto de vista penal». El portavoz de JpD asegura que su asociación entiende perfectamente la reivindicación de las víctimas, pero «no todas las injusticias se pueden resolver en el ámbito penal».

Antonio García
Portavoz de la APM
«No estamos para depuraciones éticas»

Mesura, sentido de la prudencia, autocontención y motivación de las resoluciones son, según el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, las coordenadas en las que se debe mover un juez. Ninguna de ellas parece haber presidido la actuación de Baltasar Garzón, pues, según recuerda García, un procedimiento penal «nunca puede convertirse en una causa general sobre la que se pueda abrir una investigación universal, no concretada y formulada en términos generalistas».

«Tendrá que ser el propio Garzón el que explique cuáles son las razones que, con la ley en la mano, le permiten incoar unas diligencias de esa naturaleza sin haber fijado la competencia»



El portavoz de esta asociación cuestiona la práctica de diligencias del juez para dilucidar si es competente para investigar los hechos. En este sentido, recuerda que es la propia querella la que debe contener «un relato fáctico de hechos que están subsumidos en una norma de naturaleza penal, los presuntos responsables de los posibles delitos cometidos». «Tendrá que ser el propio Garzón el que explique cuáles son las razones que, con la ley en la mano, le permiten incoar unas diligencias de esa naturaleza sin haber fijado la competencia», señala. Finalmente, este juez recuerda que «lo nuestro no es una depuración ética o moral», sino que «tenemos que actuar sometidos al imperio de la ley».

Luis Rodríguez Ramos
Catedrático de Derecho Penal
«En la guerra civil no hubo genocidio»

Este jurista recuerda que las muertes de la Guerra Civil y del franquismo quedaron absorbidas por la Ley de Amnistía de 1977, con lo que no es posible la persecución penal de los hechos. Además, en su opinión, desde un punto de vista técnico-jurídico tampoco se puede hablar de genocidio, pues no se dan los requisitos del delito: la guerra fue un enfrentamiento entre dos bandos en el que no había el exigible propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Sin embargo, Rodríguez Ramos señala que haciendo una intepretación en los términos más amplios posibles sí se podría hablar de asesinato, rebelión o sedición, delitos que habrían quedado subsumidos en la ley de 1977. «Esta ley declaró una amnistía para todos los que hubieran cometido alguno de los delitos anteriores a esa fecha», explica. «En el fondo se trataba de buscar la impunidad de los que intervinieron en la guerra, sellar la paz». En su opinión, la solicitud de Garzón a las instituciones es algo que ya prevé la ley de memoria histórica, que «pretende hacer justicia permitiendo la búsqueda de fosas comunes».

Joan Queralt
Penalista
«Garzón ha aceptado ya su competencia»

Este jurista comparte la opinión de los otros encuestados en lo que se refiere a la inviabilidad de una causa penal sin acusados en el banquillo y a la imposibilidad de calificar como genocidio las muertes de la Guerra Civil. Sin embargo, sí se enmarcan en el delito de genocidio las muertes del franquismo, periodo en el que se produjo, en su opinión, un «auténtico terrorismo de Estado». Además, Queralt sí ve posible aplicar el delito de genocidio a aquellos hechos, pues en los delitos de lesa humanidad «no está prohibida la retroactividad» de la ley. Respecto a las críticas que ha recibido el juez por practicar diligencias antes de declararse competente para investigar los hechos, Queralt considera que el inicio de la investigación supone una «aceptación implícita de competencia», aunque el juez todavía no haya resuelto sobre este asunto concreto. En este sentido, la solicitud del magistrado se equipararía a las «diligencias a prevención».

Alfredo García Garate
Profesor Derecho Canónico CEU
«Olvida los acuerdos Iglesia-Estado»

En su opinión, es «inviable» que Garzón ordene a la Conferencia Episcopal facilitar los registros de los difuntos durante la Guerra Civil, ya que son potestad del «obispo de cada parroquia». En declaraciones a Ep, García Garate apuntó que la solicitud «carece de fundamento y tiene poca razón de ser», además de demostrar la «falta de conocimiento» del juez en materia de Derecho Canónico. «Ha obviado un principio fundamental entre los acuerdos de la Iglesia y el Estado por el que el Estado protege y respeta la inviolabilidad de los archivos de la Iglesia. Si el obispo decide que no debe de proporcionar esa información, estará en su legítimo derecho y contará con la garantía del propio Estado».
CENSO DE DESAPARECIDOS DURANTE EL FRANQUISMO

Jueces para la Democracia dice que la iniciativa de Garzón 'tiene poco futuro'

MADRID.- La asociación Jueces para la Democracia (JpD) considera que la iniciativa del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de elaborar un censo con los desaparecidos en la Guerra Civil para abrir una posible causa "tiene poco futuro" desde el punto de vista jurídico y apunta que esta cuestión debería resolverse en "el propio ámbito político".

Según explicó el portavoz de la asociación, Miguel Ángel Jimeno, para que el juez Garzón pudiera emprender acciones "tendría que ser porque hay expectativas de que haya algún delito que no haya prescrito y que tenga un autor que pueda presumirse que puede averiguarse quién es".

Sin embargo, explicó, es "bastante discutible" suponer que estamos ante "delitos imprescriptibles", ya que deberíamos hablar de un delito "tipo de genocidio" que además no prescribe desde su incorporación a la legislación española, algo "mucho más tardío". Del mismo modo, habría que determinar "quién es el sujeto o sujetos a los que se les puede exigir responsabilidades".

Jimeno señaló que la iniciativa del juez no tiene "ninguna salida" desde el punto de vista jurídico. A su juicio, es "evidente" que la Ley de Memoria Histórica "tiene lagunas", pero estimó que no deben ser resueltas por el Poder Judicial, sino por "el Ejecutivo", en "el propio ámbito político".
Para el portavoz de la asociación de jueces, no tiene sentido que "toda injusticia que se haya producido tenga que resolverla el juez". "El juez puede resolverla cuando es constitutiva de delito, pero si no hay modo de perseguir a nadie en concreto y el hecho que se realizó, si es que se realizó, tampoco era delictivo, no debe ser", subrayó.

En cualquier caso, Jimeno recalcó que JpD defiende que los familiares de las víctimas "tienen derecho a que se averigüe" dónde se encuentran sus restos y "que los gastos corran a cargo del Estado", que debe ser quien "lleve la iniciativa".

"Esto que en la Ley de Memoria Histórica no quedaba suficientemente claro o no se asumió por las razones que fuese con la suficiente contundencia no puede resolverse desde una perspectiva jurídico-penal", insistió.

Los jueces salen en tromba contra Garzón por reabrir heridas de la Guerra

Las asociaciones judiciales consideran que una investigación penal no puede utilizarse para abrir una causa general Sostienen que lo relacionado con los desaparecidos debe hacerse desde la política Algunas asociaciones dudan de que la investigación de Garzón pueda concluir en una acusación por delito. La decisión de Garzón ha causado sorpresa en la judicatura - Javier Fdez.-Largo F. Velasco MADRID- La decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de solicitar a diversas instituciones la identidad de los desaparecidos y enterrados en fosas comunes durante la Guerra Civil y el franquismo ha levantado las críticas unánimes por parte de sus propios compañeros de las asociaciones judiciales. Todas ellas han coincidido en reprobar la iniciativa de Garzón, al considerar que una investigación penal no debe utilizarse para abrir una causa general, y, en todo caso, deberían corresponder al ámbito político las iniciativas para esclarecer todos los aspectos relacionados con esos desaparecidos. Así, el portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, recordó que una investigación penal tiene que estar enmarcada en unas coordenadas de concreción y desarrollarse sobre la base de unos hechos que presentan apariencia delictiva. En ese sentido, añadió que «cuando un juez de instrucción actúa lo hace sobre la base de unos hechos que presentan apariencia delictiva y con la intención de depurar las responsabilidades de naturaleza penal en las que hubieran podido incurrir determinadas personas». Por su parte, el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Lorenzo del Río, expresó su sorpresa de que se abra la vía penal para la identificación de personas o de fosas cuando se trata de algo que «perfectamente se podía ver en la vía administrativa y haber un impulso político para esta materia». En su opinión, habrá que ver hasta qué punto este asunto puede ser competencia de la Audiencia Nacional. «La vía penal está para averiguar delitos y posibles sujetos responsables, pero no para otro tipo de cuestiones», destacó al respecto. En cuanto a la asociación Jueces para la Democracia(JpD), su portavoz, Miguel Ángel Jimeno, quien defendió el derecho de los familiares de las víctimas a saber «dónde se encuentran sus muertos», cuestionó no obstante que se haga a través de un proceso judicial, ya que, en su opinión, debería ser el Ejecutivo el que lo llevara a cabo, informa Efe. Para que actúe un juez penal, recordó el portavoz de JpD, es preciso que existan unos hechos que puedan ser constitutivos de delito y puedan ser perseguidos en la actualidad. Se trataría entonces de un delito de genocidio, que no prescribe, pero su incorporación a la legislación española -recuerda- es posterior a los hechos que se investigan y no se puede actuar con efectos retroactivos. Desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), su portavoz, Enrique López, señaló que se trata de una cuestión «jurisdiccional, adoptada por un juez de instrucción y, desde ese carácter, en estos momentos es ajeno al ámbito del gobierno del poder judicial». «Sólo merece respeto cualquier decisión adoptada por un juez», agregó. Más allá fue el vocal del CGPJ José Luis Requero, quien aseguró que a Garzón no deberían extrañarle las críticas ya que, según dijo, «es un caso aparte que se mueve en otra órbita». No obstante matizó que «en caso de que sea necesario», será respaldado por el máximo órgano de gobierno de los jueces.