Garzon obliga a a la Iglesia y a varios ayuntamientos a reabrir la "Memoria Historica"

Cuando parecía aplacada la polvareda de la ley de memoria histórica (que finalmente no recibió tal nombre y que se ha caracterizado por irritar a todos y no contentar a nadie) las entidades y asociaciones de familiares de represaliados del bando republicano han hallado un ariete a la medida de sus reivindicaciones en el juez Baltasar Garzón. Éste, según trascendió ayer, ha abierto diligencias para requerir a diversas instituciones listados de desaparecidos y fusilados durante la Guerra Civil y el Franquismo, con el fin de elaborar un censo y determinar si su juzgado, el número 5 de la Audiencia Nacional, es competente o no para investigar estos crímenes que los familiares de las víctimas consideran de «lesa humanidad» y, por tanto, imprescriptibles.

El pasado mes de junio, el juez ya se había dirigido a los ministerios de Defensa e Interior para pedirles un informe sobre el número de desaparecidos durante ese periodo, como paso previo a su decisión, ahora, de llevar a cabo estas nuevas actuaciones.

A espaldas de la Fiscalía

Garzón ha optado por seguir adelante en la «brecha» de la memoria histórica a espaldas del criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que el pasado mes de febrero solicitó el archivo de las denuncias presentadas al considerar que se trataba de hechos que en su momento, según la legislación de la II República, estaban tipificados como delitos comunes y, en consecuencia, sus autores se habrían beneficiado de la «extinción de la responsabilidad» derivada de la amnistía general de 1977.

Además, en el caso de que se pudieran considerar delitos de lesa humanidad, la Fiscalía estimó que la Audiencia Nacional no era competente para juzgarlos, porque el criterio general es que este tipo de crímenes se han de tramitar en los juzgados de la jurisdicción donde hayan ocurrido los hechos.

El auto de Garzón pretende ser, a priori, de largo alcance, pues implica a la Conferencia Episcopal, a los Ayuntamientos de Madrid, Córdoba, Granada y Sevilla, a la Abadía del Valle de los Caídos, al Ministerio de Defensa, a la Dirección General de los Registros y del Notariado, del Centro de Documentación de la Memoria Histórica, e incluso al rector de la Universidad de Granada.

Todas las parroquias

En concreto, Baltasar Garzón insta a la Conferencia Episcopal a que comunique a todas y cada una de las parroquias de España (que son casi veintitrés mil) «que deberán permitir el acceso de la policía judicial» para la identificación de los fusilados y desaparecidos a partir del 17 de julio de 1936. O sea, a partir del «Alzamiento».

A los Ayuntamientos les pide toda la documentación que permita certificar la identidad de las personas enterradas en fosas comunes de los cementerios de San José (Granada), Nuestra Señora de la Salud y San Rafael (Córdoba) y en el camposanto sevillano de San Fernando. A ese requerimiento de los datos posibles de fechas de nacimiento, residencia y filiación, añade Garzón el de que los mencionados Consistorios aporten información sobre las «circunstancias y hechos que concurrieron para estos enterramientos masivos», en busca de responsables.

Especialmente significativa es la petición a la abadía benedictina del Valle de los Caídos de un listado de las personas enterradas en este recinto, así como datos sobre la procedencia geográfica de los restos y «las causas del enterramiento allí hecho».

Otras diligencias las dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional al Archivo General de la Administración (para que identifique a la entidad u organismo que pueda concretar el número de desaparecidos e informe de si han existido denuncias por esas desapariciones), al Centro Documental de la Memoria Histórica (al que pide los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo), al Ministerio de Defensa en demanda de documentación archivada en los tribunales militares y a la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la constancia que pueda tener de casos de desaparición.

Ocho denuncias

Han sido en total ocho las denuncias referidas a este tipo de hechos, promovidas por asociaciones (salvo una de ellas, de un diputado socialista) que vienen cifrando en unas treinta mil las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo. Estas entidades, que han acogido con la lógica satisfacción la iniciativa del juez Garzón, estiman además que, queden en lo que queden las diligencias abiertas, servirán para impulsar la elaboración de un censo de desaparecidos en esa etapa histórica.

Precisamente, hace pocos días volvió a cobrar relieve el caso de la fosa común de la localidad granadina de Víznar en la que están los restos del poeta Federico García Lorca. Nieves Galindo, la nieta del maestro enterrado en ese mismo lugar, explicó la semana pasada a Ep que acudir a la vía judicial es «la única salida que le queda» para promover la exhumación de su abuelo y ante la negativa de la familia Lorca a llevar a cabo esa actuación.

Estos «flecos» de insatisfacción y malestar persisten en numerosos descendientes de fusilados y desaparecidos después de que el pasado otoño quedara definitivamente aprobada en el Congreso la polémica «Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra civil y la Dictadura», barroquísimo nombre con el que quedó finalmente bautizada la ley de memoria histórica, un empeño personal de José Luis Rodríguez Zapatero en el que sus convicciones más íntimas tropezaron con el sentido común,

Españoles «buenos» y «malos»

Así, en la normativa (que, según el PP, cae en los mismos pecados del franquismo, al dividir a los españoles en «buenos» y «malos») no se recogieron algunas de las exigencias de los colectivos de reivindicación republicana, como la de la anulación de todos los juicios políticos. Pero ante el riesgo de que en la nueva legislatura se pasara página, Garzón ha tomado el testigo de Zapatero.

Garzón exige un listado de desaparecidos en la Guerra Civil y posguerra

F. VelascoMADRID- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón quiere tener todo el listado de los desaparecidos «a partir del 17 de julio de 1936, como consecuencia directa del denominado Alzamiento Nacional» antes de decidir si admite las denuncias presentadas por varias asociaciones de «Memoria Histórica». En esas denuncias, respecto a las cuales la Fiscalía informó en contra de su admisión, se pedía la persecución penal por delitos de lesa humanidad contra los autores de esas desapariciones, fusilamientos o exilios forzosos producidos a partir de 1936. Para ello, el magistrado ha reclamado a instituciones como El Valle de los Caídos, al Centro de Documentación Histórica, Conferencia Episcopal Española y a los ayuntamientos de Madrid, Granada, Córdoba y Sevilla un listado donde se identifique, «en la medida de lo posible», la identidad de las personas enterradas en fosas comunes desde el inicio de la Guerra Civil «y la posguerra bajo el mandato del nuevo régimen en España». Es decir, durante el franquismo. Valle de los Caídos Así, al Valle de los Caídos le pide «la identidad de las personas allí enterradas, la procedencia de los restos y las causas del enterramiento allí hecho». La Conferencia Episcopal, por su parte, deberá comunicar «a todas y cada una de las parroquias de España» que permitan el acceso de la Policía Judicial para la identificación de las posibles víctimas desaparecidas que puedan estar en las iglesias enterradas. A los alcaldes de los ayuntamientos, el juez les exige un listado de las personas enterradas en fosas comunes a partir del 17 de julio de 1936, circunstancias y hechos que concurrieron, fecha de los mismos y si esas muertes están anotadas en algún registro. Pajín dice que es el momento de honrar a las víctimas de la Guerra Civil Efe - Madrid La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ha asegurado hoy que es «el momento» de recuperar la memoria y de «honrar la justicia de aquellos que perdieron la vida» en la Guerra Civil. En declaraciones a Antena 3, recogidas por Efe, Pajín se ha referido así a la iniciativa del juez Baltasar Garzón de crear un registro de víctimas, y ha recordado que detrás de ella están unas familias «que quieren honrar a sus muertos», algo «absolutamente lógico, normal y de justicia». Según Pajín, se pone como ejemplo «a otros países de América Latina y de Europa» cuando han «hecho este ejercicio de transparencia del pasado». Ha afirmado que es necesario «recordar lo que pasó en este país, no para enfrentar a la sociedad, sino para evitar que se vuelva a repetir», y ha añadido que, «sin enfrentar, ha llegado el momento de estar al lado de esos familiares». Garzón pide a Gallardón los nombres de los enterrados en fosas durante guerra Efe - Madrid El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha pedido hoy al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que le notifique los nombres de las personas que fueron enterradas en fosas comunes durante la guerra civil y el franquismo. La petición del juez también se extiende a los alcaldes de Granada, Córdoba y Sevilla y reclama, además del nombre de esas personas, su fecha y lugar de nacimiento, residencia y filiación. En una providencia, Garzón pide también al abad del Valle de los Caídos, al Archivo General de la Administración, a la Conferencia Episcopal y al Centro Documental de la Memoria Histórica que le informen sobre el número de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo con el fin de determinar si es competente para investigar estos hechos. En concreto, a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial les reclama que le proporcionen los nombres de las personas que están enterradas en este lugar. Por su parte, la Conferencia Episcopal deberá permitir que la Policía Judicial acceda a todas las parroquias de España (un total de 22.827) para que les faciliten los libros de difuntos de los que disponen con el fin de identificar a las posible víctimas desaparecidas a partir de aquella época. Se dirige también al Archivo General de la Administración para que le emita un informe o le identifique el organismo que pueda dictaminar sobre la cifra de desaparecidos, y al Centro Documental de la Memoria Histórica le pide que le haga llegar los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo de los que disponga. Otro de los organismos a los que se remite es la Dirección General de los Registros y del Notariado. Garzón requiere a una de las partes personadas -hay un total de ocho asociaciones de familiares de desaparecidos- que aporte los datos que tenga sobre las personas que estén realizando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas con el fin de que estas actuaciones puedan ser controladas por su juzgado «tanto en su ejecución como en su resultado una vez que se resuelva sobre la competencia». A finales del mes de junio, el magistrado ya pidió informes a los Ministerios del Interior y de Defensa sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo con el fin de determinar si es competente para investigar estos hechos. Entonces también solicitó a los denunciantes de estos casos que aporten las identificaciones correspondientes a estas personas de cuyo paradero aún no se sabe nada y las circunstancias, si se puede, en que se produjeron. Asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo han presentado hasta ahora ocho denuncias en el juzgado de Garzón por diferentes casos en Navarra, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, Andalucía y un caso individual de un diputado socialista, y, de forma genérica, han denunciado la desaparición de unas 30.000 personas durante esa época.

Si se ponen a contar los muertos de uno y otro bando, creo que se llevarian una desagradable sorpresa, cuando comprobaran que fueron asesinadas muchas mas personas antes y durante la guerra, por el frente popular que los que pudo represaliar Franco. Pero seguro que eso no les interesará investigarlo.
Después de todo ¿Podemos esperar imparcialidad de un juez, que lleva ante el banquillo de los acusados a Pinochet, y no hace lo mismo con Fidel Castro? ¿O es que acaso no fueron los dos igual de dictadores?