Designa al fiscal durante el franquismo Jiménez Villarejo para el grupo de expertos

Garzón nombró ayer al ex fiscal jefe anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que accedió a la carrera en 1962, y al magistrado jubilado Antonio Doñate como miembros del grupo de expertos que colaborará en las exhumaciones de desaparecidos.

En el auto en el que se declaró competente para la investigación, Garzón advertía de que ésta será «muy difícil», dado el tiempo transcurrido, y estimó necesario que existiera un grupo de expertos y otro de Policía Judicial con el fin de «desarrollar las labores de búsqueda y localización para ofrecer a las víctimas (...) una respuesta».

El grupo de expertos (cinco personas que serán designadas por las asociaciones denunciantes y las dos nombradas por el juez) tendrán que «estudiar, analizar y valorar y dictaminar sobre el número, lugar, situación e identificación de las víctimas en un solo informe que incluya el número total de víctimas» entre el 17 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1951.

Garzón coloca en el grupo de expertos a un firme defensor de su actuación
El ex fiscal Villarejo aplaudió la «decisión acertadísima» del juez de investigar los hechos

Las asociaciones eligen a los historiadores Julián Casanova y Francisco Espinosa, y a Francisco Etxeberria.



Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal anticorrupción - Efe



Julián Casanova

J. López
MAdrid- Baltasar Garzón ya ha elegido a los dos miembros que tenía que designar para la comisión de siete expertos creada en el marco de las pesquisas abiertas por el magistrado para investigar los desaparecidos durante la Guerra Civil. Se trata del ex fiscal jefe anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y del magistrado jubilado Antonio Doñate.
Villarejo, muy vinculado durante los últimos años a IU, se ha mostrado decididamente a favor de la Ley de Memoria Histórica y de la investigación de Garzón. De hecho, el pasado viernes, en declaraciones a «El Periódico», afirmó que se trataba de una decisión «acertadísima» que reconoce que había crímenes del franquismo sin investigar. Además, añadía, pretende describir «el cuadro de personas que acordaron y ejecutaron un plan de exterminio en el transcurso de la guerra civil».
Por su parte, las asociaciones denunciantes facilitaron al magistrado los nombres de tres de los cinco expertos que deben designar. Se trata del miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi Francisco Etxeberria y de los historiadores Francisco Espinosa y Julián Casanova. Espinosa es el firmante del informe presentado por los denunciantes en el juzgado de Garzón sobre las tumbas colectivas. En cuanto a Casanova, es uno de los coautores del libro «Víctimas de la Guerra Civil», que en opinión de las asociaciones constituyó la base para las labores de búsqueda y exhumación desarrolladas en los últimos años.
En el auto en el que se declaró competente para la investigación de esos hechos, Garzón advertía de que ésta será «muy difícil» dado el tiempo transcurrido, y estimó necesario que existiera «un grupo de expertos y otro de Policía Judicial con el fin de desarrollar las labores de búsqueda y localización para dar una respuesta».
El grupo de expertos -formado por cinco personas que serán señaladas por las asociaciones denunciantes y las dos nombradas por el juez- tendrá como misión «estudiar, analizar y valorar y dictaminar sobre el número, lugar, situación e identificación de las víctimas en un solo informe que incluya el número total de víctimas» entre el 17 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1951.

Defensor de la Memoria Histórica
Carlos Jiménez Villarejo no ha ocultado en los últimos meses su apoyo a la Ley de Memoria Histórica. Sin llegar a declarar en ningún caso su deseo de volver a juzgar lo acontecido durante el franquismo, sí que se ha mostrado partidario de una condena formal del mismo, así como de la anulación de los juicios de esa época.


El magistrado tiene en sus manos el destino del recurso
Garzón debe dar traslado del mismo a la instancia superior

R. C.
madrid- El recurso de la Fiscalía puede terminar en manos de la Sala de lo Penal... si Baltasar Garzón lo tiene a bien. Pese a que el Ministerio Público ha obviado al magistrado presentando su recurso ante la instancia superior (aunque las diligencias ya se han convertido en sumario), la decisión de dar traslado del mismo a la Sala está en manos del magistrado. O lo que es lo mismo: si Garzón pretende ganar tiempo para que las exhumaciones comiencen cuanto antes (añadiendo una presión suplementaria a las deliberaciones de la Sala) ahora tiene una inmejorable oportunidad para dilatar el procedimiento.
Y es que el juez podría devolver a la Fiscalía el recurso advirtiéndole de que, al haberse convertido las diligencias previas en sumario (lo que obliga a recurrir en primer lugar ante el magistrado que dictó la resolución), debe de interponer antes un recurso de reforma.
Pero el Ministerio Público insiste en que el auto fue dictado cuando el procedimiento estaba en fase de diligencias previas y que el momento a tener en cuenta para establecer el régimen de recursos «no es el de la interposición del mismo, sino el del dictado de la resolución judicial a recurrir».
Fuentes fiscales instaban ayer a tramitar el recurso «y dejarse de historias». En caso contrario, el Ministerio Público está dispuesto a presentar una queja ante lo que consideraría «un fraude procesal». Si es así, incluso acudirían al artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que faculta al fiscal para reclamar ante la Sala, en cualquier fase del sumario, si considera que el juez instructor no es competente para investigar los hechos. «O tramita el recurso o se empeoran las cosas», advierten desde la Fiscalía.