Garzón rechazó «de plano» en 1998 actuar contra Carrillo por Paracuellos

MADRID. La sospecha de la aplicación de distintos raseros a hechos de parecida naturaleza planea sobre la investigación impulsada por el juez Baltasar Garzón a instancias de los allegados a desaparecidos durante la Guerra Civil y el Franquismo. En 1998 el magistrado no sólo no mostró la misma diligencia cuando la llamada Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Genocidio de Paracuellos del Jarama pretendió sentar en el banquillo al histórico líder comunista Santiago Carrillo como responsable de los fusilamientos masivos en esa localidad madrileña, sino que se pronunció de forma implacable contra la iniciativa.

Auto implacable

En esa ocasión, Garzón desestimó «de plano» la querella y acusó a sus promotores de «mala fe procesal» y de «abuso del derecho» porque, según adujo en su auto, «con el respeto que me merece la memoria de las víctimas, no puede dejarse de llamar la atención frente a quienes abusan del derecho a la jurisdicción para ridiculizarla y utilizarla con finalidades ajenas a las marcadas en el artículo 117 de la Constitución Española y los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como acontece en este caso». Pese a que los inspiradores de la querella pensaron que su empeño podía ser viable porque en esa misma época Garzón había hincado el diente al «caso Pinochet», el juez estimó también en su auto que «los preceptos jurídicos alegados son inaplicables en el tiempo y en el espacio, en el fondo y en la forma». En consecuencia, Garzón concluyó que no cabía recurso alguno y consideró que «queda en tela de juicio la deontología profesional de quien tan a la ligera se toma las normas básicas de nuestro ordenamiento jurídico».

En todo caso, diez años después de aquel pronunciamiento, el juez copa titulares de prensa al abrazarse a las reivindicaciones de colectivos republicanos y suscita todo tipo de reacciones. Mariano Rajoy, tras presidir ayer la reunión del Comité Ejecutivo del Partido Popular, dijo que no es partidario de «reabrir las heridas del pasado, lo haga quien lo haga», porque considera que es algo que «no conduce a nada».

Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, señaló ayer que los ciudadanos tienen derecho a acudir a la Justicia para buscar a sus seres queridos desaparecidos durante la Guerra Civil y el Franquismo, y que eso es lo que ha sucedido y la razón por la que el juez Garzón ha tomado esa iniciativa. Después, añadió que las decisiones que pueda adoptar Garzón «merecen por parte del Gobierno la consideración de respeto» (sic), e insistió en que no haría más valoraciones con el fin de garantizar la independencia del poder judicial.

También ha opinado sobre la investigación ordenada por el juez Baltasar Garzón el rector de la Universidad San Pablo-CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, quien, además de recordar cómo el titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional esgrimió argumentos jurídicos muy distantes de los de ahora en el «caso Paracuellos» de 1998, incide en que la responsabilidad por los delitos de la época se ha «extinguido» no ya en virtud de la amnistía general de 1977, sino de otra normativa de «punto final» anterior adoptada por el propio régimen franquista en 1969. Se trata, en concreto, del decreto-ley 10/1969, por el que se declaraban prescritos todos los delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939.

Precisamente, Bullón, en su calidad de catedrático de Historia Contemporánea, coordinará el congreso que el CEU celebrará en noviembre bajo el título «La otra memoria» y en el que se estudiará la represión ejercida por el bando republicano. Una iniciativa, dice, «que servirá de homenaje a quien fue nuestro primer rector, Federico Salmón, fusilado en Paracuellos». El rector opina que «la izquierda carece por completo de espíritu crítico sobre su pasado», y hace notar que «se practicó una represión organizada. Muchas checas las dirigían policías y las memorias del anarquista Miquel Mir revelan cómo les entregaban hojas con listados de a por quién había que ir». Lo que menos entiende Bullón de la iniciativa de Garzón «es que la elaboración de un censo de desaparecidos se acometa desde la judicatura, cuando es tarea de historiadores».

La AUME, en contra

Los aplausos a la decisión de Garzón llegaron básicamente desde sectores del PSOE, de Izquierda Unida y de los colectivos republicanos volcados en reivindicaciones de «memoria histórica». Menos convencida se mostró la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME). Su secretario general Mariano Casado dijo a Servimedia que esta entidad no considera «prioritaria» esta investigación. Es más, apostilló, «estaríamos en contra de cualquier investigación retrospectiva» sobre la contienda.

Si verdaderamente fueran imparciales, deberian acercarse hasta el pueblo de Tabernas, en Almeria donde aun hay entarrada en fosas comunes, gente asesinada por los milicianos frentepopulistas, que hasta hace poco aun se notaban donde estaban situadas, hasta que llegó Felipe González, y con maquinas apisonadoras se encargaron de borrar todo rastro.
Ni siquiera Franco se atrevió a exhumar los restos, para no levantar ampollas, Y eso que eran de los suyos, los alli enterrados.
Un saludo.