La doble vara de Garzón: Sí a investigar el franquismo pero no a Paracuellos.

La polémica está servida. Baltasar Garzón quiere volver a la primera línea informativa y para ello ha solicitado a varios organismos que le informen del número de desaparecidos durante la Guerra Civil para actuar en consecuencia. Sin embargo, el magistrado ha olvidado cómo años atrás rechazó querellas por genocidio contra Santiago Carrillo alegando que los delitos estaban "prescritos" y ateniéndose a dos "amnistías" producidas en 1975 y 1977. Pero en su carrera, el "juez mediático", que ha encausado a diversas dictaduras, siempre ha tenido una doble vara de medir dependiendo de quiénes fueran los supuestos asesinos y las posibles víctimas.

El magistrado de la Audiencia Nacional, aficionado a abrir casos por todo el mundo, ha vuelto a crear una gran polémica tras solicitar al abad del Valle de los Caídos, al Archivo General de la Administración, a la Conferencia Episcopal y al Centro Documental de la Memoria Histórica que le informen sobre el número de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo con el fin de determinar si es competente para investigar estos hechos y actuar en consecuencia.
Sin embargo, Garzón parece haber olvidado otras sentencias emitidas por él mismo y que contradicen sus actuaciones actuales. De hecho, en el año 2000 rechazó una querella interpuesta ante la Audiencia Nacional por los familiares de los fusilados en Paracuellos del Jarama, contra Santiago Carrillo, el PCE, el PSOE, la Comunidad de Madrid y el Estado español por delitos de genocidio, torturas y terrorismo.

En sus argumentaciones, el magistrado aceptó las tesis del fiscal de la causa, Pedro Rubira, que aseguró que cualquier posibilidad de delito había prescrito al haber pasado más de 20 años desde que se cometió. A su vez, el juez subrayó que entre 1975 y 1977 se produjeron unos indultos que "vedan de una forma total y absoluta cualquier posibilidad de reiniciar la persecución penal por los actos realizados en nuestra Guerra Civil".

Incluso Garzón acusó a los denunciantes de "abuso del derecho" y "mala fe procesal". Tal como lo recoge Alberto Reig Tapia en su libro La Cruzada de 1936. Mito y memoria, y recogido por Wikipedia, la sentencia dice así: "Con el respeto que me merece la memoria de las víctimas, no puede dejarse de llamar la atención frente a quienes abusan del derecho a la jurisdicción para ridiculizarla y utilizarla con finalidades ajenas a las marcadas en el artículo 117 de la Constitución Española y los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como acontece en este caso [...], los preceptos jurídicos alegados son inaplicables en el tiempo y en el espacio, en el fondo y en la forma a los [hechos] que se relatan en el escrito y su cita quebranta absolutamente las normas más elementales de retroactividad y tipicidad".

Quedó de este modo extinguida la búsqueda de la Justicia de los allegados de los miles de asesinados en esta localidad madrileña. Éstos habían llevado a cabo su denuncia en un contexto en el que el magistrado de la Audiencia Nacional abrió un proceso contra el dictador chileno Augusto Pinochet, acusado de los mismos crímenes que Santiago Carrillo.

Y es que la vara de medir del "juez mediático" varía dependiendo de quienes sean los supuestos asesinos o las posibles víctimas, puesto que según subrayó José Díaz Herrera en su libro, Garzón, juez o parte, el magistrado sí admitió en 2006 las querellas presentadas por familiares de muertos del bando republicano por supuestos crímenes de guerra, contradiciendo así parte de sus argumentos utilizados seis años atrás.

Baltasar Garzón ha ido siempre más allá de las fronteras españolas queriéndose convertir en el "gran defensor de los derechos humanos". Sin embargo, en esta ocasión volvió a prevalecer quiénes eran los causantes y quiénes las supuestas víctimas antes de emprender cualquier actuación.

Este protagonismo le ha hecho perseguir las dictaduras del Cono Sur, como la de Chile o Argentina, aunque, sin embargo, no admitió otras querellas contra el dictador guineano Teodoro Obiang, el cubano Fidel Castro o el nicaragüense Daniel Ortega, entre otros. Igualmente, tal y como subraya Díaz Herrera, las dictaduras comunistas de Europa del Este, en la que se realizaron importantes masacres, tampoco han sido objeto de las investigaciones del juez.

Cabe destacar que la Audiencia Nacional, gracias a la presencia de Baltasar Garzón, es el órgano que más mandatarios mundiales tiene encausados a pesar de no contar con el mandato de alguno de los organismos internacionales ni disponer de un cuerpo jurídico-doctrinal reconocido a nivel mundial como el Estatuto de Roma, por el que se regula el funcionamiento de la Corte Penal Internacional.

Criticar que el juez Garzón opte por buscar a los muertos de un bando de la guerra civil en vez de resolver casos pendientes como el chivatazo a ETA “excede los límites”. Es lo que dicen “por unanimidad” los jueces [b]instructores de la Audiencia Nacional que piden al CGPJ que actúe pocas horas después de un editorial del diario El Mundo. Nada ocurre cuando el propio Garzón excede los límites expresando su opinión política contraviniendo la Ley que rige para los jueces. El director del diario, Pedro J. Ramírez, ha confesado “estupor”.

Poco después de que el diario El Mundo llegase a los kioskos, la Junta de Jueces Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional emitía un sorprendente comunicado en el que pedía al CGPJ que actúe contra este diario por exceder "los límites" en su editorial crítico con la decisión del juez Garzón de abrir una causa general para investigar los crímenes cometidos en la guerra civil, eso sí, solo los de un bando, el republicano.

El celo mostrado por los jueces es especialmente sorprendente al tratarse de una crítica, en el ejercicio de la libertad de expresión del diario de El Mundo, contra un magistrado que se ha caracterizado por emitir todo tipo de opiniones políticas y valoraciones sobre los distintos gobiernos en contra de lo que establece el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin que, pese a la reiteración de este comportamiento, estos mismo jueces hayan censurado a su compañero. Ni siquiera cuando Garzón publicó un artículo en El País, el 4 de marzo de 2003, plagado de ataques e insultos contra el entonces presidente del Gobierno en ejercicio, José María Aznar.

• "No podrán los jueces o magistrados pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los mismos, yles estará prohibido: Dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos, ni concurrir, en su calidad de miembros del Poder Judicial, a cualesquiera actos o reuniones públicas que no tengan carácter judicial, excepto aquellas que tengan por objeto cumplimentar al Rey o para las que hubieran sido convocados o autorizados a asistir al Consejo General del Poder Judicial". (artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial)
  

El editorial de El Mundo titulado "Truculenta Garzonada" ante la intención de Baltasar Garzón de censar a los republicanos desaparecidos, ha merecdo que la Junta de Jueces Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional emitan un comunicado en el que apuntan que su contenido "excede de los límites a la crítica de las resoluciones judiciales, llegando a poner en entredicho la integridad profesional del Magistrado". Por eso, piden al CGPJ que haga un "expreso pronunciamiento ante las injustas y arbitarias opiniones que se vierten en el mismo". Pedro J. Ramirez, director del diario en cuestión, ha señalado que le produce "estupor" y "preocupación" esta postura.

En el comunicado la Junta de Jueces Centrales de la Audiencia Nacional -emitido tras una reunión a la que asistieron Santiago Pedraz, Ismael Moreno, Fernando Grande Marlaska, Fernando Andreu Merelles y Eloy Velasco Núñez- se dirige al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por las "injustas y arbitrarias" opiniones que, a su juicio, vierte El Mundo sobre la decisión del juez Baltasar Garzón de indagar sobre el número de desaparecidos en el franquismo.

En el acta de la Junta, a la que han asistido todos los jueces de instrucción de este tribunal excepto Garzón, los magistrados han acordado por unanimidad trasladar su queja al órgano de gobierno de los jueces porque consideran que el contenido del editorial del periódico "excede de los límites a la crítica de las resoluciones judiciales".

Garzón, un juez bastante discutido entre sus colegas, está recibiendo últimamente un cierre de filas en torno a él por parte de la judicatura. Recientemente, en la revista Vanity Fair, el juez Gómez Bermúdez se refirió a Baltasar Garzón, como el "magistrado español más conocido dentro y fuera de nuestro país". "No creo que se hayan reconocido nunca sus méritos", apuntó, subrayando el servicio "innegable" que ha prestado Garzón.

En el editorial, titulado "Truculenta garzonada", se afirma que la iniciativa del juez "recuerda mucho a la Causa General ordenada por Franco en 1940 con el propósito de catalogar y denunciar todos los delitos cometidos por los partidarios de la República desde abril de 1931", y se califica la decisión de "puro disparate" y "despropósito".

Para los magistrados, el texto llega incluso "a poner en entredicho la integridad profesional" de Baltasar Garzón, a quien, según recoge el acta, le acusan de que "no tuvo tiempo de transcribir las cintas de los islamistas que tal vez hubieran evitado el 11-M" o de que "es incapaz de investigar quién dio el chivatazo a los recaudadores de ETA". "Ante el contenido de dicho editorial y con el fin de que se garantice el ejercicio de una justicia independiente, responsable y eficaz", añade la Junta de Jueces, han decidido dirigirse al CGPJ para que se haga un "expreso pronunciamiento ante las injurias y arbitrarias opiniones que se vierten en el mismo".

"Estupor" y "preocupación" de Pedro J. Ramirez

En declaraciones a EFE, Pedro J. Ramirez indicó que le producían "estupor" por el "carácter inaudito de sus argumentos" y "preocupación" porque "no conocen la Constitución". Además, opinó que si "consideran que hemos transgredido los límites del Código Penal, que lo diga el interesado" y "presente una querella como ha hecho en ocasiones anteriores".

Además manifestó que "injustas y arbitrarias son algunas decisiones recientes de los tribunales como la de la puesta en libertad provisional de la presa de ETA Elena Beloki para someterse a un tratamiento de fertilidad o la resolución de un magistrado que ha posibilitado la huida del abogado José Emilio Rodríguez Menéndez". "Me parece bien que se quejen, ya que será una oportunidad para que demuestren si les preocupa el desprestigio de la justicia por decisiones injustas o cedan a la presión corporativista", opinó Pedro J. Ramirez.

El portavoz del CGPJ, Enrique López, informado por los periodistas del contenido del acta de la Junta de Jueces de la Audiencia, ha manifestado que "estamos ante una decisión jurisdiccional adoptada por un juez de instrucción y, desde ese carácter, en estos momentos es ajeno al ámbito del gobierno del poder judicial". "Sólo merece respeto cualquier decisión adoptada por un juez", ha agregado López, que ha calificado la iniciativa de Garzón como "de gran calado, de gran trascendencia social y de un interés mediático absolutamente inusual". Si la petición entra este martes en el registro del Consejo, la Comisión Permanente del CGPJ podría estudiar el asunto en su reunión del miércoles.

"No es un juez normal"

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Luis Requero aseguró hoy que "Garzón es un caso aparte, no es un juez normal y como es una persona que se mueve en otra órbita y se mueve en otras coordenadas, no deben extrañarle este tipo de críticas", aseguró Requero en declaraciones a Europa Press.

La Junta de Jueces Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional defendió hoy "la integridad profesional" de su compañero Baltasar Garzón después de las críticas en su contra publicadas en el editorial de el periódico 'El Mundo' tras la decisión del magistrado de ordenar la elaboración de un listado de desaparecidos de la Guerra Civil española y anunció que solicitará al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que realice "un expreso pronunciamiento" ante "las injustas y arbitrarias opiniones" vertidas por este periódico.

En cualquier caso, el vocal, que calificó la información de 'El Mundo' como "dura", abogó por una crítica respetuosa y añadió que el CGPJ respaldará a Garzón "en caso de que sea de necesario", si bien es cierto que explicó que "el consejo siempre actúa a instancias del propio afectado y no de otros".

Una decisión cuestionada

Mientras, todas las asociaciones judiciales han cuestionado que se investigue judicialmente el número de desaparecidos durante la dictadura franquista, como pretende Baltasar Garzón, quien ha pedido a varias instituciones que le informen sobre este asunto para determinar su competencia.

Según el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, las investigaciones penales no están previstas para dar lugar a la apertura de causas generales, mientras que el de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Lorenzo del Río, se ha mostrado sorprendido de que se abra la vía penal cuando podría hacerse desde el ámbito político. En este mismo sentido se ha pronunciado este martes el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Ángel Jimeno, que ve difícil que prospere la investigación de Garzón y que ésta pueda concluir en una acusación por delito.

Garzón da 15 días a las partes

Baltasar Garzón ha dado este martes un plazo de quince días a las asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo que han presentado denuncias en su Juzgado para que le faciliten una relación de los desaparecidos y ubicación posible de las mismas.

En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 fija este plazo con el fin de poder determinar, "con la mayor rapidez posible", si es competente para investigar estos hechos para que le hagan llegar un listado de las personas desaparecidas que hubieran sido localizadas, así como los lugares y fechas de su hallazgo.