El TS decide investigar si Garzón prevaricó en la causa que abrió contra el franquismo

El Tribunal Supremo admitió ayer a trámite una querella presentada por el sindicato «Manos Limpias» contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por un delito de prevaricación. Los querellantes aseguran que mantuvo abierta una causa general por los desaparecidos de la Guerra Civil en contra de la ley y a sabiendas de que no tenía competencia para investigar los hechos. Es la primera vez que la Sala Segunda da el paso para que se investigue a este juez, y lo ha hecho pese al criterio en contra del fiscal del Supremo Luis Navajas.

La admisión a trámite de la querella ni prejuzga ni supone la automática imputación del juez de la Audiencia Nacional, decisión que, en su caso y junto con la de citarle acompañado por un abogado, corresponde tomar a Luciano Varela, magistrado que la Sala ha designado como instructor de esta causa.

Recurrirá la decisión

De momento, el penalista Gonzalo Martínez Fresneda, que se ha hecho cargo de la defensa de Garzón, recurrirá en súplica la decisión del Supremo de investigar. El recurso habrán de resolverlo los mismos cinco magistrados que han decidido admitir a trámite la querella y que, eventualmente, juzgarían a Garzón. Se trata de Juan Saavedra, Joaquín Giménez, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo y Adolfo Prego, que es el ponente. Fuentes judiciales señalan que la Sala deberá ser «muy prudente» en sus futuras resoluciones para «no contaminarse», pues de lo contrario sus magistrados podrían ser recusados.

Antes de dictar la resolución -que le fue notificada a Garzón ayer por la mañana, no así el texto de la querella- la Sala Segunda recabó de la Audiencia Nacional las resoluciones con las que, según «Manos Limpias», el juez habría prevaricado. Tras el análisis de las mismas, el Tribunal saca una conclusión: que la investigación de los desaparecidos de la Guerra Civil y del franquismo «se centró en delitos para los que el Juzgado reconoce carecer de competencia material [detención ilegal sin dar razón del paradero], salvo por razón de su conexión con otro delito del que se proclama competente [contra los altos organismos de la Nación], pero que ni está vigente ni investiga, y por el que se incoa el procedimiento, y en cuyo ámbito declara extinguidas unas responsabilidades penales por razón de fallecimiento (...) de cuarenta y cinco personas sobre cuyas acciones no se ha practicado actividad sumarial ni investigación alguna».

De esta forma, la Sala se pronuncia sobre la existencia de indicios suficientes como para iniciar una investigación. Y añade que «lo afirmado en la querella no es algo que «ab initio» pueda considerarse ajeno al tipo penal de prevaricación, al menos como hipótesis que no se advierte sea absurda ni irracional».

Fuentes judiciales explican que, según la más reciente doctrina del Supremo (la aplicada al ex magistrado Javier Gómez de Liaño como consecuencia de sus decisiones en el «caso Sogecable», por ejemplo), un juez comete delito de prevaricación cuando actúa en contra de lo que la ley «objetivamente afirma». Y lo hace a sabiendas de que va en contra de la legalidad. El Código Penal prevé para este delito multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 10 a 20 años.
En este caso, en la querella se acusa a Garzón de haber mantenido viva la causa de los desaparecidos del franquismo sin practicar diligencia alguna y a sabiendas de que no era competente, como finalmente reconoció el propio juez cuando, en el auto dictado el 18 de noviembre de 2008, se inhibió en favor de los juzgados situados en los lugares donde fueron halladas fosas comunes.

Según los querellantes, Garzón habría prevaricado «de forma nítida, constante y continua» cuando se declaró competente, cuando transformó las diligencias previas en sumario, cuando comenzó a instruir la causa «en sentido diametralmente opuesto a sus propias resoluciones (querella contra Carrillo por la matanza de Paracuellos)» y, finalmente, cuando se inhibe «con el pretexto de que Franco ha muerto».

Diez días después de esa inhibición, el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional estimaba el recurso de la Fiscalía y declaraba que, efectivamente, Garzón no podía instruir la causa de la Guerra Civil. Esa resolución contó con el voto en contra de tres magistrados (Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez) que apoyaron las mismas tesis que Garzón.

En manos del CGPJ

De no prosperar el recurso que Martínez Fresneda presentará contra la decisión del Supremo, la apertura de un procedimiento penal contra Garzón podría tener consecuencias a corto plazo para el magistrado. En el supuesto de que el auto de admisión de la querella se confirme, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá decidir si suspende cautelarmente al juez en el ejercicio de sus funciones hasta que el procedimiento se resuelva en un sentido o en otro. Hasta ahora, el CGPJ ha suspendido sólo con la admisión de la querella si ésta viene impulsada o apoyada por el fiscal; en el caso contrario, ha esperado al procesamiento, salvo que se dieran circunstancias de especial gravedad.