LA PARTITOCRACIA SIN CONTRAPESOS. Artículo de Francesc Carreras en La Vanguardia 5/11/09

Este artículo merece la pena porque este Catedrático de Derecho de Derecho Constitucional del a Universidad Autónoma de Barcelona pone el dedo en la llaga:

La salvación de España respecto de la partitocracia que se ha adueñado del Estado está en los jueces, funcionarios, fiscales y órganos de comunicación independientes. ¿Estamos a tiempo o ya hay demasiados intereses creados en los estómagos agradecidos al partido de turno? ¿Es posible una regeneración de la vida pública? ¿Se puede acabar con la corrupción y la enchufitis? ¿Qué opináis? Un saludo.




Al
futuro presidente de Caja Madrid debe designarlo su Junta General, no
los dirigentes del Partido Popular, aunque así parezca. Es el último y
lamentable ejemplo, entre otros muchos, de que nuestro sistema político
no es una “democracia de partidos” sino una “partitocracia”. Veamos
ambos conceptos, bien diferentes.
La “democracia de partidos”, un término ya acreditado en
teoría del Estado, supone un notable cambio respecto de la democracia
parlamentaria clásica, en la cual el diputado era el eje fundamental de
todo el proceso de participación política. Por el contrario, en la
democracia de partidos son estos quienes protagonizan los dos momentos
fundamentales de dicho proceso: las elecciones y la actividad
parlamentaria.
En el momento electoral, ahora los ciudadanos no escogen candidatos
individuales, como antes sucedía, sino listas electorales
confeccionadas por los partidos. Con lo cual la relación representativa
no se establece entre elector y parlamentario sino entre elector y
partido. En cuanto a la actividad parlamentaria, en la democracia de
partidos las cámaras han dejado de ser órganos para el debate entre
diputados: ahora las decisiones que allí formalmente se adoptan han
sido acordadas con anterioridad en el seno de los respectivos partidos
y sus portavoces parlamentarios se limitan meramente a declararlas en
público. Así, en la democracia de partidos, el Parlamento ha sido
desposeído de su función primigenia más característica con la que
soñaron los primeros liberales: ser un centro de debate en el cual,
mediante argumentos racionales, se decide lo más conveniente para el
interés general.
Podremos lamentar la pérdida, si es que existieron alguna vez, de
aquellos parlamentos argumentativos y racionales, pero en la actualidad
la democracia de partidos se ha impuesto en toda Europa y en buena
parte del mundo. “La democracia de nuestro tiempo es, necesariamente,
una democracia de partido”, escribió el maestro García Pelayo, de quien
el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales acaba de publicar la
segunda edición de sus Obras completas. Necesariamente: la democracia
española no escapa a esta regla general y es hoy, incluso formalmente,
una democracia de partidos. Pero todos los sistemas políticos
degeneran, como ya advirtió Aristóteles. Y la democracia de partidos
española ha degenerado, por culpa de los partidos, en una
partitocracia, que es cosa distinta.
En una partitocracia los partidos no se limitan a ocupar el
lugar que les corresponde según el sistema constitucional, sino que
desbordan su espacio propio y ocupan todo el Estado y una buena parte
de la sociedad. Un principio clave de la democracia es el de división
de poderes, según el cual los órganos estatales no sólo están separados
sino que se eligen y controlan mutuamente mediante un sistema de pesos
y contrapesos para que ninguno invada el ámbito del otro y cada uno sea
responsable de los actos en que es competente. Pues bien, en una
partitocracia el poder transversal de los partidos anula esta división
de poderes e instaura un sistema descontrolado que tiende a
configurarse como un dominio absoluto de todo poder, creando así el
caldo de cultivo de todo tipo de desafueros y corrupciones.
Como han sostenido autores de referencia al tratar de España -véase el libro de Roberto Blanco sobre Las conexiones políticas (Alianza, Madrid, 2001) o el de Alejandro Nieto El desgobierno de lo público
(Ariel, Barcelona, 2008)- los partidos han “colonizado” el Estado, se
han repartido el botín que allí han encontrado y consideran que todos
los poderes son patrimonio propio. Nieto lo resume así: “En definitiva,
la colonización se hace efectiva mediante la ocupación (por parte de
los partidos) de los instrumentos más operativos de acción social: la
administración pública en primer término y luego los medios de
comunicación social, la educación y la cultura, el sector público
económico y, por descontado, sus organismos de control”.
En definitiva, primero hay que asegurarse de que la administración
pública esté dirigida por los cargos de confianza (de los partidos) y
no por los funcionarios (independientes). A partir de ahí, es fácil
adueñarse de los medios de comunicación públicos, establecer órganos de
supervisión para los privados, conceder innumerables subvenciones en
cultura y educación, así como licencias y permisos en actividades
económicas, todas otorgadas con discrecionalidad formal y arbitrariedad
real. Al final, como blindaje definitivo, intentan nombrar
indirectamente, e indebidamente, a jueces, fiscales, interventores,
defensores del pueblo, tribunales de cuentas, secretarios de
ayuntamientos, profesores de universidad o de instituto. Todo.
La voracidad de los partidos para obtener cada vez más cuotas de
poder es insaciable. Quieren llegar al poder mediante las elecciones –
con toda razón, en eso consiste la democracia-, pero una vez lo han
obtenido se desatan las furias. “Que un poder frene a otro poder”, dijo
Montesquieu. Esta ya no es una regla democrática para la partitocracia:
quiere un poder sin frenos. El pacto tácito entre partidos hace que
nadie frene a nadie y que ninguno denuncie al otro. Si están en el
poder, por razones obvias; si no, ya les llegará la ocasión.
Frente a esta situación, las últimas esperanzas de los ciudadanos
están depositadas en los funcionarios, jueces, fiscales y órganos de
comunicación independientes. Son los últimos contrapesos a la
partitocracia.