La partitocracia suprime las juntas vecinales

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Juntas vecinales, una supresión injustificable

Laureano M. Rubio Pérez Catedrático de Historia Moderna de la universidad de león 20/07/2012

Todo parece indicar que el Gobierno de esta cosa que aun se llama España tiene que justificar ante los españoles que las feroces e injustificadas reformas no sólo afectan a los paganos de siempre, a la sanidad o a la educación, sino también a lo que ellos llaman las estructuras del Estado. Pero en la práctica y a juzgar por el anteproyecto presentado el 13 de julio se trata de un camelo que pretende reformar sin modificar las estructuras que sostienen y alimentan a la casta política, pues mientras se proponen modificaciones que son el chocolate del loro y afectan a lo más débil, se mantienen los loros, es decir: diputaciones sin sentido si no se reforman; ayuntamientos sin población, Senado para vividores, consejos consultivos para nada, defensores de no sabemos quien, empresas públicas y las sagradas comunidades autónomas. En esta tesitura, en la que una vez más se pretende engañar al pueblo y dar la idea de que se reforman la estructura del Estado sin reformarla realmente, surge un anteproyecto de reforma de la administración local que en la línea de lo anterior no sólo es el chocolate del loro, sino que ataca a los más débiles y en modo alguno a los loros, es decir a las instituciones y cargos políticos que nos cuestan una pasta a los españoles.

Buena muestra de ello es que en base a una supuesta «racionalidad y sostenibilidad de la administración local» se pretende suprimir las únicas instituciones históricas, milenarias y democráticas que a modo de fósiles históricos nada nos cuestan a los españoles, ya que se sostienen con sus propios recursos y tan sólo suponen 3.725 juntas vecinales adscritas a otros tantos pequeños pueblos, el 60% de ellas en la provincia de León.

Quiero pensar que la pretensión de supresión de las juntas vecinales y del concejo como institución histórica de gobierno de nuestros pueblos leoneses y castellanos es un error producto del desconocimiento de políticos de alta alcurnia que, o bien no saben que son las juntas vecinales, ni lo que significan, o bien han sido engañados por informantes interesados. Espero que la Diputación de León, que se dice defensora de esos pequeños pueblos « que no podrían subsistir sin su tutela», llame la atención sobre tal barbaridad y haga llegar a las instancias superiores las razones de una desacertada y aberrante propuesta. Para facilitarle la labor, esas razones, entre otras, se pueden resumir en las siguientes: las juntas vecinales y sus concejos, tal como recoge la Ley de Régimen Local de Castilla y León, son instituciones históricas que gobiernan y administran los recursos y términos de cada pueblo, al margen de la adscripción a un ayuntamiento, lo que se hizo en el siglo XIX frente al origen medieval de éstas. Con la reforma municipal de dicho siglo los pueblos del norte de Castilla y León lucharon por mantener su autogobierno a través de una serie de oficios que, desempeñados por los vecinos y elegidos por el concejo de cada comunidad, no sólo eran entendidos como un servicio y por ende no pagados, sino como un medio de conservación de los recursos y el régimen comunal. Ni los reformadores liberales, ni Franco, fueron capaces de suprimir las juntas vecinales de nuestros pueblos, pese a los intereses económicos que había detrás de los nuevos ayuntamientos y del propio Estado. Dado que nunca supusieron coste alguno, los sucesivos regímenes políticos legalizaron de alguna forma los gobiernos pedáneos y le dieron capacidad jurídica dentro de los márgenes de las leyes vigentes. Bien es cierto que detrás de esos intereses estaba el gran patrimonio que ostentaban y aún ostentan la mayor parte de los pueblos y que son administrados por sus juntas vecinales, lo que hace que en la actualidad más del 50% de la tierra de la provincia leonesa este bajo el dominio y titularidad de los pueblos y sus juntas. La propia Elionor Ostrom , premio novel de economía del 2008, sostiene la importancia que tiene la capacidad de autogestión de los pueblos a la hora de conservar los bienes comunales y el régimen comunal, muy presente aún hoy en buena parte de los pueblos leoneses y castellanos.

A partir de aquí, la supresión por decreto de las juntas vecinales es un grave atentado contra los derechos históricos de los pueblos y una flagrante aberración, sólo explicable desde la ignorancia o desde intereses ocultos o intentos de despistar a la sociedad española. En primer lugar porque son las únicas instituciones locales con coste cero a las arcas del Estado y en segundo lugar por lo que significan y la función que cumplen en el sostenimiento y funcionamiento de nuestros pueblos. A su vez, hay que tener en cuenta la estructura municipal presente en estos territorios donde los municipios están formados por diferentes pueblos, muchos de los cuales no tienen representación municipal, y son los titulares de un patrimonio comunal formado durante siglos y heredado de sus antepasados que nada tiene que ver con los municipios. A su vez, hay que tener en cuenta que existe una relación directa entre conservación del patrimonio, especialmente montes y recursos naturales, y gobiernos locales.

¿Qué va a ocurrir con ese patrimonio comunal o concejil que desde su titularidad gestiona cada comunidad a través de su respectiva junta? ¿Va a pasar el dominio y gestión a los ayuntamientos cuando en ellos no están representados los intereses de cada pueblo?. ¿Acaso olvidan los legisladores urbanícolas que el rico patrimonio natural y comunal de los pueblos leoneses se conservó gracias a las juntas vecinales y a la capacidad de gestión que desde la Edad Media tuvieron sobre él?. ¿Cómo se puede plantear la supresión de unas instituciones y formas de gestión plenamente democráticas y ligadas a la histórica institución concejil presente en cada comunidad que, como hemos demostrado y comprobado en diferentes foros internacionales, son referente y envidia del resto de los pueblos de Europa? ¿Acaso se olvidan que los propios concejos y sus juntas vecinales han sido y son los que llevaron el agua corriente a los pueblos, empedraron sus calles, defendieron el monte del fuego, administraron sus recursos, costeaban y siguen costeando con sus propios recursos la fiesta y no pocas asistencias sociales? Ante esto, ¿cómo pueden tener los legisladores españoles la desfachatez de suprimir las instituciones que en mayor medida representan y son garantes de pasado histórico y del futuro de nuestros pueblos? Quiero pensar que la premura impuesta por una complicada situación económica y el total desconocimiento de lo que son y significan estas entidades locales menores es lo que ha generado este intento de reformar el chocolate de los loros, sin tocar para nada a los loros protagonistas de esta historia.

Personalmente creo que estoy capacitado para hablar de este tema dado que, si bien yo no personalmente, mi familia sí ha conocido (y participado de este modelo institucional), y conoce, el funcionamiento (bastante más democrático, con auténtica participación popular, que el de las instituciones de todos los regímenes demoliberales de la Historia de nuestro país) de las instituciones (en general en la actualidad solo tienen aún una cierta vigencia, cada vez menor, en zonas determinadas de la mitad norte de España) a las que me estoy refiriendo en este hilo. Estas entidades menores no tienen permitido endeudarse (compárese esto con la deuda acumulada por ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones provinciales y el propio Estado central; pero la política de la partitocracia por lo contrario va destinada a la liquidación de las juntas vecinales y el traspaso de su poder a instituciones más opacas, de elección indirecta, caciquiles -el caso de la Diputación Provincial de Castellón y la familia Fabra es muy significativo-, con mucha menor o mejor dicho inexistente participación del elemento popular, totalmente controladas por los partidos políticos e infinitamente más costosas, etcétera, como las diputaciones provinciales), aún conservan un patrimonio de unos cuatro millones de hectáreas del que son titulares los vecinos de nuestros pueblos. Las juntas que conozco por mi región se autogestionan bastante bien en general, y no pagan fiestas a ninguno de los municipios en que están encuadradas, sino que son los propios vecinos los que mediante la junta ponen dinero cada año y las organizan si quieren que se celebren y, sino quieren poner dinero, se quedan sin fiestas del pueblo. Es cierto que en algunos de estos casos hay cierto caciquismo (introducido por la administración estatal a través de la Ley de Entidades Menores), aunque menor del que se suele dar en bastantes ayuntamientos o en las diputaciones provinciales. Y también gestionan con eficacia las averías de agua, electricidad, etcétera que puedan acontecer en esos lugares, los gastos generados por estas juntas suelen salir del propio patrimonio existente en esos pueblos, como dije antes, no ocasionan al Estado ni un solo euro de deuda pública. Además de que en la mayoría de estas instituciones nadie cobra por ningún concepto. Por otro lado dada la propia naturaleza del funcionamiento de estas entidades menores es prácticamente imposible que en ellas llegue a existir jamás el grado de corrupción que existen en la inmensa mayoría de los ayuntamientos (y contrariamente a lo que argumentan no pocos a día de hoy no creo que la fusión de municipios pequeños sea ninguna panacea. Baste ver que la inmensa mayoría de la deuda municipal española está concentrada precisamente en los municipios más poblados y en particular en las grandes ciudades, más de un quinto del total de la deuda municipal española pertenece a un solo municipio, la ciudad de Madrid. Es bastante poco significativo, por no decir insignificante, el papel que los municipios pequeños han jugado en el tema de la deuda municipal, como para que ahora nos vengan diciendo que "la culpa es de los municipios pequeños").

Y los antecedentes de intervención estatal en los bienes comunales (de los cuales la pequeña parte que queda es con la que ahora se pretende acabar con la supresión de las llamadas entidades menores), del cual el ejemplo histórico más destacado serían las desamortizaciones, ocasionaron tal miseria en el medio rural que están en la raíz más profunda de las guerras y conflictividad social que asoló España durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Es un tema gravísimo del que se está hablando muy poco y debería (en otras condiciones y épocas, en la España actual lo dudo mucho) ser el detonante de que el despoblado medio rural, generalmente pasivo y poco amigo de coordinarse y movilizarse, se sume a la ola generalizada de contestación a medidas que, todos los medianamente informados sabemos, son resultado de la obediencia a potencias extranjeras y a la plutocracia internacional por parte del actual Gobierno del Partido Popular de Rajoy, en particular, y todo el régimen constitucional de 1978 en general.

Y es que la masonería del Partido Popular vuelve a desamortizar y a consumar un auténtico latrocinio al pueblo español como ya lo hicieron sus ascendientes ideológicos en el siglo XIX. La jugada se trata de robarle los bienes a los pueblos con esas entidades menores para, una vez estén esos bienes bajo control municipal, autonómico, estatal, etcétera, bajo el control de instituciones donde los partidos extienden su red clientelar y su férreo control; seguir con la misma política que han hecho en el resto de administraciones estatales. Concesiones y arriendos hechos a dedo por un administrador que, si las cuentas salen, desplazarán a los legítimos dueños de los bienes comunales con la eterna disculpa de la eficiencia económica. Entrada de todos estos bienes en el sistema engañoso del mercado que, como todos sabemos, acaba absorbiendo todo a través de la deuda y concentrándolo en cada vez menos manos. Hay que aclarar que los bienes comunales de las juntas vecinales no son propiedad del Estado sino de propiedades comunales, es decir una especie de "propiedad privada colectiva" del conjunto de los vecinos de esos pueblos.

Existe un principio católico que es bien claro: el principio de subsiedariedad. En este caso este principio se traduce en que lo que pueden hacer las juntas vecinales de manera efectiva no se tiene que meter ningún ayuntamiento, comunidad autónoma o el Estado.

Curiosamente buena parte de los presidentes de juntas vecinales en provincias como Cantabria, Palencia, Burgos o Huesca militan en las filas del Partido Popular, y las zonas geográficas de estas provincias donde existe una mayor proporción de presencia de estas instituciones suelen ser también zonas donde el Partido Popular es el partido político mayoritario.

http://www.guiarte.com/la_cepeda/ataque-estatal-nucleos-rurales-norte.html

El Estado quitará los bienes comunales de los pueblos

Las juntas vecinales de los pueblos cepedanos, como los de otros puntos de España, pueden perder los terrenos y propiedades comunales



Paseantes recorren la Ruta de la Batalla de Cogorderos. El bosque de Valdicadierno sería otro espacio más que perderían los pueblos

Las juntas vecinales de los pueblos cepedanos, como los de otros puntos de España, perderán las propiedades y comunales en virtud del texto de un anteproyecto de ley aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy el 13 de julio pasado.

Montes comunales, antiguas escuelas, derechos de caza, maderas… todo lo que ha sido propiedad comunal dejará de serlo en virtud de un texto que desmantela las juntas vecinales.

Todo eso pasará a ser administrado por otros, probablemente La Junta o la propia Diputación, con lo que no se puede descartar la posibilidad de que se acabe entregando a empresas o particulares para su explotación, mediante algún tipo de acuerdos o convenios…. En definitiva, una desamortización de los núcleos rurales para la administración de los bienes por políticos, empresarios o burócratas.

De esta forma, un inmenso pedazo de España va a ser arrancado a sus propietarios, sin justificación, a la vez que se anulan instituciones con más de 2.000 años de funcionamiento, en lo que se perfila como el mayor robo del siglo XXI.

Y ese asalto a lo ajeno se ha producido casi sin escándalo público porque se lleva a cabo en los núcleos rurales, envejecidos y silentes, y a través de una legalidad con la que se quiere aparentar mayor racionalidad. Robo y esquilmación de la historia.

Los núcleos rurales del norte de España han empezado a tomar conciencia del asalto gubernamental y están empezando a realizar asambleas para informar del anteproyecto por la cual se quieren eliminar las competencias de las Juntas Vecinales.

Desde tiempos romanos pervive en estos lugares del norte una institución, el Consilium, traducida en nuestro tiempo al Concejo, que es la asamblea que se reúne periódicamente para regir los asuntos importantes del lugar. Allí se aprueban las cortas de los bosques, los derechos de pastos, de cultivo y de caza, la administración de las propiedades del lugar… es un Parlamento del pueblo, en el que cada habitante tiene un voto.

Gobierna la Junta vecinal un presidente, también elegido periódicamente por votación popular. Y esta Junta se encarga de multitud de aspectos de atención a los recursos y necesidades del vecindario. Y cuando hace falta dinero para arreglar algo o para ayudar a alguien… se establecen cuotas que todos suscriben.

Todo tiene una base de administración democrática de dos mil años, y que ha servido para defender los derechos de cada uno de los vecinos.

…Y ahora vamos a otro capítulo importante. Todos los recursos comunales pertenecen a todos y se administran por todos. Los campos se distribuyen equitativamente entre quienes quieren trabajarlos, igual que las maderas o los derechos de pasto… y se exponen anualmente todos los detalles de la explotación.

Coexiste así en el campo una explotación privada, de origen latino, con unas exploraciones públicas, de marcada influencia germánica (invasiones bárbaras) lo que da a los pueblo un elevado equilibrio social. Un campesino puede que no tenga muchos terrenos privados, pero de lo público le corresponde una parte igual que a cualquier otro. De hecho, las partes se distribuyen por una comisión, se numeran y se entregan por sorteo.

Pues este sistema milenario, democrático e igualitario de reparto de bienes se acaba por una normativa que ha propuesto el Gobierno Español este mes de julio y que –dada la mayoría existente del Partido Popular- puede ser aprobada sin modificación alguna.



Los espacios cerealistas de los montes cepedanos son en su mayoría comunales.

A los ya menguantes lugares del campo español, les quitarán ahora las casas comunales (antiguas escuelas, sede del concejo, etc.) les quitan los campos comunales, los pastos, los derechos de caza, los bosques…. Robar al pobre para engrosar los bolsillos del rico o del burócrata.

Entre los más indignados se comenta que no es extraño que de proseguir este asalto, proliferen aún más los incendios. Mucha gente opina que hay que calcinar las tierras antes que entregarlas a los ladrones disfrazados de burócratas.

Conocedores del gravísimo problema, ante este asalto a las haciendas y a la historia desde guiarte.com/La Cepeda proponemos: •

Difundir el robo.

Protestar en defensa de los derechos económicos e históricos de estos lugares

Anunciar que no se volverá a votar jamás a los autores de esta brutal expoliación económica e histórica

Apoyar las movilizaciones para defensa de estos vestigios democráticos con más de 2000 años de vigencia.

Promover y difundir allá donde estemos, este vestigios histórico que quieren borrar.

Promover ante la UNESCO, el reconocimiento como Patrimonio Mundial del este sistema económico antes de que el Estado lo arrase. •

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Este artículo me parece más interesante desde el punto de vista histórico.

http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/en-defensa-de-lo-comunal_714533.html

En defensa de lo comunal

José Serrano Cepedano. Doctor en Historia Económica por la UAB y autor de varias obras sobre bienes comunales 07/08/2012

El día 13 de julio del 2012 puede pasar a la historia como uno de los días más nefastos para la provincia de León. El anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local prevé la desaparición de las Entidades Locales menores que pasan a ser absorbidas por los Ayuntamientos, que también se quedarían con los bienes de los pueblos. Aunque detrás de estas medidas se argumenta la racionalización de la administración, visto el nivel de endeudamiento de los Ayuntamientos no sería descartable que estas propiedades acabasen vendidas al mejor postor, como ya ocurrió hace un siglo y medio. Es decir, los pueblos leoneses estuvieron a punto de perder sus propiedades con las desamortizaciones puestas en marcha a lo largo del siglo XIX para reducir la deuda del Estado.

Primero, la desamortización eclesiástica de Mendizábal (1837) puso en venta los bienes de la Iglesia. Sin embargo los pueblos se vieron privados de bienes que aprovechaban colectivamente como «cotos redondos», «dehesas de labor» o montes pertenecientes a monasterios como los de Sahagún Carracedo, Gradefes o Carrizo de la Ribera y que fueron comprados por burgueses y especuladores. Aunque éstos continuaron arrendándolos a los pueblos, impusieron nuevas condiciones, a veces abusivas; un ejemplo de lo ocurrido es Villaverde de Sandoval, comprado de forma fraudulenta por G. Balbuena y que derivó en un conflicto de orden público, al quedar excluidos de los aprovechamientos la mayor parte de los vecinos. No obstante, también los pueblos se valieron de la ocasión para comprar de forma colectiva montes y propiedades comunales.

De nuevo a mediados del siglo XIX, con un Estado fuertemente endeudado, Pascual Madoz, ministro de Hacienda, puso en venta los llamados bienes de propios; es decir, bienes cuyo aprovechamiento era cedido por el concejo a particulares a cambio del pago de un canon. Al amparo de esta desamortización fueron enajenados molinos, fraguas, cantinas, quiñones, cotos boyales o montes de aprovechamiento común. No obstante, en León, en comparación con otras provincias españolas, la superficie de comunal vendida durante el siglo XIX fue mínima. La principal razón de ello es que, al ser los comunales básicos para las economías campesinas todos los sectores sociales se aliaron para impedir su venta. A través de estrategias legales como las «solicitudes de excepción» de la venta, o «ilegales» como la violencia contra los compradores o las quiebras fraudulentas, los pueblos impidieron muchas ventas. También hubo ocasiones en las que los pueblos conservaron su patrimonio comunal porque los vecinos, comprometiendo sus capitales, compraron colectivamente bienes subastados, los cuales posteriormente eran escriturados a favor de las Juntas vecinales.

También durante el XIX los pueblos fueron desposeídos de comunales con la desamortización de foros y censos y con la «abolición de los señoríos», resuelta de forma muy favorable a la nobleza al reconocerle la propiedad plena de montes y fincas por las cuales los pueblos pagaban rentas señoriales. De hecho, cuando en 1931 la Ley de Bases de Reforma Agraria republicana preveía la abolición de los señoríos y el rescate de los comunales de los pueblos que un siglo antes habían sido vendidos o usurpados al amparo de la desamortización, diversos pueblos de León acudieron al Instituto de Reforma Agraria a reclamar, siendo destacado el caso de Villamor de Riello defendido por el insigne D. Vicente Flórez de Quiñones.

Durante el siglo XIX no sólo les fueron arrebatadas a los pueblos propiedades comunales, sino que el Estado liberal intentó despojar a los concejos y a los vecinos de la gestión de sus bienes comunales. Por un lado, con la creación de los municipios en 1812, las leyes únicamente reconocían a los ayuntamientos, columna vertebral del caciquismo, como interlocutores entre los pueblos y la Administración. Posteriormente, a través de diversas leyes se determinó que la administración de los comunales y montes «públicos» era competencia de los Alcaldes municipales y ayuntamientos y no de los concejos de vecinos. Una de las consecuencias es que las Juntas administrativas o vecinales se vieron privadas de competencias para castigar a quienes cometiesen infracciones en la utilización de los recursos comunales. No obstante, a pesar de que administrativamente se despojó a los «concejos de vecinos» de competencias y se intentó desposeer de todo valor legal a la costumbre y a las ordenanzas concejiles, los pueblos siguieron defendiendo y aplicando el ordenamiento comunitario.

Por otro lado, y en lo que se refiere a la gestión de los montes de los pueblos, a partir de 1853 ésta pasó a ser tutelada por los Ingenieros de Montes. A partir de ese momento, se prohibieron y castigaron aprovechamientos tradicionales como las roturaciones y el pastoreo, considerados dañinos para el monte; incluso, a partir de 1876 se encargó a la Guardia Civil las tareas de guardería forestal. A pesar de la represión, el intento de los ingenieros de montes de promover un monte productor de madera a través de repoblaciones y ordenaciones fracasó y tuvieron que limitarse a cobrar el 10% de la tasación de los aprovechamientos tradicionales (ganadería, ramón, leñas y roturaciones). Los ingenieros no pudieron salirse con la suya porque los vecinos resistieron y rechazaron la injerencia exterior, la cual ponía en peligro sus medios de vida y su supervivencia que dependía de los aprovechamientos en los comunales.

Si hoy en día en León, en pleno siglo XXI, se mantienen los comunales es porque los vecinos las defendieron con «uñas y dientes» frente a las embestidas del Estado liberal. Esos bienes de los pueblos hoy vuelven a estar en peligro, casi por las mismas razones que el siglo XIX: un Estado endeudado y unas instituciones políticas en manos de gente que las ha venido utilizando en provecho propio. A diferencia del pasado, hoy los comunales ya no son fundamentales en la economía leonesa, ya que cada día menos gente vive de la agricultura y de la ganadería. Sin embargo, los comunales son un legado de nuestros antepasados que hoy nos toca defender a nosotros. Con una economía en manos de especuladores, se corre el riesgo de que los montes y las propiedades de los pueblos acaben vendidos a precio de saldo; es más, lo peligroso es que hoy con una economía globalizada estas propiedades acaben en manos de empresas extranjeras y que acabemos sintiéndonos extraños en nuestra propia tierra.