Fundamento del Estado de Derecho y riesgo de quiebra.

2/9/2009 LAS LEYES Y LA POLÍTICA



La quiebra del sistema

1. • Una reforma constitucional que no vaya precedida de la renovación del pacto social originario fracasará
   

MIQUEL ZUERAS





JUAN-JOSÉ López Burniol*

1
Un Estado es, por una parte, una estructura de poder jerárquicamente
organizada desde su cabeza al último agente, y es, por otra, un plan
vinculante de convivencia en la justicia –es decir, un sistema
jurídico– articulado en torno al único principio ético de validez
universal no metafísico, a saber: que el interés general ha de
prevalecer sobre el particular. Así las cosas, el fundamento último de
todo Estado se halla en la voluntad social dominante de la inmensa
mayoría de sus ciudadanos acerca de la conveniencia y consecuente
necesidad de su existencia. De ahí que sea de este pacto social
originario de donde emana la legitimidad del monopolio de la violencia
que se atribuye al Estado, así como la fuerza vinculante de las normas
jurídicas que integran el sistema en que consiste.

2 La
defensa del núcleo esencial del sistema –la Constitución, que es una
regla de procedimiento y también una regla de fondo– deviene, por
tanto, una exigencia básica de la democracia, pues –como escribió Hauriou
en 1929– «se siente la necesidad de controlar los parlamentos porque su
legislación, movida por las pasiones electorales, se ha convertido en
una peligrosa amenaza para las libertades», máxime teniendo en cuenta
–como añade FavoreuSEnD que «esta necesidad se ha vuelto
imperiosa cuando los regímenes parlamentarios han evolucionado hacia un
sistema en el que se ejerce sin límites un poder mayoritario compuesto
por la mayoría parlamentaria, soldada a un Gobierno estable y
monolítico. (…) La omnipotencia de un poder mayoritario estable y
homogéneo hace nacer la necesidad de una justicia constitucional en los
regímenes parlamentarios o europeos de tipo continental».

3
Esto no supone que la Constitución sea intangible. La Constitución,
como todo sistema, no es una realidad cristalizada e inmutable
(postulados más consecuencias lógicas), sino que constituye una
realidad dinámica (proposiciones de las que derivan otras
proposiciones, según ciertas reglas de inferencia), que adquiere vida
propia e independiente de la voluntad inicial del legislador, de modo
que autogenera una dialéctica propia de adaptación a las cambiantes
circunstancias sociales, de desarrollo de sus principios básicos y de
corrección de sus disfunciones.

4 Ahora bien, cualquier
modificación –directa o indirecta– de la estructura básica del Estado
–la forma de Estado, el diseño básico de los poderes legislativo,
ejecutivo y judicial, así como la distribución de competencias y
dineros si se trata de un Estado compuesto– no puede acometerse si no
es mediante una renovación del pacto social originario en que se
fundamenta el Estado, tarea que excede del ámbito jurídico por ser de
naturaleza política. Es decir, dejando al margen la reforma directa que
exige el acuerdo de los grandes partidos, la reforma indirecta de la
Constitución no pueden tampoco acometerla ni la derecha en solitario,
ni la izquierda en solitario, ni la derecha con las minorías previa
exclusión de la izquierda, ni la izquierda con las minorías previa la
exclusión de la derecha. Todos estos supuestos son un caso claro de
deslealtad constitucional, solo equiparable a la deslealtad que también
implica el rechazo a todo cambio, enrocándose en una defensa numantina
de la intangibilidad constitucional, cuando es evidente su necesidad.

5
Cualquier reforma de la Constitución que no vaya precedida de la
renovación del pacto social originario acarrea la quiebra del sistema,
es decir, la quiebra del Estado, sin que pueda acudirse –para solventar
el desafuero– a la jurisdicción del Tribunal Constitucional. Este tiene
las competencias que tiene, entre las que no se halla la facultad
sanatoria de un cambio constitucional indirecto nacido políticamente
muerto. Si tal se hace, se pide al Tribunal Constitucional lo que no
puede dar, por lo que es previsible su colapso, en especial si se tiene
en cuenta que –como pieza principal del sistema que es– el
Constitucional también está afectado por la quiebra de aquel, en forma
de pérdida de autoridad moral.

6 La quiebra del sistema
no se manifiesta necesariamente de una forma abrupta e inmediata, sino
que puede dilatar sus efectos letales durante un largo periodo de
tiempo. No en vano la inercia es una de las fuerzas permanentes de la
historia. Un Estado puede estar moribundo y seguir funcionando
aparentemente como si tal cosa. Pero son detectables los signos de su
estado comatoso:
a) La ausencia de un proyecto compartido por la
inmensa mayoría de los ciudadanos del Estado. b) La negativa a aceptar,
por parte de las distintas comunidades que integran el Estado, la
existencia de algunos intereses generales que prevalezcan por encima de
los respectivos intereses particulares. c) La potenciación de lo que
separa y el menoscabo de lo que une. d) El escarnio habitual de los
símbolos estatales.

7 Cuando un sistema jurídico –un
Estado– quiebra, el derecho deviene ineficaz para regular la vida
colectiva y para resolver los conflictos de intereses surgidos entre
las partes y los ciudadanos del Estado en situación de desguace. Y,
cuando callan las leyes, quedan al desnudo las puras relaciones de
poder y fuerza, que solo pueden encauzarse –si cabe– políticamente.

*Notario

Este artículo ha sido publicado en El Periódico.com el 2 de Septiembre. No tiene desperdicio. Un saludo.