Un vocal del nuevo CGPJ negó a un abogado la traducción de una sentencia al castellano.

Un vocal del nuevo CGPJ negó a un abogado la traducción de una sentencia al castellano.

Carles Cruz, magistrado de la Audiencia Povincial de Gerona, será uno de los nuevos vocales del CGPJ fruto del acuerdo entre PSOE y PP. Fue propuesto por Jueces para la Democracia y apoyado por el PSOE. Según ha podido saber Libertad Digital, Cruz denegó a un abogado su derecho constitucional a recibir una copia testificada en español de la sentencia, redactada sólo en catalán. El letrado, que necesita la sentencia para defender sus intereses en otro proceso, se ha visto obligado a plantear un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional, pendiente aún de admisión a trámite.

La composición partidista del nuevo CGPJ pactada por el PP y PSOE no se le escapa a nadie. Se dice que los vocales son propuestos atendiendo a su "prestigio profesional" en el ámbito jurídico pero lo que importa realmente es la afinidad política. No sólo por casos tan evidentes como la socialista Margarita Robles, la peneuvista Margarita Uría o el ex consejero de Justicia de la Comunidad Valenciana, del PP.

El abogado catalán Sergio Santamaría que ejerce su profesión en Gerona ha relatado a este periódico como uno de los nuevos miembros del Consejo participa del arrinconamiento institucional del castellano en Cataluña, algo achacable sólo a motivaciones políticas y no jurídicas. Se trata del magistrado de la Audiencia Provincial de Gerona Carles Cruz, que fue propuesto por la asociación Jueces para la Democracia y contó con el apoyo del PSOE.

Este letrado llevaba un proceso civil de apelación en la Audiencia Provincial, pero a mitad del mismo se produjo una pérdida confianza con su representado que no le ha liquidado los honorarios que el abogado entiende debe percibir. Por esta razón y para defender sus intereses frente a su antiguo cliente necesita la sentencia del proceso inicial que fue redactada sólo en catalán. Santamaría, cuya lengua materna es el español, solicitó una copia testificada en castellano de la misma, de acuerdo con su derecho legítimo y constitucional a que sus relaciones con la Administración de Justicia se produzcan en castellano, lengua oficial del Estado.

Primero se encontró con la negativa del secretario judicial bajo la argumentación de que el catalán es una lengua oficial. Ante esto presentó un recurso de reposición en la propia Audiencia, y el magistrado Carles Cruz, ponente de la sentencia, emitió un auto que no es susceptible de recurso denegando la solicitud de Santamaría con la única fundamentación de que el abogado conoce el catalán, a la que se refiere como lengua oficial –y no cooficial– ya que lo usó durante el proceso y que no existe indefensión. El magistrado alega además que la traducción supondría un coste innecesario.

El afectado ha presentado un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional que aún está pendiente de ser admitido a trámite. En su conversación con este periódico destacó la "exigua fundamentación" del auto del magistrado para negarle lo que es un derecho legítimo, consagrado como derecho fundamental en la Constitución. El artículo 53 de la Carta Magna establece que los derechos y libertades fundamentales vinculan a todos los poderes públicos. Santamaría explica, además, que según la jurisprudencia del Constitucional la utilización de las lenguas cooficiales no debe ser una traba al uso del castellano.

En suma, que el nuevo vocal del órgano de gobierno de la Justicia española ha emitido un auto, según este letrado, que "no tiene ningún apoyo legal", que "vulnera un derecho constitucional de forma superficial y poco razonada" con la única motivación, política y no jurídica, de la "defensa a ultranza del uso en exclusiva del catalán". Santamaría recuerda también que niguna legislación de rango inferior puede obstaculizar los preceptos constitucionales.

La solicitud, explica el letrado, no la hizo "por capricho", sino que es abogado y parte en un proceso ulterior por el conflicto de sus honorarios en el que precisa esta sentencia y para gozar de la mejor defensa posible de sus intereses solicita que se le facilite en la que es su lengua materna, el castellano, que, además, es la lengua oficial del Estado, siendo la propia Audiencia Provincial de Gerona un órgano dependiente de la Administración del Estado.

Santamaría considera que es una situación "surrealista" que este magistrado vaya a ser "vocal de un CGPJ que va a controlar toda la Administración de Justicia del Estado". Entre otras atribuciones, se encargará de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, que aún no se ha pronunciado sobre el Estatuto de Cataluña. El abogado subraya que, aunque algunos pretendan negarlo, el arrinconamiento institucional del castellano y de los derechos de sus hablantes es una realidad cada vez más dramática en la Cataluña gobernada por el PSC, el mismo partido que ha apoyado el nombramiento de Carles Cruz como vocal del CGPJ.

¿Hasta cuando vamos a seguir tolerando el sectarismo de los Jueces politizados?
Que razón llevaba Alfonso Guerra, cuándo decia, que Montesquieu ha muerto.
La Justicia es uno de los tres eslabones que se desgajan del sisema democrático. Si a ésto añadimos la censura que ha empezado a aflorar, vemos como la democracia española, se dirige cada dia más hacia una dictadura, desde que Zapatético alcanzó el poder.
Un saludo.