DE LA MALA UTILIZACION DEL DERECHO.

Artículo de Rodrigo Tena en El Mundo.


La
esencia del Derecho consiste en servir de freno al poder arbitrario, ya
tenga su origen en la autoridad pública o en los sujetos privados,
constituyendo así la garantía básica de la libertad y de la justicia.
Frente al tópico que exige una permanente adaptación del Derecho a las
circunstancias cambiantes -políticas, sociales y económicas-, Claudio
Magris nos recuerda que los principios que lo inspiran no deben cambiar
con los tiempos. La única adaptación que procede es la que persigue
adecuar las normas para combatir las nuevas formas de abuso que puedan
surgir.

Por eso, un Derecho líquido, amorfo, adaptable a las
conveniencias del momento, no sólo sería incapaz de imponer límites al
abuso, sino que más bien se convertiría en su principal instrumento.
Por citar un ejemplo extremo, conviene recordar que una de las notas
definitorias del Derecho nazi -si es posible utilizar esta expresión-
fue su carácter radicalmente líquido. Al dictar sentencia el juez no
debía sujetarse a las normas formales, sino considerar lo que era útil
a la Nación alemana según los postulados del nacionalsocialismo. En
realidad, el nazismo supo aprovechar hábilmente los postulados de la
Escuela de Derecho Libre, que llamaba a superar la norma escrita
atendiendo al sentido de justicia dominante en la comunidad y a los
principios de orden político. Es obvio que cuanto más líquido sea el
Derecho, menos freno supone para el poder, dado que no resulta
infrecuente que las “opiniones predominantes en la comunidad” sean
dictadas desde arriba, a través del “bramido de los líderes”, en
expresión de Natalino Irti.

Podría parecer que hoy en día hemos superado
felizmente tales riesgos y excesos. Sin embargo, en una época como la
nuestra, caracterizada por la permeabilidad y la ausencia de barreras,
el Derecho no podía quedar al margen. Hasta la mismísima Constitución,
vértice de la pirámide legislativa, está inmersa en un franco proceso
de licuefacción.

El fenómeno viene de lejos, pero ciertos
acontecimientos recientes lo proclaman a gritos. Algunas declaraciones
con ocasión de la futura sentencia del Tribunal Constitucional sobre el
Estatut catalán recuerdan las posturas más radicales de la Escuela de
Derecho Libre. Se defiende que el “pacto político entre España y
Cataluña que representa el Estatuto catalán” está por encima de nuestra
norma fundamental.

El problema es general y afecta a todas las ramas
del Derecho. A él coadyuva tanto el esquema de competencias
autonómicas, construido en función de las necesidades cambiantes de
apoyo nacionalista a las mayorías parlamentarias, como el deficiente
funcionamiento de nuestra Administración de Justicia, desde la
constitucional a la penal.

En un escenario de Derecho líquido, la justicia es
una simple cuestión de opinión. Los contratos, los acuerdos, incluso
las normas jurídicas aprobadas por el Parlamento, son meros proyectos
de intenciones que, como los tratados de paz del pasado, se infringen
cuando la utilidad lo aconseja. Incluida la propia Constitución, si
resultasen ser ciertas esas afirmaciones de que puede acudirse a otros
mecanismos para asumir las competencias que el Tribunal Constitucional
pueda recortar. Los recursos de inconstitucionalidad, pero también las
demandas privadas o las querellas criminales, más que vías de acceso a
la justicia, son instrumentos de combate, tácticas para intimidar al
enemigo, para obligarle a negociar o para hacerle perder tiempo y
dinero. Hemos pasado de la lucha por el Derecho, a la lucha con el
Derecho. No es de extrañar, por tanto, que los asuntos, tanto los
públicos como los privados, se terminen resolviendo en la mesa de
negociaciones en función de la capacidad de disuasión de cada parte, y
no precisamente de la justicia de su caso.

La conclusión de todo ello es el declive del
ordenamiento jurídico como instrumento de control social. Por ello, si
tras una larga y difícil evolución histórica hemos conseguido
identificar a la democracia con el Estado de Derecho y no sólo con el
mero proceso formal de ir a votar, deberemos necesariamente concluir
que no hay nada más antidemocrático que un estado de Derecho líquido.
Su progresiva licuefacción constituye hoy una gravísima amenaza para
nuestras siempre frágiles libertades.

Rodrigo Tena, notario.




Me parece un artículo muy interesante. Si las triquiñuelas en el mal uso del Derecho se generalizan por parte de los políticos nos podemos encontrar en un Estado donde el Derecho se utiliza en contra del propio Derecho. Es decir para, abusando de lo amplio que es, someterlo a los dictados del poder, a la opinión ciudadana cambiante según lo que se le inculca desde arriba, y adaptarlo a las ambiciones del gobernante o ideología de turno. Un saludo.