El TSJ de Castilla y Leon reconoce el derecho de objecion a Ciudadania

Juan Vicente Herrera aclara que la asignatura continuará siendo obligatoria pese a la sentencia del Tribunal



24.09.09 -
EL NORTE
| VALLADOLID



CRONOLOGÍA





Octubre del 2008

Iniciativa: Padres de Valladolid, Salamanca y Soria son los primeros de la región en recurrir a la vía judicial presentando 240 recursos.

Palencia: Los padres de 23 alumnos de Palencia recurren al TSJ por no poder objetar a esta asignatura.
Noviembre del 2008

Respuesta: El TSJ dictamina que no es obligatorio estudiarla.

Evolución: La Junta extiende a 106 estudiantes el efecto del auto. A finales de mes se extiende a 177 alumnos.
Diciembre del 2008

Sin recurrir al tribunal: La Junta reconoce la objeción sin necesidad de acudir a los tribunales.
Enero del 2009

Tribunal Supremo: Niega que exista un derecho genérico a la objeción de conciencia frente a esta asignatura. Posteriormente, la Junta exige al Estado retirar el recurso si el Supremo le da la razón.

Febrero del 2009

Mercedes Cabrera: «Los centros educativos deberán planificar la recuperación de los objetores.»

Mayo del 2009

Herrera: Cree que el Gobierno debería haber retirado el recurso.

Junio del 2009

TSJ: Desestima «una vez más» los argumentos del Ministerio.






El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha reconocido mediante dos sentencias el derecho de objeción de conciencia en Educación para la Ciudadanía, con lo que se aparta así del criterio del Tribunal Supremo sobre esta materia.

Las sentencias, que corresponden a dos recursos planteados en el 2008, reconocen en concreto, con un voto particular, el derecho de los padres a objetar y, en consecuencia, a exonerar a sus hijos de cursar las asignaturas conocidas comúnmente como Educación para la Ciudadanía, informa Efe. Los dos demandantes que plantearon la objeción de conciencia podrán solicitar la ejecución provisional de la sentencia, aunque se planteen recursos.

La resolución judicial, «sin entrar a valorar intrínsecamente el ideario ofrecido por los demandantes», constata el «conflicto moral e ideológico» que supone para los padres demandantes que sus hijos reciban «una educación contraria a sus creencias religiosas, éticas o morales».

La decisión se apoya en la aplicación del artículo 27.3 de la Constitución Española que «garantiza -e impone a los Poderes Públicos- el respeto del derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación conforme a sus convicciones». Entre las razones para reconocer el derecho de objeción, dichas fuentes citan la «intensa carga ética, moral e ideológica de la asignatura discutida», que emplea conceptos «difusos e indeterminados» pero con virtualidad bastante como para propiciar y producir el efecto «indeseable» de incidir en la privacidad e intimidad de los alumnos en fase de formación con arreglo a unos autocalificados «valores éticos comunes».

Contradicción

Esta asignatura seguirá siendo obligatoria a todos los efectos en la región, independientemente de la sentencia dictada por el TSJCyL. Así lo ha aclarado el presidente del Gobierno autonómico, Juan Vicente Herrera, quien ha precisado que el asunto se tratará hoy en el Consejo de Gobierno a partir de un estudio que ya ha encargado al consejero de Educación, Juan José Mateos. El presidente ha señalado que, de la simple lectura de la sentencia, se desprende que «sólo afecta a las familias que presentaron recurso contra Educación para la Ciudadanía». Herrera asegura que la Junta «acata» esta última decisión judicial y la ejecutará, aunque recuerda que en la propia sentencia se admite que es una resolución contradictoria con la doctrina del Tribunal Supremo.

El presidente de la Junta ha pedido «tranquilidad» a los alumnos y a sus familias, a los que ha recordado que la asignatura se mantendrá como obligatoria, pero con el modelo curricular aprobado por la Junta, en una decisión refrendada por el Supremo que «excluye cualquier aspecto que pueda atentar contra la libertad de conciencia de las familias».

Respeto a las sentencias

El líder del PSOE en Castilla y León, Óscar López, mostró ayer su respeto a las dos sentencias del TSJCyL y argumenta que se trata de «un paso atrás».

«Desde el respeto a la sentencia, discrepo de que se pueda impedir a los alumnos de Castilla y León aprender valores constitucionales y cívicos, lo que en definitiva es la Educación para la Ciudadanía. La sentencia es un paso atrás y creo que las leyes están para respetarlas», manifestó López.

Por su parte, la Federacion Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FECyLGTB) calificó de «extravagancia contra el fallo del Supremo».

Para este colectivo, el tribunal se posiciona «de nuevo» por limitar o recortar dicha materia en «perjuicio» de los jóvenes del colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales», según informaron fuentes de la Federación a Europa Press.