Informe sobre la racionalización de las administraciones públicas

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas


http://www.seap.minhap.gob.es/areas/reforma_aapp.html

El documento se puede descargar desde cualquiera de estos enlaces:

www.lamoncloa.gob.es/docs/refc/pdf/refc20130621e_1.pdf
http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/areas/reforma_aapp/INFORME-LIBRO/INFORME%20LIBRO.PDF


(Fragmentos del documento original)

Hace ahora un año y medio, [que] el Gobierno ha puesto [puso] en marcha un ambicioso proyecto reformista encaminado a superar la peor crisis económica en las últimas décadas, corregir los desequilibrios que frenan nuestro crecimiento y crear las bases idóneas sobre las que levantar un nuevo ciclo de prosperidad económica y empleo para los españoles.

(...)

La creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) sigue esa ambiciosa senda reformista, para acometer la radiografía más minuciosa que se ha hecho de nuestro sector público en las últimas décadas.

(...)

Pero también existen ineficiencias y redundancias competenciales que deben corregirse. Una economía competitiva exige unas AA.PP. modernas, transparentes y ágiles. Necesita un sector público libre de solapamientos, duplicidades y gastos innecesarios. Volcado al servicio de ciudadanos y empresas, y equiparable a los sistemas más eficaces de nuestro entorno. Sobre estas premisas se creó la CORA. El proyecto iniciado con ella no culmina con la presentación de su Informe sino que abre un proceso de actuaciones a ejecutar, con plazos marcados, para simplificar
los procedimientos adaptando nuevas tecnologías, para reducir cargas administrativas a los ciudadanos y empresas o para evitar solapamientos y duplicidades con otras Administraciones. 

La CORA organizó su tarea a través de la creación de las Subcomisiones de Duplicidades, Simplificación, Gestión de Servicios y Medios Comunes, y Administración Institucional. Junto a unas medidas de carácter horizontal, el informe recoge las propuestas de cada una de ellas.

La CORA ha desarrollado sus trabajos en colaboración con la sociedad. Se constituyó un Consejo asesor en el que estuvieron representados el Defensor del Pueblo, las organizaciones empresariales y representativas de empleados públicos (CC.OO., UGT, CSIF, FEDECA, CEOE-CEPYME), el Consejo de Consumidores y Usuarios, la Asociación de Trabajadores Autónomos, el Instituto de Empresa Familiar, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio y la Asociación Española de Empresas de Consultoría, cuyas
valiosas aportaciones han servido para elaborar numerosas propuestas. Asimismo, se abrió un buzón de participación ciudadana a través del cual se han recibido 2.239 sugerencias en materia de duplicidades y simplificación administrativa, que igualmente se han mostrado muy útiles para detectar materias susceptibles de mejora. Plantea en su informe un total de 217 propuestas de medidas de las que 139 afectan al Estado y a las Comunidades Autónomas (CC.AA.) y 78 exclusivamente a la Administración General del Estado (AGE). De estas 217 medidas, 11 tienen carácter general y horizontal para todos los ámbitos de la Administración Pública; 118 tienden a eliminar duplicidades con las CC.AA. y dentro del Estado; 42 eliminan trabas, simplifican los procedimientos y facilitan el acceso de los ciudadanos a la Administración; 38 mejoran la gestión de los servicios y medios comunes; y 8 racionalizan la Administración Institucional, tanto en el plano normativo como mediante la supresión e integración de 57 entidades públicas estatales.

El indicador más utilizado para medir el peso de las AA.PP. en la economía es el nivel de gasto no financiero sobre el Producto Interior Bruto (PIB). Utilizando este indicador, España se ha mantenido muy por debajo de la media de la Unión Europea.
Con datos de la Comisión Europea de 2012, España se sitúa entre los 10 países de la UE con menor gasto público en porcentaje de PIB (43,4%), frente a un 49,9% de media en la eurozona, y a bastante distancia de los niveles de las grandes economías de la UE, como Francia (56,6%), Alemania (45%), Reino Unido (48,5%) o Italia (50,7%).

No obstante, el aumento del gasto público ha sido particularmente intenso en los últimos años. Entre 2005 y 2011 el gasto público incrementó su peso en el PIB en 6,8 puntos porcentuales, pasando de representar el 38,4% en 2005 al 45,2 en 2011.

La evolución de los ingresos públicos en España y en la zona euro entre 1995 y 2013 en porcentaje del PIB, según datos de la Comisión Europea, muestra una fuerte caída de los ingresos públicos en España, de modo que en 2012 el nivel de ingresos públicos se situó en el 36,4% del PIB, casi 10 puntos porcentuales de PIB por debajo de la media de la zona euro, siendo el país de la eurozona con el nivel más bajo de ingresos públicos sobre el PIB, solo por detrás de Irlanda (34,6%) y de Eslovaquia (33,1%).

El tamaño de la Administración española en términos de empleados públicos experimentó en los últimos 10 años un fuerte crecimiento, siendo llamativo que, desde el comienzo de la crisis, entre el tercer trimestre de 2007 y el tercer trimestre de 2011, el empleo público se incrementó en 288.700 empleados, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Sin embargo, desde el tercer trimestre de 2011 hasta el primer trimestre de 2013, se ha producido una reducción del empleo público en 374.800 trabajadores.

En este periodo, el empleo público ha caído un 11,6% frente al 7,7% en que ha disminuido la ocupación en el sector privado. 

(...)

Respecto a su distribución territorial, casi la mitad del gasto público está gestionado por las CC.AA. y las EE. LL. Según los últimos datos disponibles de la OCDE, comparables con los de otros países de estructura descentralizada, la estructura de gastos en 2011 fue la siguiente: Gobierno central: 21,6%; Gobierno regional: 34,3%; Gobierno local: 12,3%; y Seguridad Social: 31,9%.

España es, por tanto, uno de los países con mayor grado de descentralización de gasto de la OCDE. Por todo ello, cualquier reforma administrativa debe extenderse a las CC.AA. y las EE.LL.


ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 581.861
AGE 234.685
Ministerios y Áreas Vinculadas 215.677
Ministerios y OOAA 124.981
Docencia No Universitaria 7.260
Centros Penitenciarios 24.282
Seguridad Social (Entidades Gestoras) 30.217
Patrimonio Nacional 1.410
AEAT 27.527
Agencias Estatales (Ley 28/2006) 16.019
Instituciones Sanitarias Seguridad Social 2.989
Fuerzas y Cuerpos Seguridad del Estado 148.187
Fuerzas Armadas 126.924
Administración de Justicia 24.667
Entes Públicos 47.398

CCAA 1.351.883
Consejerías y OOAA 230.447
Área de Docencia no Universitaria 550.306
Instituciones Sanitarias SNS 505.185
Administración de Justicia 39.373
Fuerzas de Seguridad 26.572
CCLL 597.212
Ayuntamientos 526.248
Diputaciones/Cabildos/Consejos Insulares 70.964
UNIVERSIDADES 154.881


TOTAL 2.685.837

Fuente: Registro Central de Personal: 1 de enero de 2012.

Mi observación: 

El informe (que es un tocho de cuidado) parece que viene a decir lo que todos sospechábamos hace ya tiempo: las duplicidades en el Estado. Los fragmentos que he seleccionado están sacados de la primera parte del informe (resumen ejecutivo) y señala algunos datos interesantes como que los gobiernos autonómicos (llamados también regionales en el documento, qué raro) controlan más de la tercera parte de los presupuestos del Estado. Se supone que fruto de este informe el Gobierno pretende sacar adelante una nueva ley denominada Ley de reforma de las administraciones publicas, con la idea de racionalizar la administración del Estado:

PROYECTOS DE LEY 7 de noviembre de 2013 Congreso de los Diputados

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la  publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del texto aprobado por la Comisión de Hacienda  y Administraciones Públicas sobre el Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración  Local, tramitado con competencia legislativa plena, de conformidad con lo previsto en el artículo 75.2 de  la Constitución.

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-58-4.PDF

El problema de tratar de impulsar planes de racionalización de la administración, es que ésta estructura recae en su mayor parte sobre los hombros de los gobiernos autonómicos, y éstos son en gran medida un inmenso coladero de enchufados de multitud de partidos (entre los cuales está por supuesto PP y PSOE). 

A estas alturas de la película, la crítica al modelo autonómico ya no es una cuestión romántica o estética (defender una España más unida o unos territorios "más históricos" que otros) sino pragmática, pues a medida que se desarticula el aparato del Estado español, vamos perdiendo (los ciudadanos) el control sobre el conjunto de la nación en detrimento de la democracia, pues esta pérdida de control del Estado no se traduce en una mayor participación democrática a nivel local o territorial, sino que nos vemos coaccionados por los poderes locales que controlan la administración en las autonomías.

Sirva como ejemplo todo el tejemaneje que hay ahora con las bolsas de los interinos a maestros y profesores en la Junta de Andalucía. O al mangazo que suponen las oposiciones de conservatorios (educación de régimen especial). Cito estos ejemplos porque personalmente conozco casos concretos de personas que han sufrido tribunales parciales en favor de una serie de favoritos. Es más fácil corromper a un tribunal cuando el sistema en el que se manejan es más pequeño. 

Pero eso son casos personales que yo conozco. En Andalucía hay decenas de miles de enchufados. No solo es el tinglado de los ERES:

http://www.libremercado.com/2013-01-31/la-justicia-actua-contra-los-30000-enchufados-de-la-junta-de-andalucia-1276480841/

¡Ah! Ya hay noticia al respecto:

El proyecto de ley de racionalización del sector público contempla la supresión, extinción o integración de organismos públicos para lograr un ahorro estimado de más de 33,5 millones de euros, según anunció en su momento la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Entre las iniciativas contempladas en el proyectoaprobado hoy, por ejemplo, están la fusión del Instituto Nacional del Consumo y la Agencia de Seguridad Alimentaria, ha indicado la portavoz del Gobierno. También está la integración parcial de la sociedad estatal España Expansión Exterior en el ICEX.

(...)

Según Sáenz de Santamaría, ya se han puesto en marcha todas las medidas del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) y, además, 44 ya están completamente finalizadas -lo que supone un 20%- y el resto se encuentra en fase de ejecución, un número muy importante muy avanzadas.

http://www.expansion.com/2014/01/17/economia/1389942356.html