Los medios de comunicación catalanes controlados por la Generalidad salen en tromba a atacar a la justicia afirmando que defender a los castellanohablantes es estar en contra de Cataluña

La ficción de la consejera Rigau
El Tribunal Constitucional y el Supremo dictaminan en múltiples ocasiones que no es legal prohibir el español como lengua vehicular escolar junto al catalán. Sin embargo, la consejera de Enseñanza mantendrá la inmersión apelando a la ley, mientras que el portavoz de la Generalidad asegura que no cambiarán el sistema “diga lo que diga este tribunal [el TS] o cualquier otro”

“Estamos donde estábamos. La Ley de Educación de Cataluña (LEC) nos da la cobertura que necesita Cataluña y sus centros para continuar aplicando la inmersión lingüística y mantener el catalán como lengua normalmente empleada como lengua vehicular de aprendizaje. Por tanto, continuidad y serenidad absoluta en todos los centros”.

Con estas palabras ha respondido este martes la consejera de Enseñanza, Irene Rigau (CiU), a la nueva sentencia del Tribunal Supremo (TS), una más, que anula parcialmente un decreto autonómico de 2008 sobre ordenación de la educación infantil y que recuerda que la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán que viene aplicando la Generalidad es ilegal.

Rigau, en una rueda de prensa convocada de urgencia unas horas después de hacerse público el dictamen del Alto Tribunal y en declaraciones a los medios, ha reiterado que la Consejería, al igual que en anteriores ocasiones, no piensa acatar esta sentencia. Sin embargo, ninguno de sus argumentos tiene base jurídica.

Las sentencias del Tribunal Constitucional y del TS afectan a la LEC

La consejera ha subrayado que el decreto parcialmente anulado por el TS es del año 2008, mientras que la LEC se aprobó en 2009, por lo que, en su opinión, “lo que está vigente es lo que está aprobado a posteriori”. “Tenemos vigente la LEC y podremos continuar aplicando lo mismo que aplicábamos. [...] Tenemos la base legal para continuar aplicándolo, la LEC está vigente, por tanto, ningún problema”, ha insistido.

Sin embargo, Rigau olvida que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, emitida el año 2010, sí afecta a la LEC al establecer que ‘el castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza’, de igual forma que lo hacen las sentencias del TS emitidas en diciembre de 2010 y en mayo de 2011.

Así, el propio TS destaca en su sentencia de este martes que la LEC ‘se deberá someter en su posterior desarrollo reglamentario a la doctrina constitucional que resulta de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional [sobre el Estatuto], y, por lo tanto, incorporar en el sistema educativo de Cataluña al castellano como lengua vehicular y docente junto con el catalán, y en los términos que esta sala dispuso en sus sentencias de 9, 13, y 16 de diciembre de 2010 y 4, 10 y 19 de mayo de 2011, de modo que el mismo no quede reducido en su uso al de objeto de estudio de una asignatura más, sino que se haga efectiva su utilización como lengua docente y vehicular en la enseñanza’.

El Tribunal Constitucional nunca ha avalado la inmersión

La consejera también ha recordado que la normativa parcialmente anulada ahora por el TS es similar a otros decretos emitidos por la Consejería en 1992 y 2002 y que “hasta ahora nadie había recurrido”. “¿Qué ha cambiado del 92 al 2012? La posición del Supremo, la realidad de Cataluña es la misma. Si en el 92 esto estaba vigente y era constitucional, ¿por qué no lo ha de ser ahora?”, se ha preguntado, y ha defendido que el Tribunal Constitucional nunca ha cuestionado la inmersión lingüística escolar exclusivamente en catalán, y que en su sentencia 31/2010 no anuló el artículo 35 del Estatuto.

Tampoco tiene razón la consejera en esta cuestión, puesto que el Tribunal Constitucional siempre ha dictaminado que la inmersión no es legal. En concreto, la sentencia del Tribunal Constitucional 337/1994 advirtió de que ‘es legitimo que el catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo, siempre que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente’. La sentencia 6/1982 destacó que no solo es exigible el aprendizaje del castellano ‘como materia curricular sino su empleo como lengua docente’. Y la sentencia 31/2010 indicó, en relación al artículo 35 del Estatuto, que ‘el catalán debe ser, por tanto, lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, pero no la única que goce de tal condición, predicable con igual título del castellano en tanto que lengua asimismo oficial en Cataluña’.

Además, el TS en sus últimas sentencias ha sido contundente al respecto de la inmersión obligatoria:

‘En contra de la doctrina del Tribunal Constitucional esa exclusión de hecho del castellano como lengua vehicular pervierte el modelo lingüístico establecido en la Constitución de conjunción lingüística o de bilingüismo integral de modo que se implanta un modelo de inmersión lingüística contrario al espíritu y a la letra de la Constitución‘.

La LEC todavía puede ser modificada explícitamente por el Constitucional

Rigau también ha argumentado que la LEC ya no se puede recurrir porque los plazos para hacerlo han caducado, y ha recordado que el PP no impugnó los capítulos relativos a la inmersión lingüística en su recurso contra esta ley, que está pendiente de dictamen del Tribunal Constitucional. Por ello, ha considerado esta normativa autonómica como un “techo de protección” que da “máxima seguridad al modelo” de inmersión.

No es exacto este planteamiento de la consejera puesto que las sentencias del Tribunal Constitucional y del TS sí afectan de facto a la LEC, aunque estos dictámenes no hayan sido originados por recursos interpuestos directamente contra esta ley. Además, el TSJC o el TS pueden plantear cuestión de inconstitucionalidad sobre cualquier aspecto de la LEC al Tribunal Constitucional, lo que generaría un dictamen aclaratorio de esta normativa, una situación que no es descartable que ocurra en el transcurso de alguno de los diversos procesos abiertos por padres de alumnos y por las asociaciones en defensa del bilingüismo que todavía están pendientes de sentencia judicial.

La utilización de ambas lenguas debe ser ‘proporcional y equitativa’

Rigau ha defendido el sistema de inmersión obligatoria apelando a que el TC “dice que es la Generalidad la que ha de adoptar el porcentaje y la proporción adecuada” de uso de ambas lenguas oficiales -castellano y catalán- en el sistema educativo.



De hecho, el Tribunal Constitucional señala en varias sentencias que ‘corresponde a los poderes públicos competentes [la Generalidad], en atención a los objetivos de la normalización lingüística en Cataluña y a los propios objetivos de la educación, organizar la enseñanza que ha de recibirse en una y otra lengua en relación con las distintas áreas de conocimiento obligatorio en los diferentes niveles educativos para alcanzar un resultado proporcionado con estas finalidades’. E insiste en que es ‘legítimo que el catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo’.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional también establece un límite a ese planteamiento, que es el de que ‘ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la Comunidad Autónoma’, puesto que ‘es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares, siendo en tales términos los particulares titulares del derecho a recibir la enseñanza en cualquiera de ellas’.

Además, el TS ha sido aún más concreto que el Constitucional, y en diversas sentencias ha ordenado ‘que el castellano sea reintroducido como lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria’.

La atención individualizada no sustituye el derecho a la educación en español

Rigau ha indicado que la LEC prevé un mecanismo de “atención individualizada” para los niños de primera enseñanza cuyos padres así lo soliciten. Este método consiste en que el profesor da unas breves explicaciones en español a los niños que durante las clases -que son únicamente en catalán- no entienden alguna cosa.

Sin embargo, el TS ya ha advertido en reiteradas ocasiones de que la atención individualizada en castellano no sustituye al derecho que tienen los alumnos a recibir educación en castellano:

‘Si se examina el expediente administrativo y, en concreto, el informe de la inspección educativa, [...] en ambos se niega categóricamente que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza. Igualmente se afirma en esos informes que en cuanto a la primera enseñanza que comprende la educación infantil y el primer ciclo de la enseñanza primaria la misma no se imparte en la lengua materna sino que se utiliza el sistema de atención individualizada en lengua castellana que es algo bien distinto del derecho a recibir esa educación en su lengua habitual‘.

A pesar de ello, la consejera ha rechazado la posición del TS:

“Aquí hay una cuestión que es clara, estamos ante una cuestión pedagógica y si alguien dice que si a los estudiantes se les separa en un aula aparte es discriminatorio -siempre hemos dicho que no separaremos nunca por razón de lengua- y si dentro del aula, al darle una atención individualizada, también le está discriminando, ¿cómo lo he de hacer? [...] ¿Por qué [hemos de impartir algunas asignaturas también en castellano]? ¿No es discriminatorio para el de la otra lengua? ¿No es discriminatorio para los del otro colectivo? [...] No podemos entender la atención individualizada como un acto discriminatorio, es al revés, es un acto que ayuda a poder seguir con normalidad”.

Instituciones internacionales rechazan la inmersión

Por último, Rigau ha asegurado que el sistema inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán es “un modelo avalado por organismos internacionales”.

Sin embargo, un informe emitido en 2008 por el Comité de Expertos independientes del Consejo de Europa, que analizó la aplicación en España de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, apuntó todo lo contrario a lo sostenido por la consejera. En concreto, este informe advirtió de que ‘la Carta no prevé la enseñanza obligatoria en catalán para todos los alumnos, sino, únicamente, que todos los alumnos reciban educación en catalán si sus padres así lo desean‘, y concluyó que en Cataluña ‘existe supuestamente un sistema basado en la impartición de educación fundamentalmente en la lengua cooficial para todos aquellos que lo solicitan, pero este sistema no debe ser obligatorio para todos los niños’.

“Diga lo que diga este tribunal o cualquier otro”

A pesar de que todos los argumentos jurídicos dicen lo contrario, Rigau ha insistido en considerar que la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán está dentro de la legalidad, y se ha apoyado en que “en Cataluña hay un sentimiento muy alto a favor del modelo”, aunque la Consejería no permite que los padres decidan si están a favor o no del modelo por lo que el “sentimiento” al que recurre Rigau no está demostrado. “Ha habido un revés a un decreto previo a una ley que da validez a la inmersión lingüística, ha habido un aviso político preocupante, pero no nos hemos quedado sin marco legal“, ha reiterado.

En este sentido, el presidente de la Generalidad, Artur Mas (CiU), ha defendido que “un idioma, cualquier idioma, forma parte de la identidad de la persona y de los pueblos, y todos son igual de respetables”. “Todo el mundo tiene que saber que como [el catalán] es nuestro idioma desde hace más de 800 años, lo seguiremos hablando y lo seguiremos enseñando pese a quien pese y haya las barreras que haya“, ha destacado, aunque las sentencias de los tribunales en ningún caso han puesto en duda la enseñanza en catalán, siempre que esta no excluya la educación en español.

Más reveladoras, en cambio, han sido las declaraciones del portavoz de la Generalidad, Francesc Homs (CiU), quien ha señalado este miércoles que el Gobierno autonómico mantendrá el modelo de inmersión lingüística obligatoria exclusivamente en catalán “diga lo que diga este tribunal [el TS] o cualquier otro”. “Tenemos que centrarnos en saberlo preservar y no ponernos demasiado nerviosos ante este tipo de agresiones. [...] De aquí no nos moveremos, por aquí no pasaremos. El tema de la inmersión lingüística es sagrado para los catalanes de todos los colores políticos”, ha advertido el dirigente nacionalista.