Las asociaciones para la recuperación celebran el auto de Garzón

madrid- Las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica celebraron la decisión del juez Garzón y pusieron a su disposición toda la documentación que requiera para que el proceso «siga adelante». El vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Santiago Macías, explicó que su demanda tenía el objetivo de que el Estado se hiciera cargo del trabajo que las asociaciones llevan realizando durante los últimos años. «Hay gente muy mayor que el último deseo de su vida es recuperar los restos de sus familiares», enfatizó. Así, defendió que esta decisión puede «no sólo hacer justicia» sino también «una labor pedagógica».
Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, expresó ayer sus dudas de que los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo puedan constituir un delito permanente de detención ilegal, como argumenta el juez Baltasar Garzón, al considerar que los desaparecidos «no son personas detenidas susceptibles de ser encontradas, sino cadáveres que están muertos y enterrados».
En declaraciones a Ep, García afirmó que el auto por el que Garzón se declara competente para investigar los crímenes cometidos en este periodo histórico contiene «elementos jurídicos extremadamente dudosos», así como «una dimensión que va más allá del aspecto estrictamente jurídico y en la que operan ingredientes de naturaleza histórica, emotiva y política». A juicio del portavoz del APM, de tendencia conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, la resolución del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 «se sale del contexto habitual» y supone «una mezcla de ingredientes atípica, excepcional e inhabitual».
La sombra de una causa general
La Fiscalía recurrirá la decisión al entender que Garzón no es competente Afirma que ignora la Ley de Amnistía y persigue delitos de forma retroactiva




Una de las fosas comunes con restos de cadáveres - Efe

R. C.
MADRID- «No se puede andar removiendo nuestro pasado». La decisión del juez Garzón no cosechó parabienes en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que se apresuró a dejar claro que recurrirá la misma ante el Pleno de la Sala de lo Penal del alto tribunal. Y lo hará con cuatro argumentos. El primero, que el proceso penal no es necesario en este caso dado que la Ley de Memoria Histórica ya contempla las medidas impulsadas por Garzón (exhumaciones, identificaciones y entrega de los restos a los familiares. «No tiene ningún sentido», aseguran fuentes fiscales.
Pero quizá el reproche más grave que se hace al juez instructor es el de haber abierto una causa general al «meter en el mismo saco» todas las desapariciones de la Guerra Civil, una acusación que, por cierto, rechaza Garzón en su auto (asegurando que la única causa general fue la que puso en marcha el franquismo contra los responsables del «terror rojo»).
El Ministerio Público tampoco entiende por qué el magistrado insiste en que el delito de detención ilegal sin dar razón del paradero se perpetúa en el tiempo hasta que se descubre el cadáver de la víctima. Para la Fiscalía, el plazo de prescripción del delito debería comenzar a correr desde que se certifica el fallecimiento legal de la misma (diez años después de la desaparición).
Pero, sobre todo, el recurso insistirá en que Baltasar Garzón no es competente para asumir la instrucción del caso, pues al tratarse de delitos comunes deberían ser investigados por los juzgados ordinarios de los lugares donde se produjeron los hechos. «No hay ninguna norma que justifique la competencia de la Audiencia Nacional», insisten en la Fiscalía, donde hacen hincapié en que «no se trata de un problema de Justicia universal, sino de aplicación territorial de la ley penal».
Del mismo modo, el Ministerio Público reprocha al magistrado que cuestione la Ley de Amnistía de 1977, «que no es una ley de impunidad» o de punto final a imagen y semejanza de las que se aprobaron en su día en Chile tras la dictadura de Pinochet o en Argentina el régimen de los militares (donde los propios responsables de ambas dictaduras promovieron esas normativas de borrón y cuenta nueva). En este caso se trata de una ley, recalcan, aprobada de forma democrática por las primeras Cortes constituyentes.
A diferencia de Garzón, la Fiscalía entiende que esos hechos no pueden perseguirse como delitos contra la Humanidad porque éstos se establecieron legalmente en el juicio de Nuremberg de 1945, lo que supondría aplicar la ley de forma retroactiva. Por eso, están dispuestos a llevar sus discrepancias hasta el Tribunal Supremo.