Cataluña se plantea suspender la Ley de Dependencia por falta de dinero

El Gobierno de José Montilla podría dejar en suspenso el desarrollo de la Ley de Dependencia, buque insignia del Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, por la falta de fondos consignados en los Presupuestos Generales del Estado para cubrir los nuevos servicios recogidos en esta ley. Así, al menos, se lo ha planteado el Departamento de Acción Social de la Generalitat, que dirige la independentista Carme Capdevila, tras constatar que los Presupuestos Generales para 2009 destinan a esta partida 18 millones de euros a Cataluña, a los que se sumarían otros 18 millones de la Generalitat, una cantidad que la Consejería considera totalmente insuficientes.

Los republicanos ya han denunciado en varias ocasiones el desarrollo de la Ley de Dependencia. Aseguran que el Gobierno socialista ha incumplido sus compromisos al dotar insuficientemente las partidas para desarrollar esta norma. Un desarrollo que depende de las Comunidades autonómas, puesto que es la Generalitat -y en este caso una Consejería de Esquerra- la debe garantizar las ayudas y servicios consignados en la ley. Y por tanto, la administración que sufre el desgaste de los incumplimientos derivados de la falta de medios.

En estas condiciones, el desarrollo de la norma estatal, que el próximo año debe ampliar el número de beneficiarios con los dependientes de Grado II, amenaza con convertirse en nuevo caballo de batalla dentro del ejecutivo catalán.

Capdevila había fijado entorno a los 200 millones de euros el presupuesto necesario para responder a todas las solicitudes de ayudas que implica el desarrollo de la Ley de Dependencia. En este segundo año de aplicación debía empezar a dar servicio a los dependientes de segundo grado, pero con los 36 millones de euros previstos, el Departamento no considera viable ampliar el catálogo de servicios, como prevé la ley de Zapatero.

«Más allá»

Sin embargo, la ministra de Educación y Política Social, Mercedes Cabrera, aseguró en el Congreso que el Gobierno «va más allá de lo que dice la memoria económica de la Ley, superando lo que la citada memoria marcaba para los años 2008 y 2009». La norma asignaba 979 milones de euros para su desarrollo en 2009, mientras que los Presupuestos Generales presentados por Pedro Solbes destinan finalmente 1.158 millones de euros.

En Cataluña aún hay más de 22.000 personas que esperan recibir las prestaciones que les reconoce la ley, y muchos de ellos ya están fuera del plazo de seis meses que establece la norma. De las 124.000 solucitudes de atención recibidas por la Consejería, sólo 30.000 demandantes con el grado máximo de discapacidad están recibiendo la ayuda prometida. Ese era el número de solicitudes previsto por la Consejería para el primer año de aplicación de la ley. Pero esas previsiones se han visto totalmente desbordadas.

De cumplirse esta medida, la Generalitat sería la primera comunidad autonóma en bloquear el desarrollo de la ley estrella del Gobierno de Zapatero. Este texto ha provocado quejas también de otros gobiernos autonómicos porque consideran que el Ejecutivo ha comprometido nuevos servicios sin garantizar los recursos correspondientes.

La disposición adicional primera de la Ley de Dependencia establece que «la Ley de Presupuestos Generales del Estado determinará la cuantía y la forma de abono a las Comunidades Autónomas de las cantidades necesarias para la financiación de esta Ley». Pero está claro que el cálculo realizado por el equipo de Pedro Solbes, ministro de Economía, no tiene nada que ver con los de la Generalitat.

Este argumento ya fue utilizado por el líder de Esquerra, Joan Puigcercós, en el Debate de Política General catalán, en el que denunció entre los «incumplimientos» de Zapatero el de la financiación de la dependencia, lo que «nos duele especialmente», aseguró, «porque universaliza un derecho, da oportunidades y mucha gente en Cataluña y muchas organizaciones sociales del país tienen todas las esperanzas depositadas en esta ley».

Sin embargo, advirtió Puigcercós, «el Gobierno tampoco cumple. Y el Gobierno catalán está dando la cara por el incumplimiento del Gobierno del Estado. Quizá tocará parar y pedir explicaciones al Gobierno», concluyó Puigcercós a modo de aviso.

Manifestación de afectados

Los temores republicanos están más que fundados a tenor del malestar ciudadano que ya ha provocado la aplicación de la ley. El pasado miércoles, coincidiendo con esta intervención de Puigcercós ante el Parlamento catalán un millar de mayores de 65 años se manifestaron por el centro de Barcelona para denunciar la ley, un año y medio después de su aprobación.

El PSC reconoce que Montilla retrasa la Dependencia por falta de dinero

El portavoz del PSC, Miquel Iceta, reconoció ayer públicamente que es posible que la Generalitat opte por retrasar la aplicación de la Ley de Dependencia en Cataluña si el Gobierno no aporta más fondos, dada la reducción de ingresos que la crisis económica está provocando en las arcas de la Generalitat. «Es posible que tengamos que diferir la aplicación de la ley», apuntó el viceprimer secretario del PSC en respuesta a la información avanzada ayer por ABC.

El dirigente socialista echó mano del propio presidente de la Generalitat, José Montilla, que en el Debate de Política General ya advirtió de la posibilidad de «posponer objetivos» previstos para el próximo ejercicio. En opinión de Iceta, «nosotros estamos dando la batalla para no tener que hacerlo», pero avisamos.

El dirigente socialista, que no se refirió directamente a la falta de recursos aportados por el Gobierno, reconoció sin embargo las dificultades económicas del Gobierno catalán en esta materia. «Tenemos que llamar a las cosas por su nombre, porque hay menos recursos», señaló Iceta. En estas condiciones, la posibilidad de posponer la segunda fase de aplicación de la ley «entra dentro de lo posible y fue recogido por el discurso del president», concluyó Miquel Iceta.

A la espera

Fuentes del Departamento de Acción Social de la Generalitat matizaron, sin embargo, que el Ejecutivo catalán no ha tomado ninguna decisión al respecto, puesto que está a la espera de una nueva propuesta del Gobierno ante las denuncias de todas las comunidades autónomas en este sentido.

En la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Gobierno y autonomías acordaron crear una comisión «ad hoc» para estudiar esta cuestión, y la Generalitat confía en tener una nueva propuesta del Gobierno antes de final de año, para poder seguir adelante con el despliegue de la ley. El ejecutivo autonómico ya señaló entonces que considera inadmisible seguir asumiendo la mayor parte del coste de la aplicación de la ley. En la actualidad, y siempre según los cálculos de la Generalitat, la administración autonómica paga 3,25 euros por beneficiario, frente a un euro del Estado, en aplicación de la Ley de Dependencia, que debía ser cofinanciada al 50% por el Estado.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009 se destinan 18 millones de euros a la Generalitat para la aplicación de esta norma durante el próximo ejercicio. A ese montante deben sumarse, según el texto de la ley, una suma igual procedente de la Administración autonómica, lo que dejaría la Ley de Dependencia con un presupuesto de 36 millones de euros, un monto que la consellería ya ha considerado totalmente insuficiente.

La Ley de Dependencia establece tres posibles grados de dependencia, subdividos a su vez en dos niveles cada uno. Hasta ahora sólo se ha aplicado la primera fase de la ley, que da cobertura a los dependientes de Grado III, Gran Dependencia. Se trata de aquellas personas que «necesitan apoyo indispensable y continuo de otra persona» por su «pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial», según el texto de la norma.

En Cataluña, 124.000 personas han pedido hasta el momento ayudas amparadas en la Ley de Dependencia, aunque sólo 30.000 demandantes con el grado máximo de discapacidad están recibiendo la ayuda prometida.