Del caos aéreo a la mayor demanda colectiva registrada en España

Un año ha pasado desde aquella tarde del 3 de diciembre que se desató el caos después de que Aena tuviera que anunciar el cierre del espacio aéreo español por el abandono masivo de los controladores de sus puestos de trabajo. Más de 600.000 personas se vieron afectadas por lo que parecía una huelga encubierta. Durante los meses posteriores, nacía como consecuencia de ello, la demanda colectiva más grande de la historia judicial española y la primera 2.0 gracias a la colaboración de ELMUNDO.es.

"Estamos hablando de 11.000 personas con las que hemos interpuesto la reclamación previa a Aena, que podrían llegar hasta las 100.000", explica Luis Vericat, abogado del bufete Cremades & Calvo-Sotelo que gestiona la demanda. El porqué de ese aumento podría venir de las casi 90.000 personas que han hecho su reclamación en solitario, pero que tras la desestimación de la queja por parte de Aena deberán llevar el caso a los tribunales.

Ese primer trámite administrativo contra Aena podía presentarse durante este primer año de forma gratuita por los afectados. La segunda parte del proceso ya implica unos gastos mínimos, como los que supone la contratación de un letrado. De ahí, que el bufete de abogados hable de los beneficios económicos de agruparse. "Sumarse a la demanda colectiva de Cremades & Calvo-Sotelo cuesta 25 euros (luego el bufete se llevará un porcentaje del beneficio)", asegura Vericat.

Sin embargo, más que la ventaja de reducir gastos los afectados han visto que la unión hace la fuerza e internet ha jugado un papel importantísimo a la hora de agruparlos. Para Vericat ha sido la "ayuda de una herramienta tecnológica y un medio de comunicación que hace una labor social importante" lo que ha facilitado que los "clientes puedan mantener una relación directa con el abogado".

Actualmente, el caso sigue dos vías, una contencioso-administrativa y otra penal, que deberían devolver a los perjudicados una compensación de lo que sufrieron aquel puente de diciembre. La primera va contra Aena, la segunda contra los 400 controladores imputados. Según Vericat, "ambos son responsables de lo que pasó. Unos porque organizaron una baja masiva injustificada que ocultaba una huelga encubierta. Y la otra, Aena, porque el conflicto laboral venía de meses y una pésima gestión del mismo hizo que se creara un caldo de cultivo que se podría haber evitado".

Por estas razones, Cremades & Calvo Sotelo consideran que tienen entre manos un "asunto ganador". "No sabremos cuánto cobraremos –estamos pidiendo 10.000 euros por daño moral más los daños materiales- cuánto nos dará el juez, ni cuándo, pero nos lo darán".

Acto antidemocrático

Los esfuerzos realizados por el bufete no pueden hacer pensar en lo contrario. Los primeros meses dispuso de un equipo de 30 abogados dedicados casi las 24 horas del día a este tema. Éstos estuvieron asesorados por catedráticos, ex magistrados y un ex fiscal del Estado. Al mismo tiempo, se contrató a una empresa externa, RTS, para que atendiera las llamadas telefónicas y el correo electrónico. Esta empresa ha llegado a gestionar más de 150.000 documentos de los afectados.

Sin embargo, no para todas las partes implicadas los responsables de los hechos que condujeron al Gobierno a declarar el estado de alarma en el país están tan claros. Los controladores, un año después, mantienen que la retirada de los puestos de trabajo aquel viernes no fue una forma de protesta. "Los controladores aéreos españoles nunca hemos realizado una huelga. Nunca abandonamos los puestos de trabajo en masa. Hubo situaciones emocionales, provocadas por el cierre patronal de Aena, que llevaron a compañeros a tener que acogerse al artículo 34.4 de la Ley de Seguridad Aérea", asegura Javier Zanón, portavoz del colectivo.

También ellos preparan su defensa ante los tribunales recopilando toda la documentación que demuestre lo que pasó y cómo el conflicto con la empresa llevó a los controladores a una situación insostenible. Para Zanón el asunto está muy claro: "Los controladores no tienen responsabilidad alguna, sólo hay un responsable, Fomento y Aena".

Por su parte, el presidente de la empresa pública, Juan Ignacio Lema, considera que "los únicos responsables de la huelga salvaje fueron quienes la realizaron, los controladores aéreos que abandonaron su puesto de trabajo de manera ilegal en un acto antidemocrático porque no utilizaron los mecanismos que el estado de derecho pone a su disposición para dirimir las discrepancias con la empresa".

Aunque Aena reconoce estar gestionando las reclamaciones recibidas, considera que deberían ser los controladores los que respondan por "el daño causado".

Doce meses después y con las partes implicadas acusándose mutuamente de lo ocurrido, la única vía posible para los viajeros que resultaron perjudicados es esperar una respuesta judicial.

¿Podemos los que nos vimos afectados y no reclamamos reclamar ahora?