¿Por qué en España no se cumple la Ley de Banderas?

Al margen de hacer una valoración basada en argumentos subjetivos o meramente simbólicos de los principios, derechos y deberes constitucionales que la bandera de una nación pueda representar para la sociedad que la conforma, la realidad jurídica es que cuando vemos la bandera ondeando en edificios o establecimientos de la administración pública, independientemente de su ámbito geográfico, es gracias a que una Ley así lo ha establecido, por lo tanto, si se observa que no está presente allí donde debiera, estamos siendo testigos del incumplimiento de aquella por parte de la propia administración.

La Ley es clara al respecto, la bandera española deberá ondear en el exterior e interior de los edificios o establecimientos de las administraciones públicas. La interpretación que desde algunos ayuntamientos e instituciones españolas se ha venido haciendo sobre esta obligación, con el objeto de evitar tener que colocar la enseña nacional en sus fachadas y, su posterior ejecución material, están sin duda al margen de la Ley.

Desde el punto de vista jurídico, supone una flagrante vulneración tanto de la Ley de Banderas como de la Constitución española, ya que mediante una actuación administrativa como la realizada por algunos de estos entes públicos locales, se infringen directamente preceptos imperativos contenidos en normas con rango de Ley. Este razonamiento tan lógico y simple no es compartido tampoco por numerosas administraciones autonómicas que, sin justificación alguna o, en ocasiones, con excusas de dudosa credibilidad pero aún así de fácil solución, como la de no disponer de una bandera española, incumplen claramente el artículo 3 de la Ley 39/1981, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas, cuyo texto establece que "La bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado".

La interpretación literal de este precepto se hace lo suficientemente descriptiva como para no haber lugar a la confusión y, por tanto, a su incumplimiento. De todas formas, en el caso de que no sea así, el Tribunal Supremo se ha encargado de reiterar esta obligación en numerosas sentencias, algunas de ellas recientes, pero el problema persiste. Se da pues, la peligrosa circunstancia de que no sólo se infringe una Ley, sino que tampoco se respetan y acatan las decisiones del máximo órgano jurisdiccional español.

Un argumento empleado por aquellas administraciones que infringen este mandato legal y que entienden que les sirve de "refugio" para no obedecerlo, es el de interpretar el artículo 3, apartado 4º, en el sentido de tener que colocar la bandera española sólo cuando ondee la bandera de la Comunidad Autónoma; cuando lo que la Ley quiere decir es que cada Comunidad, podrá colocar también su bandera si así está previsto en sus respectivos Estatutos de Autonomía, pero en todo caso junto con la de España. Otra defensa alegada ha sido el criterio de la extemporaneidad, basándose en los artículos 44.2 y 46.6 de la LRJCA, que establece que los requerimientos de la Administración en sus relaciones interadministrativas deben realizarse en el plazo de dos meses desde que se haya conocido el acto, actuación o inactividad, y según la opinión de estas administraciones, ya han pasado muchos años de inactividad. No es válido contemplar esta posibilidad dado que dicho plazo permanece abierto mientras continúe la situación de ilegalidad.

Esta actitud al margen de la legalidad vigente genera un grave riesgo para la seguridad jurídica y el principio de legalidad, tal y como reconoce el propio Tribunal Supremo, puesto que supone aceptar que una Ley puede no ser exigible por el mero transcurso del tiempo, ya que la actual situación de incumplimiento viene dándose desde la entrada en vigor de la Ley, y aunque no se haya recordado su imperatividad hasta tiempos más recientes, no significa por ello que haya caído en desuso como recuerda el Código Civil. El riesgo es aún más patente y se agrava si tenemos en cuenta que, quien tiene el deber de garantizar la seguridad jurídica y la legalidad es aquél que las está vulnerando. No constituye un buen ejemplo para la sociedad que la propia Administración del Estado, garantizadora de la legalidad, que impone deberes u obligaciones a sus ciudadanos y les exige su cumplimiento bajo pena de sanciones de toda índole, quede impune cuando es ella la que incumple la Ley.

Quizá el hecho de no disponer de un instrumento de protección que salvaguarde estos principios, como sería un régimen sancionador para esta Ley como el que se establece para otras normas imperativas, que castigue su no aplicación, hace posible responder a la pregunta que da título a este artículo.

Por la misma razón que te puedes fumar un porro delante de un Policía, no es legal, solo que su consumo está DESPENALIZADO. En el momento que el incumplimiento de una ley no lleva acarreado método sancionador automático, se convierte en una ley inoperante de facto.