La Justicia también liquida el aparato de ETA en las cárceles y condena a 21 de sus jefes

MADRID. Apenas veinticuatro horas después de que el Tribunal Supremo ilegalizara el brazo político de ETA (ANV), la Audiencia Nacional asestaba ayer un nuevo golpe a la banda terrorista con la condena a 21 dirigentes de su «aparato de presos» (el denominado «frente de makos») por un delito de integración en organización terrorista. Juan María Olano y otros dos dirigentes han sido condenados a diez años de prisión, mientras que los 18 restantes lo han sido a ocho. Además, el tribunal dictó una orden de busca y captura contra uno de los condenados, que no se presentó ayer a la lectura pública de la sentencia en el pabellón de la Audiencia Nacional de la Casa de Campo. Se trata de Joseba Iñaki Reta, quien salió de la cárcel el 14 de junio de 2005 tras cumplir dos años en prisión provisional.

El cerco a Gestoras pro Amnistía, denominada luego Askatasuna, se suma así a la desarticulación del «aparato político» de ETA Ekin-Kas, del de propaganda «Egin», del de Relaciones Internacionales «Xaki» y del de terrorismo callejero «Jarrai-Segi». Ahora sólo falta sentar en el banquillo a los responsables del diario proetarra «Egunkaria» y a 41 procesados de Batasuna, entre los que se encuentran Arnaldo Otegi, Rufino Etxeberria o los huidos Joseba Permach y José Antonio Urrutikoechea «Josu Ternera». La Fiscalía ya ha pedido la apertura de juicio oral contra todos ellos.

Misma lucha, pero «sin armas»

Para la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional no hay ninguna duda de que Gestoras pro Amnistía-Askatasuna también forma parte del entramado de ETA y comparte su misma lucha, aunque en su caso sea «sin armas». Los magistrados llegan a esta conclusión tras estudiar, entre otros informes, la documentación incautada a los dirigentes etarras «Kantauri» y «Txelis».

La función de Gestoras dentro de ETA, a la que está «vinculada», consistía en mantener la «cohesión ideológica» entre los presos de la banda bajo la cobertura de «prestación de asistencia humanitaria, personal, familiar y jurídica». Todo ello, aseguran los magistrados, ante la imposibilidad de que la organización criminal lo hiciera por sí misma por «evidentes razones de clandestinidad». «Gestoras pro Amnistía se encarga de socializar, a través de la «sensibilización social», lo que el brazo armado por sí mismo no puede acometer (...)», señala la sentencia.

La decisión del Tribunal, notificada ayer en lectura pública y en presencia de casi un centenar de proetarras que acompañaron a los 24 acusados, implica la ilicitud y disolución de Gestoras y el inmediato ingreso en prisión de 13 de sus miembros, dos menos de aquéllos para los que lo solicitó la Fiscalía en la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr). El Ministerio Público justificó su petición en la propia condena impuesta y el «evidente riesgo de huida» de estos procesados. Para los otros ocho, el Ministerio Público pidió comparecencias y retirada del pasaporte, pues al haber estado ya en prisión provisional se corre el riesgo de que superen el periodo máximo de prisión preventiva establecido por la LECr (cumplimiento de la mitad de la pena impuesta antes de que el Tribunal Supremo declare, en su caso, la firmeza de la sentencia).

La resolución de la Sección Cuarta, de la que ha sido ponente su presidenta, Teresa Palacios, señala que los «procesados (de Gestoras) son integrantes de una organización terrorista», teniendo en cuenta «tanto el propio organigrama en el que se ubican y operan como las funciones que desarrollan». Es claro, prosigue la sentencia, que Gestoras no usa armas en los términos recogidos en otras resoluciones (...), pero sí despliega otras actividades, un «reparto de tareas orquestado» en todo momento por un «ideario común» que acepta y cuenta con la «lucha armada». «Y esto es así por cuanto todos, y en este caso, ETA y Gestoras pro Amnistía son militantes de un mismo proyecto (...)», insiste la sentencia.

«Complemento» de la banda

Sin embargo, y a diferencia del fiscal y la AVT, la Sala no considera probado que Gestoras esté detrás de las acciones de terrorismo callejero perpetradas en julio de 2001 con ocasión del homenaje a la etarra Olalla Castresana. Tampoco que sus dirigentes hayan captado a futuros militantes de ETA ni que este frente propusiera como objetivo de la banda al magistrado José María Lidón. No obstante, sobre este extremo subraya que si bien «no parece» que este asesinato sea fruto de «previo señalamiento» por parte de Gestoras (a ETA no le hace falta que le señalen objetivos, aclara el Tribunal), desde esta organización «sí se ha venido señalando políticamente» a aquellas personas que consideran «responsables» del «conflicto político». «Cada frente desempeña su cometido complementando a ETA», insiste.

Pero no es la «identidad de pensamiento ideológico (con ETA) y de consecución de ese proyecto soberanista» lo que «criminaliza a Gestoras», sino que ninguno de los acusados «contrarrestó» esa vinculación con la banda criminal cuando «lo obrante se erige en suficiente prueba de cargo que no se ha rebatido».

La Justicia golpea a ETA y disuelve la red que marcaba objetivos a la banda

La Audiencia Nacional condena a 21 dirigentes de Gestoras por integrarse en la organización terrorista Doce condenados, entre ellos su portavoz, Olano, ingresaron ayer en prisión por orden del tribunal. R. Coarasa MADRID- La Audiencia Nacional desenmascaró ayer a otra de las asociaciones satélites de ETA. Gestoras Proamnistía, el colectivo de apoyo a los presos etarras, era, en realidad, una organización terrorista que seguía los dictados de la banda, según concluyó ayer el tribunal -presidido por la magistrada Teresa Palacios-, que ha condenado a 21 de sus dirigentes a penas de entre ocho y diez años de cárcel por su integración en la misma. Gestoras no se limitaba a apoyar a los reclusos de la banda, sino que según la sentencia señalaba objetivos a los terroristas (sobre todo jueces y agentes de las Fuerzas de Seguridad), hacía llegar a los presos las instrucciones de ETA y, en definitiva, actuaba como «hilo conductor» entre las cárceles y la dirección de la organización al menos desde septiembre de 1995. Y todo con un objetivo, «lograr el derrocamiento de España en el territorio del País Vasco» aportando su granito de arena a través de la «sensibilización social», una tarea que «el brazo armado por sí mismo no puede acometer». «Marcan las pautas» Los magistrados han impuesto las penas más altas (diez años de cárcel frente a los trece que solicitaba la Fiscalía) a Juan María Olano, portavoz de Gestoras y Julen Zelarain y Aitor Jugo, responsables nacionales del colectivo abertzale. El tribunal considera que tienen un «plus de responsabilidad» en el papel de la organización porque «su voz destaca y es seguida por el resto, marcan las pautas y, por ende, tienen mayor predicamento». Beneficiándose de su proyección pública, añade, se encargaban de «captar y mantener» la sensibilización indicada por ETA: ensalzar a los terroristas fallecidos como «patriotas que murieron en defensa de los derechos de Euskal Herria». «No es de extrañar -concluyen los magistrados de forma reveladora -que como héroes se les quiera reemplazar y se termine por engrosar sus filas» (las de la banda terrorista). La Audiencia Nacional ha absuelto a tres de los 24 procesados, Juan Antonio Madariaga, Julen Arzuaga e Ixone Urzelay (que se suman a otros tres a los que la Fiscalía y la Asociación de Víctimas del Terrorismo ya habían retirado la acusación). Además de mandar a prisión a doce de los condenados (entre ellos los tres responsables nacionales), el tribunal ordenó la busca y captura de Joseba Iñaki Reta, que no compareció a la lectura pública de la sentencia. Los ocho restantes seguirán en libertad a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de casación (al haber cumplido ya la mitad de su presumible condena), pero deberán comparecer dos veces por semana en el juzgado más próximo a su domicilio. La sentencia detalla el papel de los abogados de la asociación (identificados con el seudónimo de «adidas»), que trasladaban a los presos las instrucciones de ETA para las «jornadas de lucha» en las cárceles y tenían al tanto a la banda del desarrollo de los juicios por terrorismo que se celebraban (los terroristas, incluso, controlaban los gastos). Los jueces, en el punto de mira Entre los objetivos señalados a la banda, explica la sentencia, se encuentran los jueces del País Vasco «y de forma destacada» la Audiencia Nacional, considerada «un tribunal extranjero y de excepción». No obstante, los magistrados consideran que no se ha podido probar que Gestoras captara a militantes para ETA o coordinara acciones de «kale borroka». En definitiva, la Sala mantiene que Gestoras (y su heredera Askatasuna) desarrollaban «la estrategia ordenada por ETA» para mantener «la cohesión y el ideario» preconizado por la banda.