LA CASTA: EL INCREIBLE CHOLLO DE SER POLITICO EN ESPAÑA

http://www.abcdesevilla.es/20090224/sevilla-provincia/burguillos-vendio-suelo-municipal-200902240031.html

Burguillos vendió suelo municipal a bajo precio a sociedades afines al PSOE

Malversación de caudales públicos y prevaricación contra la ordenación del territorio son los cargos que el PP cree que pueden recaer sobre el alcalde de Burguillos, José Juan López, por un nuevo caso relacionado con la gestión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que ya ha llevado a esta localidad a los tribunales.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de esta localidad, Domingo Delgado, acusó ayer al alcalde de regalar el patrimonio de los burguilleros a sus socios y amigos, mientras el vicesecretario electoral del PP, Luis García Navarro, explicó que las presuntas irregularidades en la gestión del PGOU han supuesto un perjuicio económico para la localidad de 5,6 millones de euros.

García Navarro anunció que el Partido Popular va a denunciar este caso ante la Fiscalía y concretó que se trata de siete bolsas de suelo que ocupan en conjunto 38.602,95 metros cuadrados. Esta superficie ha originado siete convenios urbanísticos por los que el Ayuntamiento ingresó 3.1 millones de euros mientras que el precio de mercado del citado suelo era de 8,7 millones, según los representantes del PP, quienes destacaron que el conjunto de las operaciones ha supuesto unas pérdidas para las arcas municipales de 5,6 millones de euros.

Domingo Delgado recalcó que «no hay justificación para esta venta a precios irrisorios» y se preguntó «¿qué puede haber detrás de estas ventas ilegales?». «Nosotros no descartamos nada —agregó— porque ignoramos si ha habido contraprestaciones por debajo de la mesa y no descartamos que la venta se haya hecho con dinero negro, porque el Juzgado de Instrucción número 3 ya está viendo un caso de pago con dinero negro».

El concejal de Burguillos indicó que además, estas operaciones han beneficiado a sociedades del ámbito de influencia del alcalde. Señaló que entre las empresas que compraron los terrenos y pudieron beneficiarse están Castillo Lennen, de la que forma parte la sociedad municipal Cruz de la Ermita, y la inmobiliaria Atema. El partido de la oposición advierte que el alcalde tiene mucha relación con socios de estas empresas, entre los que figuran un primo de José Juan López, además del ex secretario general del PSOE local.

Los dirigentes populares advirtieron que los convenios de estas siete parcelas se realizaron entre 2003 y 2005, incluso antes de la aprobación del PGOU que, de forma provisional, no lo fue hasta 2006.

Sin tasar

También censuraron que para la venta de las siete parcelas el Ayuntamiento burguillero no realizó una tasación previa por ningún organismo, ni público ni privado, «por lo que el precio lo pactaría el alcalde con los promotores».

Otro de los pasos que el Gobierno de Burguillos omitió, según los populares, fue la comunicación de los convenios urbanísticos a la Consejería de Gobernación, «que en ningún momento ha tenido conocimiento de estas operaciones». Por todo esto, el PP va a presentar una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla «para pedir que se investigue todo el PGOU de Burguillos, cuya gestión es sospechosa» y también que el Parlamento andaluz abra una comisión de investigación.

Delgado lamentó que se produzcan estos casos mientras que el Ayuntamiento de Burguillos «está en una situación económica grave con más de 24 millones de deudas y los trabajadores sin cobrar y 14 millones de deudas a empresas». «El Ayuntamiento de Burguillos —continuó— ha tenido unos ingresos muy importantes en los últimos doce años por el desarrollo urbanístico y ha desperdiciado una oportunidad única, gracias a una nefasta gestión del alcalde, que no respeta la legalidad y vulnera las leyes». La intención del PP es que la Fiscalía investigue lo que ha ocurrido en Burguillos durante los últimos 14 años «porque es un gigantesco caso de corrupción y debe ser una vergüenza para el PSOE que el mayor caso de corrupción de Andalucía sea el de Burguillos», dijo Domingo Delgado.

http://www.noticiasdelsur.es/index.php/provincias/sevilla/4561.html

Más corrupción: exconcejales del PSOE de Burguillos imputados por cobrar subvención para, "arreglar las averías de unas instalaciones de biomasa que no existían",

Burguillos-Sevilla-

El juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla ha llamado a declarar este jueves, en calidad de imputados, a los exconcejales socialistas del Ayuntamiento de Burguillos y antaño consejeros de la sociedad municipal 'Burguillos Natural' José Antonio Santos, Luis Carlos Díaz, Virginia Varo, Francisco Javier R.G. y Juan Simón Juan López. Este último es hermano del exalcalde socialista José Juan López, también imputado en las diligencias junto a su sucesora en la Alcaldía, la también socialista Mariana Pérez González.
Las comparecencias, según un documento de la citada instancia judicial recogido por Europa Press, comenzarán a las 10,00 horas con Virginia Varo, toda vez que a las 12,00 horas está prevista la declaración del hermano de José Juan López, quien ostentó la Gerencia de 'Burguillos Natural' en un lapso de tiempo en el que se encuadrarían los hechos en cuestión.

El PP de Sevilla había informado ya de que los hechos denunciados en este caso podrían ser constitutivos de delitos de fraude en subvenciones, falsedad de documentos públicos, oficiales, mercantiles y de certificados, malversación de caudales públicos, delitos societarios y de prevaricación.

Las ayudas aludidas en la querella

Esta denuncia del PP recoge, entre otros, el presunto uso "fraudulento" de una ayuda por valor de 100.000 euros que la Delegación de Gobierno de la Junta concedió para "arreglar las averías de unas instalaciones de biomasa que no existían", así como una subvención de 269.806,75 euros para la adquisición de mobiliario de oficina que, según los populares, "se hizo a través de la sociedad municipal 'Burguillos Natural' para evitar el control y la fiscalización correspondientes".

Según el PP, a pesar de que los muebles "no se abonaron", 'Burguillos Natural' "presentó una factura por este concepto con el que el entonces alcalde pretendía justificar la ayuda", toda vez que López ostentaba entonces la Presidencia de 'Burguillos Natural'. La querella también alude a dos subvenciones de 513.065,75 euros y 86.934,25 euros, respectivamente, para la construcción de una guardería municipal que "nunca se hizo y que nunca se justificó a la Junta".

Subvenciones para instalaciones deportivas

Igualmente, figura en la querella una subvención concedida por la Junta al Ayuntamiento de Burguillos por un valor de 118.500 euros que tenía como fin el equipamiento deportivo para una pista de atletismo que "no existía ni existe a día de hoy en el municipio burguillero". "Debido a que por este motivo era imposible justificar la correcta ejecución de la ayuda, la Junta prorrogó el plazo de justificación para dejarlo después de las últimas elecciones municipales", añade el PP en cuanto a esta querella.

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/23/andalucia/1364062724.html

El Ayuntamiento de Burguillos pide al Estado su rescate.

Pide por unanimidad al Gobierno, la Junta y la Diputación que lo rescate. El Ayuntamiento tiende una deuda de 70 millones, 11.000 euros por cabeza. El alcalde culpa de esta "absoluta ruina económica" al anterior Gobierno.

¡S.O.S., socorro, nos hundimos! El Ayuntamiento de Burguillos, un pueblo de 6.400 habitantes a 20 kilómetros al norte de Sevilla gobernado por el PP, se ha convertido en un barco (otro más) que se hunde en medio de la crisis. Ya no puede navegar. Está a la deriva y yéndose a pique. Así lo ha proclamado hoy solemne y dramáticamente en un pleno municipal en el que por unanimidad de sus ediles (PP, PSOE e IU) declara su "inviabilidad ante la imposibilidad de afrontar la deuda de 70 millones de euros" y pide un rescate a la Diputación Provincial, a la Junta de Andalucía y al Gobierno de la Nación.

"El Ayuntamiento tiene la obligación de aprobar un Plan de Saneamiento que es de imposible cumplimiento", ha dicho el alcalde, Domingo Delgado (PP), tras el pleno en un comunicado, refiriéndose al plan de ajuste del gobierno central de Rajoy para que los municipios saneen su déficit y paguen a proveedores.

El regidor de Burguillos culpa de este naufragio a las "enormes deudas municipales heredadas por el anterior equipo de gobierno socialista", que han abocado al pueblo a "la más absoluta ruina económica". Cada vecino sale a 11.000 euros de deuda municipal por cabeza, una cifra, recuerda el alcalde en conversación con ELMUNDO.es, que es más del doble que la que motivó el famoso rescate del Ayuntamiento de Jerez y multiplica por cuatro o cinco las de La Línea o Barbate. La Junta ha mediado ante Hacienda por estos municipios pero no por Burguillos, critica el primer edil.

Delgado dice que, por lo que saben, es el primer Ayuntamiento de España que se declara "inviable" por las deudas, y además por unanimidad de los partidos. Podría ser el primer de muchos más naufragios. O el Estado les inyecta dinero, o "tendrá que venir en tres días a intervenirnos", alerta. "El Ayuntamiento tiene 3,5 millones de euros de ingresos anuales. Tendríamos que cerrar el Ayuntamiento veinte años y pico para poder pagar la deuda". Apunta que ya en mayo de 2010 el anterior gobierno local socialista se convirtió también en "el primero de España en pedir su disolución porque no podía afrontar nóminas y servicios básicos". El nuevo equipo del PP intentó enderezar la situación pagando a proveedores pero también ha tenido que tirar la toalla.

SEVILLA | La administración local se declara 'inviable'
El Ayuntamiento de Burguillos pide al Estado su rescate
Pide por unanimidad al Gobierno, la Junta y la Diputación que lo rescate
El Ayuntamiento tiende una deuda de 70 millones, 11.000 euros por cabeza
El alcalde culpa de esta "absoluta ruina económica" al anterior Gobierno
Eduardo del Campo | Sevilla
Actualizado sábado 23/03/2013 19:18 horas
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¡S.O.S., socorro, nos hundimos! El Ayuntamiento de Burguillos, un pueblo de 6.400 habitantes a 20 kilómetros al norte de Sevilla gobernado por el PP, se ha convertido en un barco (otro más) que se hunde en medio de la crisis. Ya no puede navegar. Está a la deriva y yéndose a pique. Así lo ha proclamado hoy solemne y dramáticamente en un pleno municipal en el que por unanimidad de sus ediles (PP, PSOE e IU) declara su "inviabilidad ante la imposibilidad de afrontar la deuda de 70 millones de euros" y pide un rescate a la Diputación Provincial, a la Junta de Andalucía y al Gobierno de la Nación.

"El Ayuntamiento tiene la obligación de aprobar un Plan de Saneamiento que es de imposible cumplimiento", ha dicho el alcalde, Domingo Delgado (PP), tras el pleno en un comunicado, refiriéndose al plan de ajuste del gobierno central de Rajoy para que los municipios saneen su déficit y paguen a proveedores.

El regidor de Burguillos culpa de este naufragio a las "enormes deudas municipales heredadas por el anterior equipo de gobierno socialista", que han abocado al pueblo a "la más absoluta ruina económica". Cada vecino sale a 11.000 euros de deuda municipal por cabeza, una cifra, recuerda el alcalde en conversación con ELMUNDO.es, que es más del doble que la que motivó el famoso rescate del Ayuntamiento de Jerez y multiplica por cuatro o cinco las de La Línea o Barbate. La Junta ha mediado ante Hacienda por estos municipios pero no por Burguillos, critica el primer edil.

Delgado dice que, por lo que saben, es el primer Ayuntamiento de España que se declara "inviable" por las deudas, y además por unanimidad de los partidos. Podría ser el primer de muchos más naufragios. O el Estado les inyecta dinero, o "tendrá que venir en tres días a intervenirnos", alerta. "El Ayuntamiento tiene 3,5 millones de euros de ingresos anuales. Tendríamos que cerrar el Ayuntamiento veinte años y pico para poder pagar la deuda". Apunta que ya en mayo de 2010 el anterior gobierno local socialista se convirtió también en "el primero de España en pedir su disolución porque no podía afrontar nóminas y servicios básicos". El nuevo equipo del PP intentó enderezar la situación pagando a proveedores pero también ha tenido que tirar la toalla.

Domingo Delgado, un veterano expolicía antidroga cuya experiencia permitió documentar la película 'Grupo 7', se ve ahora paradójicamente 'acosado' por las cartas de los jueces, que le reclaman al Ayuntamiento el pago de condenas por casos anteriores a su mandato. Explica que de los "más de 70 millones de euros de deuda" de las arcas locales, dos millones de euros son por condenas firmes "cuyas sentencias son imposibles de cumplir" dada la falta de liquidez. El alcalde lamenta que "sin comerlo ni beberlo" los jueces lo están apercibiendo de que podrían sancionarlo "al menos por desobediencia grave" tras expirar los plazos. "Que vengan los jueces y hagan lo que puedan", dice con la calma resignada del que ya no puede hacer más.

A la vez, dice el regidor, su endeudadísimo Ayuntamiento se enfrenta a continuas reclamaciones de la Diputación de Sevilla y de la Junta de Andalucía para que devuelva "el importe de casi todas las subvenciones concedidas al [anterior] gobierno socialista de Burguillos", pese a que cuando gobernaba aquí el PSOE no le instaban a devolver esos dos millones de euros. "Además, estas reclamaciones se plantean con unos intereses y recargos absolutamente usureros e inadmisibles teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos", denuncia el alcalde, que detalla que la Junta "tiene embargado el cien por cien de los tributos de la Comunidad Autónoma", lo que impide mantener en marcha el Ayuntamiento.

La asfixia municipal se complica, añade, porque la administración local tiene que dar suministro eléctrico "a unas 300 viviendas" a través de generadores, cuyo consumo de gasoil le cuesta unos 30.000 euros al mes "porque el anterior alcalde concedió licencias de primera ocupación sin que la urbanización estuviese terminada".

"Este ayuntamiento no puede seguir funcionando porque el PSOE lo llevó a la más absoluta ruina y porque además las reclamaciones de la Junta y la Diputación lo están arruinando aún más", afirma el alcalde. Y concluye: "Ante esta situación, además de la inviabilidad, el Pleno del Ayuntamiento de Burguillos ha aprobado solicitar auxilio a la Diputación de Sevilla, la Junta de Andalucía y al Gobierno de la Nación para hacer frente a las deudas que hoy día hacen imposible el funcionamiento y la subsistencia del Consistorio".

ASEGURADORAS, SINDICATOS Y ALTOS CARGOS SE APROVECHARON DE LA FRAGILIDAD DEL SISTEMA DE AYUDAS

Sobrecomisiones y viajes exóticos: así funcionaba el fraude de los parados andaluces

A Sanghai y a Egipto. ¿Se lo pagaban ellos mismos? No. Utilizaban el dinero defraudado en los ERE para pasar sus vacaciones en el extranjero. Juan Lanzas ya no sabía con qué agasajar a Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo del Gobierno andaluz por los beneficios que le generaba a él como intermediario “la conducta facilitadora de Guerrero para la financiación pública de ciertos expedientes” según consta en el auto de la juez Mercedes Alaya.



El conseguidor de la Junta, el hombre que no trabajaba sino que era “millonario”, le pagó a él y a la mujer del “jovial, pero no putero” un viaje en diciembre de 2006 a la metrópoli china. Todo se empezó a fraguar en agosto de ese mismo año, cuando coincidieron en el hotel Marina del Mar de Mojácar (Almería). Ambos están ahora en prisión por orden de la magistrada sevillana dentro de la operación Heracles que ya se ha llevado, de momento, a siete personas a la cárcel.

La experiencia oriental le costó a Lanzas 6.000 euros. Fue financiada por Maginae Solutions, empresa controlada por él mismo, y que facturó 143.000 euros a Mercasevilla por su intermediación en el ERE de 2007. Tres meses más tarde, Lanzas preparó otro viaje (entre el 9 y 17 de marzo de 2007) para ambos matrimonios a Egipto. Costó 5.068 euros y también los pagó Maginae Solutions, domiciliada en el municipio jienense de Albánchez de Mágina, donde la Guardia Civil busca un zulo con documentación de los ERE y el perro Airis localizó 82.000 euros que estaban debajo de la cama de su domicilio familiar.

No acabó aquí la estrecha relación entre Guerrero y Lanzas: pasaron juntos la nochevieja de 2007 en el Hotel Palacio de los Salcedo de Baeza (Jaén) “existiendo pues, indiciariamente, una relación de amistad entre ambos que surgiría desde que los dos coincidieron en el expediente de Hamsa”, según el auto de la juez Alaya. Hamsa, como Hitemasa, donde el conseguidor se inscribió en el ERE sin jamás haber trabajado en la compañía, es un de las empresas salpicadas por este escándalo.

Tanto Guerrero como su conductor, Juan Francisco Trujillo, el chófer de la cocaína, necesitaban dinero para sus adicciones. Y Lanzas, Antonio Albarracín, entonces directivo de Vitalia, y Jesús Bordallo, exdirector comercial de Vitalia, decidieron incluir a la suegra del alto cargo de la Junta, Victorina Madrid, “en el cálculo actuarial de SOS Cuétara, cobrando rentas por importe de 198.876 euros”. También autorizaron la póliza individual de Fortia de la madre de su chófer, Estrella Blanco García, con una renta de 122.649 euros.

Las sobrecomisiones

Las aseguradoras también forma parten esencial de la concesión de ayudas, calificada como “negocio” en el escrito de la magistrada. Y es que mientras más ayudas se otorgaban aunque no existiera partida presupuestaria para ello, más actores intervenían: por una lado la Consejería de Empleo otorgando las subvenciones, y de otro lado las consultoras, los intermediarios y los despachos de abogados que tramitarían el proceso de reestructuración empresarial.

“La clave de este proceso son las sobrecomisiones, en muchos casos millonarias, fijadas por las consultoras, de las que se surte cada interviniente. La sobrecomisión ha dejado de ser algo que pasaba desapercibido para la Administración, con una pasividad que irritaba a muchos, a ser el verdadero alimento de esta trama corrupta del que se nutre no solo la mediadora sino, presuntamente y a espaldas de ésta, sus principales responsables”, indica la juez en el auto. También culpa a la autoridad pública permitir la “ilícita” disposición de los fondos de la Administración, como de los sindicatos e intermediarios que buscarían nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio.

La receta siempre era la misma: Expediente de Regulación de Empleo, Asociaciones de extrabajadores y pólizas de rentas colectivas financiadas en todo o en parte por la Junta de Andalucía. “La evidencia de este sistema nos ha permitido comprobar a partir de este complejo atestado, datos concretos y objetivos, no solo del presunto delito de cohecho, sino del de la asociación ilícita”, indica la jueza.

Los sindicatos lo niegan

Tanto UGT como Comisiones Obreras niegan haber tenido nada que ver en este sistema fraudulento y haber recibido pagos de 4,3 millones de euros por parte de Vitalia. Manuel Pastrana, secretario de UGT Andalucía, está dispuesto a enseñar sus cuentas para demostrar que el sindicato no se llevó ese dinero. El secretario general de CCOO-Andalucía, Francisco Carbonero, mostró su "sorpresa" por esta información y ha afirmado que en el sindicato, la dirección andaluza y la dirección confederal "nunca ha habido un ingreso de forma irregular" y que nunca se reunieron "con ninguna aseguradora" ni conocen a las personas que están imputadas.

El sistema de ayudas era frágil y todos se aprovecharon de su debilidad. Y todavía quedan muchos capítulos en la instrucción de Alaya. La juez se marchó este sábado del juzgado a las 16 horas, tras 24 horas trabajando, con imputados detenidos en los calabozos y todos esperando saber si quedaban en libertad o iban a la cárcel.

http://www.elconfidencial.com/espana/2013/03/24/sobrecomisiones-y-viajes-exoticos-asi-funcionaba-el-fraude-de-los-parados-andaluces--117501/

NO comprendo como nadie en Andalucía nos manifestamos por estas cosas ante la Junta o ante estos chorizos de políticos que tenemos y va a las sedes y domicilios particulares del PP.

Ni en Andalucía ni en el resto de España. Es lamentable pero en la mentalidad española aún hay mucha gente que piensa que robar o estafar no es malo si no te pillan.

La corrupción política es un espejo del mamoneo que vemos diariamente en la vida social y económica de cualquier pequeño negocio o empresa.

Ely del Valle.-

Cuando en 1870 el general Prim fue nombrado presidente del Consejo de Ministros le preguntó a su fiel ordenanza cómo podía pagarle los servicios prestados. La respuesta no se hizo esperar: «Señor, nómbreme coronel retirado».

Lo de los ERE andaluces es prácticamente lo mismo: favores pagados con jubilaciones falsas a cargo del presupuesto destinado a quienes sí tenían derecho a recibir subvenciones. Una canallada imposible de justificar.

No es la única historia que se repite. Cada vez que un listo – o varios– mete la mano donde no debe, todos piden la cabeza del máximo responsable de partido, sindicato, entidad financiera u organización al que pertenece el susodicho... excepto si es de los suyos. Es entonces cuando intentan quitarse el muerto de encima apelando a oscuras maniobras del contrario, como si el resto fuésemos tontos de baba.

En el caso de los ERE, están presuntamente implicados un consejero, un viceconsejero y un director general de Empleo, además de un delegado provincial de UGT. Fue el propio Gobierno de Manuel Chaves, con Griñán dentro, el que propició que esas subvenciones fraudulentas eludieran los protocolos legales mediante la firma de un convenio irregular, y todos fueron advertidos por el entonces interventor de la Junta de lo que se cocía cinco años antes de que estallara el escándalo. Que ahora PSOE y UGT hablen de conspiraciones tiene su guasa. Si lo sabían –que parece lo más probable– deben asumir su culpa, y si no lo sabían, alguno debería dimitir por ser un incompetente al que los suyos le estaban segando la hierba bajo los pies sin que se enterara. En cualquiera de los casos, Méndez – al que no se le espera–y Griñán – que sale por peteneras– están demostrando ser unos perfectos inútiles cuando no unos dirigentes con la cara más dura que el cemento armado.

http://estaticos03.cache.el-mundo.net/elmundo/imagenes/2013/03/27/espana/1364390164_0.jpg

No se señala, señores, ¡que educación!

X bandera escribió:Ni en Andalucía ni en el resto de España. Es lamentable pero en la mentalidad española aún hay mucha gente que piensa que robar o estafar no es malo si no te pillan.

La corrupción política es un espejo del mamoneo que vemos diariamente en la vida social y económica de cualquier pequeño negocio o empresa.

Más alto se puede decir... más claro NO.

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Un diputado del PP ve una película en pleno debate

El Parlamento de Canarias prohíbe, tras la publicación de las imágenes, sacar fotografías desde la parte superior del hemiciclo.



Manuel Fernández, diputado del PP en el Parlamento de Canarias, ha sido cazado este miércoles viendo una película en un dispositivo electrónico mientras se desarrollaba el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad en la Cámara Regional.

El periodista David Cuesta ha colgado en su perfil de Twitter unas imágenes en las que se puede ver cómo González observa una película en su Ipad en el momento en el que está interviniendo en la tribuna de oradores Román Rodríguez, portavoz de Nueva Canarias.

Según han relatado a este medio otros periodistas presentes en el hemiciclo, el presidente del Grupo Popular, Asier Antona, se ha dirigido a Fernández, miembro de la Mesa del Parlamento, para pedirle que apagara el dispositivo tras ver la fotografía en Twitter. Acto seguido, el Parlamento de Canarias se ha dirigido al periodista para advertirle que no está permitido realizar fotografías desde la parte superior de la sala, argumentado que se prohíbe para "proteger los documentos" de los diputados.

Manuel Fernández fue presidente del Grupo Parlamentario Popular en Canarias desde diciembre de 2011 hasta mayo de 2012, cuando fue sustituido por Antona, y estuvo imputado por un delito de asesoramiento ilícito en el denominado caso Salmón, aunque finalmente fue absuelto.

http://www.canariasahora.es/articulo/canarias/un-diputado-del-pp-ve-una-pelicula-en-pleno-debate/20130327143152399818.html

Y muy aplicadito que está con su película, cobrando un sueldo considerable por ver cine el mamón.

Conocemos decenas,miles,cientos de miles de casos de corrupción. Corrupción de todo tipo , moral , ético, malversación, burla ,vagancia y varias formas más.....pero no nadie hace nada, salvo los jueces ,,,de momento.

¡Con la cantidad de políticos que nos sobran! ¿cómo es posible que no lo podamos echar por eso?

http://www.20minutos.es/noticia/1773035/0/partidos-politicos/dimision/corrupcion/

Los partidos obligan a dimitir por corrupción a militantes de poco rango y 'salvan' a altos cargos



José Blanco (PSOE), Oriol Pujol y Xavier Crespo (CiU), Daniel Fernández (PSC) o Ángel González (IU), se han negado a abandonar sus escaños.

Hay más de 350 imputados en España por diferentes casos, entre los que se encuentran Nóos, los papeles de Bárcenas o los ERE en Andalucía.

En los últimos meses también se han visto en esta situación los implicados en el Madrid Arena, el espionaje político de Cataluña o Carlos Fabra.

Los partidos políticos están obligando a dimitir a sus representantes de poco rango cuando son imputados por delitos relacionados con la corrupción, pero no proceden de la misma forma cuando los afectados son sus altos cargos, a los que 'salvan' y blindan en sus escaños alegando presunción de inocencia y aplazando la decisión a fases más avanzadas de la acción judicial.

Este es el caso del exministro socialista José Blanco, los diputados de CiU Oriol Pujol y Xavier Crespo, el parlamentario del PSC Daniel Fernández o el diputado de IU en Asturias Ángel González, quienes durante el último trimestre han tenido que hacer frente a diferentes casos relacionados con la corrupción, pero se han negado a abandonar sus escaños respaldados por sus partidos. Estos se suman a los nueve diputados del PP en el Parlamento valenciano que siguen en sus puestos pese a estar inmersos en procesos judiciales.

Y mientras estos altos cargos mantienen su actividad política, durante los tres primeros meses de 2013 han dimitido más de una docena de militantes de bajo rango de todos los partidos políticos imputados en asuntos relacionados con la corrupción. Entre ellos se encuentran alcaldes como el de Sabadell, Manuel Bustos (PSC), o el de San Hilari, Robert Fauria (CiU), que renunció esta misma semana; o concejales como el 'popular' Albino Vázquez Aldrey (Santiago de Compostela) o el socialista catalán Antonio Rodríguez (Tarragona).

Los protegidos

Entre los 'protegidos' por sus formaciones, el caso más avanzado es el del exministro y ex 'número dos' del PSOE José Blanco. El fiscal pidió al Tribunal Supremo que requiriera del Congreso el suplicatorio necesario para poder juzgarle por tráfico de influencias, pese a lo que Blanco anunció que sólo dimitirá si se abre juicio oral contra él. En la misma situación se encuentra el que fuera 'número dos' de CiU Oriol Pujol, que tras ser imputado este mismo mes por la trama catalana de las ITV dejó la Secretaría General de CDC pero anunció su intención de mantener el escaño y continuar como militante convergente.

También sigue como diputado de CiU en el Parlament Xavier Crespo, imputado por su presunta relación con la mafia rusa cuando era alcalde de Lloret. Además, el pasado día 15 fue imputado el socialista catalán Daniel Fernández por un presunto delito de tráfico de influencias acusado de colocar a una ex alto cargo del Gobierno del tripartito en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac (Barcelona). Fernández dimitió como secretario de Organización del PSC pero también mantiene el escaño en el Parlament.

El último caso que ha salido a la luz es el del diputado asturiano de IU Ángel González, que mantiene el asiento con apoyo de su formación pese a haber sido imputado en relación con unos contratos efectuados en 2010 cuando era viceconsejero de Bienestar Social.

Sin embargo, esta situación no es nueva y todos estos casos, destapados durante el último trimestre, se suman a los ya existentes. Varios parlamentos autonómicos albergan desde hace meses a imputados que mantienen el puesto. El caso más llamativo es el del Parlamento valenciano, en el que hasta nueve diputados del PP mantienen su escaño pese a estar inmersos en diversas causas judiciales. También hay parlamentarios autonómicos imputados en las asambleas de Canarias, Baleares, La Rioja, Murcia, Andalucía o Madrid, que siguen en sus puestos apoyados por sus respectivos partidos.

Más de 350 imputados en España

El año 2013 comenzó con nuevas imputaciones sobre sonoros casos de corrupción como los negocios de Iñaki Urdangarin y el caso Nóos o los papeles de Bárcenas y la supuesta contabilidad B del Partido Popular; y su primer trimestre ha terminado con el nuevo impulso judicial al caso de los ERE en Andalucía, que ha concluido con una veintena de imputaciones y varios de sus implicados con órdenes de prisión.

Pero además, ha habido otros casos que se han saldado con casi medio centenar de políticos imputados durante los tres primeros meses del año, que se suman a los más de 300 con los que terminó 2012. Muchos de estos casos sí han costado el cargo a sus protagonistas, como el del ya dimitido alcalde de Sabadell Manuel Bustos por la investigación sobre corrupción urbanística en el municipio o el que era concejal de la localidad Ricard Estrada.

También han dimitido otros cargos públicos como el concejal de Tarragona Antonio Rodríguez (PSC), el condenado alcalde de Valverde (El Hierro) y diputado canario Agustín Padrón (PP) o el concejal de Fistas de Sant Antoni (Ibiza) José Costa (PP), imputado en dos conflictos laborales. Otra de las grandes causas abiertas este año ha sido la Operación Manga, que derivó en la detención de nueve personas en Santiago de Compostela, Cataluña y Asturias y tuvo como consecuencia dimisiones como la del concejal de Seguridad de Santiago de Compostela Albino Vázquez Aldrey (PP) o el alcalde de Sant Hilari Sacalm (Girona) Robert Fauria i Danés (CiU).

También el concejal de Figueras Manuel Toro (CiU) renunció a sus competencias de primer teniente de alcalde y responsable de la Concejalía de Hacienda, aunque sigue de concejal raso; y dejó el puesto el secretario de Organización de ERC Josep Carrapiço, tras haber sido llamado a declarar en el marco de esta 'caso Manga'.

Otro de los casos más importantes desde que comenzó el año es la supuesta red de espionaje político destapada al hacerse público el almuerzo que mantuvieron la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, con la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola Victoria Álvarez, protagonizada por la agencia de detectives Método 3. El primero en dimitir por este caso fue el director general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, Xavier Martorell, a quien se le atribuye haber encargado un informe a la agencia de detectives. Martorell renunció a su puesto como presidente de CDC de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), aunque mantiene su cargo en la administración catalana.

Aferrados al escaño

Esta práctica es habitual entre algunos políticos relacionados con investigaciones judiciales, que renuncian a alguno de sus cargos políticos pero mantienen el escaño. Es el caso del que era teniente alcalde de Lloret de Mar (Girona), Josep Valles, que renunció a este cargo y a seguir ejerciendo la Portavocía municipal de CiU, aunque mantiene el acta de concejal.

También hay otros que se niegan a abandonar sus cargos pese a haber sido imputados, como la alcaldesa de Carcaixent (Valencia), Lola Botella; el alcalde de O Carballiño (Orense), Argimiro Marnotes; la concejala del Ayuntamiento de Orense Marga Martín o la concejala de Cultura de Ceuta Simy Chocrón.

Otro de los casos que se ha cobrado varias víctimas políticas ha sido la tragedia del Madrid Arena. El primero en dimitir fue el vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, aunque no ha sido imputado. Más tarde abandonó el cargo al ser imputado el exdelegado de Medio Ambiente y Movilidad Antonio de Guindos, y ha perdido competencias (aunque no ha dimitido ni ha sido destituida) la exconcejal de Seguridad Fátima Núñez.

El último en renunciar a un puesto ha sido el valenciano Carlos Fabra, que ha dimitido como presidente de la sociedad promotora del aeropuerto de Castellón (Aerocas). El expresidente de la Diputación de Castellón y expresidente del PP de la provincia ha dado este paso después de que el juzgado decretase la apertura de juicio oral contra él por un presunto delito continuado de tráfico de influencias, un delito continuado de cohecho y cuatro contra la Hacienda Pública.

Aquí hace falta que desaparezcan las comunidades autónomas y tengamos una sola España.


A menos comunidades menos políticos, vale ya de mamoneo.

Como hay tantos tiene que haber de todo, su hubiera menos y más escogidos no tendríamos tanto choriceo.

http://www.abcdesevilla.es/andalucia/20130402/sevi-toxo-cobro-201304012137.html

El líder de CC.OO. avaló ante notario la creación de la asociación para cobrar los ERE

El secretario general del sindicato, Ignacio Fernández Toxo, dio el visto bueno en 2003 al plan para prejubilar a mineros con ayudas



Ignacio Fernández Toxo, en un reciente acto con dirigentes de Comisiones Obreras de Córdoba

La onda expansiva de los ERE pagados por la Junta de Andalucía salpica de lleno a la cúpula estatal de CC.OO. y, en concreto, a su máximo responsable, Ignacio Fernández Toxo. El actual secretario general del sindicato avaló ante un notario la creación de la «Asociación Faja Pirítica de Huelva», en cuya junta directiva figuraban como presidente Manuel Pastrana (líder de UGT en Andalucía) y su homólogo en CC.OO.-A, Francisco Carbonero, en calidad de vicepresidente, tal y como refleja el acta fundacional que publicó ayer ABC.

El colectivo se fundó el 30 de junio de 2003 para cobrar hasta 138,23 millones de euros en ayudas de la Junta y el Ministerio de Trabajo destinadas inicialmente a prejubilar a 687 trabajadores afectados por el desmantelamiento de explotaciones en el anillo minero onubense. En los ERE se colaron 44 intrusos.

Un lustro antes de desembarcar en la Secretaría General de CC.OO., Fernández Toxo tomó parte en la operación en su etapa como secretario general de la Federación Minerometalúrgica del sindicato a nivel estatal. La comisión ejecutiva de la federación acordó por unanimidad el 2 de junio de 2003 participar en la constitución de la asociación, amparándose en el protocolo de colaboración firmado en abril de 2003 por la Consejería de Empleo y las organizaciones sindicales de Andalucía.

El acuerdo de la ejecutiva se elevó tres semanas después a escritura pública por parte del secretario que redactó el acta de la reunión, Agustín Pérez del Castillo. Tras aportarle este documento, el notario dio fe del acuerdo, «según resulta de la certificación expedida por el señor compareciente como secretario de Actas de la Federación, con el visto bueno de Don José Ignacio Fernández Toxo como secretario general, las firmas de los cuales considero legítimas». El fedatario hace constar en la escritura la «voluntad» de la Federación Minerometalúrgica de CC.OO. de «participar en la promoción y constitución de la asociación». El sindicato designa, entre sus representantes, a Rafael Varea, secretario de la Minería, quien, junto a Daniel Soto, de UGT, nombró como mediador para coordinar las pólizas al dueño de Uniter, José González Mata (imputado por la instructora del caso, Mercedes Alaya).

que asco me dan los sindicalistas estos :suspect:

Y estos "enjambríos" que se venden en cuanto ven un euro que agarrar.

El final de las CCAA acabaría con muchos.

Debería de haber unos sindicatos independientes que se financiaran con las cuotas de sus asociados, como en todos los paises civilizados.

Hacer pensar escribió:Debería de haber unos sindicatos independientes que se financiaran con las cuotas de sus asociados, como en todos los paises civilizados.

Haberlos haylos, como las meigas. Normalmente se habla de los "sindicatos" para hacer referencia a los sindicatos de clase (alta). No está de más recordar que hay Sindicatos independientes que no roban y que en vez de hacer de la ruina nacional su negocio y forma de vida, se esfuerzan por negociar unas condiciones de trabajo más dignas que contribuyan a la buena marcha de la empresa de que se trate.

Griñán invalida una sentencia del Supremo con un decreto ley
Para confirmar los actos de la Agencia Tributaria andaluza declarados nulos.
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José Antonio Griñán

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Pedro de Tena 2013-04-04

En mayo de 2012, el Tribunal Supremo declaró nulo el decreto que regulaba el funcionamiento de la Agencia Tributaria Andaluza y consecuentemente, fueron nulos los actos de dicha Agencia durante el tiempo que funcionó bajo esa norma. 350.000 liquidaciones de impuestos fueran hechas sin cobertura legal durante más de dos años. 13.000 contribuyentes presentaron impugnaciones debido a su ilegalidad. Para salvar una norma chapucera e ilegal y salvarse de las consecuencias y responsabilidades de la sentencia del Supremo, el gobierno PSOE-IU presentó un Decreto-Ley que confirma la validez de todos los actos administrativos en materia tributaria. Y para ello, instrumentalizaron al Parlamento andaluz que este martes, con los votos de PSOE e IU, aprobó el Decreto-Ley.

Lo que quiere el bipartito, sencillamente, es impedir que los ciudadanos andaluces afectados por las 350.000 liquidaciones fiscales realizadas sin cobertura legal y por tanto, nulas, recurran tales liquidaciones y puedan, en su caso, recuperar un dinero ilegalmente ajustado y tramitado. De hecho, la diputada del PSOE Antonia Moro defendió el decreto ley porque servirá para frenar el "aluvión de reclamaciones" que se podrían producir por las irregularidades en la Agencia Tributaria. Dicho de otro modo, se trata de salvar a la Junta y su negligencia de los derechos de los ciudadanos.

El vicepresidente del Parlamento andaluz y diputado de IU, Ignacio García, dijo este martes que el decreto ley pone fin a la inseguridad jurídica en torno a la Agencia Tributaria que podría utilizar alguien para la "picaresca" y eludir el pago de impuestos. O sea, aquellos ciudadanos tratados irregularmente por la Junta, cuyos actos anuló el Tribunal Supremo, son los "pícaros".

El Partido Popular votó en contra de la aprobación de este decreto ley y solicitó que se tramitara como proyecto de ley, aunque el PSOE e IUCA lo impidieron al votar en contra. El diputado del PP Rafael Salas criticó la "chapuza" del decreto ley pergeñado por el departamento que dirige la consejera Martínez Aguayo y lamentó que en su intervención en el pleno del Parlamento no hubiera ni un "atisbo de autocrítica ni una disculpa al sindicato que denunció el atropello que ustedes cometieron cuando aprobaron los estatutos de la Agencia Tributaria".

Subraya El Mundo que la sentencia del Tribunal Supremo que anuló los estatutos de la Agencia Tributaria se dictó tras el pleito interpuesto por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), que fue apartado de la negociación. Para Salas, el decretazo sobre la Agencia Tributaria responde "tarde y mal" al "varapalo" del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del Tribunal Supremo.

La convalidación del decreto ley es "un monumento a la soberbia, a la irresponsabilidad y a la pésima gestión de los dineros de los andaluces", apuntó Salas, quien preguntó al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y la consejera si "van a asumir su responsabilidad política".

Negligencia de Griñán y Aguayo

Según declaró la propia Junta, 350.000 liquidaciones tributarias estaban afectadas de nulidad. Consecuentemente, los tribunales, a petición de los interesados, no tenían más opción que anularlas; 13.000 de ellas ya habían sido, por tal motivo, anuladas hasta el momento de dictarse el decreto-ley. La Junta ha recurrido a un Decreto-Ley para dar por buenas todas las liquidaciones "podridas" por la anulación del Supremo

La negligencia tiene sus padres. Fue el ahora presidente de la Junta de Andalucía y entonces consejero de Hacienda, José Antonio Griñán y la ahora consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo quienes iniciaron el expediente, redactaron el estatuto de la Agencia Tributaria e impulsaron su aprobación. Griñán y Aguayo son, pues, los responsables de haber aprobado una disposición declarada nula de pleno derecho por el TS por haberse dictado vulnerando la Ley y los derechos sindicales de los legítimos representantes del personal de la Junta de Andalucía. Y son ambos personajes los que han provocado un gran daño a la hacienda pública, según sus datos 13.000 liquidaciones irrecuperables.

En lugar de dimitir, como hubiera sido lo apropiado en un país democrático, han elaborado un Decreto Ley para lavar sus actos y eludir sus responsabilidades. En una maniobra que escamotea el control jurisdiccional, se da a sus actos "anulados" por el Tribunal Supremo rango de ley, decreto-ley, y despóticamente, se impone a los andaluces afectados que podrían haber recurrido sus liquidaciones anuladas por el alto tribunal.
Un ejemplo de la profunda corrupción política

Con este Decreto-Ley, que elude la responsabilidad de la Junta por la anulación judicial de sus procedimientos tributarios, según los expertos consultados por Libertad Digital, "el régimen consigue un doble objetivo: escamotear sus actos al control de los tribunales -pues éstos no pueden enjuiciar disposiciones con rango de ley- y, al propio tiempo, evitar la engorrosa tramitación que un proyecto de ley conlleva. Es decir, escamotear, también, al Parlamento el ejercicio de la potestad legislativa.

En el caso del decreto-ley del que tratamos, el Estatuto de Autonomía para Andalucía exige como supuesto habilitante la existencia de "extraordinaria y urgente necesidad" (artículo 110). Pero la sentencia del Tribunal Supremo es de 31 de mayo de 2012, y la del TSJA del 25 de febrero de 2011. No se puede alegar urgencia cuando han transcurrido diez meses desde la sentencia del TS y dos años desde la del TSJA sin haber hecho absolutamente nada.

Por ello, los expertos sostienen que el decreto-ley es inconstitucional y nulo, porque el gobierno usurpa la potestad legislativa que corresponde al parlamento, conforme a la Constitución y al Estatuto.

Con esta norma, el Ejecutivo andaluz usurpa la función legislativa y endosa al parlamento (que ha convalidado el decreto-ley) lo que es propio de la función ejecutiva. Es decir, se pretende endilgar al parlamento la producción de un acto administrativo; lo que a todas luces resulta absolutamente ajeno a la función legislativa.


La letra del decreto

El artículo único del decreto-ley aprobado por el Parlamento usa la expresión "quedan confirmados"; en ningún momento se habla de convalidación. La explicación es que no se usa la palabra convalidación porque dichos actos de la Agencia Tributaria no pueden ser convalidados; o, en todo caso, su convalidación habría de hacerse conforme al procedimiento establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y por el órgano que tenga atribuida la competencia para ello. En ningún caso mediante una disposición de rango legal; es decir, por el Parlamento en última instancia.

Porque ¿cuándo ha sido necesario que un acto administrativo requiera confirmación para producir efectos? Es más, ¿cuándo ha sido necesario que el Parlamento, la Ley, tenga que confirmar los actos dictados por los órganos administrativos para que sean válidos y eficaces? ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos de esa disposición? Es decir, ¿en qué ley pone eso, que el parlamento tenga que confirmar los actos de los órganos administrativos?

Si los actos administrativos adolecían de algún vicio dimanante de la nulidad del reglamento de la Agencia Tributaria Andaluza, no había más que un camino para su subsanación: el establecido en la ley vigente y preexistente. Sin embargo, lo que se hace es confirmar "todos los actos", no se sabe cuáles; en "cuanto adolezcan de cualquier vicio", no se sabe cuál; o sea, no se sabe si adolecen o no de algún vicio, y, por si acaso, se confirman "en cuanto adolezcan".

Para los especialistas, en un estado democrático de derecho, no es admisible la elaboración de una ley para abordar un caso concreto como éste (subsanación o confirmación de actos), cuya regulación ya está establecida en una ley ordinaria, abstracta y vigente. Del mismo modo en que no es aceptable la derogación singular de los reglamentos, es decir, adaptar la norma para que un determinado supuesto singular tenga encaje en ella, tampoco es admisible la ley elaborada para escamotear la aplicación de la ley general vigente a un caso concreto. Porque sería contrario a la seguridad jurídica y a la objetividad que la Constitución garantizan.

Por dios santo!!!

36 alcaldes cobraban más que Zapatero y 306 más que un ministro



En una sola vez y con hasta nueve años de retraso. Así presentó ayer el Tribunal Constitucional los seis informes de fiscalización del sector público local correspondientes a los ejercicios que van de 2004 a 2010. Miles y miles de páginas y una indigestión de datos. Los tiempos del Tribunal no son los tiempos de la política, ni mucho menos los tiempos de la era de internet, pero sus radiografías e informes, aunque emitidos con años de retraso, suelen deparar importantes conclusiones sobre cómo se gestiona el dinero público por parte de las principales instituciones del Estado. Conclusiones que, a veces, como ocurrió ayer, vuelven a evidenciar la falta absoluta de límites que ha existido durante años en los sueldos y retribuciones de los alcaldes y presidentes de las Diputaciones Provinciales. Muchos con sueldos que, en ocasiones, doblan al del presidente del Gobierno.

Así se desprende del primer análisis llevado a cabo en la historia del Tribunal sobre los sueldos de alcaldes, concejales y presidentes de las referidas instituciones. Los datos corresponden al año 2010, pero se trata del informe más exhaustivo elaborado hasta la fecha en base a las retribuciones notificadas por un total de 4.472 cargos públicos de 172 entidades municipales. Algunos datos apuntan directamente a un despilfarro, como el hecho de que la retribución más alta cobrada en España por un cargo electo en el año 2010 fue la del entonces presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, que percibió la nada desdeñable cifra de 141.428 euros.

Otros 36 alcaldes o presidentes de Diputación percibieron ese mismo año una retribución superior a los 83.933 euros que cobraba entonces el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Los más destacados fueron, por este orden, el citado José Joaquín Ripoll; el presidente de la Diputación de Barcelona, Antoni Fogué Moya (138.311 euros); el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch (121.466), y que fue el mejor pagado de España ese año; el primer edil de la Ciudad Condal, Jordi Hereu (116.449); el alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González (112.892); el de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón (109.486); la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá (107.776), el de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa (105.892) y el de Las Rozas, Bonifacio de Santiago (102.842). El número dos de Gallardón, Manuel Cobo, ostentó ese año el récord de ser el vicealcalde o teniente de alcalde mejor remunerado del país con 104.942 euros de sueldo. Otros 53 alcaldes o presidentes de Diputación (el 31%) obtuvieron, a su vez, una retribución total que superó las percibidas por los presidentes de sus respectivas comunidades autónomas.


El descontrol en las remuneraciones de los ediles (cada Ayuntamiento fija el sueldo de la Corporación en el primer Pleno de cada legislatura) lleva a que el Tribunal recomiende encarecidamente que las Cortes regulen, tal y como se pretende hacer en la próxima reforma de la Administración local, los baremos en materia de retribuciones máximas y que se promuevan reformas legislativas para que se establezcan límites cuantitativos a las mismas.

El Tribunal de Cuentas constata también que, en el 2010, un total de 394 cargos percibieron una retribución total superior al sueldo fijado para un consejero del Gobierno de su misma comunidad autónoma. Muchos alcaldes y concejales cobraron también por encima de lo que percibe un ministro del Gobierno de España. En total, el informe destaca que 306 cargos electos obtuvieron retribuciones totales superiores a las fijadas entonces para un ministro (74.054,03 euros). De esos 306 cargos, 36 estaban en el Ayuntamiento de Madrid, 31 en el de Barcelona, 27 en la Diputación de Barcelona, 27 en el Ayuntamiento de Valencia, 23 en la Diputación de Alicante, 18 en el Ayuntamiento de L´Hospitalet de Llobregat, 16 en Alcalá de Henares, 14 en la Diputación de Málaga, 12 en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, 9 en el de Zaragoza, 7 en el de Alcobendas, 7 en el de Majadahonda y otros 7 en el Ayuntamiento de Las Rozas.

El sueldo medio, 74.463 euros

Con todos los datos recogidos por el Tribunal, la institución elabora un retrato robot del sueldo medio que percibe un alcalde con dedicación exclusiva en España, unos 74.463 euros. Por su parte, el sueldo medio de un teniente de alcalde con dedicación exclusiva se situó en los 60.975 euros y el de un concejal, en los 52.439.

El Tribunal reclama, por último, mayor transparencia en el asunto de los sueldos y destaca que la publicidad del régimen de retribuciones de los cargos electos en la web institucional de las entidades analizadas fue minoritaria, pues sólo el 33% manifestó hacerlo. La publicación en la web institucional de la entidad de las retribuciones e indemnizaciones efectivamente percibidas por los cargos electos fue mucho menor, y sólo el 19% lo hicieron.

http://www.elconfidencial.com/espana/2013/04/10/el-dispendio-municipal-36-alcaldes-cobraban-mas-que-zapatero-y-306-mas-que-un-ministro-118528/

Fin de las CCAA ya!!...COÑO!!