EL SISTEMA SITEL. ARTÍCULO DE ANDRES MONTERO

España es un paradigma global en la aplicación
antiterrorista del Estado de Derecho. Excepciones individualizadas
aparte, los aparatos del Estado no tuvieron tentaciones de legislación
o procedimientos especiales -como hicieron democracias tan consolidadas
como la británica en Ulster- durante los años ochenta para hacer frente
a ETA. La legislación antiterrorista de entonces no era más que un
aumento razonable del período de detención policial. Tampoco tuvimos la
ocurrencia de lanzarnos a la guerra contra el terrorismo que, de nuevo
democracias anglosajonas, propugnaron y aplicaron tras el 11-S. En
cambio, España se ha mantenido como un modelo internacional en lo
relativo a su rigurosa aproximación penal y criminal ante el terrorismo.

Todos damos por sentado que el Reino Unido es una democracia. Allí, un
jefe de policía puede autorizar cuantas intervenciones telefónicas o de
email pueda fundamentar en sospechas razonables de vulneración de la
ley. Es decir, no tiene que recurrir a un juez para pinchar un
teléfono. Sin embargo, esas conversaciones así grabadas a los
sospechosos no pueden ser utilizadas en un proceso penal, ni como
elemento acusatorio ni como nada.

Por supuesto, este componente de la inteligencia policial anglosajona
es intrasplantable a nuestra legislación. Por más que se pudieran
introducir mecanismos de control interno e independientes en las
fuerzas de policía para garantizar que no existen abusos en las labores
de inteligencia, en España ese tipo de opciones ni se contemplan.

El asunto más reciente sobre nuestras idiosincrasias es la polémica en
torno al sistema Sitel del Ministerio de Interior. El instrumental
digitalizado de escucha Sitel no faculta a la Policía para intervenir
los teléfonos a su discreción sin orden judicial. Eso es posible, pero
es tan delictivo ahora como lo era antes con cables; y el mismo policía
que se jugaría antes la carrera y la libertad por prácticas ilegales se
la jugaría ahora si encendiera Sitel sin aval de un juez. Qué digo. es
ciertamente menos posible una actuación discrecional de la policía con
el sistema Sitel que cableando ilegalmente, como antes. Ahora con Sitel
todos los procesos digitales estarán auditados, así que es de suponer
improbable que un policía o una concurrencia de ellos decidan una
intervención discrecional sin autorización judicial. Precisamente
porque dejarían un claro rastro digital auditable de sus procesos.

Otra cuestión es lo que proporciona Sitel a la Policía cuando un
teléfono es intervenido por orden judicial. En ese caso, debido a la
información digitalizada del usuario disponible en el sistema, no sólo
son los paquetes de voz los que están accesibles al policía
investigador, sino cualquier dato personal sobre el usuario investigado
que posea la compañía telefónica. Por supuesto, no se nos ha ocurrido
pedirle a las telefónicas, ni a los bancos, que aseguren que sus miles
y miles de empleados accedan a nuestros datos sólo para fines de
operativa telefónica o bancaria. Una entidad bancaria tiene más
información personal sobre nosotros que la Hacienda pública y,
sencillamente, nos fiamos de ella y de sus empleados. Ahora bien, la
Policía compra un sistema que facilita tanto la intervención como el
posterior procesamiento de una acción de investigación judicial y
entonces nos preocupa qué puede ocurrir con los datos del sospechoso.

Expresado de otra manera, quien mejor puede escuchar mi línea
telefónica es mi operador de telefonía o quien mejor puede leer mis
secretos en el chat de facebook es un empresario de California. y no me
preocupan ni una cosa ni la otra. ¿Ustedes saben que una corporación
multinacional privada, la sociedad mundial de telecomunicaciones
interbancarias financieras (Swift), que agrupa a 8.300 bancos en más de
200 países y ejecuta todas las transferencias bancarias internacionales
tiene el mayor banco de datos global sobre transacciones financieras
públicas y privadas?

Es saludable que siempre le pidamos a la Policía que responda ante los
ciudadanos. Igual que deberíamos exigírselo a nuestros políticos, sobre
todo a nuestros políticos. Este país respira democracia, a veces con
oxígeno de botella. Sin embargo, los controles introducidos quizás
serían más efectivos si tuvieran más relacionados con la auditoria de
los procesos que con la restricción 'a priori' de las capacidades. Si
un policía está supervisado por un sistema de control no duden de que
la probabilidad de que actúe discrecionalmente disminuyen
exponencialmente. En ese Reino Unido del que hablábamos hay no uno sino
dos cuerpos independientes para supervisar el trabajo de la Policía: la
comisión de quejas (IPCC) y el servicio de inspección de las policías
(HMIC). Claro que esa democracia es mucho más defectuosa que la
nuestra, ¿verdad?

Andrés Montero Gómez, EL DIARIO VASCO, 2/12/2009











¿Dónde están los límites que el Estado tiene que tener sobre los ciudadanos? Para mí este artículo pone el dedo en la llaga. Hoy muchísimas empresas, particulares y desde luego los operadores tienen mucha mas información sobre mí que el Estado. ¿Quién me protege de ellos?

Si el Estado tiene un sistema bueno para protegerme y necesita orden judicial ¿A qué viene esa irresponsabilidad de algunos medios y algunos políticos para cargárselo? ¿Quién nos va a proteger de delincuentes con mas medios que el propio Estado? Un saludo.

Sitel es básicamente esto
http://graficos.lainformacion.com/2009/11/asi-funciona-el-sistema-sitel/
Aunque personalmente no es de mi agrado, si los jueces no han actuado contra él sino que además lo apoyan, poco más tengo que decir.

Y hablando de terrorismo. ¿Que pasa con el caso Faisan? ¿Esperan comerselo estas Navidades en una opípara cena, Garzón, Rubalcaba, y el okupa de la Moncloa?
Un saludo.