El fiscal pide dar carpetazo a la causa contra policias por el "soplo" a ETA

No hay «prueba directa» -según sostiene el fiscal- que apunte a que agentes de la Policía participaran en el «chivatazo» a Joseba Imanol Elosúa, máximo responsable de una red de extorsión de ETA, registrado cuando en plena tregua el Gobierno de Zapatero y socialistas vascos mantenían contactos con la banda terrorista y la ilegalizada Batasuna. Tras el «soplo», la desarticulación de este entramado se retrasó un mes: hasta junio de 2006.

Es la ausencia de «prueba directa» la que ha motivado que, tres años después de comenzar las investigaciones, la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya pedido al juez Baltasar Garzón el archivo de esta causa, al tiempo que solicita el alzamiento del secreto de las actuaciones. El Ministerio Público no ve indicios de que los tres imputados en la causa -el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco en el momento de los hechos y un inspector de la Brigada de Información de Álava- tengan relación con el «chivatazo» del 4 de mayo de 2006. En una conversación en el interior de su vehículo, Elosúa confesó a su yerno que «le han advertido del seguimiento efectuado».

Para la Fiscalía, ni la intervención de las comunicaciones durante casi dos años de varios cargos y unidades de la Policía especializadas en la lucha antiterrorista, ni reconocimientos fotográficos, ni ruedas de reconocimiento en sede judicial (Elosúa no identificó al inspector de Álava como la persona que le cedió el teléfono para que un tercero le «soplara» la operación), ni comisiones rogatorias a Francia ni los testimonios de hasta 47 personas -titulares de los móviles con tráfico de llamadas cerca del bar Faisán, del que era dueño Elosúa-, han arrojado elementos incriminatorios sobre los tres encausados, por lo que «no se puede sustentar» la acusación.

Así lo asegura el fiscal Carlos Bautista en el escrito dirigido al Juzgado del que es titular Garzón. En él reconoce que sólo el informe de análisis de llamadas telefónicas, elaborado por los cinco funcionarios de la Policía que intervinieron en la investigación (previa al «soplo») de la red de extorsión y que formaban parte del dispositivo policial que se puso en marcha los días 3 y 4 de mayo de 2006, contiene una hipótesis de imputaciones apoyada, «de forma exclusiva», en la concatenación de llamadas que el día anterior y el de la filtración se producen «de forma sucesiva» entre los imputados.

«Filtración»

El «nexo» de esas llamadas es la que se produce poco después de las 11 horas de aquel 4 de mayo -lapso en el que se sitúa el «soplo»-, y en ella participan el jefe superior de Policía del País Vasco (emisor) y el inspector de Vitoria (receptor)-». Sólo el contenido de esas conversaciones, dice el fiscal Bautista, habría arrojado luz sobre la posible vinculación de García Hidalgo y los dos funcionarios del Cuerpo con el «soplo». El éxito de la «filtración radica en que nadie detecta la presencia de la persona que supuestamente porta el móvil (y que se lo habría pasado a Elosúa) ni en las inmediaciones del domicilio de Elosúa ni en el bar Faisán».

El etarra Joseba Elosua, receptor del «soplo», no ha reconocido ni a la persona que supuestamente le entregó un móvil antes de la operación policial ni a la que le advirtió por teléfono de la inminente redada



De cualquier forma, Bautista recuerda que los dos funcionarios imputados «justifican» sus conversaciones teléfonicas en la entrevista que el jefe superior del País Vasco iba a a mantener «con un confidente miembro activo de la organización terrorista ETA en el momento de los hechos», algo que, según el fiscal, «justifica sobradamente los contactos telefónicos entre ambos». Uno y otro han mantenido una «versión exculpatoria coherente». Respecto a la presunta implicación de Hidalgo, ésta estaría motivada por sus contactos con su subordinado, el jefe superior de Policía, «algo habitual y frecuente por los cargos que desempeñaban ambos», según consta en el escrito del fiscal.

UIP y tarjetas prepago

En cuanto a la presencia de Unidades de Intervención Policial (UIP) en la frontera con Francia ese día (lo que obliga a suspender la entrevista con el confidente), ese dato aparece confirmado por dos personas distintas «y extramadamente distantes entre sí». Junto a ello, los informes remitidos por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil «corroboran la existencia muy habitual de UIP en frontera».

Otra de las circunstancias que, a juicio del fiscal, exime a los imputados es que no se ha podido determinar la identidad de los «poseedores de las tarjetas prepago que ese día (4 de mayo) efectuaron y recibieron llamadas en el ámbito de cobertura de la BTS (antena de telefonía) de Irún. Dado que en ese tiempo no era obligatorio determinar la identidad y datos personales de quien compraba una tarjeta prepago «tal investigación resulta irrealizable».

El fiscal dice que el jefe superior de Policía del País Vasco y el inspector del servicio de Información de Álava ofrecieron una «versión exculpatoria coherente»: una cita del primero con un etarra cerca de Irún



El fiscal subraya que las detenciones de Elosúa y de los miembros de la red de extorsión se retrasó un mes «no por indicaciones o sugerencias de altos mandos de Interior, sino al parecer por instrucciones de las autoridades del país vecino a los funcionarios franceses del equipo conjunto de investigación».

Por todo ello, el Ministerio Público considera «agotada la investigación». Al no concurrir claros indicios incriminatorios que «acrediten la participación de persona alguna en los hechos que se investigan resulta procedente (...) acordar el sobreseimiento provisional y archivo de la causa».


Las claves

La Fiscalía basa su petición de archivo en que no hay elementos incriminatorios contra los tres imputados. Ninguna de las diligencias practicadas apunta a su vinculación con el «chivatazo».

Entre las diligencias practicadas durante los últimos tres años figuran intervenciones telefónicas, reconocimientos fotográficos, ruedas de reconocimiento en sede judicial, informes policiales, comisiones rogatorias y la declaración de medio centenar de testigos.

Sólo un informe elaborado por los cinco agentes que participaron en la operación contra la extorsión, y que sustenta en el tráfico de llamadas entre los tres imputados, revela su posible relación con los hechos, pero no es suficiente para mantener la acusación.

Pues diga lo que diga el Fiscal. Esta mas que demostrado, que fué un policia el que le llevo el telefono al tio del bar Faisan, para que éste diera el chivatazo a los etarras.
No se como éste proetarra iba sino a decir que fué un policia, para ponerse en evidencia, y que sus secuaces pensasen de el que tenia contactos con las Fuerzas de Seguridad del Estado. Hubiera sido un suicidio nombrar a un policia, sin ser cierto.
Con esto, el Fiscal no hace mas que evidenciar lo que todos ya sabemos. Que la Justicia Española está al servicio del PSOE.
Quieren enterrar este caso, el de Chaves, el del jefe del CNI, y varios mas que atañen al PSOE. y sn embargo reabren uno como el Gürtel, que ya estaba archivado.
Claro que parte de culpa de todo esto la tiene Marianin, por no irse directamente al Tribunal de Justicia de Estrasburgo, y denunciar todas estas corruptelas por parte de los mas altos dirigentes de quienes se supone, deberian velar porque se cumpliera la Ley.
Un saludo.

Otra vez me vuelven loco. Me parece otro Titadyne. Y ojo, que soy el primero que como eso sea verdad lo considero tan grave como para que dimita el gobierno en pleno y se convoquen elecciones. Pero confío mil veces mas en la Justicia a pesar de las sombras que se lanzan contra ella que en El Mundo y la COPE interesados en descabalgar a Zapatero como sea. Un saludo.

Descuida Garufa que no vas a saber la verdad, ni tu, ni nadie. Por lo menos, hasta que Cándido no sea relevado de su puesto. Pasará como con el caso del 11-M. Que a éstas alturas de la pelicula, y despues de haber aparecido pruebas sobre el Titadyne, y las mentiras, los encubrimientos, desapariciones y destrucciones de pruebas importantisimas por parte de Manzano, el caso seguirá durmiendo el sueño de los justos, a pesar de no quedar ya casi nadie en la carcel, de todos los magrebies que fueron acusados y condenados.
Un saludo.