Luz verde a la Ley del Aborto

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo y lo remitirá a las Cortes para su tramitación poco más de un año después de que la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, anunciase la reforma. La vicepresidenta primera del Gobierno ha explicado que es el proyecto "que más se ajusta a nuestra realidad social".

María Teresa Fernández de la Vega ha subrayado que la reforma ofrece "seguridad jurídica a las mujeres, que puedan hacerlo con garantías de equidad y confidencialidad y dar seguridad jurídica a los profesionales".

El resultado, ha dicho, es una ley "sensata y ajustada a derecho que quiere dar respuesta sin dogmatismos a las carencias de la ley actual" y "que más se ajusta a nuestra realidad social" porque ofrece seguridad a las mujeres en el ejercicio de un derecho y garantías a los profesionales de la sanidad que desde hoy "tendrán más claramente establecidos los supuestos y plazos de esta prestación".

Además, la norma, que "sintoniza más con las legislaciones europeas", incluye un conjunto de acciones y medidas en el ámbito sanitario y en el educativo porque, "que nadie lo dude: la voluntad del Gobierno prevenir los embarazos no deseados para que ninguna mujer tenga que enfrentarse a la durísima decisión de abortar".

El Proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo establece que hasta la semana 14 de gestación la mujer podrá abortar libremente, siempre que haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer para la maternidad si tal fuera su decisión, al menos tres días antes del aborto.

De manera excepcional, hasta la semana 22, la mujer podrá abortar sólo en dos supuestos: si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto. En ambos casos, la decisión deberá ir acompañada de un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.

La vicepresidenta ha puntualizado además que, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Estado, el texto aprobado este sábado establece que la vida prenatal "es un bien jurídico que merece una protección eficaz" pero que "se articula a través de la voluntad de las mujeres y no en contra".

La reforma establece también que cada autonomía tendrá al menos un Comité Clínico -formado por un equipo pluridisciplinar de expertos- encargado de valorar los diagnósticos prenatales de las enfermedades extremadamente graves, si bien, ha puntualizado la vicepresidenta, "será la mujer la que decida sobre su intervención".

En cuanto al Código Penal, la nueva ley castigará no sólo a quien practica un aborto fuera de los supuestos establecidos en la ley, sino a quien lo haga sin contar con los informes preceptivos; a quien lo haga en un centro no autorizado, y a quien consienta o practique un aborto más allá de las 22 semanas de gestación fuera de los supuestos extraordinarios previstos en la ley.

De la Vega ha subrayado, no obstante, que la reforma no incluye pena de prisión para la mujer y que las modificaciones introducidas en la reforma "sólo refuerzan el principio de proporcionalidad de las penas en relación con las distintas conductas".

La reforma también refuerza la protección de la intimidad y la confidencialidad de las mujeres, tal y como ha recomendado la Agencia de Protección de Datos.

Respecto al trámite parlamentario, la vicepresidenta ha mostrado su voluntad de escuchar a todos los grupos para incorporar algunos de los aspectos que más han preocupado a la sociedad como la información a las menores de 18 años.

Uno de los puntos más polémicos y que más se ha debatido es el que propone que menores de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres, aunque existe un cierto consenso sobre la conveniencia de informarles.

La aprobación del proyecto llega poco más de un año después de que Bibiana Aído anunciase la reforma de la legislación en materia de aborto.

El Partido Popular recurre al Constitucional en un intento de paralizar el «aborto libre»

*El texto contra esta Ley "socialista" se concreta en ocho puntos que hacen que esta práctica "se convierta en un derecho indiscriminado", según Federico Trillo
*Entre los artículos que intentan que se suspendan cautelarmente figura permitir la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación
*El partido que lidera Rajoy hace "especial hincapié" en el punto que permite a las chicas de 16 y 17 años poner fin a su embarazo "sin el consentimiento y el conocimiento de sus padres"


El Norte de Castilla, 1 de junio de 2010

El PP ha presentado su anunciado recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley del Aborto, cuando falta apenas un mes para que entre en vigor, en un intento de que se suspendan cautelarmente los artículos impugnados de esta normativa, entre los que figura la liberalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.

El coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, ha hecho estas declaraciones a las puertas del Alto Tribunal, donde ha denunciado que la nueva Ley deja totalmente desprotegido al no nacido frente a los derechos de la madre. "El aborto libre en las primeras 14 semanas del embarazo, hasta tres meses y medio de gestación, nos parece contrario al derecho a la vida, tal y como lo ha interpretado el Tribunal Constitucional desde sus comienzos, en el año 1985", ha sentenciado Trillo.

El recurso contra esta Ley "socialista" se concreta en ocho preceptos que hacen que el aborto, "lejos de ser una excepción y una práctica mala para la mujer y, por supuesto, para la criatura, se convierta en un derecho indiscriminado", según el dirigente popular. El partido que lidera Mariano Rajoy hace "especial hincapié" en el punto que permite a las chicas de 16 y 17 años poner fin a su embarazo "sin el consentimiento y el conocimiento de sus padres".

El coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP ha advertido de que, de no producirse la suspensión de estos preceptos, "el derecho a la tutela judicial efectiva y el propio objeto de este recurso quedaría sin eficacia".
Trillo ha reiterado que cuando lleguen al Gobierno impugnarán la Ley y ha aclarado que no han podido solicitar su suspensión total porque la Ley Orgánica del TC, modificada por el PSOE, hizo desaparecer el recurso previo de inconstitucionalidad que preveía la paralización "automática" de leyes que desarrollan derechos fundamentales o estatutos de autonomía. Dada esta situación, se solicita que se suspenda la aplicación de los preceptos impugnados hasta que no se resuelva el recurso de inconstitucionalidad, cuya tramitación se pide que sea "preferente". En una petición adicional, el PP justifica la suspensión porque la aplicación de las normas recurridas generaría perjuicios "irreparables evidentes, al tratarse de vidas humanas cuya eliminación sería irremediable".

Los puntos más polémicos de la Ley


La portavoz de Igualdad Sandra Moneo, una de las ponentes del texto junto con el diputado Santiago Cervera, ha defendido la posición de las Comunidades que ayer pidieron a la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, que retirara el desarrollo reglamentario de la Ley. La reglamentación, que Moneo ha calificado de "escandalosa", deja en manos de los médicos la decisión sobre qué menores no informarán a sus padres de que van a abortar, cuando aleguen que puede ser coaccionadas. Esta medida es, para la diputada, "manifiestamente inconstitucional" por ir contra la patria potestad, al impedir a los padres ejercer su derecho a formar a sus hijos, prestarles asistencia y aminorar las garantías de la vida del nasciturus.

El recurso toma como punto de partida la doctrina del TC en su sentencia de 1985, ratificada por dos posteriores de 1996 y 1999, donde se establece que los derechos de la mujer no pueden tener primacía absoluta sobre la vida del no nacido. Asimismo, se considera contrario a la Constitución el régimen concreto de regulación de la objeción de conciencia, al limitarse sólo a parte del personal sanitario y exigir requisitos que dificultan su ejercicio. Por último, se recurre la obligación de enseñar las materias relativas a la salud sexual y reproductiva desde una perspectiva ideológica de género, así como el que "se obligue a la práctica clínica de abortos".

Frente a las expectativas del PP, los responsables de los tres departamentos que han promovido esta reforma -Sanidad, Justicia e Igualdad- han coincidido en señalar que el recurso no impedirá que se cumplan los plazos de la ley y han recordado que el TC nunca ha suspendido una Ley de ámbito estatal. La secretaria de Políticas de Igualdad del PSOE, Soledad Cabezón, ha acusado al PP de "oportunismo y demagogia" porque "siempre recurre todas las leyes que tienen que ver con los derechos de ciudadanía y de las mujeres, pero nunca las deroga cuando llega al poder".