Conde-Pumpido reclama modificacion de la Ley de Régimen Local

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, reclamó este lunes durante su intervención en el acto de apertura del Año Judicial una modificación de la Ley de Bases de Régimen Local.

De esta forma, se terminará con la actual situación "hiriente para la sensibilidad democrática" que permite que quienes concurrieron a un proceso electoral en las filas de un partido ilegalizado por su vinculación con ETA, como es el caso de ANV, "pueda seguir detentando el gobierno de las Corporaciones Municipales".

Así lo destacó el fiscal general ante el Rey y altos representantes de la Judicatura durante el acto solemne celebrado en el Tribunal Supremo, si bien en su discurso no citó expresamente a Acción Nacionalista Vasca (ANV). Esta reclamación se incluye en la última Memoria de la Fiscalía, relativa a 2008.

Lo que pasa actualmente en determinados municipios del País Vasco y Navarra "no encaja en la taxativa tipicidad de la norma actualmente vigente", según advierte la última Memoria de la Fiscalía General del Estado, por lo que el Ministerio Público propugnó una "una fórmula general que permita erradicar directamente esta realidad".

Concretamente, propuso la incorporación al artículo 61 de la citada Ley Orgánica de una causa de disolución más, que afecte de forma concreta al Ayuntamiento "que sea gobernado por una mayoría de concejales que hubieran sido elegidos en la lista de un partido ilegalizado".

A juicio del fiscal general, que comenzó su discurso ante el Rey con una frase del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama -"En democracia el cargo más importante es el de ciudadano"-, esta modificación normativa no colisionaría con la doctrina constitucional según la cual "el derecho a participar corresponde a los ciudadanos, y no a los partidos", referida a supuestos de desvinculación entre el partido y el cargo electo.

Se excluiría además la posibilidad, "de que el abandono o la expulsión de un partido comporte la pérdida del cargo representativo, puesto que ese razonamiento no puede entenderse extrapolable a una realidad jurídica distinta", como es la que se da en los Ayuntamientos gobernados por ANV.

Se evitará así que "un partido político declarado ilegal pueda perpetuar su actividad política a través de los cargos públicos que fueron elegidos en sus listas", insistió.

REFORMA DEL SISTEMA PROCESAL

Durante su discurso, el fiscal general se refirió también a la "insuficiencia y obsolescencia" de nuestro sistema procesal penal", por lo que reclamó una reforma del mismo con el fin de acabar con "fenómeno, como la politización de la Justicia y la judicialización de la política" que, a su juicio, tienen que ver no sólo con "quienes, desde cualquier posición, pretenden confundir ambas esferas en beneficio, sino también con la debilidad de un sistema procesal caduco, ajeno a la complejidad de la vida pública y de las relaciones privadas de nuestros días", dijo.

CONTRA TERRORISTAS EN RED

Asimismo, Conde-Pumpido señaló que sería deseable, al hilo de la reforma del Código Penal que prepara el Ministerio de Justicia, alcanzar una definición legal del concepto de organización criminal, especialmente de las de carácter terrorista, "que ponga fin a la consideración de éstas como asociaciones ilícitas y opte clara y palmariamente por conceptuarlas como organizaciones criminales".

Ello, a juicio del alto representante del Ministerio Público, reforzará la persecución de las nuevas modalidades de actuación del terrorismo internacional, "en particular la difusión de consignas organizativas a través de la red y la actuación de células de captación o recluta de nuevos miembros capaces de precipitar en escaso tiempo una acción terrorista directa".

JURISDICCIÓN UNIVERSAL

En el capítulo de propuestas de modificación legislativa, la Memoria de la Fiscalía alude a la reforma que se tramita en las Cortes del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, referida a la persecución en España de los delitos de lesa humanidad (jurisdicción universal).

Indicó que, en la actualidad, la Ley permite la "proliferación de procedimientos relativos a delitos producidos en lugares totalmente extraños y alejados, que se incoan sin perspectiva de eficacia alguna", y a instancia de personas que en ocasiones no están relacionadas directamente con el hecho investigado.

Esta circunstancia, lejos de asegurar el fin perseguido, según el fiscal general, supone un retroceso del principio de jurisdicción universal porque extiende la "sensación de impunidad e ineficacia del Derecho para dar solución a estos conflictos". Por ello, mostró su esperanza en que la reforma en curso termine siendo una realidad.

En este punto, el fiscal general se refirió de forma contundente al concepto de "abuso de derecho" y reconoció que algunas de las causas que se presentan en la Audiencia Nacional buscan el fin "muchas veces legítimo y encomiable" de lograr la difusión mediática de situaciones que atentan contra los Derechos Humanos, así como la movilización de la acción política en aquellos lugares donde se cometen. Sin embargo, dichos fines "son objetivamente ajenos a la función jurisdiccional".
"Por eso proponemos que el ejercicio de la Jurisdicción Universal de nuestros tribunales se vincule (...) al requisito de que no exista o haya existido una efectiva investigación por los mismos hechos en el Estado donde hayan tenido lugar, y q que los que han de investigarse guarden algún tipo de conexión de naturaleza histórica, social, cultural, geográfica o jurídica con España que justifique y permita la intervención de nuestra Justicia", concluyó.