La Audiencia Nacional estudia hoy si abre diligencias informativas al juez Velasco

El presidente, Ángel Juanes, informará a la Sala de Gobierno de lo ocurrido con la etarra Aranalde



Claves

Si la Sala de Gobierno de la Audiencia considerase que hay anomalías, sólo instruiría el caso si se apreciara falta leve

Fuentes de la Audiencia Nacional no ocultaron su «preocupación» por los hechos ocurridos y por la imagen que puede dar esta «aparente descoordinación»

En un primer momento la fiscal no se opuso a la prisión eludible con fianza que finalmente acordó el magistrado

Fuentes jurídicas muestran su extrañeza por la decisión del juez (sustituto), cuando lo normal es que se encarcele y que luego sea el instructor del caso quien decida








La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional tiene previsto estudiar hoy la decisión del juez Eloy Velasco que facilitó la huida de la etarra Maite Aranalde antes de que Garzón aceptara el recurso de la Fiscalía y acordara su ingreso en prisión incondicional. La fuga de la terrorista, además de un sinfín de críticas, motivó la orden de busca y captura dictada el martes por el titular del Juzgado Central de Instrucción 5.

Fuentes jurídicas aseguraron que ante la trascendencia de esta fuga y la posibilidad de que se pudiera haber producido alguna «disfunción», el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, ha decidido dar cuenta de lo sucedido a la Sala de Gobierno, que ya tenía previsto reunirse hoy. De hecho, el asunto de Velasco no está incluido en el orden del día, sino que Juanes informará del mismo al comienzo del encuentro.

Fuentes de este Tribunal aseguraron a ABC que la decisión de Juanes «no prejuzga nada», sino que se trata simplemente de dar explicaciones, que no tendrían por qué tener consecuencia alguna. No obstante, si así lo consideran los miembros de la Sala de Gobierno (compuesta, junto con el presidente de la Audiencia Nacional, por los de las Salas Penal, Social, Contencioso y tres magistrados electos), ésta tendría potestad para ordenar la incoación de diligencias informativas para averiguar lo ocurrido y, en su caso, exigir responsabilidades disciplinarias por «disfunciones o anomalías en el funcionamiento del servicio».

Sólo por falta leve

De esta forma, si la Sala considera que de esas diligencias se deriva algún tipo de responsabilidad sólo tendría potestad para sancionar al juez por falta leve (multa); todo lo que supere esta sanción ya sería trabajo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el único con potestad para castigar faltas graves o muy graves.
Fuentes de la Audiencia Nacional no ocultaron a este periódico su «preocupación» por los hechos ocurridos y por la imagen que esta «aparente descoordinación» puede dar de este Tribunal. No obstante, se muestran convencidas de que Eloy Velasco obró conforme a Derecho e incluso apuntan que cuando la etarra compareció ante el juez Velasco el miércoles, un día después de la entrega por Francia, la fiscal Susana Landeras en un primer momento no se opuso a la prisión eludible con fianza que finalmente acordó el magistrado. Sin embargo, y tras consultarlo con la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Landeras volvió a valorar el asunto y a solicitar ya formalmente prisión incondicional para la etarra, petición que mantuvo al término de esa comparecencia y en el posterior recurso contra el auto de libertad.

De la información recabada sobre la actuación del juez Velasco se desprende que efectivamente fue determinante para su decisión la absolución en 2007 por parte de la Audiencia Nacional de Iker Olabarrieta, acusado por los mismos hechos por los que había sido entregada Aranalde (tenencia de explosivos con fines terroristas). La pena con la que está castigado este delito, sumada a que el juez consideró que su arraigo familiar y una fianza de 12.000 euros aminoraba ese riesgo de fuga llevaron al magistrado a tomar su trágica decisión.

Sin embargo, otras fuentes consultadas no se explican cómo el instructor trasladó la valoración de la prueba realizada en la sentencia absolutoria citada al caso concreto de Aranalde, si, como ya le reprochó Garzón en el auto de prisión incondicional, esa absolución no podía «determinar la certeza o presunción de que la etarra fuera a correr la misma suerte» que su compañero de comando.

Otra cuestión que no se explican esas mismas fuentes es por qué Velasco dictó prisión eludible en una causa que no era suya, cuando en los casos de entrega durante las guardias -y más con una orden de detención aparejada, como era el caso- es costumbre en la Audiencia Nacional acordar prisión incondicional y que sea el
instructor de ese procedimiento, conocedor de la causa, el que posteriormente decida sobre la situación personal del reclamado.

En descargo de Velasco arguyen que el principio de especialidad le impedía conocer sobre una causa que no era suya ni del juez al que sustituía, en referencia al otro procedimiento por el que la etarra estaba reclamada y cuya solicitud de entrega extravió Francia. Se trata de unas diligencias previas abiertas en el Juzgado Central de Instrucción número 1 (Pedraz) en las que la etarra está imputada (todavía no procesada) por estragos en relación con su presunta participación en la cadena de atentados en gasolineras de Madrid durante el Puente de la Constitución del año 2004.

Reconocimiento fotográfico

Según ha podido saber ABC, Aranalde está imputada en esta causa gracias al reconocimiento fotográfico de un testigo que la situó en una de esas estaciones de servicio. La entrega por esta causa (la petición que Francia traspapeló) habría permitido someter a la etarra a una rueda de reconocimiento, lo que habrá de posponerse hasta que la terrorista aparezca y la justicia francesa cumplimente la euroorden que ha sido cursada de nuevo.