La Junta negoció dar dinero a las familias para no ir a juicio

El Gobierno de Barreda dice que la iniciativa y la propuesta de acuerdo partieron del abogado de la acusación

«Nadie que no es responsable paga», aseguran los familiares

El sufrimiento acumulado durante cuatro años ha hecho mella entre los familiares de las víctimas. Mientras avanzaba la investigación judicial, muchos de ellos han seguido precisando de la ayuda de psicólogos. Para evitar ese dolor, aceptaron una negociación en la que pusieron como primera premisa que la Junta pidiera perdón y expedientara a los funcionarios que dirigieron la extinción. Por eso, aseguran, rechazaron unánimemente la última oferta, que según ellos sólo incluía indemnizaciones. «Siempre hemos dicho que no se trata de una cuestión de dinero», declaró ayer un portavoz de la asociación que agrupa a la mayoría de los familiares. «Lo que también tenemos claro —añadió— es que nadie que no es responsable paga, y ellos estaban dispuestos a pagar». Por su parte, la Junta insistió en señalar que participó en la negociación para que dejaran de sufrir todas las partes, principalmente las familias y los técnicos imputados.

El Gobierno regional de Castilla-La Mancha que preside el socialista José María Barreda negoció indemnizar a las familias de ocho de las once víctimas del incendio de Guadalajara a cambio de que éstas retiraran la acusación contra los técnicos y los responsables políticos regionales imputados, que se enfrentan a penas de siete años de prisión por delitos contra la seguridad de los trabajadores, imprudencia y homicidio imprudente.

Las posibles indemnizaciones rondaban los 120.000 euros a cada familia y los mediadores propusieron firmar un documento en el que la Junta les pedía perdón por los errores cometidos en el proceso de extinción y por el trato dado a los allegados de las víctimas tras los fallecimientos.

Según han confirmado ambas partes, los contactos se iniciaron en la primavera de 2008 y actuó como mediador un cargo socialista provincial, que mantuvo varias reuniones para intentar llegar a un acuerdo extrajudicial que pusiera fin al contencioso iniciado en el Juzgado de Sigüenza días después de la tragedia ocurrida en julio de 2005. También ambas partes reconocen que se negoció el pago de indemnizaciones económicas a las familias y que fueron éstas últimas las que desestimaron un posible pacto, rompiéndose así definitivamente los contactos.

«Para evitar más sufrimiento»

Sin embargo, las versiones difieren en algunos detalles de la negociación. Así, un portavoz del Ejecutivo castellano-manchego indicó ayer a ABC que la mediación comenzó por iniciativa del abogado que representa a ocho familias de las víctimas y tío de uno de los fallecidos, Miguel Solano, y que la Junta aceptó negociar «siempre que estuvieran conformes todos los técnicos imputados y todas las familias, con el objetivo de que dejaran de sufrir ambas partes». Dicho portavoz afirmó que seis familias llegaron a estar de acuerdo con la propuesta presentada por la mediación y que todo se frustró por la oposición que mantenían las dos restantes.

Por su parte, Miguel Solano matizó que la iniciativa fue conjunta entre él y el político socialista antes citado, a raíz de un encuentro casual entre ambos, y que el motivo de la ruptura de las negociaciones fue que el Gobierno regional, que en un principio estaba dispuesto a pedirles públicamente disculpas por lo ocurrido y por el trato dispensado, en una segunda fase de la mediación se descolgó con una oferta únicamente económica, a la que ésta vez sí se opusieron la totalidad de las ocho familias a las que Solano representa.

Según dicha versión, ésta última oferta consistía en indemnizaciones que rondaban los 120.000 euros por familia, así como en abonar la minuta de los abogados, de los procuradores e incluso del controvertido informe elaborado por el ingeniero de Montes José Miguel Montoya, en el que se repasa la «cadena de errores» que originaron la tragedia.

Expedientes a los técnicos

En el borrador de acuerdo extrajudicial que estuvo cerca de firmarse tras la primera mediación en julio de 2008, al que ha tenido acceso ABC, se indica que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha «pide expresamente perdón a los familiares de las víctimas por los errores y/u omisiones que se hubieran podido cometer en el proceso de extinción del incendio». Además, a cambio de la retirada de las acusaciones, el Ejecutivo regional debía comprometerse «a incoar los correspondientes expedientes administrativos a efectos de investigar la actuación de los funcionarios implicados si se dictase resolución absolutoria o de sobreseimiento del proceso».

Aparte de una serie de indemnizaciones que variaban en la cuantía dependiendo de la situación de cada fallecido, se proponía que la Junta pidiera «expresamente perdón, por todas aquellas actitudes mantenidas desde el día de los hechos y que hayan podido agravar el dolor de los familiares de las víctimas».

Tal era el grado de oficialidad que podría haber alcanzado el posible acuerdo entre ambas partes, que, una vez firmado por todas las familias, iba a ser «elevado al Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para su aceptación, y una vez aprobado proceder a su cumplimiento».