Está ganando Rajoy en Cataluña?

El transcurrir de los acontecimientos parece indicar que –al menos a corto– Mariano Rajoy está ganando la batalla de la consulta catalana. Resumamos lo sucedido la última semana.
Martes 30. Tras la orden de suspensión de la consulta dictada la tarde del lunes por el Tribunal Constitucional, el gobierno catalán decide suspender la campaña publicitaria de la consulta. ¿Es posible que la ya famosa ‘astucia’ de Mas consistiera en pensar que el TC no se reuniría hasta el martes 7 –ese era el calendario previsto– y que tendría unos días para que la campaña movilizara?

Al atardecer del martes y pese a fuertes lluvias muchos manifestantes se reúnen ante los ayuntamientos catalanes para protestar contra la decisión del TC.  

Miércoles 1. A primera hora, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, afirma que “si a CDC le tiemblan las piernas” (por miedo a las leyes del Estado), los republicanos están dispuestos a entrar en el Gobierno, asumir la áreas sensibles y peligrosas, y buscar funcionarios dispuestos a plantar cara y preparar la consulta.

Por la tarde, el presidente Mas se reúne por separado en el parlamento con los líderes de los otros partidos proconsulta (ERC, ICV y las CUP). La reunión con ERC va mal porque Junqueras llega a la conclusión de que Mas abandona el 9-N y le presiona para ir a unas elecciones plebiscitarias en una lista única. El líder de ERC quiere seguir adelante con el 9-N (ha hablado alguna vez de desobediencia civil) y no está ni por el adelanto electoral ni por la lista conjunta.

Jueves 2. Pese a la suspensión de la consulta por el TC y a que el Gobierno catalán también ha suspendido la campaña, Mas firma a última hora de la tarde el decreto de creación de la Comisión de Control prevista por la reciente Ley de Consultas no referendarias y que tiene funciones similares a las de una Junta Electoral (Cataluña no tiene ley electoral propia). La interpretación es que Mas firma el decreto como un gesto hacia Junqueras para que no fracase la cumbre de los partidos proconsulta prevista para el día siguiente, aunque para ello tenga que bordear la ilegalidad.

Viernes 3. El bloque soberanista se reúne durante siete horas (en sesiones de mañana y tarde) y no alcanza un acuerdo hasta las nueve de la noche. Por la mañana se evidencian discrepancias entre CiU y ERC. La unidad –plasmada en una foto final de todos los participantes– se basa en proclamar que la consulta de 9-N sigue adelante, que celebrará y que se ha llegado a acuerdos –que deben ser discretos– para garantizarla. A la salida un participante confiesa: “sólo hemos ganado unos días”.

Sábado 4. Acto solemne en el Palau de la Generalitat. Segundo histórico en una semana ya que el primero tuvo lugar el sábado anterior (el 27 de octubre) cuando Artur Mas firmó el decreto de la convocatoria de la consulta. Los representantes de los 920 municipios que han aprobado mociones a favor de la consulta (no todas son iguales ni incondicionales) entregan dichas resoluciones al president. Es un acto de apoyo a la consulta del 9-N pero muchos alcaldes asistentes se entusiasman y corean el grito de independencia.

Domingo 5. Duran i Lleida salva la unidad de Unió Democrática al permitir que el partido no se defina sobre la independencia y admita tanto el voto a favor como en contra. Es la misma solución que hace unos días decidió ICV. Así, dos de los partidos que apoyan la consulta (UDC e ICV) dan libertad de voto respecto a la segunda pregunta (el estado independiente). Unió se posiciona así de forma diferente a CDC.

El president Mas en Tarragona reafirma que el 9-N se votará, y que tras el voto del pueblo catalán el presidente Rajoy tendrá que cambiar de actitud.

Rajoy va a ganar la batalla de la consulta porque tiene el orden jurídico de su parte y Mas ha valorado mal la coyuntura política española. Pero si Rajoy no comprende la realidad catalana –la desafección creciente, al menos respecto a la idea de España del PP– también puede equivocarse e ir de victoria en victoria hasta la derrota final

Por la noche trasciende que Joaquim Brugué, catedrático de Ciencia Política de la Autónoma y uno de los siete miembros de la recién creada Comisión de Control, ha dimitido porque cree que la consulta no se puede realizar con plenas garantías democráticas. Brugué es próximo a ICV (fue director general de participación ciudadana con el tripartito) y su abandono es un golpe para la consulta.

Lunes 6. A primera hora de la mañana y por sorpresa el portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, muy próximo al president, asegura que entre el 13,14 y 15 de octubre, o sea la semana próxima, se deberá decidir si se sigue adelante con la consulta ya que habrá un serio problema de plazos si el TC no levanta la suspensión.

Las declaraciones de Homs –que no acostumbra a equivocarse en los mensajes que quiere lanzar– causan revuelo porque el acuerdo de la cumbre soberanista del viernes consistía en proclamar que la consulta se iba a celebrar. Y los más escépticos creían que esa apariencia de unidad iba a durar al menos unos días. ¿Por qué ahora Homs se separaba de la declaración solemne del viernes pasado? Parece que la vicepresidenta, Joana Ortega, que a la salida de la reunión del viernes no tenía buena cara, está muy preocupada por el respeto al orden jurídico.

Sea como sea, la portavoz parlamentaria de ERC, Anna Simó, reacciona con dureza: “El Gobierno nos ha descolocado al ponerle una posible fecha de defunción a la consulta, ya que el viernes se acordaron todas las garantías democráticas para llevarla a cabo”. ¿Se ha vuelto a romper la unidad tan trabajosamente recuperada el viernes?

Por otra parte, en medios jurídicos se pone de relieve cierta incongruencia en la actitud de la Generalitat ante el TC. Le urge a que levante la suspensión de la consulta con rapidez pero al mismo tiempo se recusa al presidente y a otro magistrado, lo que no puede ayudar a la celeridad.

Martes 7. Tras la habitual reunión del Govern de los martes, el conseller Homs comparece y afirma rotundo que la consulta se celebrará el 9 de noviembre. Admite que hay dificultades pero asegura que se van superando. Así, lo nunca visto, ‘Homs martes’ desmiente con desparpajo total a ‘Homs lunes’. Artur Mas no quiere –ni puede– saltarse la legalidad, pero al mismo tiempo tampoco se puede permitir divorciarse de ERC. ¿Hasta cuándo será posible compatibilizar ambos objetivos? ¿Cuál será prioritario?

Sí, parece que Mariano Rajoy está ganado la batalla de la consulta y que el Gobierno catalán sólo está retrasando el momento en el que lo admita. Rajoy gana porque el orden jurídico está de su parte (es muy difícil sostener que una pregunta tan referendaria como la independencia de Cataluña se pueda hacer en base a una “ley de consultas no referendarias y participación ciudadana”). También porque Artur Mas ha priorizado sus urgencias catalanas (la mayoría parlamentaria tras perder 12 diputados en el 2012) a la coyuntura política española.

Cualquier consulta sobre el autogobierno catalán precisa un pacto previo con el Estado y era muy aventurado suponer que un Gobierno del PP, con mayoría absoluta, admitiría un referéndum independentista. Y menos a pocos meses de unas elecciones generales. También parece que el comportamiento de Artur Mas se debe a la posición de debilidad de CDC ante un posible adelanto electoral –quizás forzoso y en todo caso imprescindible para cumplir su palabra de que los catalanes voten– tanto por el caso Pujol como porque todas las encuestas sitúan a ERC como la primera fuerza.

Pero ganar la batalla jurídica y política de hoy no es ganar la guerra. Primero, porque la desafección catalana ha subido muchos grados. Tres movilizaciones de cerca de un millón de personas de todas las edades durante tres años seguidos no es algo muy común en la Europa actual.  La corriente de fondo catalana dominante no concuerda con la idea de España que el PP ha exhibido en los últimos años. Y la decisión de dedicar a Cataluña, en los presupuestos del 2015, el porcentaje más bajo de inversión pública de los últimos 17 años es una guinda que no va a ayudar a corregir este estado de cosas.

El Gobierno catalán quiere respetar la legalidad (aceptar la suspensión del TC), pero al mismo tiempo no puede permitirse la ruptura con ERC. ¿Cuánto tiempo serán compatibles los dos objetivos? Mientras tanto, ‘Homs martes’ desmiente a ‘Homs lunes’ sobre la viabilidad de la consulta del 9-N. ¡Todo un paso en el mundo de la comunicación política!

Segundo, porque el problema político sigue allí donde estaba. Intacto. Es cierto que Artur Mas y CDC pueden pagar caro el grave error cometido, pero la solución del contencioso no avanzará en una vía conciliadora si Oriol Junqueras releva a Artur Mas en la presidencia de la Generalitat.

Tercero, porque el rechazo de Rajoy a buscar una solución que conllevara algún movimiento de su parte dificulta la credibilidad política de las fuerzas catalanistas no independentistas que buscan una tercera vía: el PSC de Miquel Iceta pero también los democristianos de Unió (Duran i Lleida ha tenido que pactar la libertad de voto sobre la independencia) y los ecosocialistas de Joan Herrera.

Un hombre tan poco sospechoso como Josep Ramón Bosch, presidente de Societat Civil Catalana, grupo que ha celebrado el 11 de septiembre y que quiere celebrar también el 12 de octubre el próximo domingo, dijo el lunes en Madrid (ante los corresponsales de prensa extranjera) que “el reto independentista es muy serio” y que el momento más “explosivo” vendrá en las elecciones municipales de mayo cuando ERC puede hacerse “con 600 de los 947 municipios”. Muchos municipios me parecen, pero antes también puede haber unas elecciones plebiscitarias anticipadas en la que una lista conjunta CDC-ERC (difícil pero no imposible) obtenga la mayoría absoluta del parlamento catalán.

Por último, y aunque la subdivisión de los estados actuales (y por tanto la independencia catalana) no es popular ni en Bruselas ni entre los Gobiernos europeos, es también cierto que gobernar un país (o una parte) en democracia es difícil sin un mínimo consenso institucional.

Por eso la prensa económica europea y americana está diciendo a Rajoy –con insistencia creciente– que se enfrenta a un problema político que necesita una solución política.

El artículo 2 de la Constitución no es un seguro de vida contra la mala gestión de un pleito territorial y abultados y repetidos errores de sensibilidad.

Y sin marcha atrás en la creciente crispación, tanto la calificación de la deuda catalana (como dice Montoro cada día más deuda española) como la calificación de España como país de gran estabilidad política pueden verse afectadas.  

Es significativo el editorial del Financial Times del lunes, titulado ‘España debe evitar el rumbo de colisión’ en el que tras subrayar que el diario ha estado contra la independencia de Escocia y que cree que la ruptura sería mala para Cataluña y España, afirma con rotundidad: “Cataluña quiere ser reconocida como nación y tener un mayor grado de autonomía fiscal. Son demandas legítimas (…) y el señor Rajoy no puede parapetarse en la Constitución sino que debe construir un amplio consenso para cambiarla, con buena fe y en un tiempo razonable”. La agencia económica americana Bloomberg dijo algo similar la semana pasada.
Rajoy quizás esté ganando la batalla de la consulta pero si no “cambia” –como le pedía ayer desde este diario José Antonio Zarzalejos– puede ir de victoria en victoria hasta la derrota final. Miquel Iceta decía el lunes que Artur Mas hacía teatro y del malo. Es posible. Pero el teatro forma parte de la vida y si los otros locales están cerrados –por orden constitucional– muchos aficionados acaban acudiendo al abierto. Aunque la función resulte decepcionante.    


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