El juez Ruz investiga una operación inmobiliaria del hijo de Jordi Pujol

El juez Ruz investiga una operación inmobiliaria de Jordi Pujol



Una contratista de carreteras de la Generalitat, Aglomerats Girona, compró a Jordi Pujol Ferrusola y a su mujer, Mercè Gironés, por 4,8 millones de euros dos solares en Palamós cuyo valor catastral conjunto era en aquel entonces (2006) de 900 euros. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz investiga esta operación detectada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef). La Policía sospecha que se trata del pago de otra comisión encubierta al primogénito del ex presidente catalán. Aglomerats Girona ya se vio involucrada en 2011 en un presunto amaño de concursos de la Generalitat.
La Udef ha puesto en conocimiento del juez Pablo Ruz una operación inmobiliaria en la que advierte indicios del posible pago de una importante comisión ilegal a Jordi Pujol Ferrusola.
El Grupo de Blanqueo adscrito a la investigación que sigue el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional contra el clan catalán ha descubierto que uno de los contratistas de obra pública de la Generalitat, Aglomerats Girona, especializado en la construcción de puentes y carreteras, adquirió en julio de 2006 dos parcelas rústicas en Palamós al matrimonio formado por el hijo del ex presidente autonómico catalán y Mercè Gironés por un importe conjunto de «4.808.096 euros».
Se trata de dos terrenos, uno de 1.500 y otro de 8.000 metros cuadrados, enclavados en el casco urbano del municipio, en la zona denominada Pla de Sant Joan, y que no dispusieron de la autorización final por parte del Consistorio de Palamós para ser edificados hasta octubre de 2008.
Estos solares se encuentran ubicados entre dos planes parciales desarrollados por el Consistorio catalán y en el momento de la operación todavía no se había aprobado definitivamente el desarrollo urbanístico de la zona, sobre la que pesaba sólo una aprobación inicial.
Precisamente por su condición de no urbanizables, la Udef resalta el alto precio abonado por Aglomerats Girona y lo compara con el valor catastral de esas parcelas en la fecha de la adquisición, que ascendía exactamente a «902 euros»

Es más, agrega la propia Policía Judicial que el mismo «valor catastral» de las parcelas se disparó, una vez recalificadas, hasta los «139.000 euros», una cifra que sigue siendo 34 veces menor al precio finalmente abonado por el contratista a la familia Pujol.
El valor catastral siempre es inferior al de mercado, pero los investigadores consideran que en este caso existe una desproporción enorme entre lo abonado a los Pujol y el valor real de los solares.
El pago se realizó ante notario por parte de Aglomerats Girona a la esposa de Pujol Ferrusola a través de una de las filiales del fabricante de material asfáltico, Promopalamos. Una entidad que, tal y como recalcan los investigadores, carece de «actividad o activos con los que hacer frente al pago de esa cantidad». De ahí que el juzgado haya requerido «los justificantes de los medios de pago» de las parcelas. Pese a que la intención inicial de la empresa era desarrollar una promoción de 80 viviendas, que tenía previsto vender por unos 240.000 euros cada una, los solares se encuentran todavía sin edificar debido a las dificultades para conseguir financiación bancaria con las que se ha topado la empresa.
Tras ser informado de esta compraventa, el juez Ruz ha solicitado, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, a la empresa catalana que explique la transacción a través de alguno de sus representantes.
Según aseguran a EL MUNDO fuentes de Aglomerats Girona, la sociedad ya ha remitido al magistrado la información en la que, si bien admiten que el precio abonado por los terrenos «es elevado», explican que la compraventa se materializó «en pleno boom inmobiliario» y destacan que el metro cuadrado en Palamós «es muy caro».
«Hay operaciones en la misma zona cerradas a precios similares en las mismas fechas», añaden las mismas fuentes, que desvinculan por completo este pago de los contratos públicos que recibe la empresa por parte del Gobierno autonómico catalán presidido por CiU.
«Entramos en contacto con Mercè Gironés a través de un Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API) de la zona porque antes no la conocíamos de nada», añaden desde la contratista pública. «Es verdad que Aglomerats Girona recibe contratos públicos de la Generalitat, como cualquier otra empresa que se dedique a la obra pública en Cataluña, pero en nuestro caso estos contratos representan un 10% de la facturación total y no dependemos de ellos para subsistir».
No es la primera vez que Aglomerats Girona se ve involucrada en un procedimiento judicial por corrupción política. En 2011, el Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona puso en marcha una operación para desmantelar el amaño masivo de concursos públicos en las carreteras de Gerona por parte del Ejecutivo catalán.
La Fiscalía advirtió entonces de que entre 2009 y 2010 se adjudicaron en esta provincia catalana 28 obras de carreteras por valor de 44 millones que se habían repartido ocho empresas tras concertarse previamente entre sí.
Entre las beneficiarias se encontraba Aglomerats Girona, que junto a Rubau Tarrés y a Construcciones Rubau se llevaron 43 de las 65 obras. La Fiscalía denunció entonces la comisión de los delitos de cohecho y alteración de precios de concursos y subastas públicas y practicó una serie de detenciones.
Aglomerats Girona fue fundada en 1988 en Santa Cristina d'Aro y destaca en su propia página de internet que «después de más de cuatro lustros de actividad» sus «principales clientes» son «la Generalitat de Cataluña, diputaciones provinciales, consells comarcales y ayuntamientos».

http://www.elmundo.es/espana/2014/07/09/53bcd1be268e3e765a8b456c.html

Son marranos, no se puede esperar nada bueno de esos usureros, deberían ser expulsados todos de nuevo, fuera marranos de España