Correos de Blesa delatan la compra sin controles del banco de Miami

Correos de Blesa delatan la compra sin controles del banco de Miami

El expresidente de Cajamadrid declara este viernes como imputado ante el nuevo juez que sigue con la causa



Miguel Blesa, expresidente de Cajamadrid, ha explicado este viernes ante un juez distinto del que le envió a la cárcel la compra, el 7 de noviembre de 2008, del City National Bank of Florida. La interrogación ha corrido a cargo del juez Juan Antonio Toro, tras inhibirse Elpidio José Silva, recusado por Blesa. La operación se formalizó en dos fases: la compra del 83% por 927 millones de dólares (618 millones de euros) y una opción de compraventa en los siguientes meses del restante 17% por otros 190 millones más intereses, que se ejecutó por 207 millones de dólares. En suma, se pagaron 1.127 millones de dólares, unos 747 millones de euros.

La cifra total es crucial. No solo porque se le acusa de que más de la mitad de lo pagado —450 millones de euros— fue mero sobreprecio, sino porque a tenor de la cifra global se incumplió la normativa que exigía el permiso de la Comunidad de Madrid para operaciones superiores al 5% de los recursos propios. El Banco de España, en un informe fechado el 19 de abril de 2010, ha considerado que dicho fraccionamiento fue un mero ardid: “Esta forma de instrumentar la compra del CNBF permitió eludir el preceptivo control de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid para las operaciones que rebasan un determinado porcentaje de los fondos propios de las cajas madrileñas (Cajamadrid)”.





El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla. / Paco Campos (EFE)

Los correos de Blesa requisados por el anterior juez instructor muestran su interés en buscar salidas para evitar ese tope legal que obligaba a solicitar autorización para la compra a la Comunidad de Madrid, con cuyo Gobierno, presidido por Esperanza Aguirre, mantenía una tensa relación.

El 28 de abril de 2008, Blesa recibe un informe de un asesor que le indica que el 5% de los recursos propios es de 672 millones de euros, por lo que la compra del 83% del City por 585 millones de dólares encaja. Nada dice el e-mail del 17% restante. Ambos acuerdos, sin embargo, se firmaron el mismo día: el 8 de abril de 2008. Al pago del 17% se le pondrá sordina. Se presentó como opción de compraventa. Pero dejaba todo atado para que inexorablemente se ejerciera, a iniciativa del vendedor o del comprador.

Los documentos que manejaban los directivos de Cajamadrid, y que se muestran en algunos de los correos electrónicos, delatan estas maniobras.

El 14 de diciembre de 2007, presentan el plan de compra del City al comité de dirección de Cajamadrid. Ese documento contiene un claro mensaje: “Tenemos la oportunidad de adquirir el 100% del City National Bank of Florida por 1.300 millones de dólares”. Se compra el 100% y por 1.300 millones. No el 83% y por solo 926 millones. La operación, señala ese documento, necesita “ser autorizada por la Comunidad de Madrid”. Y ello por “superar el 5% de los recursos propios computables de Cajamadrid”. La valoración media que da al City es inferior al precio: 854 millones, 450 millones menos. Sin embargo, cuando Blesa se enfrenta al Consejo de Administración el 14 de abril de 2008, seis días después de firmar los dos acuerdos de compra, les da una información distinta. Solo destaca una cifra: hay que pagar, 618 millones de euros por el 83% del banco. El resto se describe como una mera opción de compra cuyo precio no se detalla, ni su grado de obligatoriedad. En el documento donde se detallan las autorizaciones necesarias para la operación ya no figura el permiso de la Comunidad de Madrid.
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El primer juez instructor de la causa ha considerado que se trataba de una estrategia deliberada de engaño para eludir el control de la Comunidad. Los e-mails de Blesa alimentan esa sospecha. El 18 de diciembre le dice a uno de sus lugartenientes: “Sobre la CAM ya tengo algo pensado”.

Solo unos meses después, el nuevo documento que manejó Blesa ya había eliminado la necesidad de pedir autorización a la Comunidad de Madrid para la adquisición del banco.

El Banco de España, en un informe elaborado más de un año después, ha considerado que el precio pagado fue especialmente caro: “El precio de compra acordado por el 100% del City National suponía en su momento un multiplicador de 3,7 su valor en libros, un ratio PER de 32,9. El precio era así aparentemente significativamente superior al de las compras efectuadas por el Banco Sabadell y el Banco Popular Español de sendos bancos domiciliados en Miami, ya que la transacción precio sobre valor en libros fueron de 3,4 y 3,5, respectivamente y los ratios PER [pago por beneficios] de 19,4 y 14,9”. Sobre los 1.112 millones contabilizados, los inspectores del Banco de España veían que el importe de deterioro oscilaba entre 540 y 572 millones.

Sobre la CAM ya tengo algo pensado”

Miguel Blesa a uno de sus lugartenientes

Las actas del Consejo de Administración de Cajamadrid reflejan cómo Blesa evitó determinados controles. En la reunión del 14 de abril de 2008, se elevaron voces de consejeros solicitando una valoración “independiente” del City, singularmente el popular Estanislao Rodríguez-Ponga. Blesa fulminó esa pretensión: “Considero extemporánea ahora la intervención de un banco de inversión para contrastar la valoración”. Y destacó que el Deustche Bank había apoyado la valoración, si bien “no se cuenta con su informe formal”.

Considero extemporánea ahora la intervención de un banco de inversión para contrastar la valoración”

Miguel Blesa

También cayeron en saco roto las peticiones de aclarar si se habían solicitado “todas las autorizaciones necesarias”, según la ley de cajas. Nadie explicitó a los reunidos por qué no se había pedido la aprobación de la Comunidad. Los consejeros, finalmente, aprobaron el único dato que conocían de la compra: el pago de 618 millones por el 83% de las acciones. El acta no refleja nada relativo al segundo pago. Blesa no solo se opuso al “doble chequeo” que le pidieron algunos consejeros. El 24 de abril de 2008, ya firmado y aprobado el contrato de compra, es tajante: “No sé si han pedido desde la comisión de control documentación sobre la Operación Palm [compra del City]. Ni una letra, ni una letra, ese asunto lo gestionaré yo”. El popular Pablo Abejas, presidente de la comisión de control, le pide explicaciones sobre el contrato ya firmado y autorizado por el Consejo. Blesa rehúsa entregarle el contrato. “No se ha producido la compra del banco y, en consecuencia, no hay contrato de compraventa”, le responde oficialmente. El lenguaje interno de Blesa con los suyos, en los e-mails, es otro: “No se lo voy a enviar”. O dicho de otro modo: “La comisión de control no va a supervisar jamás los contratos de compras de la caja. No es su misión”.

http://economia.elpais.com/economia/2014/01/23/actualidad/1390508800_784208.html

Blesa mediaba para que Caja Madrid gestionara sociedades de millonarios que tributan al 1%

Varios correos enviados al expresidente muestran su interés personal en lograr que la caja gestionara los grandes patrimonios de la élite española. En un mensaje, le encomienda a una directiva de confianza que trate de conseguir la gestión de la Sicav de una consejera de la constructora FCC. Fuentes tributarias consultadas por este diario consideran que las misivas evidencian las prácticas utilizadas por los ricos para no pagar impuestos.



Caja Madrid, durante la presidencia de Miguel Blesa, se volcó en la captación y retención de clientes ricos a los que gestionar sus Sicav —sociedades de inversión colectiva cuyos beneficios tributan al 1%— como si de sociedades patrimoniales se trataran, con el fin de gestionarlas a su gusto y pagar menos impuestos. Al menos así se desprende de varios correos del antiguo presidente, fechados entre enero de 2008 y marzo de 2009, y a los que ha tenido acceso 20minutos. Las Sicav son sociedades que gozan de un tratamiento fiscal privilegiado, pero han de cumplir requisitos como tener al menos cien accionistas Las Sicav son entidades que gozan de un tratamiento fiscal privilegiado (tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades y permiten diferir el pago hasta el momento de liquidar los activos) y a las que se exigen varios requisitos legales, como que tengan al menos un centenar de accionistas distintos y una inversión mínima de 2,4 millones de euros. El Gobierno favorece fiscalmente estos vehículos porque, en teoría, así incentiva el ahorro y la inversión colectiva. El problema es que, desde hace años, técnicos e inspectores de Hacienda —entre otros— vienen denunciando que en realidad estas sociedades se están utilizando de forma irregular en la práctica, con el fin de que una persona con un gran patrimonio logre pagar menos impuestos. Básicamente, el método habitual para constituir una Sicav por parte de los más acaudalados ha sido buscarse al menos a 99 accionistas con participaciones minoritarias (llamados en el argot financiero mariachis), con los que cumplen el expediente sin interferir en modo alguno en la gestión de la misma. De esta forma, esta sociedad privada puede desarrollarse e invertir según el criterio personal de su máximo accionista. "Es frecuente adquirir viviendas, coches, yates y otros productos de lujo para uso personal a través de las Sicav", explican fuentes tributarias a este diario. Altae, la banca para los ricos Según se desprende de los correos del expresidente, tanto Caja Madrid como su filial de banca privada (Altae) trataron en varias ocasiones de atraer para sí la gestión de varias de estas Sicav controladas por familias con grandes patrimonios, con las que se obtenían sustanciosos ingresos, debido principalmente a las comisiones de gestión. Es el caso, por ejemplo, de la correspondencia mantenida entre Miguel Blesa y M. A., la gestora de su patrimonio personal en Altae, a cuenta de unos movimientos para conseguir atraer como cliente a Lourdes Martínez, consejera de FCC, Cementos Portland y Bodegas Faustino, entre otras compañías, tal como consta en su currículum. En los correos, Blesa le dice a su gestora que verá a Martínez "el jueves", y le pregunta si ya ha hablado con ella. En su respuesta, la gestora da a entender que la Sicav [se refieren a Louca 98] está controlada plenamente por esta familia: "Sí. Hemos quedado en que el día 11/02 voy a verla a Bodegas Faustino. Tienen una Sicav de 12 millones de euros en DB [Deutsche Bank]. Muchas gracias por presentarnos potenciales tan interesantes", contesta M. A. sin más detalles, a lo que Blesa responde que quiere que sea ella quien se encargue personalmente de ese cliente.



Pero las negociaciones no fructificaron, y a día de hoy Louca 98 sigue estando gestionada y atesorada por Deutsche Bank. Tal como muestran los datos remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), entidad encargada de supervisarla, la sociedad tiene actualmente unos 110 participantes inscritos oficialmente, si bien uno solo de ellos posee el control absoluto del capital, con un 99,86% de la participación. Una sociedad teóricamente colectiva, pero que en la práctica se gestiona a la voluntad de un solo patrimonio. En otra línea se muestran varios empleados de Altae en un correo reenviado a Blesa en marzo de 2008. Tal como muestra la correspondencia, el director de la oficina de Castilla-La Mancha avisa al director de la banca privada de Caja Madrid, José Manuel Dabrio, de que en dos semanas recibirá a Antonio Masa Godoy, que "en principio viene a hacer una Sicav". No se dan más detalles sobre el número de partícipes o el capital de la misma. Masa Godoy era entonces una de las personas más influyentes de España: presidente de la patronal de Badajoz, consejero de la refinería Balboa... "pero sobre todo es consejero de Iberia. Es más, el día 27 vendrá al banco después del consejo", según señala en el email el director de la oficina a su superior, que en otro correo confirma que mantendrá informado al entonces presidente de Caja Madrid "de cómo van las negociaciones". Blesa, en su respuesta, agradece la información: "Estoy seguro de que lo atenderéis muy bien, como merece", concluye.



Préstamos asociados a la Sicav Más reveladores son los correos enviados entre el 2 y el 3 de marzo de 2009 entre Blesa y su equipo (Matías Amat y Fernando Sobrini, entre otros) a cuenta de las reuniones de la caja con dos miembros (Mayte y Julio) de la familia Torres, "muy buenos clientes del banco [Altae]" y una de las cien más ricas de España, según publicó el diario El Mundo en 2007. Tal como cuenta un empleado de Altae (G. A. S.) al entonces presidente, la familia tenía dos Sicav gestionadas por la caja: Berkay y Ayua, ambas con un patrimonio conjunto de más de 16,2 millones de euros.



Sobre la Sicav Berkay, el empleado de Altae G. A. S. informa a Blesa: "Se la gestionamos desde hace tiempo en estrecha colaboración en la toma de decisiones con ellos. Actualmente invertida de forma conservadora y sin problemas". A día de hoy Berkay, que tiene 115 accionistas, está gestionada por Bankia, y en el propio folleto de la sociedad se advierte de que hay "un partícipe con una inversión en el fondo de 99,95% del patrimonio". En los dos años anteriores esa participación tan mayoritaria se mantuvo, según consta en su informe de auditoría. Sobre la otra sociedad (Ayua) le detallan que está "en proceso de tránsito a Altae desde JP Morgan", uno de los principales bancos de inversión estadounidenses. La sustitución de gestora en favor de Caja Madrid se culminó en julio de 2009, si bien esta Sicav fue dada de baja en marzo de 2011 y su patrimonio fue liquidado. En el mismo correo le informan a Blesa de que "las dos Sicav están pignoradas por Caja Madrid con una cuenta de crédito de 13 millones". Es decir, que esta familia tenía una línea de crédito de hasta 13 millones vinculada a sus Sicav. Tal como explica a este diario un inspector de Hacienda que prefiere mantenerse en el anonimato, de forma aparentemente legal "éste es un buen ejemplo de una de las formas más frecuentes mediante las que los grandes patrimonios logran disfrutar de sus rentas sin tener que pagar impuestos. En vez de pagar a Hacienda, pagan intereses y comisiones, pero les compensa. La Sicav tiene beneficios, paga un 1%, y en lugar de repartir dividendos, el partícipe pide un préstamo con la garantía de las acciones de la propia sociedad", recalca. Estos son solo unos ejemplos de lo que expertos tributarios y asesores fiscales vienen denunciando desde hace años. Las Sicav son sociedades con privilegios fiscales similares a los fondos de inversión, pero cuya gestión es sensiblemente más opaca. Por si fuera poco, su inspección fiscal es la única que se escapa a la Agencia Tributaria: una reforma acordada por PSOE y PP en 2005 traspasó todas las competencias de supervisión sobre estas instituciones de inversión colectiva hacia la CNMV, lo que en la práctica impide a los inspectores de Hacienda buscar posibles fraudes en las casi 3.000 Sicav que hay en España.

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