Los vigilantes privados podrán detener e identificar en cualquier espacio público

Los vigilantes privados podrán detener e identificar en cualquier espacio público

PP Y CiU PACTAN AMPLIAR SU ÁMBITO DE ACTUACIÓN



La nueva Ley de Seguridad Privada que se está tramitando en el Congreso permitirá a los vigilantes privados detener y hacer identificaciones en cualquier espacio público. Partido Popular y Convergència i Unió han pactado una enmienda transaccional que modificará el proyecto de ley extendiendo su ámbito de actuación a toda “vía pública”. Bastará con que los órganos responsables de la seguridad privada en cada comunidad autónoma autoricen la prestación del servicio, con independencia de cuál sea su ubicación.

La norma, impulsada por el Ministerio del Interior, supondrá un cambio significativo en la regulación de la seguridad privada, aumentando considerablemente sus posibilidades de actuación. La actual Ley de Seguridad Privada, en vigor desde 1992, sólo faculta a los empleados del sector para actuar en el interior de instalaciones y edificios, polígonos industriales y urbanizaciones de acceso restringido. El PP decidió aumentar sus lugares de trabajo reconociéndoles tanto en el anteproyecto y como en el proyecto de ley facultades para patrullar también en zonas comerciales peatonales, como la calle de Preciados de Madrid o la avenida de la Las Ramblas de Barcelona, y asumir la seguridad de espectáculos deportivos o culturales. Esas novedades impulsadas por el PP han entrado en el informe de la ponencia que la próxima semana se votará en la Comisión de Interior del Congreso.

Pero PP y CiU han acordado a última hora eliminar todas las restricciones con la modificación del artículo 41.4 del proyecto de ley. La nueva redacción habilitará a los agentes de seguridad privada para la “vigilancia en espacios o vías públicas en supuestos distintos de los previstos en este artículo”. Es decir, en cualquier sitio. La norma pone como única condición que las empresas de seguridad consigan una “autorización previa por parte del órgano competente en cada caso”. Si las autoridades lo permiten, los agentes privados podrán dedicarse a la vigilancia de cualquier barrio.

Más atribuciones

Y no sólo a la vigilancia. El otro gran grupo de novedades del proyecto de ley tiene que ver con las atribuciones de los agentes. En la actualidad, a los vigilantes de seguridad privada sólo se les permite “evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección”. El nuevo texto va más allá y les permite efectuar, con el fin de evitar los delitos, “las comprobaciones necesarias para prevenirlos o impedir su consumación”. Es decir, que podrán identificar y registrar a cualquier persona que consideren sospechosa.



Asimismo, mientras que la normativa vigente obliga a los agentes de seguridad a “poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección” y les impide interrogarlos, la nueva ley les facultará para “detener” a delincuentes vinculados con el objeto de su cometido y también les habilitará para “averiguar, comprobar o anotar sus datos personales para su comunicación a las autoridades”.

La Comisión de Interior estudiará el informe de la ponencia el próximo 10 de diciembre. Tras la votación de las enmiendas, el proyecto de Ley de Seguridad Privada acabará su recorrido en la Cámara Baja y será remitido al Senado para que complete su tramitación. Si la Cámara Alta acuerda introducir algún cambio, el texto deberá volver al Congreso para que sea sometido a una nueva votación. Pero si, como se prevé, el Senado da el visto bueno a la redacción que salga del Congreso, la Ley de Seguridad Privada entrará en vigor automáticamente. El proceso puede estar completado en menos de dos meses.

http://www.elconfidencial.com/espana/2013-12-09/los-vigilantes-privados-podran-detener-e-identificar-en-cualquier-espacio-publico_63562/

Los vigilantes privados ven lógicas sus futuras competencias ante el rechazo de los policías

La patronal de los vigilantes de seguridad considera que es un paso "lógico" y que "respeta escrupulosamente los derechos y libertades de los ciudadanos". Los sindicatos de Policía y Guardia Civil se oponen a la medida y consideran que "se pretende convertir a los vigilantes privados en policías".
Tras su aprobación el martes en el Congreso, el proyecto de ley pasa al Senado, que tendrá que dar el visto bueno definitivo al contenido del texto.



Los policiales y guardias civiles no comparten que la seguridad privada asuma competencias que les corresponden a las fuerzas de seguridad, pese a que los vigilantes sostienen que esas atribuciones son lógicas por ser ya habituales dentro del sector. La Unión Federal de Policía, la Confederación Española de Policía, el Sindicato Unificado de Policía y la Unión de Guardias Civiles rechazan la mayoría de las competencias que la ley atribuye a la seguridad privada, que han sido acogidas positivamente por la patronal de vigilantes, que define la norma como una "lógica actualización del sector". Desde Interior aseguran que "conectar lo público y lo privado supone una muestra de sensatez" La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad considera que el proyecto de ley, aprobado ayer por la Comisión de Interior del Congreso, "respeta escrupulosamente los derechos y libertades de los ciudadanos", ya que "en ningún caso" permite la detención arbitraria por parte de los vigilantes. En su opinión, la norma contiene "simples actualizaciones lógicas del ámbito de actuación de la seguridad privada, que en algunos casos ya eran prácticas habituales, que ahondan en lo que en los últimos años ha significado la paulatina participación de la seguridad privada" en determinados servicios. La norma prevé la posibilidad de que los vigilantes privados puedan, con la autorización pertinente, identificar y detener en la vía pública, si bien el Ministerio del Interior detalló que sólo podrán detener a quien cometa un delito en su ámbito de protección y deberán ponerlo a disposición de las fuerzas de seguridad del Estado. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha defendido este miércoles que la ley pretende ayudar a la consolidación de un sector en pleno auge, que contribuirá de forma decisiva y bajo los principios de subordinación y coordinación a la mejora de la seguridad pública. Para el número dos de Interior "conectar lo público y lo privado supone una muestra de sensatez". Una afirmación que choca frontalmente con la opinión de los sindicatos policiales. Así, el SUP ha acusado al Gobierno de querer poner la seguridad pública al servicio de la privada y ha considerado que con el proyecto de ley se da "una vuelta de tuerca más" a la "precaria" situación de la seguridad en España. La Unión de Guardias Civiles cree que "pretende convertir a los vigilantes privados en policías" Más crítico aún ha sido la Unión Federal de Policía que se ha mostrado "radical y taxativamente en contra" de la ley al considerar que es "gravísimo" e "ignominioso" que los vigilantes de seguridad puedan "patrullar por zonas públicas" o en el exterior de las cárceles armados. Por su parte, el secretario general de la Confederación Española de Policía, Ignacio López, ha mostrado su preocupación por el "interés económico" que pueda esconder la norma, que le suscita "dudas" en algunos de sus aspectos como sucede con la formación de los vigilantes. Este último punto ha acaparado las críticas de la Unión de Guardias Civiles que ha denunciado que la ley "pretende convertir a los vigilantes privados en policías", ya que podrán efectuar patrullas y practicar detenciones pese a no estar formados como los agentes policiales. También UGT se ha pronunciado en contra del texto al asegurar que constituye "un nuevo ataque" del Gobierno del PP a la democracia española. La ley "dinamita el concepto de seguridad pública atribuida a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en exclusiva, ya que, a partir de ahora, sus funciones podrán ser ejercidas por la seguridad privada", ha sostenido la Federación de Servicios Públicos de UGT. Tras su aprobación el martes por el Congreso de los Diputados, el proyecto de ley pasa al Senado que tendrá que dar el visto bueno definitivo al contenido del texto.

http://www.20minutos.es/noticia/2003174/0/ley-seguridad/vigilantes-privados/competencias-policias/

Según el texto, que cuenta con el apoyo de PP, PNV y CiU y el rechazo de PSOE e Izquierda Plural, la norma permitirá a los vigilantes identificar, cachear y detener a ciudadanos en zonas comerciales peatonales o en espectáculos deportivos o culturales, pero también en cualquier espacio público con la autorización pertinente.

"La ley se fundamenta en los principios de complementariedad y subordinación funcional", argumentaba el diputado del PP Francisco Márquez este martes en el Congreso, y añadía que, si bien es cierto que aumentará las capacidades de las empresas privadas, no persigue la privatización de la seguridad.

En esa misma línea abunda el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que asegura que estasa medidas ayudarán a la consolidación de un sector en pleo auge -da empleo a 90.000 personas y factura 3.600 millones de euros al año- y que la futura ley alcanzará "la meta ambiciosa" de coordinar la seguridad pública con la privada.

"Conectar lo público y lo privado supone una muestra de sensatez", ha sentenciado y afirma que esa es la guía del Gobierno para actualizar la normativa de seguridad privada, vigente desde 1992.

Sin embargo, esta legislación, que aún ha de pasar por el Senado, ha generado una fuerte polémica y división de opiniones entre asociaciones jurídicas y los representantes de Policía y Guardia Civil.
A quién pertenece el legítimo uso de la fuerza

Para la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la novedad no es excesiva, porque en la práctica ya estaba ocurriendo que los vigilantes privados participaban en las detenciones, cosa que ahora la ley permite explícitamente. Mientras, Jueces para la Democracia (JpD) y la Asociación Francisco de Vitoria han criticado este punto por considerar que solo el Estado debe ejercer el uso de la fuerza.

El presidente de la APM, Pablo Llarena, considera que la Ley de Seguridad Privada da"carta de naturaleza" a lo que establece el Artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según el cual cualquier persona puede detener a otra en determinadas circunstancias (por ejemplo, a alguien que está cometiendo un delito, a un detenido o un preso que se fugue).

Habría, así, dos detenciones, por un lado, las "detenciones policiales que solo corresponde ejecutar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", y por otro, las detenciones particulares, con las que se habilita a "cualquier ciudadano" a detener, siempre amparado en "indicios" y para poner a disposición de los agentes al detenido, explica Antonio Labrado, de la Confederación Española de Policía (CEP).

De esta forma, "si un vigilante de seguridad procede a la detención de alguien -salvo que sea una detención a nivel particular- comete un hecho delictivo".

Por eso, entienden en la APM, el papel de un empleado de seguridad privada estará "sometido a un control por parte de los organismos públicos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" (FCSE), a cuya disposición ha de ponerse al detenido y explicar los hechos que justifican la acción.

Asociaciones judiciales y de guardias civiles apuntan al riesgo de conflictos de competencias

Para el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, en un Estado de Derecho el monopolio del uso de la fuerza sólo puede estar en manos de las FCSE, y "no se puede privatizar el orden público" ni "garantizar la seguridad ciudadana con medios privados".

De hecho, augura conflictos de competencia en el futuro, algo que también prevé el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que advierte de que introducir a la seguridad privada en el "laberinto policial español" -con hasta cinco cuerpos de seguridad incluyendo policías autonómicas- generará "riesgo de mayor descoordinación".

En este mismo sentido, la Asociación Francisco de Vitoria ha advertido de que la ampliación de las competencias de los vigilantes privados tiene "difícil encaje" con la Constitución y con la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que establece que sólo estos pueden hacer funciones policiales.

Para Angel Dolado, de la Asociación Foro Judicial Independiente, además de las "disfunciones" con policías y guardias civiles, puede darse el caso de que las patrullas ciudadanas creadas en algunas localidades contraten a vigilantes de seguridad y, de esa forma, además de prevenir delitos pretendan detener al delincuente, algo que a su juicio deberían hacer sólo las FCSE.
División de opiniones en los cuerpos de seguridad

Los principales sindicatos policiales están divididos sobre las repercusiones de la Ley de Seguridad Privada, ya que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) considera "una barbaridad" la extensión de funciones de los vigilantes de seguridad, una posición que comparte por parte de la Guardia Civil la AUGC, mientras la CEP ve "acertada" la reforma.

La CEP ha señalado que es "tajantemente mentira" que los vigilantes privados puedan detener en la vía pública, "solo en su ámbito de protección, y luego para poner a disposición de los FCSE", pero niega que puedan realizar interrogatorios o cacheos. Eso sí, ha pedido al Gobierno que apueste más por la seguridad pública que por la privada.

El sindicato policial SUP critica que los vigilantes "harán de agentes", relegando a los policías a colaboradores suyos

Para el portavoz del SUP, José María Benito, con la nueva ley los vigilantes privados pasarán de colaborar con la Policía a "hacer de agentes", y más bien serán los efectivos policiales los que se convertirían en "colaboradores" de los vigilantes privados, puesto que "cada vez que los vigilantes privados lleven a cabo cualquier trámite" necesitarán a los policías para llevar a cabo las diligencias.

El SUP coincide en otra apreciación con la Unión de Guardias Civiles (UniónGC), y es que piensan que "en vez de invertir y convocar nuevas plazas" para suplir las vacantes en las plantillas policiles, el Gobierno saca una ley para ahorrar dinero y potenciar al sector privado.

Según los datos que maneja la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), en los últimos años Policía Nacional y Guardia Civil están sufriendo jubilaciones a un ritmo de unas 4.000 al año, mientras que solo se convocan unas 500 plazas nuevas.

Critican que se apueste por la seguridad privada y no por renovar las vacantes en las plantillas policiales

La UniónGC reprocha al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que "no permita que se repongan las vacantes en las plantillas policiales", lo que, en su opinión, justificaría la necesidad de otorgar competencias de seguridad pública a los vigilantes privados, como ocurre en el exterior de las cárceles, "cuando no le hace ninguna falta pues para esas funciones ha tenido hasta ahora a policías y guardias civiles".

"No nos engañemos, pretenden convertirlos en policías", afirma la UniónGC, que justifica su rechazo al recordar que los agentes policiales "se someten a un severo proceso de oposición y a una formación exigente que dura años", y no así los vigilantes, que "se pueden formar en un par de meses".

El portavoz nacional de la AUGC subraya que asignar tareas policiales a los vigilantes de seguridad es "como pedir a un enfermero que haga un trabajo de cirujano". "No se trata de darles más formación, es que es una carrera distinta", ha ilustrado.

Advierte, además, de que los vigilantes "están en manos privadas con intereses y planteamientos que nada tienen que ver con la seguridad pública", lo que podría producir "actuaciones policiales oscuras", propiciadas por algún empresario de la seguridad privada.

Para el SUP, otro punto polémico de la ley es que se autorizan las cesiones de datos del Estado y de "bases de datos oficiales sujetas a un férreo control", para ponerse a disposición de empresas sin saber con qué objetivo.
http://www.rtve.es/noticias/20131211/ley-seguridad-privada/817480.shtml