El juez ve indicios de delito en el espionaje a la mano derecha de Aguirre

El supuesto caso de espionaje a cargos públicos de Madrid ha iniciado su andadura por los tribunales una vez que el juez del juzgado de Instrucción número 47, José Sierra, ha apreciado indicios de delito en el seguimiento al que fue sometido el vicepresidente de la Comunidad madrileña, Ignacio González, en dos viajes que realizó al extranjero.

Según comunicó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una nota, Sierra ha dictado un auto por el que ordena incoar diligencias previas para esclarecer una supuesta «revelación de secretos». En la misma nota se explica que el objeto de la denuncia son los hechos publicados según los cuáles Ignacio González habría sido objeto «de distintos seguimientos parapoliciales en los últimos ochos meses durante una serie de viajes públicos y privados», en concreto a Cartagena de Indias (Colombia) y a Johannesburgo (Suráfrica).

En su denuncia, el vicepresidente y portavoz de la Comunidad destaca que este tipo de seguimientos se hubieran podido producir respecto a otros cargos del Gobierno regional, «por lo que se entiende que concurre un interés general en la averiguación y el esclarecimiento de los hechos, así como de sus responsables».

El juez requiere a Salvador Victoria, representante legal de la Comunidad, que en el plazo de cinco días manifieste si actúa en nombre de la institución y también en el de «la persona agraviada». En este sentido, la nota explica que conforme al artículo 201 del Código Penal, «una vez comprobada la comisión de indicios de delito» debe tener lugar una condición previa «para la averiguación de los mismos» como es la necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Por lo tanto, según el auto, «se hace necesario cuando los hechos presentan caracteres que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal, la incoacción de diligencias previas y requerir al denunciante a fin de que manifieste en el Juzgado el carácter de su intervención».

Tres denuncias

Esta es la primera decisión sobre una de las tres denuncias presentadas por los supuestamente espiados, esto es, Ignacio González; el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero de la Comunidad y actual responsable del PP en el Exterior, Alfredo Prada. El propio González, en declaraciones a Efe, dijo sentirse satisfecho de la decisión del juez por entender que significa «un paso adelante para que se conozca quién está detrás de estos seguimientos ilícitos». Además confió en que se pueda «desentrañar» la situación.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, defendió ayer desde León que la Fiscalía está «actuando con rapidez y de forma transparente». También reveló que se han solicitado unas serie de diligencias a la Consejería de Interior de Madrid, bajo cuya responsabilidad (que ostenta el consejero Francisco Granados) podría haberse organizado supuestamente dicho equipo de espionaje, aspecto éste negado por Granados. Ya la semana pasada se citó a declarar al periodista Francisco Mercado que, además, aportó distinta documentación.

Además, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, sigue con la investigación interna que el jueves le encargó Mariano Rajoy y y en la que se aludía a la asunción de responsabilidades políticas en caso de haberlas. Ayer le tocó el turno al vicealcalde, que hizo doblete en Génova ya que después de entrevistarse con Cospedal acudió en representación de Gallardón a una reunión de alcaldes con Rajoy para tratar sobre la financiación de los entes locales.

Solidario con González

Cospedal se interesó por las cuestiones referidas a los seguimientos, según reveló Cobo al término de su encuentro, aunque dijo no disponer de más información que la que han publicado los medios de comunicación. El vicealcalde defendió la necesidad de que se conozca a los autores de los seguimientos y señaló, poniendo un especial énfasis en el nombre del vicepresidente de la Comunicad, que «me siento solidario con cualquier persona que pueda haber recibido un seguimiento de este tipo, también en el caso de Ignacio González, y considero, como él dijo, que es un seguimiento mafioso».

El candidato del PP a la Xunta gallega, Alberto Núñez Feijóo, indicó que, de ser real la trama, «el partido y la sociedad tienen derecho a saber quién está detrás». Así recordó que casos como éste «se han producido en Galicia», en referencia a la crisis que le costó el puesto al ya ex número dos de la Vicepresidencia de la Xunta, Antón Losada, después de publicitarse una conversación privada en la que criticaba el control de la Televisión Gallega por parte del socialista Emilio Pérez Touriño.