Los expertos: "Los argumentos del juez llevarían a la cárcel a todos los banqueros de España"

EL MAGISTRADO DA LECCIONES "ABSURDAS" DE GESTIÓN BANCARIA
Los expertos: "Los argumentos del juez llevarían a la cárcel a todos los banqueros de España"

El auto del juez Elpidio José Silva Pacheco en el que decretaba la prisión para el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ha causado estupefacción en el mundo financiero. Por dos motivos: por un lado, porque los argumentos que emplea sobre la asunción excesiva de riesgos en el crédito a Gerardo Díaz-Ferrán y en la compra del City National Bank son aplicables prácticamente a todas las entidades españolas, incluidas las sanas, por lo que podrían llevar a la cárcel a todos sus presidentes; y por otro, porque se pone a dar lecciones de estrategia bancaria sorprendentes, cuando no directamente "absurdas", según los expertos del sector.



"Si conceder creditos sin suficientes garantías, refinanciarlos cuando no se pueden cobrar, no ver venir el derrumbe inmobiliario o comprar bancos en el extranjero con sobreprecio es delito, entonces todos los banqueros de España son unos delincuentes", afirma un alto directivo de un competidor de Bankia. Porque son pecados generalizados de la banca española, que han llevado a la nacionalización total de cinco entidades, el rescate parcial de otras cuatro (con una inyección de dinero europeo de 40.000 millones en total) y a que el conjunto del sector haya dotado 150.000 millones en provisiones por su exposición al ladrillo. Obviamente, el caso de Bankia es el más grave, pero el auto no entra en cuestiones de magnitud, sino en dos operaciones concretas muy comunes en el sector.

El juez Silva centra sus argumentos sobre todo en el crédito a Marsans, de 24 millones, una nimiedad comparado con los grandes préstamos concedidos a inmobiliarias en la época del boom del ladrillo; por ejemplo, la propia Caja Madrid se quedó pillada con 1.000 millones en Martinsa-Fadesa. Uno de los argumentos que más utiliza es que el consejo de administración de la entidad no se reunió cada vez que se tomó una decisión sobre este asunto. "Si el consejo se tuviera que reunir cada vez que se trata un crédito de 20 millones, se estaría reuniendo a diario", señala otra fuente del sector. También critica el magistrado que Blesa no contara con la aprobación de la Comunidad de Madrid, cuando ésta estaba representada en el consejo que dijo "amén" a todas sus operaciones.


El auto se escandaliza de que se concediera un crédito a una empresa con la única expectativa de su venta para devolverlo, como si eso fuera algo excepcional en España. Y critica que "en absoluto se documentó, moduló o aseguró, mínimamente, tal futura venta", ignorando que una operación así es fruto de una larga y complicada negociación de resultado incierto. Asimismo, también le resulta excepcional que aparezcan ofertas de última hora sin el menor contraste... como las de los fondos árabes por Metrovacesa, o las de las petroleras chinas y rusas por Repsol cuando Sacyr tenía que refinanciar su participación en la española.

Otro asunto que el juez considera delictivo es que las garantías reales (inmuebles) aportadas por Díaz-Ferrán no cubrieran la totalidad del préstamo, o que estos inmuebles tuvieran tasaciones sobrevaloradas. Como es más que sabido, en la burbuja inmobiliaria las tasaciones se hacían para que justificaran el precio de venta y el importe de la hipoteca concedida (para ello se tomaban testigos de demanda y no de oferta como en la mayoría de los países europeos) por tasadoras controladas por las propias entidades. Igualmente, era costumbre habitual en la mayor parte del sector conceder hipotecas por más del 100% del valor de tasación (loan to value) para que el cliente se comprara los muebles, el coche, el viaje de bodas, etc.

También llama la atención de las fuentes consultadas que el auto considere que Caja Madrid hizo mal en mantener o incluso incrementar su riesgo con este cliente ante su más que probable insolvencia. "¿Entonces qué tendría que haber hecho? ¿Llevarla a concurso de acreedores? ¿Acaso sabe el juez que en caso de concurso la entidad tiene que provisionar, o sea, dar por perdido, el 100% del crédito en el plazo de un año? ¿Y eso no causa un perjuicio patrimonial mayor que el de alargar el plazo del préstamo para ver si en el futuro la empresa es capaz de devolver una parte?", añade el ejecutivo citado.


Otra cosa que le parece mal al magistrado es que el crédito de Marsans se utilizase para "pagar la nómina", cuando la mayoría de las pymes que no pueden acceder al crédito (o sólo a tipos estratosféricos) lo necesitan precisamente para eso, para poder pagar a los trabajadores y mantener su actividad (financiar el circulante) en la crítica situación actual de la economía española.

No a las refinanciaciones

Silva le considera también rechazable la práctica de la refinanciación cuando el banco es consciente de que la empresa es insolvente, porque incrementa el riesgo "ostensible y exorbitantemente". "Por esa regla de tres, todas las refinanciaciones de empresas como Prisa, ACS, FCC, Sacyr, NH, Ferrovial, Sol Meliá, Hesperia, además, por supuesto, de inmobiliarias como Metrovacesa, Reyal Urbis, San José, Colonial, etc., serían delito", según otro de los expertos. Como ha venido informando El Confidencial, el Banco de España ha incrementado los requisitos de provisiones sobre los créditos refinanciados por la presión de Bruselas, que entiende que esconden morosidad oculta, aunque menos de lo que pretendía inicialmente. Esta práctica es conocida por los anglosajones como extend and pretend (alargar y fingir) o delay and pray (retrasar y rezar).


La conclusión del magistrado no puede resumir mejor la situación de Caja Madrid... y de toda la banca española: "El resultado final obedece a la inacividad plenamente relacionada con una deliberada relajación de los elementos de control de riesgo de crédito o de su devolución". "Los departamentos de riesgos se tomaron siete años de vacaciones", solía decir el presidente de una caja absorbida en la reestructuración del sector. El problema es que el auto añade que "esta inactividad choca o excede abiertamente de lo que resulta habitual en una entidad como Caja Madrid". Parece evidente que una entidad no necesita un rescate de 22.000 millones sei sólo hubiera relajado sus estándares de forma excepcional en un crédito de 24.

El juez Silva, fino estratega financiero

También tiene su aquél que acuse a Blesa de "ignorar manifiestamente la atonía económica imperante" o de que "ante la presencia de un tsunami, existe mejor o peor tumbona para pasar la tarde tomando el sol" cuando compró el City National Bank en 2008, antes de que quebrara Lehman Brothers. Basta recordar que sólo El Confidencial y algunos analistas alertaban entonces de la que se nos venía encima, y que incluso en 2009 el presidente Rodríguez Zapatero hablaba de "desaceleración acelerada" y del "sistema financiero más sólido del mundo". Y que no fue ni mucho menos la única entidad que compró un banco en EEUU en niveles de precio máximos del ciclo: Santander, BBVA, Popular y Sabadell también lo hicieron, en algunos casos con pérdidas de valor superiores a las de Bankia.

Pero lo que más revuelo ha causado entre los ejecutivos de la banca son las lecciones de estrategia financiera con las que el magistrado ilustra lo que Blesa debería haber hecho para evitar el delito. Aparte de exigir de controles de riesgo más estrictos y de negarse a refinanciar aunque eso lleve a las empresas al concurso, el magistrado suelta boutades como que hay que entrar en el mercado de EEUU "a través de una lenta penetración, cimentando reputaciones de forma táctica y paulatina, a través de mercados próximos como, por ejemplo, el de los Estados Unidos Mejicanos (sic)". Como si los estadounidenses eligieran banco basándose en el prestigio que tienen las entidades en México. O como si alguna otra entidad española hubiera seguido ese camino.

http://www.elconfidencial.com/economia/2013/05/19/los-expertos-los-argumentos-del-juez-llevarian-a-la-carcel-a-todos-los-banqueros-de-espana-121169/

Los jueces, contra el sistema: ya hay 300 políticos y cien financieros imputados

La regeneración de España pasa por los tribunales. Y los jueces, conscientes del papel que parece haberles encomendado la historia, se han lanzado a perseguir la corrupción de la clase política y financiera con una sensibilidad que no habían mostrado hasta ahora. Como decía ayer en su artículo José Antonio Zarzalejos, España se parece cada vez más a la Italia de los 90, donde “los jueces marcan la agenda pública y emergen como poder de referencia”.



Su labor se está traduciendo en dictámenes ejemplarizantes contra líderes públicos y económicos, y arroja ya un saldo de 300 cargos electos imputados y otro centenar de financieros en la misma situación procesal. En ningún otro momento de la democracia, ni siquiera en los estertores del felipismo, se habían alcanzado estos registros.

Los hechos enjuiciados son tan recientes que la mayoría de los procesos aún se encuentra en una fase preliminar. Pero por el camino, los magistrados están dejando destellos de una nueva contundencia contra los líderes políticos y económicos que está desconcertando a la cúpula del sistema y está marcando la agenda nacional.

El juez de Instrucción que el pasado jueves envió a la cárcel al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa al apreciar indicios de administración desleal, delito societario y falsedad documental en la compra del City National Bank of Florida, incluyó en el auto de prisión provisional que, de la ampliación de un crédito concedido por la caja de ahorros al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, “no se dio cuenta ni tan siquiera (!!!) al BANCO DE ESPAÑA”. La triple exclamación es literal. Pero el juez, Elpidio José Silva, fue más allá. “Aquí la tormenta perfecta no dependió de constantes climatológicas, sino del propio proceder directo del imputado Miguel Blesa”, apuntó el juez. Y se superó renglones después asegurando que “en medio de una tempestad, no existe barco que, a todas luces, tenga que aguantar; ni, ante la presencia de un tsunami, existe mejor o peor tumbona para pasar la tarde tomando el sol”, una licencia literaria innecesaria.


La semana pasada, el juez del Tribunal Supremo José Ramón Soriano aprovechó un recurso que planteó la defensa del exministro socialista José Blanco -imputado en el caso Campeón- sobre dos cuestiones formales del procedimiento para asegurar que “en la causa existen datos para entender que la casa de Madrid del aforado [Blanco] en alguna medida se la debía a su amigo Orozco”, un empresario implicado en la misma causa. La afirmación, que no afectaba al recurso que se estaba dirimiendo, complica sustancialmente la situación procesal del ex dirigente socialista.

Y también esa semana, un juez de Madrid rechazó que el escrache de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca contra la vivienda de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pudiera ser considerado constitutivo de delito, al encuadrar los acontecimientos dentro del ejercicio de los derechos de manifestación y libertad de expresión. Días antes, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Gonzalo Moliner, también había opinado que las protestas en los domicilios de los políticos “son un ejemplo de libertad de expresión”. Ambas consideraciones han generado sorpresa y estupor en el Partido Popular, que no esperaba que la Justicia avalara este tipo de protesta.

Distanciamiento entre políticos y jueces

Ninguna de estas manifestaciones prueba una animadversión generalizada de los jueces hacia los políticos. Pero el distanciamiento que se ha producido entre las esferas política y judicial es evidente. Y parece que la principal consecuencia de esta incipiente enemistad es que el manto de impunidad que recubría hasta ahora a las élites nacionales está quedando hecho jirones por el mazo de los magistrados.

En ámbitos cercanos al Gobierno se considera que, en algunas de estas actuaciones, los jueces están sobrepasando incluso los límites de la prudencia que se les presupone. Hay voces que llegan a apreciar un ensañamiento discrecional de los magistrados contra los dirigentes públicos. Ninguno de estos dirigentes quiere aparecer públicamente cargando contra las decisiones de los tribunales, pero en privado, existe la sensación de que los jueces están aprovechando la coyuntura para ajustar cuentas con los partidos políticos.

Desde estos círculos próximos al Ejecutivo también se apunta que la agresividad del Poder Judicial está motivada en gran parte por las decisiones que ha tomado el Ejecutivo de Mariano Rajoy para recortar el gasto público. Los recortes se han traducido en una reducción de salarios de los jueces y en la pérdida de personal y recursos materiales a su disposición. En el caso de la Audiencia Nacional, los reajustes presupuestarios se han traducido en medidas tan controvertidas como la pérdida de escoltas de los magistrados.


Además, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha tomado decisiones desde su llegada al Gobierno que han sublevado al sistema judicial. Por un lado, la ley de tasas ha generado un enorme malestar entre las asociaciones de magistrados. Un juez de Tarragona ha llevado la norma ante el Tribunal Constitucional al considerar que podría vulnerar el derecho de tutela judicial efectiva al dejar fuera del sistema a los ciudadanos sin recursos. El magistrado ha encontrado el apoyo de sus compañeros.

La otra iniciativa que está generando controversia en la carrera es la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La norma que regulará el nuevo método de elección de los miembros del órgano de Gobierno de los jueces aún está en el Senado, pero el proyecto presentado por el Ministerio de Justicia ya ha sido duramente criticado por un amplio sector de la carrera judicial. Los magistrados consideran que, con el cambio, el Ejecutivo acabará con la independencia del CGPJ.

Las fuentes consultadas por este diario no dudan de que el malestar provocado por estas dos apuestas del Gobierno está reflejándose en el espacio que el ordenamiento concede a los magistrados para que interpreten subjetivamente el encaje de los hechos probados en la legalidad.

El enfrentamiento se produce además en una atmósfera social que ha convertido la corrupción y la clase política en dos de las tres mayores inquietudes de los ciudadanos. Sólo el desempleo preocupa más a los españoles. Las personas contactadas denuncian que, aprovechando el contexto, los jueces están apostando por ponerse a la cabeza del sentir mayoritario.

En la ecuación, los banqueros son los colaboradores necesarios del proceso de derrumbe de España. La gran mayoría de los imputados del sector financiero están acusados de delitos cometidos en cajas de ahorro, adonde llegaron gracias a decisiones de los partidos políticos. La Audiencia Nacional instruye en la actualidad investigaciones sobre la gestión de Bankia y Banca Cívica, y estudia la admisión a trámite de una querella contra Caja Madrid. Además, en otros juzgados ordinarios hay procedimientos abiertos que afectan a la Caja de Ahorros de Navarra, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Novagalicia y Caixa Penedés, entre otras. También otro juzgado de instrucción ordinario ha sido el que ha enviado a prisión a Blesa por su gestión al frente de Caja Madrid.


Las asociaciones de magistrados desmienten que, tras sus resoluciones, haya un ánimo de venganza. “No hay animadversión ni ideología porque eso sería prevaricar”, subraya José Luis González Armengol, portavoz nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y juez Decano de Madrid. “No se puede decir que las resoluciones de los jueces son un ataque directo a los políticos. No es cierto. Lo que pasa es que en estos momentos se están reproduciendo muchos hechos similares que están llegado a los tribunales”, apunta González Armengol.

En su opinión, “la mayor exigencia de los ciudadanos contra este fenómeno provoca que se estén presentando muchas más denuncias que antes”. Además, el juez considera que “la acumulación de procesos ha hecho que los jueces tengan más experiencia en este tipo de delitos tan complejos y que sean capaces de llegar mucho más lejos y hacer lecturas más profundas de los hechos que se han cometido”. “Puede que las resoluciones parezcan más duras, pero sólo es por estos motivos”, remacha el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria.

Jueces para la Democracia, otra de las grandes asociaciones de magistrados, suscribe las mismas consideraciones. Su portavoz, Joaquim Bosch, insiste en que “lo único que están haciendo todos los jueces es aplicar el ordenamiento legal”. “Es cierto que están llegando a los tribunales muchos casos que pueden resultar llamativos, pero esto no tiene nada que ver con el enfado que puedan sentir los jueces ante algunas de las decisiones que ha tomado el Gobierno”, termina Bosch, que rechaza por completo que haya intencionalidad en los dictámenes.

Con todo, el debate se prolongará al menos durante los próximos años porque la Justicia tiene materia para continuar actuando. Serán los ciudadanos los que decidan si el Poder Judicial se está excediendo o si, por el contrario, se encuentra inmerso en la misión de regenerar España.

http://www.elconfidencial.com/espana/2013/05/19/los-jueces-contra-el-sistema-ya-hay-300-politicos-y-cien-financieros-imputados-121163/

Lo que tienen que dejar de hacer nuestros maravillosos gestores financieros es intentar ser cada día un poco más competentes en sus trabajos y dejarse de intentar manipular y canibalizar las decisiones de nuestros "queridos jueces".

Este prevaricados está en la carcel porque no se puede conceder un crédito de 26 millones de euros a quién se sabe que no va a pagarlo y por lo tanto hacerse favores entre ellos mismos y seguir viviendo a costa de los sufrimientos de los demás, en este caso los empleados a los que adeudaba varios meses de nóminas.

Y , ademñas, por supuesto, si los gestores financieros han llegado a todas la aberraciones que conocemos debes ir a la puñetera carcel , claro que si, es inaudito que quieran cerrar filas por un choricete de los de aupa.

dentro de poco ,veremos,veremos, a ver ¿cómo es posible que Bankia hubiara tenido 150 millones de beneficios un año y al siguiente, después de haber salido a bolsa, tener un "agujero de 500? ¿qué lo expliquen tanto Rato como el "emotivo amigo de sus amigos" expresidente del B.España.

Choriceos...pero no nos engañan......

Valle escribió:Lo que tienen que dejar de hacer nuestros maravillosos gestores financieros es intentar ser cada día un poco más competentes en sus trabajos y dejarse de intentar manipular y canibalizar las decisiones de nuestros "queridos jueces".

Este prevaricados está en la carcel porque no se puede conceder un crédito de 26 millones de euros a quién se sabe que no va a pagarlo y por lo tanto hacerse favores entre ellos mismos y seguir viviendo a costa de los sufrimientos de los demás, en este caso los empleados a los que adeudaba varios meses de nóminas.

Y , ademñas, por supuesto, si los gestores financieros han llegado a todas la aberraciones que conocemos debes ir a la puñetera carcel , claro que si, es inaudito que quieran cerrar filas por un choricete de los de aupa.

dentro de poco ,veremos,veremos, a ver ¿cómo es posible que Bankia hubiara tenido 150 millones de beneficios un año y al siguiente, después de haber salido a bolsa, tener un "agujero de 500? ¿qué lo expliquen tanto Rato como el "emotivo amigo de sus amigos" expresidente del B.España.

Choriceos...pero no nos engañan......

Así es, estimado Valle.