Artículos periodísticos publicados por Antonio García-Trevijano.

http://www.diariorc.com/2013/04/29/el-medio-hombre-semi-bestia/

El medio hombre semi bestia



ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO.

Cerca de un millón de personas han manifestado su malestar ante la inseguridad laboral y la desigualdad de oportunidades educativas. Como procesiones de rogativa, estas marchas cívicas intentan hacer propicios a los dioses sesteantes en el Olimpo del Estado. A quienes esperan despertar de su frívola indolencia con sonoras preces de sumisión y veladas amenazas de huelga general. Después de cinco años de lo mismo, se reproduce el decembrismo del 88. Con una sustancial diferencia. El poder está ahora en el Laberinto de Maastricht. Y el Minotauro europeo exige que se le sacrifique una cuota anual de adolescencia y de vejez. Los dioses españoles no tienen ya los atributos de entonces. Y temen más al monstruo monetario encerrado en el Laberinto que a la rebelión de los mortales bajo su pastoreo.

Los líderes sindicales aún no saben que solo una alternativa de poder (Teseo) podrá matar al medio hombre y medio bestia de Maastricht. Tampoco lo saben los que, desde los mandos del Estado y la sociedad civil, temen y se pronuncian contra las manifestaciones en tiempos de crisis. ¡Como si sólo fueran oportunas cuando no son necesarias! La manifestación es una forma popular de participación en lo público que se condena al fracaso político si triunfa como expresión de un derecho constitucional. Mayo del 68 es elocuente. Basta convocar elecciones, o sea, dispersar en votos personales la concentrada voluntad de cambio, expresada en manifestaciones triunfantes, para sacar de las urnas una voluntad de permanencia o de reacción. Las manifestaciones que consiguieron modificar el equilibrio del Estado canalizaron, hacia fines ilegales, el temor a las masas.

La marcha de las mujeres a Versalles (1789) y la marcha sobre Roma (1922) allanaron el camino de la Revolución y del fascismo. De estos célebres acontecimientos proviene el miedo de la memoria histórica a las concentraciones de masas urbanas. Pero el temor a las masas en marcha nunca ha sido, por sí solo, artífice del cambio. Ha de unirse, para eso, a una alternativa de poder dentro del sistema y fuera del régimen. Como ocurrió en Versalles y Roma. Que se apoyaron, doblegándola, en la voluntad del Rey. La prevención contra las manifestaciones es ridícula cuando, como en España, la Jefatura del Estado de partidos se integra en el régimen de poder. La causa de la manifestación no es, como se cree, la protesta que expresa contra el Gobierno, sino la falta de representación política del malestar social.

La «democracia de manifestaciones», como complemento de la electoral, carece de sentido. No, como se ha dicho, porque los manifestantes sean una fracción reducida del pueblo (esto también sucede con la mayoría simple en relación con el censo electoral), sino por la incompatibilidad entre manifestación representativa y representación política. Mayo francés y 14-D español demuestran que la lógica de las manifestaciones de la sociedad civil difiere de la lógica de las representaciones de la sociedad política. No son complementarias porque son divergentes. Una tiende a resolver problemas. Otra, a repartir poder. Las manifestaciones públicas son impresionantes no tanto por el mal social que denuncian, eso se sabe hoy por otros medios informativos, como por la disparidad que revelan entre la potencia del movimiento y la impotencia de su representación. Lo que empuja a manifestarse, lo que ponen de manifiesto las grandes marchas ciudadanas es la inadecuación del régimen político al sistema social. Incorregible, mientras siga viviendo la semibestia del Laberinto y medio hombre mastriquense, que se nutre de los sacrificios humanos que le tributa el Estado de partidos europeos.

EL MUNDO 29/11/1993

http://www.diariorc.com/2013/04/30/subsocialismo-subfascismo-subnacionalismo/

Subsocialismo, subfascismo, subnacionalismo



ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO.

Todavía no comprendemos bien lo que ha sucedido en Italia*. Tampoco parecen saberlo los italianos. Aparentemente, las cosas de la política son sencillas de entender. Una lucha por el poder en el Estado entre distintas ambiciones. De personas, de clases, de categorías sociales. El asunto se complica cuando intentamos averiguar el sentido que tiene, para la sociedad, esa competencia entre individuos concretos, apoyados en ideas abstractas y grupos sociales indefinidos, por ocupar los cargos del Estado. Que sigue siendo la fuente primordial de seguridad social para muchos, de represión para bastantes, y de honores o riquezas para algunos. Si miramos lo que pasa en Italia, desde esta lejana perspectiva, tal vez no lleguemos a percibir el refinamiento íntimo de las situaciones locales, pero al menos no cometeremos el error de atribuir significados anacrónicos a fenómenos nuevos. Como hacen los medios de comunicación, al reducir el caso italiano a un resurgimiento de las ideologías que intentaron orientar, en sentidos divergentes, el desarrollo industrial y el crecimiento económico.El hecho de anteponer el prefijo «neo» a viejas denominaciones, además de no explicar en qué consiste lo nuevo, delata la dificultad que entraña entender lo que pasa en el presente con simples referencias a las ideologías del pasado.

La Liga Norte impulsa los tradicionales sentimientos de superioridad de la Italia continental sobre la peninsular, en sentido inverso al que produjo, con Cavour, la unidad italiana. No se trata pues de un nacionalismo expansivo que pueda degenerar en fascismo, sino de un movimiento de retracción defensiva ante la ruina moral y material del Estado de partidos. Por ello es de carácter conservador y «subnacionalista». Y guardaría una cierta semejanza con el subnacionalismo catalán si no fuera porque éste, a diferencia de aquél, necesita para crecer aumentar la debilidad del Estado de partidos, sin destruirlo. El partido ex comunista tiene la originalidad de ser un subproducto interesante de los dos procesos de rechazo social, del comunismo y de los partidos estatales, generados en Italia con la disolución de la guerra fría. Sus administradores profesionales han tenido la habilidad de cambiar de nombre comunista y de apellido partitocrático, para entrar en la Internacional Socialista y salir del ruinoso Estado de partidos en el último minuto. Con esta doble renuncia, por su doble «ex», se ha presentado ante los electores como el partido de (no del) Estado capaz de interpretar la necesidad histórica de su reforma democrática.

Lo que ha triunfado en las urnas no es un producto ideológico neosocialista para la reforma social, sino un instrumento «subsocialista» para transformar el Estado de partidos en un Estado democrático. Y en esto se diferencia de la IU española. Operando en sentido paralelo y opuesto, también ha sucedido algo parecido con el nostálgico Movimiento Social Italiano que ha canalizado, como hizo la espontaneidad del «primer tiempo» del fascismo de 1922, los sentimientos populares de frustración ante la impotencia parlamentaria del Estado de partidos, frente a la corrupción de la política por los magnates del Norte y las mafias del Sur. Sin acción directa, sin doctrina orgánica, sin jefe carismático, sin clase media miserable, sin miedo al obrerismo, es abusivo hablar del resurgimiento de un neofascismo en Italia, como lo sería en España respecto al Partido Popular, por el hecho de que millones de votantes hayan utilizado la única plataforma, fundada, eso sí, por fascistas, que podía frenar la victoria de los subsocialistas «rojos». Pero sería una torpeza no comprender el carácter reaccionario de este movimiento «subfascista», frente a la partitocracia, que no tiene el Partido Popular porque está instalado en ella. La ausencia de alternativa demócrata al Estado de partidos ha producido la paradoja de que tenga que ser suplida con subsocialismos, subfascismos y subnacionalismos. Veremos.

EL MUNDO 13/12/1993

* En estas fechas era noticia la corrupción en Italia fruto de la Tangentópoli y el cambio de ley electoral proporcional por una mayoritaria así como la aparición de otros partidos, herederos del dominio de la democracia cristiana anterior.

http://www.diariorc.com/2013/05/01/no-hay-peligro-de-fascismo/

No hay peligro de fascismo



ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO.

La gravedad de la crisis está creando, como subproducto espiritual, una notable divergencia vital entre los hombres de negocios y los intelectuales. Los primeros, concentrados en los modos de obtener liquidez a corto plazo, liquidan su pasado para estar disponibles ante el futuro. Saben que no será insistiendo en las causas del triunfo de ayer como les llegará el éxito en un incierto y distinto mañana. Prefieren estar preparados antes que comprometidos. Los intelectuales, en cambio, ven el futuro con los ojos puestos en la nuca de su pasado inmediato. A quien deben su «a posteriori» concepción antifascista o anticomunista del mundo. Las novedades políticas sólo son, así, meros síntomas de una restauración que invitaría a recomenzar el mismo combate. Comprometidos en cuerpo y alma con un mundo intelectual acabado, no están disponibles para el que empieza. Una forma inconsciente de liquidar el futuro.

La lectura de los resultados electorales en Italia y Rusia * está dictada por esa necesidad instintiva de que el fascismo y el comunismo renazcan. Peligro que volvería a dar sentido a su periclitado universo. Lo que importa subrayar ahora no es la evidente falta de ese peligro, sino la propensión de los intelectuales a inventarlo a las primeras de cambio. La historia no viene como anillo al dedo de la conveniencia mental. La prensa extrae sus titulares del archivo emocional de la memoria histórica. Este modo de producir ideas para el consumo no provoca una gran distorsión de la realidad, cuando el futuro se imagina como un despliegue de lo que sucedió y de lo que está ocurriendo. Pero en tiempos de crisis radical como los actuales, definidos por la incertidumbre de los procesos históricos, los informativos de la primera son casi siempre ideológicos, o sea, parcialmente falsos. Titular a toda plana: «El fascismo triunfa en las elecciones rusas» -porque el oficialismo ruso considere fascista el «nacionalimperialismo» del demagogo Zhirinovski- no es fruto del error ni de la exageración. Sino de un propósito de asustar a la opinión pública mundial, para incrementar el apoyo occidental a Yeltsin y recordarnos que la única alternativa a la «democracia de partidos» sigue siendo, como en la República de Weimar, el nazismo.

Los éxitos populares del Movimiento Social Italiano y del Partido Liberal Democrático de Rusia deben no obstante preocupamos por lo que tienen realmente de común. Que no es neofascismo corporativo mediterráneo, ni neonazismo racial germánico. Sino dos versiones del sentido reaccionario que toma el voto popular, cuando a la frustración social de las masas se añade la impotencia política del sistema.

Se ha escrito mucho sobre las causas culturales y económicas del fascismo y del nazismo. Pero apenas nada sobre la debilidad del régimen de partidos que les facilitó el camino. Un régimen que se presentó, en plena derrota económica, como la única forma posible de la democracia. Después de aquella amarga experiencia, debería bastar un mínimo de inteligencia social para no confiar las libertades al porvenir de un sistema político basado, otra vez, en la oligarquía de partidos. Tipo de poder que se disolvió, con extrema facilidad, cuando no estaba instalado en el Estado. Y que tan fácilmente se desintegra ahora, desde el Estado, con la corrupción (Italia) o la frustración de las masas en paro (Rusia). Un régimen que, en España, ya está cavando su propia tumba con la pala partidista de la corrupción y la piqueta neoliberal de la «deconstrucción» del Estado de bienestar. Pero sin temor al fascismo o al comunismo, y a diferencia de lo que ocurrió al final biológico de la dictadura, esta vez, cuando la sociedad civil se tope con la quiebra de esta sociedad política oligárquica, no se podrá eludir la realización de la alternativa democrática al Estado de partidos que fue ideado como un bárbaro expediente posbélico de la guerra fría, carente hoy de sentido.

EL MUNDO 20/12/1993

* http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1993/12/14/040.html

Empujón antidemocrático



ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO.

El «impulso democrático» traduce, como concepto y realidad, la falsedad política y moral de la transición. Por el absurdo que expresa, por el cinismo que encierra. Las reglas de la democracia constituyen su propio juego político, como las de ajedrez, el suyo. Son democráticas o ajedrecísticas desde el primer impulso creador o no lo son nunca. La regla un poco democrática es noción tan jocosa como la de mujer un poco embarazada. Ningún impulso posterior, fuera de un arrebato de amor constituyente, la puede democratizar o embarazar del todo. Y sin embargo, esta es la tontería que se dice cada vez que se alude a la juventud de nuestra «democracia», para justificar los defectos formales de un régimen de poder que no es democrático.

Los jugadores pueden aprender a utilizar mejor la democracia para que su juego sea más eficaz frente a la ignorancia, la pobreza o la injusticia. Por eso es positivo jugar, aunque sea mal, la democracia, como es negativo jugar, aunque sea bien, las reglas de la oligarquía liberal, creyendo que esta barbarie es la democracia. Se tolera así a empedernidos jugadores políticos lo que no toleramos a un jugador de ajedrez de siete años. Que, por muy aprendiz que sea, está obligado a mover las piezas igual que el campeón del mundo. Referido, como está, a las reglas formales de la política, el eslogan «impulso democrático» demuestra que el gobierno y la oposición -¡negociadores de un impulso!- son conscientes de no estar bajo un régimen democrático y de no querer cambiarlo. Ya que ese eslogan, correctamente explicitado, contiene el siguiente mensaje: «Yo, después de once años de mayoría absoluta, me doy cuenta, sin esa mayoría, de que las reglas de que me he valido hasta ahora, para no ser controlado, no son democráticas. Por consiguiente, daré un impulso que, por proceder de mí, es ya democrático».

El colmo de la estupidez no está en quién la elabora, sino en quién, creyendo o no en ella, colabora. En quienes, desde la oposición hasta los medios informativos, toman en serio esta farsa política. No había que esperar al resultado negociado de este impulso al cambio del cambio para saber que, de ser algo más que nada, sería un basto empujón antidemocrático de la oligarquía de partidos para frenar la conciencia social de necesidad de la democracia política para seguir en un régimen «parlamentario», donde el Parlamento no pueda controlar al Gobierno, ni investigar la corrupción de los partidos gobernantes.

Si los dos partidos principales se ponen de acuerdo para ocultar sus respectivas corrupciones, como han hecho hasta hoy, ninguna minoría parlamentaria podrá obtener la constitución de comisiones de investigación. Si la sospecha de delito imputable a un miembro de la clase política se somete a investigación judicial, a fin de sancionar su responsabilidad penal, queda excluida toda posibilidad de investigación parlamentaria, para depurar su responsabilidad política. Si una lista de diputados solicita dos veces una comisión de investigación en el Parlamento queda inhabilitada para pedir otra durante ese año.

La mayoría absoluta del partido gobernante no necesitaba antes regla alguna para impedir su control parlamentario. Ahora que la ha perdido se asocia con el primer partido de la oposición, mediante una regla que tampoco lo permite sin consentimiento de una mayoría absoluta concertada. Hemos, pues, empeorado. La oligarquía partidista española, cegada por su bastarda ambición de poder y de reparto a la italiana, es más audaz y orgullosa que la francesa. Ha preferido una cínica regla de autoimpunidad a la humillante ley de autoamnistía.

EL MUNDO 27/12/1993

http://www.diariorc.com/2013/05/03/banqueros-ortodoxos/

Banqueros ortodoxos



ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO.

La crisis de un primer banco en España (*) no puede ser comprendida sin tener en cuenta las relaciones de poder que constituyen el régimen político. Las explicaciones oficiales sobre Banesto, al justificar la intervención del Estado por el riesgo general que entrañaba la gestión particular de su presidente, tienen que exagerar la fragilidad institucional de un sistema financiero que puede ser puesto en peligro por una mera causa personal.

No caen en la cuenta de que a mayor culpa de Conde, mayor responsabilidad de las instituciones –Banco de España, JP Morgan y BCH– que le ayudaron a equivocarse con el remedio. La soberbia contradicción entre el éxito de confianza en la ampliación de capital y el fracaso de confianza en su resultado impide creer que el factor determinante de la intervención esté en las cuentas de Banesto. Como en el crimen, hay que buscar el móvil en los beneficiarios. Si la tesis oficial fuera cierta, la crisis de Banesto sería agudo síntoma, en un miembro expuesto a la intemperie política, de la fragilidad crónica del cuerpo financiero. Tapada con la concentración de unidades bancarias, que la autoridad monetaria propicia entre aliados del Gobierno

El gobernador del Banco de España no ha tenido autonomía en su decisión sobre Banesto. El origen de su nombramiento le obliga a no alterar el equilibrio de las relaciones de poder, sin impulso del presidente del Gobierno. Pero, salvo por su condición arbitral de la oligarquía financiera, nada obligaba al gobernador a someter la solución de la crisis de Banesto a la decisión de sus competidores en el mercado. Y esto es lo que ha sucedido. Hasta el punto de que no ha podido guardar las formas ni elegir el momento de la intervención. Bastó una pequeña manipulación en Bolsa de la cotización de Banesto, para que al día siguiente ocuparan esta entidad los bancos que desde hace años pretenden comprarla o absorberla.

La necesidad de colaboración de la banca privada para intervenir estatalmente a Banesto carece de sentido cuando la única garantía, y la única fuente de dinero, proviene del Banco de España. La lección magistral que nos ha dado el caso Banesto, con la salida del Sr. Conde y la entrada del BBV, es de libro. Pero no de economía financiera o negocio bancario, sino de teoría del poder oligárquico, de negocio político. Hace más de medio siglo que la de banquero es, en España, una profesión de poder estatal paralela a la profesión política.

Mario Conde ha podido pensar que sólo era un banquero de la sociedad civil, que intentaba influir culturalmente en una sociedad política democrática. Pero por equivocada que haya sido la gestión civil de Banesto en un período de recesión económica, la sustitución del presidente de un banco con futuro, del que es además primer accionista, por su rival en el mercado, reviste tal grado de perversión que solo puede caber en una sociedad política no democrática, donde reine una oligarquía de partidos y gobierne una oligarquía financiera. Y si miramos bien el fondo oscuro de la escena, veremos en ella cómo sabios comadrones expulsan del claustro bancario al heterodoxo.

La gran banca privada dio, con la mano invisible del mercado bursátil, el «impulso oligárquico» que necesitaba la mano visible que ha puesto a Banesto, con deslealtad mercantil, bajo las garras de sus viejos competidores. Banesto será saneado con fondos públicos. Sus mejores clientes, repartidos entre los Bancos administradores. Y ofrecido, por fin, a los «financistas» de los partidos. A los pagadores de informes inexistentes. A los creadores de ficticias cesiones de crédito. Es decir, a banqueros ortodoxos.

EL MUNDO LUNES 3 DE ENERO DE 1994

*. http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1993/12/29/001.html

http://www.diariorc.com/2013/05/06/usted-no-es-el-sr-morgan/

Usted no es el Sr. Morgan



ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO.

El Banco de España no puede afirmar, sin esparcir a cuatro vientos las esporas del pánico, que el consumo de los recursos propios de Banesto «implica un gravísimo riesgo para el sistema financiero, el sistema general de pagos, la economía española e incluso para sus relaciones internacionales». Aparte de que esto no es verdad (si lo fuera no se proclamaría) la causa legal de la intervención no necesitaba ir acompañada de una invitación a la desconfianza general en el sistema, de un alarmante toque de rebato a la comunidad bancaria para sofocar el incendio con las bombas financieras del Estado. Esta superflua exageración ha dado cauce a una pasión desmesurada. Y la frialdad de las cifras no mitiga el calor político que desprende el acta de intervención. La soberbia del poder, si no es democrático, necesita humillar la disidencia para que su peana de reputación se menoscabe. La coherencia íntima de este sentimiento gremial ha producido la incoherencia externa de la oligarquía bancaria: asumir, como propia, la desmesura catastrofista de la autoridad monetaria y oponerse, como ajena, a que tal disuasión al capital extranjero la haga, en grado menor, la convocatoria cívica del día 27.

Nadie con sano sentido de responsabilidad puede abonar, con opiniones partidarias, la desconfianza levantada por la autoridad monetaria y la propia banca sobre el sistema bancario. Como hacen los que propagan la versión oficial.

Para impedir el pánico de los depositantes, que cualquier rumor absurdo puede desencadenar, es preciso decir sin miedo la verdad. Porque la causa del peligro no esta en la crisis económica de Banesto, ni en la necesidad legal de su intervención estatal. Sino en la forma alarmista y desconsiderada de llevarla a cabo, con desprecio al prestigioso capital extranjero comprometido y a la libre competencia en el sector. Por eso, efectuado ya el desembarco de los hombres del Vizcaya (elegidos por el Presidente del BBV, y no por el Banco de España como la ley manda), los demás bancos deben retirarse cuanto antes de Banesto en signo de normalidad y neutralidad. Mientras la gran banca siga apiñada en tomo a un problema ajeno, que sólo el Banco de España debe resolver no se podrá evitar la sospecha de que sigue ahí, dando cobertura a la autoridad por temor a su propia debilidad. Se entiende que el poder estatal, acostumbrado a la impunidad que le otorga la ingenua confianza del «homo políticos», trate al representante de la Morgan como a un empleado sin poder. Pero será temerario esperar el mismo infantilismo del «homo economicus» que es el cliente bancario.

El ciudadano normal permite que se juegue con su voto político, pero no con su dinero. En el campo de los intereses materiales domina una actitud precavida que se torna ciegamente desconfiada al menor signo de peligro. Sucede lo contrario en la esfera política, donde la actuación mental de los gobernados no supera la de un niño. Tan pronto como el poder establecido lanza una señal de alerta, un miedo irracional les hace depositar toda su confianza en los gobernantes. El Banco de España ha iluminado Banesto con la luz roja que habitualmente enciende el Gobierno para solventar sus atolladeros políticos. Pero si el miedo que produce la declaración oficial del estado de crisis del sistema financiero español, llegara a enfrentar la reacción de confianza en la autoridad política y la reacción de desconfianza en las instituciones de crédito, la banca no debería ignorar que sería esta última la que prevalecería en sus depositantes. Que no están necesitados de buenas palabras, sino de hechos que contradigan el estado de necesidad en que parecen encontrarse las entidades de ahorro y crédito. Metidas en el agujero de Banesto que JP Morgan se aprestaba a rellenar. Real o atribuida, la cazurría del gobernador. «Usted no es el Sr. Morgan», puede convertirse en la frase mítica de una catástrofe. Porque «usted, Sr. Rojo, no es gobernador de una banca privada nacionalizada».

EL MUNDO. LUNES 10 DE ENERO DE 1994

Festín caníbal



ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO.

El control autoritario de Banesto por su rival BBV plantea la cuestión de la escala de poderes en España. Porque el poder real no coincide nunca con el de las jerarquías oficiales. El caso de Banesto nos enseña las entrañas de las relaciones de mando y obediencia social, mejor que cualquier teoría, porque ha sido planteado y zanjado al desnudo, como cuestión fáctica de poder al más alto nivel, sin miramiento a las reputaciones. Sin guardar las formas que cubren la crudeza de las ambiciones. Sin respeto al decoro civilizador de las normas. El puro carácter político del caso se pone de relieve con una simple evidencia. El Banco de España ha necesitado otras voluntades de poder, fuera de la ley y de la institución, para convertir su propia opinión en decisión interventora. El caso es claramente político porque es escandalosamente ilegal. La ley de disciplina bancaria y su órgano ejecutivo no han podido destituir, por si y ante si, a los gestores de un banco de la oligarquía financiera. Y cuanto mayor sea la bancarrota de Banesto, cuanto más se haya «cargado de razón» la autoridad monetaria, cuanto más asistida esté de causa legal, más patente será su impotencia para extraer de la sola ley la fuerza que permitió su aplicación.

Al tener que recurrir a poderes situados fuera de la ley aplicada (presidentes del BBV y Santander), el Banco de España tenia que desbordar su margen institucional, para permitir que el legitimo amparo a los depositantes de Banesto diera cabida a la bastarda actuación de esos poderes sociales en el proceso de intervención política. El desbordamiento del cauce legal se produce cuando la institución estatal les delega su deber de elegir los administradores, y cuando aprueba que un banco de la competencia domine al banco intervenido. Se puede pensar, con el mundo oficial, que no había otra posibilidad. Pero con ello se confiesa que la ley bancaria y las leyes de la competencia son aplicables a los grandes bancos. La oligarquía bancaria detenta así el poder que el Gobierno y el Parlamento ostentan. Y no se duda de la probidad de la autoridad monetaria, pese a su clara desviación de poder, porque se presupone que está arbitralmente integrada en la oligarquía financiera. Banesto demuestra que el régimen de poder político no es democrático, y que el equilibrio oligárquico del capital bancario se ha inclinado hacia el BBV y el Banco de Santander. Los jefes de gobierno y oposición no han rebasado, en esta crisis de poder, el papel de recaderos que se guardan los despojos políticos de un caníbal festín de banqueros.

Queda por ver si, a pesar de todo, estamos en un Estado de derecho. Esta prueba solo la pueden aportar los accionistas de Banesto y el poder judicial. Los primeros, como elementos de la sociedad, confiando la defensa de sus intereses a las leyes y tribunales civiles. El segundo, como elemento del Estado, siendo capaz de fallar la nulidad del nombramiento del nuevo Consejo de la entidad intervenida. Lo que se esperaba de la imagen de Mario Conde era la respuesta del derecho privado a la injerencia, por decreto, de la banca competidora en la esfera de los derechos subjetivos perjudicados. Pero su comparecencia ante la opinión ha confirmado que nadie, con relieve social, cree en los derechos de la sociedad civil frente al Estado.

Sorprendería, sin embargo, que los accionistas de la ampliación no reaccionen antes de ver reducido su capital, cuando la ley ofrece medidas cautelares, a juicio de los tribunales ordinarios, para evitar el daño. No es fácil de imaginar a un juez de primera instancia suspendiendo, en unas horas, el nombramiento de los consejeros y directivos actuales de Banesto. Las consecuencias políticas de la justicia legal pesarían más sobre su cabeza que la brutalidad jurídica sobre su corazón . Pero eso sólo demostraría que, sin jueces como los italianos de “manos limpias”, nunca tendremos en España un Estado de derecho para los poderosos.

EL MUNDO. LUNES 17 DE ENERO DE 1994

http://www.diariorc.com/2013/05/08/un-dia-de-leccion-magistral/

Un día de lección magistral



ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO.

Pocas veces tendremos ocasión tan propicia como el 27-E para demostrar la falsedad social del mundo político. Para tomar la medida a una Constitución de la fantasía donde se garantiza la orientación al pleno empleo y la irretroactividad de las leyes restrictivas de derechos. Para desnudar una sociedad política que legisla, casi en pleno, contra la «sociedad social». Para revelar el grado de aislamiento social de un Gobierno donde prevalece, contra el interés de los gobernados, la ambición de una jefatura de la mediocridad al servicio doméstico de los poderosos. Para ver la pornografía de una oposición que planea el asalto al poder por etapas de crítica o colaboración programadas, contra el orden de apremio de los problemas, según necesidades de imagen. Para comprender, en fin, que la corrupción y la incompetencia de la clase gobernante provienen del juego institucional del Estado de partidos. Es la lección magistral que la sociedad civil puede dar a la sociedad política.

Bertrand Russell decía que Lenin y Trotsky hicieron la Revolución para verificar, en el laboratorio de la historia, el carácter científico de la dialéctica marxista.

Escarmentados por tan cruentas investigaciones con la voluntad de poder, los sindicatos convocan ahora inocuos experimentos con la inteligencia cooperativa de un día de asueto nacional.

Menos perturbador que una huelga sectorial, el experimento social del día 27 intenta dejar en el vacío a las instituciones y ámbitos de poder que no participan en la protesta. Lo que hacen en el País Vasco para aislar a ETA de su base social, tienen que hacerlo los ciudadanos de toda España para que la clase política se cueza sola en su propia salsa podrida. La huelga general de un día, que sólo puede ser eso, un día de huelga, no crea ni destruye empleo. Pero pone al descubierto la razón (financiera) de Estado que impulsa las leyes del desempleo. Los experimentos con la inteligencia social, sin voluntad de poder, no pretenden transformar la realidad. Pero revolucionan el conocimiento social del poder, destruyendo las ilusiones ideológicas que disfrazan las ambiciones. Todo cambio de gobierno, si no trae su causa del conocimiento crítico de la esencia antidemocrática del régimen de partidos, conduce a nuevas frustraciones. Como la que tendrá lugar con la sustitución de González por Aznar. El poder no está, desgraciadamente, en el conocimiento. Pero sí, en el conocimiento de las relaciones de poder y en la ignorancia de todo lo demás. Y un solo día de huelga nacional informa mejor a los ciudadanos sobre esas relaciones de dominio, que la carrera de ciencias políticas o la práctica electoral.

La objeción de conciencia y el propio interés fundamentan el rechazo a la participación en la política de la oligarquía estatal. La abstención, la insumisión, la huelga de celo, el boicot y otras formas de resistencia pasiva han preparado el camino de la huelga nacional de un día. Que sólo tiene de huelga el nombre. Así como se vota por distintos motivos, incluso opuestos, a un mismo partido, se puede participar en la protesta de un día de asueto por razones diferentes a la de sus timoratos convocantes. El tono conservador de una huelga laboral, provocada por el ataque reaccionario del Gobierno a los derechos concedidos a la clase obrera por la dictadura, puede ser superado con la causa común de los ciudadanos. Porque todos tienen un mismo interés democrático, aunque no lo sepan, en quebrar la seguridad ideológica que la oligarquía pone en la falsa idea de la libertad de mercado.

Contra el egoísmo natural de unos privilegiados, la inteligencia cooperativa de todos los demás debe convertir el 27-E en un día de enronquecimiento cultural. En una jornada lectiva para aprender que el poder político no está hoy en la sociedad que levanta el acta de protesto, sino en un tipo de Estado que ampara, con la irresponsabilidad, el impago de las promesas electorales y el daño de los errores profesionales de gobierno.

EL MUNDO LUNES 24 DE ENERO DE 1994

Días de esplendor



ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO.

El poder no juzga la huelga del 27-E por lo que ha sido, una hermosa jornada de abstención laboral, sino por lo que no podía ser, un rechazo unánime de la prepotencia política, como el 14-D, que ahora está enlazada con la del capital financiero y la industria editorial. Pero la protesta cívica ha sido de tal envergadura que en un régimen liberal o democrático habría hecho dimitir al gobierno. La circunstancia española es única. Para durar sin ideología, necesita de la contradicción visible y la mentira descarada. No hay incoherencia mayor que la de ampararse en la universalidad del 14-D para negar la generalidad del 27-E, que la de legitimar una huelga pasada, ¡para huelga, aquélla!, envileciendo la huelga presente. Y no hay mentira tan denigrante como la retransmitida en directo contra la evidencia de la propia experiencia. Se ha caído ya en la perversión de la propaganda totalitaria. Que al no estar dirigida contra la capacidad humana de razonar, sino contra el instinto animal de percibir, destruye la seguridad que las bases sensoriales del conocimiento prestan al criterio. El espectador de la realidad desconfía de lo que ve por sí mismo, hasta que los medios de comunicación le dicen lo que está viendo. ¡Una normalidad! No una huelga generalizada.

El sentido común se refugió, durante la última generación cultural de la dictadura, en la sociedad familiar y civil. El discurso público no interfería la vida privada. La España oficial y la España real se vivían como una doble vida. Con no meterse en política, acudir a los cenáculos de la clandestinidad o reír los chistes de la situación bastaba para entender el sentido de lo que se veía y se decía en público. Pero la diferencia entre la realidad y su representación mediática está llegando ahora a un grado de perversión que nos hace dudar de la realidad misma. La mitomanía del poder actual, y la de sus medios de comunicación paranormal, nos ha obligado a verificar, como si fuéramos hombres de ciencia, la verdad del entorno físico captado el 27-E por los órganos sensoriales. Cuando se duda de los propios sentidos, lo demás es un lujo intelectual despreciable. Lo que nos importaba saber ese día, por culpa de los medios, no era ya el sentido político o laboral de la huelga, ni su dimensión histórica. Sino, humildemente, si esa inaudita jornada estaba o no ocurriendo. Lo peor era que esa inverosímil situación se producía con libertad de expresión. Una libertad de monopolio que fue utilizada para hacernos desconfiar del imperio de nuestros sentidos, de la base instintiva de la moral y la razón política.

La huelga ha triunfado en la realidad y ha fracasado en la representación mediática de esa realidad. La huelga general, que no podía ser soreliana (revolucionaria o proletaria), ha separado a los españoles con un criterio distinto al tradicional. La clase social no es la que nos ha situado a la izquierda o la derecha del fiel de la balanza de poder. El «estatus» de representación en la pirámide social nos ha colocado arriba o abajo del nivel de realidad estatal. El hiperrealismo está en la gran banca, el gobierno, el noventa y dos por ciento del parlamento y de los medios de comunicación, la Bolsa, los hipermercados, la gran patronal, los subvencionados, la policía y los servicios mínimos. Estos pilares de la representación estatal decidieron que el 27-E pareciera una normalidad cotidiana. Y que el sub-realismo del mundo laboral y ciudadano se convenciera de que había sufrido un espejismo. Tan violenta y descarada ha sido la desfiguración de la jornada por sus narradores públicos, que la poca inteligencia crítica que supervive ha vuelto a los cenáculos. No para valorar la huelga con ideas o análisis, como cabía esperar, sino para saber, por intercambio de experiencias personales, si un día de esplendor alumbraba la esperanza, o si, como pregonaban las voces mediáticas, caían chuzos de punta sobre los ciudadanos.

EL MUNDO. LUNES 31 DE ENERO DE 1994

Hacia la crisis del Estado



ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO.

Entre una y otra huelga general, la economía se ha hundido y todas las instituciones estatales han entrado en crisis. Ya no queda una sola instancia de poder que tenga autoridad. Es el alto precio que tiene que pagar la sociedad por haber consentido, tras la huelga universal de la esperanza (14-D), que siguiera en vigor el régimen de poder que ha conducido a la huelga general de la desesperación (27-E). La crisis de autoridad, que preludia la del Estado, caracteriza las instituciones de gobierno del sistema político, las instituciones monetarias y crediticias del sistema financiero y las instituciones decisivas del sistema jurídico. El conflicto surgido entre el Tribunal Supremo, última instancia de judicialidad, y el Tribunal Constitucional, última instancia de legalidad, era previsible. La actual queja al Jefe del Estado, contra la evidente injerencia del Constitucional en la función jurisprudencial del Supremo, no está del todo desprovista de sentido, pese a su grave anormalidad jurídica, si se encuadra en la crisis institucional y en la esencia nuclear de la Monarquía parlamentaria. Por falta de autoridad moral de todas, ninguna instancia de poder respeta a otra. Por el carácter oligárquico del Estado de partidos, la Constitución atribuye al Rey el papel, imposible en la democracia, de árbitro de las instituciones.

La destrucción de la autoridad moral de las instituciones ha sido sistemática desde la llegada al poder del PSOE. La brutal corrupción de los partidos ha propiciado la degradación moral de las demás autoridades sociales. La estafa de un amplio sector de oficiales del ejército, la complicidad del CESID en las escuchas ilegales, los crímenes de policías con vocación de asesinos, la sumisión judicial a los delitos amparados en secretos de Estado, el inexplicado enriquecimiento del director de la Guardia Civil, las mentiras de los banqueros sobre sus contrapartidas al partido gobernante, el fraude fiscal de las primas únicas y las cesiones de crédito, la quiebra de las cooperativas sindicales, el tráfico de droga incautada, la estafa de gasoil por guardias civiles, el reparto prebendario de canales de televisión, la nacionalización de las pérdidas en el negocio bancario y tantas inmoralidades políticas (Ibercorp, BOE, PER, AVE…), obligan a considerar la miseria moral de la autoridad como un fenómeno social causado por las malas instituciones políticas, y no como una simple suma de malas conductas personales. El TC inició, con Rumasa, la «deconstrucción» de la moralidad jurídica de la ley que el Supremo consumó con Filesa. Es natural que ahora busque el amparo saliéndose, con su apelación al arbitrio real, de las normas inobservadas del Estado de derecho.

La función arbitral del Rey no tiene cauce constitucional para expresarse en un procedimiento público. Pero puede moderar en secreto la prepotencia del poder gubernamental o de oposición que ponga en peligro el equilibrio de las oligarquías (política, financiera, jurisdiccional) que constituyen el orden estatal. En los medios influyentes se considera normal, porque «el rey reina pero no gobierna», que su función arbitral modere, por ejemplo, la crítica sistemática del inconsciente Sr. Aznar al desastroso gobierno del imprudente Sr. González, y que no ponga freno a la corrupción y a las violaciones del Estado de derecho, ante la imposibilidad de hacerlo institucionalmente. Lo peligroso para el sistema oligárquico no son los continuos abusos del poder gubernamental o jurisdiccional, inherentes a su naturaleza, sino la crítica pública de esos abusos desde la oposición leal a Su Majestad o los medios de información. Por eso ha sorprendido tanto que el Supremo apele públicamente al Monarca para un asunto menor de susceptibilidad jurisdiccional. Aunque en realidad lo que delata en el fondo es la flagrante subordinación del Tribunal Constitucional al poder político. La crisis de autoridad apela con urgencia a la crisis de Estado.

EL MUNDO. LUNES 7 DE FEBRERO DE 1994

Documentos subversivos



ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO.

Para comprender las hipótesis de trabajo del Supremo y la Generalitat, hay que traer a la memoria la bastardía de las ambiciones que, en nombre de la democracia, han marcado el paso de la transición desde la dictadura a una oligarquía de partidos estatales. La ilusión de las libertades públicas, en un pueblo que se habituó a vivir sin ellas, disimuló la realidad de poder hasta que la impotencia del régimen político puso de manifiesto la quiebra de la autoridad moral en las instituciones y el fuerte arraigo de la servidumbre voluntaria en los españoles. Hasta el punto de hacer intelectual y moralmente irrespirable la atmósfera pública, que apenas nos trae un murmullo de palabra verdadera y honorable. En lo personal, hay que alardear de cínico para no parecer un ingenuo idealista. En lo político, hay que hacerse el tonto para parecer útil, y votar. En lo social, las causas del conflicto, cuyos aliviaderos han sido taponados con el artificial consenso de la clase dirigente, no cesan de acumularse. Y lo que era inconcebible al término de la dictadura, el desmantelamiento del Estado de bienestar, la ilegitimación de los sindicatos reivindicativos, la revocación política de la jurisprudencia civil o la misma independencia de Cataluña, ahora se plantea como «hipótesis de trabajo» de la clase gobernante.

Los documentos elaborados por la Sala de lo Civil del Supremo y la Generalitat proceden de una misma inspiración subversiva. En la forma semiclandestina. En el fondo demoledor de la unidad funcional o territorial del Estado. En la apelación a la Corona como único vínculo, común y simbólico, de una pluralidad de soberanías oligárquicas, cuyo modelo es la Monarquía polaca del siglo XVI. Fue allí donde el oligarca Zamoyske rechazó la corona que le ofreció la Dieta, pronunciando el lema de que «el rey reina pero no gobierna». El carácter simbólico del poder Real sitúa esas hipótesis de trabajo en un despejado horizonte de autonomía. Que para la Generalitat equivale a la independencia de Cataluña. Esos papeles sueñan con la España estamental de los Austrias. La que añora el moderno nacionalismo catalán. Sin querer percatarse de que la autonomía de entonces no entrañaba riesgos secesionistas, porque en Cataluña reinaba y gobernaba el poderoso Rey de todas las poblaciones de España. Si ahora, con un Rey sin potestad, el Gobierno cediese todo el poder ejecutivo a la Generalitat, que es su hipótesis de trabajo, se consumaría la independencia de Cataluña. Pero mi antiguo amigo, el señor Pujol, no tiene razón para el enojo. En la propia Constitución se puede detectar la carga explosiva que encierra la lógica del Estado de las Autonomías.

En una reciente conferencia universitaria sobre el futuro de la Constitución, sostuve que el Tribunal Supremo debe asumir las funciones del TC, y que el presidente del Ejecutivo debe ser elegido por los ciudadanos, para separar los poderes estatales y reforzar, con la democracia formal, la unidad del Estado. La centrifugación de las oligarquías autonómicas se compensaría con la concentración de poder del voto presidencialista. Los expertos en nacionalismo periférico reducen el valor de la hipótesis subversiva al de una táctica para obtener ventajas de un gobierno débil, necesitado de su apoyo. Pero los que se tranquilizan con el mercadeo de las competencias autonómicas olvidan la naturaleza sentimental del nacionalismo, que crece su intensidad a cada satisfacción que obtiene. El señor Pujol es el único que sabe adónde quiere ir, si le dejan. El señor González se dispone a aligerar de equipaje al Estado en un viaje, con descarga en Maastricht y Barcelona, cuya estación término todavía no conoce. Al generalizar la particularidad catalana y vasca, el señor Aznar tampoco sabe hacia dónde camina. Y la frívola adicción al café para todos pone en cuestión, con el inconsciente extremismo de la Administración única, la unidad de España.

EL MUNDO. LUNES 14 DE FEBRERO DE 1994