Un juez de Lérida, acosado por defender el castellano

Un juez de Lérida, acosado por defender el castellano

El 'totalitarismo' catalán pasa por la subvención de los medios y la docilidad de los jueces. El titular de lo contencioso-administrativo de Lérida se resiste al rodillo.



Todo gobierno que aspira a régimen sabe que la estrategia pasa por el control del poder judicial. No basta con matar a Montesquieu; hay que profanarlo. Es la praxis del gobierno catalán: primar al dócil y sancionar al díscolo. ¿Y quien es el díscolo? El titular del juzgado único de lo contencioso-administrativo, José María Magán Perales. Es catalanoparlante, pero no acepta una imposición lingüística contraria a la interpretación del Tribunal Constitucional del polémico Estatut. Dicha sentencia señala que ninguna lengua puede considerarse prioritaria. El uso indistinto del castellano o del catalán es un derecho del ciudadano. La Administración debe contestar en el idioma elegido por el ciudadano para que se preserve la tutela judicial y sus derechos lingüísticos.

La Generalitat incumple sistemáticamente. Y el juez Magán lo dice. Hasta lo denuncia. Como titular del juzgado de lo contencioso-administrativo es el garante de los derechos del ciudadano frente a los posibles abusos de la administración.

Pues bien, la asociación Soberanía i Justicia ha pedido directamente a la consejera de Justicia, Pilar Fernández i Bozal, que denuncie los presuntos abusos del juez ante el CGPJ. Probablemente no hacía falta que le animaran. Ella ya ha decidido que el juez Magán es persona non grata. Incluso ha llegado a pedir en el diario nacionalista Avui mayor celeridad al CGPJ para que le sancionen.

Y lo peor: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, también. En varias ocasiones han elevado sus quejas al CGPJ solicitando sanción para el magistrado. Y ya ha recibido tres sanciones: una de 3.000 y dos de 1.500. El juez Magán solicitó al Supremo suspender la ejecución pero el Alto Tribunal decidió ejecutar las sanciones.

Ahora afronta nuevos expedientes sancionadores. La sala de gobierno del Superior de Justicia de Cataluña acuerda por unanimidad remitir al CGPJ diligencias por posible faltas graves o muy graves. ¿El pecado? Prime facie, el de siempre: “abuso de autoridad y desconsideración con las instituciones”.

El pasado 31 de octubre la consejera remitió escrito a la sala de gobierno del TSJ de Cataluña quejándose del “exceso de facultad jurisdiccional” del juez en dos sentencias del 31 de julio de 2012. El ponente, Joaquín Martínez Sánchez, de Jueces para la Democracia, reconoce encontrarse ante una situación embarazosa porque por una parte debe defender la independencia de jueces y magistrados, pero por otra evitar que estos cometan excesos. “La ausencia de responsabilidad es una desnuda fuente de arbitrariedad”, argumenta.

Así que finalmente opta por elevar propuesta de sanción por “falta de equilibrio reflexivo, prejuicio ideológico contra la Generalitat y plagar sus resoluciones de descalificaciones improcedentes”.

Pero el culebrón no acaba aquí. El 27 de noviembre de 2012 la jefa del gabinete jurídico de la Generalitat, Margarida Gil Doménech, eleva de nuevo su queja a la sala de gobierno del TSJC por resoluciones y autos del 2012 del juez Magán. La sala de gobierno concluye nuevamente que Magán incurrió en “falta de equilibrio reflexivo y alto grado de prejuicio contra la administración pública juzgada”.

Así las cosas, el CGPJ reclama al juez Magán que se manifieste antes de resolver. El juez Magán no ha resuelto. Y no lo ha hecho porque se siente víctima de mobbing. “Comportamientos tan ruines como no invitarme a la comida de Navidad”, señala a GACETA. Su ansiedad le ha llevado a reclamar la baja médica, situación en la que se encuentra desde el pasado lunes 4 de marzo. El catalanismo político no le ha doblegado, pero sí le ha doblado.

Contra el crucifijo

El juez Magán lleva apenas dos años y medio en el juzgado de lo contencioso-administrativo de Lérida. Pero le ha dado tiempo a vivir todo un calvario. Una de las estaciones fue la presión de la sala de gobierno del Superior de Justicia de Cataluña para que retirara el crucifijo. La Sala se quejó ante el CGPJ que defendió al juez Magán. La presencia del crucifijo no atentaba a la libertad religiosa ni era contraria a un estado aconfesional como el nuestro. Es más, hay hasta 14 procedimientos donde el ciudadano debe jurar o prometer.

El episodio da buena muestra de la animadversión del presidente del Superior de Justicia de Cataluña, Miguel Angel Gimeno Tubero, miembro de la progresista Jueces para la Democracia. También participa en el mobbing –según el juez Magán– el presidente de la Audiencia provincial de Lérida, Francisco Segura Sancho, también miembro de Jueces para la Democracia. “Me envió una inspección totalmente insultante contra mi”.

http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/sociedad/un-juez-lerida-acosado-por-defender-castellano-20130326

Y mientras tanto, Jorge Fernandez Diaz, Alberto Ruiz Gallardón, y Mariano Rajoy Brey, cruzados de brazos, se ponen a silbar mirando al cielo, como si no pasara nada.

El poder de la masonería es tremendo e insultante.

Yo no se si serán o no masones estos tres, Hacer Pensar. Lo que si sé, es que son unos cobardes de tomo y lomo.

El síntoma de retirar el crucifijo es claro y significativo.