Golpe de Estado oligárquico en Cataluña

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Golpe de Estado oligárquico en Cataluña



Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.
Constitución Española
Artículo 30

En España, hablar frívolamente de golpismo no es una novedad. Fíjemonos en el bochornoso espectáculo desencadenado a consecuencia de una manifestacíón ante el Congreso de los Diputados del pasado 25 de septiembre. La delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes Cuenca, alias la susodicha, que había autorizado la manifestación, la calificó sin embargo de golpe de Estado y denunció a los manifestantes por decenas de delitos. El juez Pedraz archivó la denuncia a la primera de cambios (no observaba transgresión penal alguna) y argumentó "la decadencia de la clase política", un hecho que el magistrado se limita a constatar (y que los propios términos psiquiátricos de la querella del Ministerio de Interior avalan, precisamente). Al parecer, Cristina Cifuentes padece "ideas delirantes" y sostiene (nada menos que en Intereconomía) haber detectado una conspiración "nazi de ultraizquierda" que controlaría los hilos detrás de las movilizaciones, y esto sólo porque el inofensivo filósofo jubilado Jaume Farrerons (presidente de INTRA) colgó decenas de mensajes de Facebook en la página web de los indignados. Que una conspiración "nazi de ultraizquierda" (se reconoce el perfil de la INTRA) intentara apoderarse por la fuerza de la cámara legislativa es algo enorme, hay que tener una base para sostener semejantes afirmaciones ante los medios de comunicación y encima como representante oficial de un ejecutivo estatal... Además, a la delegada Cifuentes le entra un ataque de histeria cuando le preguntan por su marido, parece así evidente que en realidad lo que esta señora necesita es una baja médica:

La delegada de Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, ha abordado con tranquilidad los preparativos de seguridad de cara a las protestas del 25-S, pero ha perdido los nervios en la radio cuando se le ha preguntado por la situación judicial de su marido, que destapó ELPLURAL.COM. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M.) declaró a su esposo, Francisco Javier Aguilar Viyuela, en "ignorado paradero" a la hora de afrontar una condena judicial.

No es de extrañar que el juez Pedraz archivara el bodrio jurídico de Cifuentes, auténtica película de ciencia-ficción, fruto de una mente desequilibrada, por el que debería dimitir la pepera. O, como poco, afrontar una querella por injurias y calumnias, pues el deshonor que arrojó sobre los convocantes del 25-S -!nada menos que un golpe de Estado nazi!- es una patente imputación paranoica de delito sin ningún fundamento. Pero no, en respuesta al auto de archivo, el Partido Pulpolar acusó al magistrado de la Audiencia Nacional de "pijo ácrata", "inaceptable", "indecente", "intolerable"... !Como lo oyen! Todo esto ha sucedido hace muy poco en España. Mientras tanto, quienes realmente amenazan al Estado son miembros de la casta política y pactan habitualmente con el PP catalán para ensordecer escándalos de corrupción en esta comunidad autónoma. Quizá aquello que Cristina Cifuentes creyó percibir existe realmente, pero viene de otro lado, no de los alrededores del Congreso de los Puteadores, sino de mucho más lejos, a saber, de Barcelona, y está siendo cocinado -concretamente- en el "musical" Palau de la Generalitat...

Pero empecemos por el principio.

Informa hoy la prensa que un quiosquero de Granada de 54 años se ha suicidado ante el inminente desalojo de su domicilio, del que iba a ser desahuciado a las pocas horas por la fuerza a manos de un "equipo de intervención".

La ley es la ley. No hubo compasión con este ciudadano, cuyos impuestos sirvieron, en cambio, para tapar los agujeros financieros de los bancos que han provocado la crisis, o sea, la causa que, precisamente, impídele pagar la hipoteca y desencadena finalmente su tragedia personal. Los bancos son unas entidades dirigidas por privilegiados (con pensiones de 11 millones de euros) de los que el gobierno sí se "apiada", por la sencilla razón de que son los que sufragan las campañas electorales que permiten el acceso al poder a los partidos corruptos y, por ende, el acceso de la oligarquía al dinero de las arcas públicas que luego compensará, con creces, aquella auténtica "inversión" de los usureros.

La justicia es así inexorable, pero únicamente con los pequeños, quienes "no importan". !Somos la mayoría! La ley, empero, cuando conviene, mira hacia otro lado. El ejecutivo madrileño disfruta de la potestad de cagarse en ella, se llama indulto. Y la administración en sus más altos rangos alucina golpes de Estado donde no los hay, mientras finge ignorar los que realmente tiene delante de sus mismas narices.

El portavoz del gobierno catalán, por ejemplo, un "pez gordo" de esos que los "inversores" colocan en el "puesto" para joder bien jodidos a los ciudadanos, puede afirmar públicamene que no habrá marcha atrás en el proceso de destrucción del Estado español -pretensión que incurre en un presunto delito de sedición- y lo suelta con total desparpajo y chulería, mientras ingresa su abultada nómina (y complementos) como cargo de ese mismo Estado al que está traicionando a plena luz del día. Y lo peor de todo: !no pasa absolutamente nada! Una denuncia de Manos Limpias. El cobarde Rajoy farfulla que quiere "diálogo" con la banda de sediciosos que se ha apoderado del Palau de Generalitat; además, temblando, no deja de enviar dinero para que Felip Puig y todos los demás puedan comerse lubinas de 87 euros a costa de los presupuestos autonómicos -que de eso se trata con el celebrérrimo pacto fiscal- mientras la gente ya pasa hambre en la maravillosa Cataluña del govern dels millors.

"la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles"

¿Diálogo con el quiosquero? Nunca, por supuesto. Sin embargo, el quiosquero no era un delincuente, sino simplemente un hombre destrozado por los banqueros amigos de Rajoy y Mas. Ésa es toda la diferencia, no poca, a mi modesto entender. Francesc Homs delinque sin esconderse y Rajoy envía a la mafia catalana la cantidad que ésta exige, sin darse cuenta de que la extorsión "catalanista" no tendrá nunca fin. ¿Por qué tanto miedo, Mariano? La situación en Cataluña no requiere la intervención del Ejército Español para garantizar el respeto a las normas fundamentales del Estado. Basta con que la fiscalía actúe y aplique la legalidad vigente a todos por igual; incluso a los políticos de la casta corrupta culpables de esta falsa crisis que los ciudadanos estamos pagando con sangre, sudor y lágrimas (y hasta con el suicidio). El señor Homs tiene que ser denunciado e ir a declarar ante el juez competente, debe conocer las presons catalanes (tan lindas) de detectarse indicios razonables de delito y, sobre todo, debe cesar en el cargo de manera fulminante. Si Homs se negare a responder ante la justicia, los Mossos d'Esquadra -repito, los Mossos d'Esquadra, un cuerpo tan estatal como la Generalitat misma- habrían entonces de detenerle y enviar, si necesario fuere, un equipo de intervención a su domicilio. Como en el caso del quiosquero, pero ahora con razón, con toda la razón del mundo.


Quizá el procesamiento de Homs consiga que Artur Mas recapacite y no sea necesaria la suspensión constitucional de la autonomía catalana. Tal vez con la detención, enjuiciamiento y encarcelamiento de los traidores a la nación -criminales de derecho común por éste y otros muchos motivos- que en la actualidad ocupan las poltronas del gobierno de la Generalitat de Catalunya, nos ahorremos, precisamente, una postrera intervención del ejército e incluso un presumible baño de sangre. Pero si Rajoy deja pasar las horas es porque él mismo es un delincuente, toda la casta parlamentaria española lo es, por activa o por pasiva, y espera dar su propio golpe de Estado silencioso, similar al que se ha producido ya en la Unión Europea, Grecia e Italia hace unos meses. No siente Rajoy la pasión de ley que el ciudadano honrado lleva en las venas, pues por motivos distintos a los que afectan en estos momentos a Homs podrían caer en la trena prácticamente todos los miembros del estamento político profesional de este país. Falta, pues, la legitimidad política y moral, circunstancia que impide ejecutar una legitimidad meramente jurídica. Rajoy no la tiene, aquélla, ni, de hecho, la ha tenido nunca, aunque cada día menos que ayer. Es la debilidad objetiva, la putrefacción del Estado español, que comienza en la cúpula del Estado y desciende hasta la última alcaldía, la que impide reaccionar a Rajoy. Los nacionalistas catalanes son conscientes de esa española debilidad y abusan de ella en calidad de primeros corruptos del Reino (más corruptos incluso que cualquier corrupto valenciano, porque justifican su hediondo negocio con la senyera y lo institucionalizan a los ojos de millones de personas). En España un corrupto es un corrupto, en nuestra amadísima Cataluña un corrupto es un patriota. !Ahora ya conocemos las consecuencias de este importante matiz! Artur Mas, pese a su historial vergonzante y pestilente, disfruta de un apoyo social del que carecería cualquier otro político en idénticas circunstancias. Por eso puede el president robar 400.000 euros y dárselos a su mujer, mientras Homs vocifera que quiere más dinero o se separa de España, y que rompe la baraja incluso si le dan la "pastorra" chantajeada. De manera que cada nuevo desplante de CiU al gobierno de Madrid -con escenas bochornosas, verbi gratia las amenazas de Puig de utilizar a los Mossos d'Esquadra en su patético putsch oligárquico- deja a España en una situación de mayor descrédito todavía, si cabe, ante Europa y el mundo entero.

Portavoz local del poder oligárquico transnacional.
¿Independencia? ¿Nacionalismo? ¿Patriotismo?
!Y un higo! !Hedor a Sión y a... corrupción!
La Constitución Española está herida de muerte. Ya no se cumple, y no la cumplen los primeros que tendrían que encarnarla, los políticos profesionales, aquellos energúmenos que cobran para dar ejemplo de legalidad, entre otras cosas, pero ya sabemos a qué se dedican en realidad. Tanto los nacionalistas que desafían el orden legalmente establecido, cuanto los gobernantes y otros órganos administrativos e institucionales que consienten ese "órdago", están traicionando la suprema norma del Estado. ¿Debemos los ciudadanos obedecer a una Ley que no respetan ni sus propios representantes electos? ¿Tenemos que acatar una notificación de desalojo de nuestra vivienda cuando el fundamento legal último -constitucional- de esa resolución judicial, injusta donde las haya, se está derrumbando en tiempo real ante nuestros propios ojos?


"la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado"


El quiosquero granadino no debía haberse suicidado, hubiera podido pedir ayuda al resto de los ciudadanos de este país que todavía se llama España. Existe el poder constituyente, el cual precede a los tres poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial), porque los hace posibles. Es todo lo que nos queda a los modernos del concepto clásico de autoridad. Los ciudadanos, el pueblo español, han de llegar a ser conscientes de que, según el texto legal, ellos, y no los fantoches con escaño, son los genuinos depositarios de la soberanía, es decir, del poder constituyente o autoridad última de la Ley. Todos los ciudadanos tienen "el derecho y el deber de defender a España" (CE, art. 30), no sólo los militares, también los civiles somos sujetos de dicha prerrogativa ontológica, ética y jurídica inalienable. Si el gobierno de Madrid no reacciona ante los presuntos actos de sedición del ejecutivo autonómico catalán, los ciudadanos tendrán el derecho de exigir la abdicación del rey y de promover un proceso constituyente que restablezca los fundamentos trascendentales de la legalidad. De espaldas a dichos fundamentos, la civilización no es posible y es la civilización la que está siendo atacada cuando se habla de "crisis económica". No existe crisis económica alguna, sino liquidación pura y dura de la democracia liberal por parte de la oligarquía sionista transnacional. Precisamente, un "golpe de Estado" que en Cataluña adopta formas oligárquicas locales muy peculiares: se perpetra en nombre de la "libertad", de la "independencia", pero quienes lo lideran son, con todas las palabras, una pandilla de ladrones perfumados. A pesar de la última derrota sufrida ante Madrid en la batalla por Eurovegas, que el propio Artur Mas atribuyó a influencias judías, no cabe duda de que la oligarquía autóctona de este principado bananero trabaja para ganarse la confianza de Tel Aviv en el proyecto de destrucción del Estado español, país aliado del demonio Adolf Hitler y culpable de una ignominiosa expulsión de los hebreos (siglo XV) que representara, por decirlo así, su acta fundacional. CiU y sus amigos juegan ya la carta "antifascista" España=Fascismo. !No lo duden! Y si no, al tiempo.

Bien por mal, acaso la apertura de un proceso constituyente permita abolir las leyes que han llevado al suicidio del quiosquero granadino. Porque el quisquero granadino no se dio cuenta de su verdadera importancia, creyó que siendo "nadie" no era nada, pero precisamente ese "nadie" es el pueblo español, somos todos. Ese nadie representa, en la resolución que rompe con la comuna cotidianista y se constituye como "grupo de combate", más que cualquier delincuente escañonado de CiU, porque es la comunidad devenida nación autoconsciente. Y ostenta, tal sujeto trascendental constituyente ontológico, el poder legítimo para impedir las criminales bravatas de Homs, la delincuencial pasividad de Rajoy y, en fin, ostenta también la facultad de abolir las malas leyes que arrastran a la ruina de la ciudadanía toda. Puede el pueblo actuar en ese sentido, siempre pacíficamente y respetando la legalidad, pues hay algo que el sistema oligárquico transnacional -verdadera causa de nuestras desgracias- no será capaz impedirnos abiertamente, a saber, expresar nuestra "opinión", o sea, aquí, pronunciar la sagrada palabra fundante del Estado, que es el silencio resuelto a la muerte. Y si nuestra palabra, logos, mayoritaria, manifestada torrencialmente en la calle, es que "se terminó" esta vergüenza de espectáculo con payasos y corruptos haciendo literalmente lo que les da la gana, pisoteando la ley con total impunidad, saqueando el erario público, destruyendo la unidad de la nación, etc., el rey tendrá que abdicar. Ha llegado la hora, ciudadanos, o actuamos o se nos comen vivos esos mafiosos que tienen secuestrados los órganos legislativos y ejecutivos de la Nación Hispánica. Es necesario pasar de las palabras a los hechos; la ley todavía vigente nos obliga a asumir esta responsabilidad de primera magnitud: impedir una guerra civil que se saldará con sangre del pueblo.

Una vez más, puede acreditarse que el auténtico nacionalismo es revolucionario e inseparable de la verdad.

La Marca Hispánica, 26 de octubre de 2012