Carta abierta al Presidente del Gobierno

Por un renovado pacto constitucional para la reconversión del Estado



Carta abierta al Presidente del Gobierno

Madrid, 25 de junio de 2012,

Señor Presidente:

La extrema gravedad de la situación económica, moral, social e institucional de España en el momento presente nos mueve a dirigirnos públicamente a Vd., como Presidente del Gobierno. Al hacerlo, partimos del reconocimiento de su voluntad de emprender sucesivas reformas para enfrentarse a los muy diversos problemas de nuestro país. Pese a ello, nos es obligado constatar la imperiosa y urgente necesidad de que el Gobierno plantee a las fuerzas políticas con representación parlamentaria, y muy especialmente al principal partido de la oposición, un programa integral, coherente y sistemático de reformas, cuyo debate y negociación ofrezca como resultado un gran acuerdo nacional para lograr la “reconversión del Estado”, puesto que en la presente crisis se han hecho enteramente patentes los defectos y carencias de nuestra actual organización política, social y económica, que no derivan sólo de una gestión ineficiente, sino de clamorosos fallos de estructura.

Esta “reconversión” no trataría sin más de corregir y perfeccionar el actual sistema, sino de redefinirlo y reorientarlo a la vista del resultado de su desarrollo, una vez transcurridas tres décadas y media desde su puesta en marcha, y ante las nuevas circunstancias surgidas a lo largo de ese período, en particular, nuestra pertenencia a la Unión Europea y a la Unión Monetaria Europea, con los consiguientes acuerdos y tratados sobre la estabilidad fiscal y presupuestaria plasmados en el recientemente reformado artículo 135 de nuestra Constitución.

Creemos que para ser útil a los intereses nacionales este nuevo pacto de Estado debería restaurar el espíritu del “consenso constitucional” imperante durante la Transición, abordando de modo completo las cuestiones básicas pendientes de solución. Por tanto, ese gran acuerdo ha de referirse a las reformas de la estructura económica de nuestro país y del sistema educativo en todos sus niveles para restablecer la competitividad de la sociedad española en el contexto global, al funcionamiento y composición de los órganos constitucionales (Senado, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional), a la organización, competencias y financiación de los poderes públicos en sus tres niveles territoriales (Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales), a la extensión y financiación de los servicios públicos, a los instrumentos de participación y representación política de los ciudadanos (partidos políticos, sistema electoral y control parlamentario) y a la posición de España en las instituciones comunitarias en relación al debate sobre el futuro de la unión política, fiscal y financiera, superando así en definitiva lo que ya se reconoce por una amplia mayoría de ciudadanos como el agotamiento de nuestro modelo constitucional.

Es evidente que sin lograr un acuerdo de esa profundidad y amplitud los avances que suponen las reformas en curso serán limitados y, desde luego, no resolverán los muy graves problemas que tiene hoy España, problemas que se agudizarán en el inmediato futuro por la ofensiva “soberanista” que ya se plantea en el País Vasco y en Cataluña y que pondrá a prueba la supervivencia del Estado constitucional.

Sin embargo, el mero planteamiento de un pacto político de esta naturaleza, por necesario que sea, no basta para conseguir sus objetivos. Es desgraciadamente posible que, a la vista de las divergencias entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria, y sobre todo de las posiciones que separan hoy a los dos grandes partidos, no se llegue a ningún acuerdo. De ser así, ni el Gobierno ni el Partido Popular debieran quedarse cruzados de brazos. Además de continuar las reformas necesarias en el ámbito de las competencias del Gobierno de la Nación, existe otra vía para superar esa parálisis: la apelación directa al pueblo español durante esta legislatura mediante la celebración de un referéndum consultivo.

Esta consulta debería versar sobre una trascendental decisión: la reordenación y la racionalización de nuestro sistema político y autonómico y de nuestra estructura institucional para fortalecer la unidad nacional y conseguir la eficiencia y la viabilidad del Estado.

Sr. Presidente, estamos seguros de que su patriotismo y su alto sentido de la responsabilidad le harán considerar las ideas que le hemos expuesto. Confiamos, por tanto, en que ello le anime a adoptar las iniciativas políticas correspondientes para garantizar la unidad, estabilidad y prosperidad de España en esta hora difícil de su Historia.

Reciba, Sr. Presidente, el testimonio de nuestro aprecio y nuestros mejores deseos de éxito en su comprometida misión.

http://www.reconversion.es/

Carta a Ángela Merkel: exija el fin de las Autonomía
Se la envía el profesor Roberto Centeno
Roberto Centeno
26 de junio de 2012


ROBERTO CENTENO



Respetada Canciller Federal:

Hace tres semanas, el profesor e historiador norteamericano David Spengler publicaba una carta abierta en The Asian Times dirigida a su persona, en la que le pedía “que dejara caer a España”, y explicaba las razones, que incluían la incompetencia, el despilfarro y la corrupción generalizadas del Gobierno y particularmente de las administraciones territoriales, donde nadie controla nada y nadie responde de nada, lo que implica una asignación del grueso de los recursos públicos (45 % del PIB) en forma tan disparatada e ineficaz que supera todo lo imaginable. Adicionalmente, según el Dr. Spengler, el Gobierno miente en todo: sobre su situación económica, sobre la bancaria y sobre la fiscal. Su deuda y los intereses son ya inasumibles y, en consecuencia, somos insalvables.
No obstante, y aun reconociendo la veracidad de sus afirmaciones —que tengamos hoy más PIB real que en 2007 resume la falsedad inaudita de las cifras oficiales—, España no sólo es salvable, es que ni siquiera necesitaría la intervención: sólo necesita la supresión del sistema autonómico, que representa un despilfarro anual de más de 120.000 millones de euros, equivalentes al 12% del PIB. Sin embargo, la oligarquía política se opone radicalmente a desmontar esta gigantesca estructura que ha levantado en su exclusivo beneficio, escapando a las manos de los españoles el poder de cambiar este expolio de proporciones épicas. A día de hoy, el déficit de las regiones y ayuntamientos asciende a unos 5.000 millones de euros mensuales, y está siendo cubierto por el Gobierno con supuestos “adelantos presupuestarios”, supuestos porque jamás serán devueltos, lo que ha elevado el déficit del Estado en un 50% hasta abril, equivalente al 10% del PIB en términos anualizados. Y tampoco pueden pagar los vencimientos de deuda, más de 25.000 millones, y esperan que el Gobierno con el dinero del BCE lo haga por ellos.
Con una deuda pública total —no sólo la computable— del 118 % del PIB oficial, un déficit 2012 estimado en más de 110.000 millones y unos intereses del 4,5% del PIB oficial en los próximos 12 meses, España ha superado el punto de no retorno y ocurre que sólo Ud. como Canciller de Alemania y líder más cualificada de Occidente tiene el poder de acabar con una situación que supondrá la ruina, no sólo de España sino tal vez el fin de la zona euro. Y para evitarlo bastaría exigir, condicionando a ello cualquier ayuda, la reforma radical de las instituciones territoriales responsables de los dos tercios del gasto público. Es absolutamente inaceptable, tanto social como económicamente, que la UE y el FMI exijan a España que suba impuestos y recorte prestaciones, sin antes acabar con el despilfarro autonómico. ¿Cómo se puede subir el IVA y recortar pensiones, a la vez que se mantienen 30.000 coches oficiales o dos millones de empleados públicos inútiles? ¿Cómo destruir la economía productiva y de las familias y mantener intacta la improductiva? Y es ahí, Sra. Canciller, donde los españoles necesitamos desesperadamente su ayuda.
Como conoce perfectamente, porque lo ha vivido en primera persona, España ha estado gobernada durante más de siete años por un presidente poco cualificado, y ahora, a pesar de las ilusiones populares puestas en el cambio, Mariano Rajoy se ha revelado un fracaso total. Ni tiene coraje, ni tiene un plan, ni intención alguna de tenerlo: toda su gestión ha resultado una auténtica tragedia. Ambos, junto con el aparato de sus propios partidos, funcionan exclusivamente como una oligarquía —España tiene 450.000 políticos, cuatro veces más por habitante que la UE— de intereses comunes y nunca como partidos nacionales. Para ellos son más importantes sus ventajas partidistas y personales que los intereses de la nación, lo que les lleva a mantener a toda costa un modelo de Estado cuyo nivel de despilfarro y de corrupción nos conduce a la ruina.
Vivimos bajo un modelo que dividió la nación en 17 autonomías territoriales, totalmente contrarias, excepto dos, a la Historia y a la realidad objetiva de España. Estas autonomías, cuyas competencias más que duplican a las de los Estados federales, son el vehículo con el que la oligarquía política fue colocando a sus familiares, amigos y correligionarios, creando para ello, el equivalente a 17 miniestados con todos los órganos propios de una nación, desde 17 Parlamentos a 19 televisiones públicas (todas en pérdidas), 23 Universidades sin alumnos que las justifiquen a 22 aeropuertos con 300 pasajeros/mes, pasando por infraestructuras absolutamente ruinosas. A ello se unen 8.200 Ayuntamientos, cuando no se justifican más de 3.000, y con niveles de despilfarro inauditos. Sólo Madrid, la capital más endeudada de Europa, tiene 1.500 asesores inútiles, 180 coches oficiales, personal cinco veces más que los grandes ayuntamientos mundiales y ha gastado 500 millones de euros en dotarse de la sede-palacio más lujosa de Occidente, mientras el 23% de madrileños vive por debajo del umbral de la pobreza, de ellos 140.000 niños. Y ahora ¡quieren organizar los Juegos Olímpicos!
La rémora del empleo público
Primero colocaron a decenas de miles, luego a cientos de miles y hoy totalizan dos millones de empleados públicos nombrados a dedo —causa principal del brutal nivel de desempleo, ya que en España cada empleo público destruye 2,8 puestos en el sector privado— y donde para no tener que dar explicaciones a nadie crearían hasta 3.000 empresas públicas, la gran tapadera del despilfarro, una inmensa telaraña de ocultación de deuda y corrupción, empleando a 400.000 personas amigas y con sueldos un 35% superiores a la media del sector privado.
El grueso de la crisis bancaria derivaría también del modelo de Estado. El 54% de los depósitos de la banca se concentraba hasta el año 2.000 en cajas de ahorro, que habían sido el referente de las clases humildes españolas durante casi dos siglos y que se convertirían en botín preferido de los Presidentes autonómicos, que impondrían a personas políticas afines y no profesionales al frente de las mismas, con objeto de poder disfrutar de un poder económico casi ilimitado para financiar sus obras faraónicas y los disparates más inauditos.
Veinte “gestores” irresponsables y moralmente corruptos, interrelacionados política y económicamente por 14 presidentes autonómicos, que les garantizaría la no intervención del Banco de España primero y la ocultación de la realidad de sus balances después, financiarían los proyectos inmobiliarios más inauditos, que junto con las grandes obras públicas llevarían a la quiebra a la mayoría de estas instituciones bicentenarias en solo ocho años. PP, PSOE y nacionalistas sellarían un pacto de silencio para que ninguno de los responsables de tamaña catástrofe fuera procesado. La última acción al respecto la protagonizaría el Sr. Rajoy, de acuerdo con el PSOE, al no destituir al Gobernador del Banco de España por grave incumplimiento de sus obligaciones a cambio de su silencio.
En conjunto, esta situación ha llevado a España a un nivel de endeudamiento público y privado del orden del 400% del PIB, el más elevado del planeta, una cantidad que jamás podrá ser devuelta. Dentro de ella, la deuda pública no cesa de crecer, gracias a la actitud absolutamente irresponsable del BCE, cuyos préstamos se entregan sin control alguno para financiar el gasto corriente y los agujeros bancarios, y donde ni un euro va a la economía productiva, lo que arruinará España para varias generaciones. El rescate bancario ha sido de nuevo insuficiente, porque se ha infravalorado la morosidad —la real es doble de la oficial— y porque las viviendas caerán aún un 35% y no se ha tenido en cuenta. Además crea un círculo vicioso de bancos quebrados comprando deuda con el dinero del BCE para mantener un Estado quebrado, que a su vez se endeuda para salvar a estos mismos bancos quebrados. Sólo la actuación simultánea sobre el sistema financiero, cerrando los bancos inviables y cambiando de modelo de Estado, puede salvarnos.
Sin embargo, si la ya inevitable intervención se hiciera en forma indiscriminada, desconociendo la realidad económica de la nación, reduciendo salarios y prestaciones y subiendo impuestos, sin cortar de raíz los focos de despilfarro, a la vez que se mantienenintactos los 450.000 políticos, parásitos sociales en su mayoría, que nos han llevado a la ruina, el resultado sería un desastre histórico y la miseria y el hambre para millones. Es por ello Sra. Canciller, que como única persona que está hoy en condiciones de ayudar al pueblo español, me dirijo a usted para pedirle que antes de la intervención exija en su lugar la supresión la locura económica que implica la actual administración autonómica y local. La eliminación de un gasto inútil de 120.000 millones de euros anuales, permitiría reducir el endeudamiento y crear significativamente empleo en relativamente poco tiempo, mientras que la alternativa contraria conllevaría una brutal deflación interna con unas consecuencias económica y socialmente devastadoras. Un sufrimiento casi inimaginable para los españoles actuales y futuros, para mantener los privilegios de una oligarquía política parasitaria y corrupta.
Ihre Centeno
Roberto Centeno, Catedrático de Economía de la Universidad Politécnica de Madrid
(Se envían copias a Wolfgang Schäuble, Ministro de Finanzas de Alemania; Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI; Olli Rehn, responsable de Asuntos Económicos y Euro de la Comisión, y Mario Draghi presidente del BCE.)