De la Vega justifica en los cambios sociales la reforma de la Ley de Libertad Religiosa

El Consejo de Ministros aprobó ayer el llamado «Plan de Derechos Humanos», que contempla, entre otras medidas, la reforma de la Ley de Libertad Religiosa de la que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, no aportó ningún detalle bajo el argumento de que «no existe ni borrador». Pero, en cambio, justificó que esta iniciativa responde a la necesidad de adecuar la ley de 1980 a las nuevas circunstancias. «La sociedad española ha cambiado bastante, hay nuevos colectivos a los que el Estado debe dar una respuesta y respetar sus creeencias», explicó, para agregar que se trata de «garantizar y atender al pluralismo» en todos los espacios públicos.

La vicepresidenta dijo no entender muy bien las críticas a esta iniciativa, «que no va contra nadie y es respetuosa y garantista». La idea, explicó, es «recoger jurisprudencia constitucional» y alcanzar «el mayor consenso posible» para sacarla adelante.


Formación para las FSE


Además de la reforma de la Ley se creará un «observatorio sobre el pluralismo religioso» y se realizará un estudio sobre la gestión pública de la diversidad religiosa en los ámbitos local, autonómico y estatal. También se pretende que los distintos agentes públicos como policías, fuerzas armadas, facultativos o sanitarios reciban formación y enseñanza en materia de libertad religiosa.


Esta es una de las 172 medidas englobadas en el «Plan de Derechos Humanos», elaborado por ocho ministerios, que De la Vega presentará el lunes en la sede de la ONU y, más modestamente, en el Congreso de los Diputados. Porque la pretensión del Gobierno es, nada más ni nada menos, que establecer «una hoja de ruta para salvaguardar y extender los derechos humanos dentro y fuera» de España. Fue aún más solemne al señalar que así nos situamos «en la vanguardia mundial en defensa de los derechos humanos». También en este caso se creará una comisión de seguimiento formada por Gobierno, ONG, sociedad civil, Defensor del Pueblo y expertos en Derechos Humanos.

El Consejo de Ministros aprobó también otro Plan Integral, este contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En el mismo, se garantizará protección a las víctimas que decidan colaborar con la justicia y se les proporcionará autorizaciones especiales de residencia.


El Plan de Derechos Humanos se completará con una Ley Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación y con una nueva Ley para Víctimas del Terrorismo, comprometida la legislatura anterior, entre otras medidas. Se ampliarán las garantías de los detenidos con la entrada, por ejemplo, de las cámaras de grabación en dependencias judiciales.

Por otro lado, José Luis Rodríguez Zapatero afirmó ayer en Bruselas que la oposición del PP a la anunciada reforma de la Ley de Libertad Religiosa se debe a que éste es un partido «muy, muy conservador, que cree que las cosas son igual ahora que hace 25 años».
«Trato favorable a la Iglesia»

«Claro que vamos a mejorar la Ley de Libertad Religiosa, y sobre esto del laicismo, uno a veces tiene ciertas sorpresas. He visto por ahí algún titular de: Ofensiva laicista del Gobierno... ¡Es que estamos en un Estado aconfesional!, que además, en cualquier comparación con un Estado democrático que uno pueda poner encima de la mesa, tiene una relación muy, muy favorable con la Iglesia Católica», dijo.

A su juicio, España es un Estado confesional «moderado» y no se puede hablar de ofensiva laicista «casi como de un riesgo, una amenaza». Eso ocurre, añadió, porque «no se comprende bien qué significa la idea del laicismo», una idea democrática en la que todas las religiones son iguales y el Estado mantiene «un papel de neutralidad y de facilitar la libertad a todos, en vez de imponer una doctrina» a toda la ciudadanía. «Seguramente, con el paso de alguna generación más ya no será elemento de discusión en este país. Mi opinión es que ya debería de haber sido cerrado el debate», pero no ha sido posible, concluyó Zapatero.