El Gobierno pide, 82 días después, que se ejecute la ilegalización de ANV y PCTV

Acusan al PP de poner en peligro a dos ertzainas

La revelación que hizo ayer el parlamentario popular Carlos Urquijo durante su intervención en la Cámara vasca de la dirección de la vivienda de dos ertzainas en activo en Bruselas provocó una agria polémica entre el Gobierno vasco y el PP. El Departamento de Interior vasco exigió al presidente regional del PP, Antonio Basagoiti, que retire el acta de parlamentario a Carlos Urquijo tras «su lamentable intervención de hoy (por ayer), en la que ha indicado a ETA cuál es la dirección de la vivienda particular de dos ertzainas en activo en Bruselas». Sin embargo, según el PP, el parlamentario facilitó esa información porque sabía que en la casa no reside nadie en estos momentos, por lo que no se trataba de «información sensible». El Gobierno vasco asegura que eso es «una mentira infantil» del PP «para encubrir la permanente dinámica irresponsable de Urquijo». Según Interior, «los ertzainas están ahora mismo en su turno de vacaciones y la vivienda iba a ser ocupada durante todo el año 2009».




Ochenta y dos 82 días después de ser notificadas, el abogado del Estado instó ayer a la «Sala del 61» del Supremo que inicie los trámites para ejecutar la ilegalización de ANV y PCTV.

La Fiscalía no ha dado el paso con la teoría de que es el Tribunal Supremo el que debe emplazar a las partes para que soliciten la ejecución.

Señala el representante legal del Estado que el primer efecto de la ilegalización de un partido es el cese de sus actividades, algo que ya ha sido comunicado a ANV y PCTV con la simple notificación de las sentencias. Consecuencia de ello es la cancelación de la inscripción en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior, que tuvo lugar el 23 de septiembre, un día después de conocerse las resoluciones.

Pero las sentencias de ilegalización tienen otros efectos, que la «Sala del 61» podrá comenzar a ejecutar a partir de ahora, tal y como le ha solicitado el abogado del Estado. El Supremo tendrá que enviar un mandamiento a la Junta Electoral Central con el fin de que tenga en cuenta que ni ANV ni PCTV pueden concurrir en ningún proceso electoral.

Campaña contra el AVE

También deberá ordenar a la Cámara vasca a «hacer efectiva» la disolución del grupo parlamentario del PCTV, que ya se cambió el nombre por el de «Ezker Abertzalea». La misma comunicación se enviará a los 125 ayuntamientos vascos y navarros en los que ANV tiene representación para que disuelvan los grupos municipales así como el mixto, en el caso de que los ediles filoetarras hubieran formado un nuevo grupo bajo esa denominación. Desde la reforma de 2003, la LBRL impide a los ediles que dejan de pertenecer a su grupo de origen -ya sea de forma voluntaria o por otros motivos- formar otro.

Pasarán a ser concejales «no adscritos».

Al disolver los grupos, los electos de ANV y PCTV dejarán de percibir todas las subvenciones. El TS podrá iniciar también la liquidación de bienes de ambos partidos.

Una de las pruebas claves para la ilegalización de ANV fue su colaboración con ETA/ Batasuna en la campaña contra el AVE vasco, que no se limita a la negativa del alcalde y los concejales filoetarras a apoyar el comunicado de condena votado en el Ayuntamiento de Azpeitia (gobernado por ANV). La colaboración viene de atrás y ha sido reiterada en el tiempo. Así se desprende de la sentencia de ilegalización de ANV, dictada por el Tribunal Supremo el pasado 22 de septiembre, y del informe final que la Abogacía del Estado entregó a la «Sala del 61» el 1 de agosto. Por eso, fuentes jurídicas consultadas por ABC se muestran convencidas de que el Gobierno tiene elementos suficientes para ordenar ya la disolución de los 42 ayuntamientos vascos y navarros gobernados por el partido ilegalizado.

La actuación «desarrollada» por ANV ha sido «complementaria» con las de ETA y Batasuna en la campaña contra la construcción del trazado del Tren de Alta Velocidad, la llamada «Y» vasca, que unirá el País Vasco con Madrid y con París. Son palabras del abogado del Estado que el Tribunal Supremo reproduce en la sentencia que ilegalizó el partido filoetarra. Es decir, la activa participación de ANV en la cobertura del sabotaje a la construcción de esa línea férrea es uno de los numerosos «hechos probados» que enumera la sentencia de la «Sala del 61», uno de los que le permitieron concluir que ANV es un disfraz de Batasuna y que «apoya» a ETA. Y por eso, por su colaboración «reiterada y grave» con Batasuna y, en consecuencia, con ETA, fue ilegalizado.

Al servicio de la banda

El abogado del Estado recalcó, según se recoge en la sentencia, que los ataques a las obras comenzaron en el otoño de 2006 y fueron reivindicadas por ETA. No cabía duda de que el apoyo a esas acciones era un apoyo a los terroristas. Y más viniendo de ANV. Otro elemento para «añadir a la lista», decía, que indica «claramente que [ANV] es una organización al servicio de la política de la indicada banda criminal».

En dos de sus ayuntamientos -Aramaio y Elorrio-, ANV llegó a promover consultas entre los vecinos para que opinaran sobre el tren de alta velocidad. La sentencia de ilegalización también destaca que todos los consistorios gobernados por los filoetarras (un total de 42) se han negado a firmar las actas de expropiación de los terrenos por donde tienen que pasar las vías.

En el informe final presentado al Tribunal Supremo el 1 de agosto, el representante legal del Estado calificaba de «altamente significativa» la posición de ANV respecto al AVE vasco. Y explicaba cómo la campaña contra la construcción de la línea férrea «no es una cuestión marginal o anecdótica para ETA», sino «una pieza esencial de su estrategia de terror». Ese apoyo dura hasta hoy, con una agravante: el salto cualitativo que ha supuesto la negativa del alcalde y los concejales filoetarras del consistorio de Azpeitia a condenar el asesinato de Uría.

Estos hechos, según las fuentes antes citadas, encajan en las previsiones de la Ley de Bases del Régimen Local (LBRL), que es la que permite disolver los ayuntamientos en determinadas circunstancias. La reforma de esa norma, aprobada en 2003 en el seno del Pacto por las Libertades y el Terrorismo, incluyó como causa de disolución, a propuesta del PSOE, que las corporaciones locales «den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares».