APROBADO EL PLAN DE DERECHOS HUMANOS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Derechos Humanos, aprobación que coincide con la conmemoración del 60 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y será presentado por la Vicepresidenta Primera del Gobierno de España en la sede de las Naciones Unidas el lunes 15 de diciembre.

Se trata de un Plan que da respuesta al compromiso del Gobierno con la promoción y la defensa de los derechos fundamentales en nuestro país, tal y como expresó la Vicepresidenta Primera en el Congreso de los Diputados a comienzo de esta Legislatura.

En la elaboración del Plan han participado ocho Ministerios y se han incorporado las observaciones y las sugerencias de diversas ONGs e institutos universitarios de derechos humanos.

El Plan de Derechos Humanos al que hoy ha dado luz verde el Consejo de Ministros, ha sido aprobado en el mismo año en el que España celebra el XXX aniversario de la aprobación de la Constitución de 1978. Se trata de una norma que abrió nuestro país a la democracia y a la modernidad, con la que hemos logrado alcanzar cotas de desarrollo impensables hace treinta años y que ha situado a nuestro país a la vanguardia de la protección y garantía de los derechos humanos.

España es una democracia consolidada, un país en el que existe una conciencia pública del valor y la importancia de los derechos humanos, en el que estos se encuentran protegidos y garantizados, y que ha asumido su defensa para que se conviertan en patrimonio común al que accedan todos los seres humanos.

No obstante, a nadie se le oculta que el perfeccionamiento del sistema de derechos de un país depende del compromiso cotidiano que adopten sus poderes públicos y sus ciudadanos. Ese compromiso significa estar atentos a los nuevos desafíos que plantea el desarrollo social, económico y tecnológico.

Dos ejes

El Plan se vertebra en torno a dos ejes que, a su vez, son consustanciales a la política del Gobierno: la igualdad, no discriminación e integración de las personas, y las garantías que protegen los derechos humanos.


El Plan se divide en dos partes (Acción Exterior y Acción Interior), sin perjuicio de la dificultad de distinguir la política interior de la política exterior en un mundo cada vez más globalizado, donde las medidas de política social, económica, política o cultural tienen una proyección interior y exterior.

El Gobierno quiere trabajar por la promoción de los derechos humanos en todo el mundo, desde el punto de vista de la paz, la democracia, el desarrollo, la solidaridad y la justicia social.

Se dará cumplimiento a los compromisos sobre cooperación al desarrollo, y en especial de los Objetivos del Milenio, a los que se destinará, al menos, un 50 por 100 de la ayuda española al desarrollo.
Se firmarán y ratificarán instrumentos internacionales como la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad; el Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre municiones de racimo y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
El Gobierno luchará contra la pena de muerte y en la prevención de la tortura. Igualmente, promoverá la protección integral a las víctimas del terrorismo y la Alianza de Civilizaciones.
Asimismo, en el marco de la Presidencia Europea de 2010, se adoptarán medidas de promoción de los derechos humanos en el ámbito institucional; se pondrá en marcha el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos y se llevará a cabo la recepción adecuada en el Código Penal de lo previsto en el Estatuto de Roma, en especial, en lo referente a aquellos crímenes internacionales que aún no se hayan incorporado a nuestro sistema penal. También se ratificará el Acuerdo de Privilegios e Inmunidades.
Igualdad y lucha contra la discriminación y el racismo

Gracias a este Plan, el Gobierno refuerza su trabajo por la igualdad, contra la discriminación y el racismo, promoviendo las reformas legislativas y acciones políticas necesarias, en ámbitos como la religión o creencias, discapacidad, edad, sexo, orientación sexual, origen racial o étnico.

Se propondrá al Parlamento una Ley Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación.
Se reconocerá el derecho al voto en las elecciones municipales a los extranjeros residentes no comunitarios, conforme a lo previsto en la Constitución y en los tratados que se suscriban.
Se modificará la Ley Orgánica del año 2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración social, para garantizar su derecho de reunión, asociación, educación, sindicación y asistencia jurídica gratuita.
El Plan también compromete al Gobierno en la lucha contra la violencia de género con campañas de información y sensibilización permanentes, participación de las organizaciones de mujeres y ONG, dispositivos electrónicos y control telemático de las medidas de alejamiento de maltratadores.
Se defenderán los derechos de los españoles en el exterior. Para ello se apoyará la creación de una Oficina de Defensa del Español en el Exterior, dentro de la institución del Defensor del Pueblo; se pondrán en marcha medidas para facilitar el voto y se facilitará asistencia jurídica a los penados.
El Plan contempla, igualmente, la aprobación de un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, un observatorio sobre el pluralismo religioso o un estudio completo sobre la gestión pública de la diversidad religiosa en los ámbitos local, autonómico y estatal. También se reforzará la formación y enseñanza de los distintos agentes públicos (policías, fuerzas armadas, facultativos, sanitarios, etcétera) en materia de libertad religiosa.
Es también objetivo del Plan mejorar la tutela judicial efectiva, garantizar la doble instancia penal, reducir los plazos y la mejora del servicio público en diferentes aspectos con el aumento de planta, la adaptación de la demarcación judicial, la implantación de la nueva Oficina Judicial y un Proyecto de Ley de Mediación.
También se elaborará un Proyecto de Ley que recoja los derechos de los ciudadanos ante la justicia y su derecho a recibir información transparente sobre los asuntos tramitados. Se formará en derechos humanos a los actores de la justicia.
El Gobierno, de igual manera, expresa su voluntad de mejorar la atención y protección de las víctimas (registro de medidas cautelares) y, en concreto, de las víctimas del terrorismo, con diferentes iniciativas: Proyecto de Ley para Víctimas del Terrorismo y sus familiares; reforzamiento del estatus de la víctima en el proceso penal; reconocimiento moral y político a las personas acosadas por el terrorismo y garantías para velar por la dignidad, el honor y la memoria de las víctimas.
Por otra parte, en el terreno de la libertad personal y los Cuerpos de Seguridad del Estado, se pretende ampliar las garantías legales del detenido con medidas como la reducción del actual plazo de ocho horas para la asistencia letrada, la prohibición de la detención incomunicada a menores de edad, las técnicas de grabación en dependencias judiciales, entre otras.
Se ampliarán los derechos humanos en las prisiones, con un Proyecto de Ley de Cuerpos Penitenciarios (adecuación de tareas y funciones de competencias, con formación inicial y continuada) y se crearán cinco nuevas unidades de madres.
Se establecerán garantías de derechos humanos en los centros de internamiento de extranjeros, con un Protocolo sobre servicios mínimos esenciales del funcionamiento y de régimen interno.
El Plan también compromete al Gobierno en la protección de los refugiados, con una reforma del sistema de asilo, con el objeto de garantizar eficazmente la protección internacional de este colectivo.
Se contemplan igualmente medidas en colaboración con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, para fortalecer la cohesión en prestaciones de educación, vivienda, sanidad, servicios sociales básicos, condiciones laborales, prestaciones a dependientes y protección de los derechos de la infancia.
Por último, el Plan reconoce el derecho de todo ciudadano a disfrutar de un medio ambiente adecuado, promoviendo medidas para minimizar el impacto de la actividad humana en el territorio y para mejorar la calidad del medio ambiente en los núcleos urbanos.
El Plan tiene vocación educativa, entendido como un proceso en marcha, a ser evaluado periódicamente y a ser alimentado a cada paso con nuevas propuestas y nuevos compromisos. La evaluación periódica del Plan medirá su eficacia y servirá para proponer nuevos compromisos y medidas.

Mucho cuidado con las regulaciones que ciertas ideologías políticas hacen sobre libertad y derechos humanos. Tengo la ligera impresión que lo que se trata es de controlar los comportamientos y libertades de los españoles.
De la misma forma que se pone uniforme a las personas, para encasillarlos en una profesión y limitarlos y controlarlos en el ejercicio de sus funciones, en mamos poco escrupulosas con las dignidades y libertades personales el regular ciertas libertades puede resultar extremádamente peligroso. ¡Ciudado!